junio 2, 2026

Estado

Mayor General retirado Luis Emilio Cardozo nuevo comandante del Ejército en reemplazo del General Mauricio Ospina Gutiérrez

Por mandato presidencial el Mayor general en retiro Luis Emilio Cardozo será reincorporado al Ejército Nacional en reemplazo del general Luis Mauricio Ospina Gutiérrez, quien se encontraba en el cargo desde agosto de 2022. Tanto Presidencia como Mindefensa anunciaron el cambio anunciaron que el mayor general (r) Luis Emilio Cardozo Santamaría asumirá como nuevo comandante del Ejército Nacional. El oficial en retiro se reincorporará a la institución como reemplazo del general Luis Mauricio Ospina Gutiérrez, quien se encontraba en el cargo desde agosto de 2022. El nuevo comandante del Ejército cuenta con más de 35 años de experiencia al interior de la institución, es oriundo de Yotoco (Valle del Cauca) y perteneció al arma de Ingenieros Militares, según expuso el Ministerio de Defensa. También estuvo a cargo del Comando de División de Aviación de Asalto Aéreo del Ejército, Comandante de la Octava División y del Comando de Ingenieros Militares.

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AmCham Colombia propone limitar y precisar alcances de negociaciones de paz con el Eln

Para la Cámara Colombo Americana AmCham las negociaciones de Paz que adelanta el Gobierno Nacional deberían tener un alcance y unos límites precisos y razonables. Así lo expresó en reciente entrevista su directora Claudia Lacouture. Lacouture por medio de una comunicación enviada a Vera Grabe, jefe de la delegación del Gobierno Nacional en la mesa de diálogos de paz con el ELN, y a Luciano Sanin, secretario del Comité Nacional de Participación, manifestó su preocupación sobre dos aspectos del ‘Modelo de Participación’, en los diálogos entre el Gobierno Nacional y el ELN. Para este gremio los ejes de transformación mencionados en el documento son tan amplios y abstractos que podrían llevar a una refundación de Colombia, al dar paso a modificaciones del modelo político, económico y electoral. Asimismo, se plantea que los resultados de las negociaciones serían vinculantes. En la carta se destaca el ‘Modelo de Participación’, que establece, los principios de las conversaciones con el grupo al margen de la ley para “construir una agenda de transformaciones para la paz, impulsada a partir de una alianza social y política que conlleve a un Gran Acuerdo Nacional para la superación del conflicto político, social, económico y armado; a partir de un modelo de participación que involucre al conjunto de la sociedad colombiana”. Refiere finalmente la directiva de AmCham que “los denominados ejes de las transformaciones son tan amplios y abstractos que podrían abarcar lo suficiente para refundar la Nación”.

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Presidente Petro nombró ministro de Educación encargado para la Universidad Nacional

El presidente Gustavo Petro nombró a Juan David Correa como ministro de Educación ad hoc para la Universidad Nacional, mientras se define la situación del recién elegido rector, Ismael Peña.  En su primera decisión como ministro de Educación encargado Juan David Correa solicitó sesión extraordinaria con el Consejo Superior Universitario para elegir un rector encargado hasta que se resuelva la legitimidad de la elección de Peña, teniendo en cuenta su conducta de auto – posesión, la cual ha sido ampliamente cuestionada por algunos sectores. Mediante la resolución 007480 se dio un plazo de 24 horas al Consejo Superior Universitario de la Universidad Nacional para encargar un rector transitorio. Asimismo, exige garantías para la participación de la comunidad estudiantil y sus representantes en la toma de decisión. Finalmente, ordena una multa de hasta 100 salarios mínimos ante el posible incumplimiento de la resolución.  La decisión del presidente Gustavo Petro de nombrar un ministro de Educación encargado ha generado controversia en la opinión pública. Desde la oposición han rechazado estas acciones al considerar que afectan la autonomía universitaria. “¡Que atropelló a la autonomía universitaria! El Presidente violenta la universidad Nacional y la Constitución todo para politizar la universidad y obtener réditos políticos. Es una vergüenza”, escribió  la senadora Paloma Valencia del Centro Democrático, a través de X.  “Respaldo la actuación de @jdcorreau como Ministro Ad Hoc, para garantizar que se surta el debido proceso en las instancias legales correspondientes y la universidad pueda seguir su funcionamiento”, indicó la senadora María José Pizarro del Pacto Histórico.

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Familiares de funcionarios secuestrados realizan plantón frente al Palacio de Justicia en Cali

Desde la mañana de este viernes 10 de mayo, familiares de los tres funcionarios de la Fiscalía secuestrados por las disidencias de las Farc en Cauca realizan plantón a las afueras del Palacio de Justicia en Cali. Betty Amanda Mague Imbachi, Gerzon Rene Rivera y María Yeni Ruiz, miembros del Cuerpo de Inteligencia de la Fiscalía fueron secuestrados el pasado 19 de abril por integrantes del bloque Dagoberto Ramos de las disidencias de las Farc, cuando se encontraban ejerciendo sus labores en Santander de Quilichao.  El mismo grupo armado se atribuyó el secuestro. A través de un comunicado exigieron suspender los operativos militares de rescate. Asimismo, dijeron estar dispuestos a liberar los secuestrados en coordinación con los organismos internacionales, pero culparon al gobierno de los retrasos.  “El Gobierno Nacional no atiende las solicitudes de garantías mínimas para su liberación, contrario a estado ha lanzado una ofensiva militar pretendiendo un rescate militar”, se lee en el comunicado. Por otro lado, los familiares de los funcionarios expresaron su preocupación por la vida de sus seres queridos en medio de los enfrentamientos que actualmente se registran en el Cauca.  “Queremos ser escuchados como ciudadanos del país que ustedes dirigen y representan; hemos leído detalladamente el comunicado del grupo armado donde manifiestan su intención de liberar a nuestros padres mediante un cese de operaciones de 48 horas. Han pasado más de veinte días y nos preocupa la vida de nuestros padres, debido a los enfrentamientos que se presentan actualmente en el Cauca; imploramos al Estado colombiano que acceda a esta propuesta como muestra del respeto a la vida de nuestros familiares”, manifestaron los participantes del plantón. 

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Corte Constitucional declaró inexequible la creación del Ministerio de Igualdad

La Corte Constitucional declaró inexequible la creación del Ministerio de Igualdad por falta de análisis fiscal. Con esta decisión la Corte deja sin efecto la Ley 2281 DE 2023, del Gobierno Nacional con la que se creó el Ministerio de la Igualdad y Equidad encabeza de la vicepresidenta, Francia Márquez, esto argumentando serias inconsistencias en el proceso legislativo, así como también falta de claridad en las facultades otorgadas al presidente Petro, para este trámite. A juicio del alto tribunal en el trámite de aprobación de la referida Ley el Congreso de la República incurrió en un vicio de procedimiento insubsanable: no llevó a cabo el análisis de impacto fiscal de la creación del Ministerio de Igualdad y Equidad, conforme a las exigencias previstas en el artículo 7º de la Ley 819 de 2003, “por la cual se dictan normas orgánicas en materia de presupuesto, responsabilidad y transparencia fiscal y se dictan otras disposiciones”. Asimismo, aclaran que dicha omisión violó el artículo 151 de la Constitución, según el cual el cumplimiento de los requisitos para la aprobación de las leyes ordinarias previstos en las leyes orgánicas, tales como la Ley 819 de 2003, que constituyen un parámetro de constitucionalidad y validez. Por esta razón, la Sala Plena declaró la inexequibilidad de la Ley 2281 de 2023. Finalmente señala la Corte que, una vez culmine la legislatura 2025-2026, la Ley 2281 de 2023 dejará de producir efectos definitivamente y no formará parte del ordenamiento jurídico.

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Bojayá pidió buscar caminos de paz mientras conmemoraron a sus víctimas

El Cristo Mutilado, símbolo de resistencia, encabezó la peregrinación por el río Atrato con la que comenzó el acto de conmemoración, reparación y no repetición que la comunidad de Bellavista, casco urbano del municipio de Bojayá, recordó a las más de 100 víctimas de la masacre del 2 de mayo de 2002. El acto, que la comunidad del municipio realiza cada año, también incluyó un ritual de sanación y presentaciones de agrupaciones locales como las Cantadoras de Pogue . “Las víctimas de Bojayá no paramos de cantar, para mitigar el dolor y que nos dejen en paz. La paz, la paz, la paz queremos”, cantaron las integrantes de la agrupación. La peregrinación partió de la iglesia del nuevo Bellavista, siguió por el Atrato y llegó a la iglesia del viejo Bellavista, epicentro de la masacre en la que cayó un cilindro bomba lanzado por guerrilleros de las FARC. Este sitio se resignificó a través de una ceremonia religiosa y de las presentaciones musicales, con protagonismo de los alabaos, que recordaron a las víctimas, demostraron la capacidad de resiliencia y reconciliación de este municipio y, además, exigieron garantías para la no repetición. “Queremos un municipio de colores, donde se respete la vida, prevalezca la educación, la cultura y el medioambiente; donde los campesinos y campesinas, los líderes, lideresas y defensores de derechos humanos puedan caminar libremente sin temor alguno”, aseguró en su intervención Yúber Palacios Córdoba, representante del comité de víctimas. El Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes y el Ministerio de Educación acompañaron el acto a través del programa Sonidos para la Construcción de Paz, que apoya a   instituciones educativas locales que adelantan procesos de formación musical para generar una Cultura de Paz a través de la música y de las expresiones artísticas. “Mil gracias una vez más por haber sido y por ser muestra de que la única posibilidad de resistencia en el territorio, aún hoy en medio de la guerra, es la cultura, es la relación profunda con la memoria, con el territorio y con la sensibilidad”, aseguró en su intervención el ministro de las Culturas, las Artes y los Saberes, Juan David Correa. El Minculturas agregó que se adelantará el plan especial de salvaguardia de Bojayá para declararlo como Bien de Interés Cultural del Ámbito Nacional y, después, como un lugar de memoria ante la UNESCO.        

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Exigen reevaluar cumplimiento del cese al fuego por parte del ELN

En su último informe, el Instituto de Estudios para la Paz (Indepaz) pidió reevaluar el protocolo de cese al fuego pactado entre el ELN y el Gobierno Nacional. El aumento de extorsiones, secuestros y atentados contra la población civil a partir de enero del 2024 ha generado preocupación entre la ciudadanía, sobre todo por parte de quienes sufren la violencia en las regiones más apartadas del país. El país ha experimentado un escalamiento de la violencia debido a los enfrentamientos de grupos armados como el ELN y el Estado Mayor Central (EMC). De acuerdo con Indepaz, el ELN ha perpetrado por lo menos 8 ataques directos por mes contra comunidades, en lo que va del 2024.  “En el caso del ELN es notorio el desescalamiento de las acciones a partir de agosto de 2023 cuando se instala el Mecanismo de Monitoreo y Verificación del Cese al Fuego con este grupo armado. Sin embargo, en enero de 2024 hay un aumento que es considerable de 15 acciones y 18 en febrero, lo que se acerca al promedio del primer semestre de 2023 que era de 19 acciones.”, se lee en el informe.  “En promedio los ataques directos a la población civil han sido de 8 por mes, las disputas o enfrentamientos con otros grupos armados, así como los enfrentamientos con Fuerza Pública han sido de 4 por mes. Lo anterior pone de manifiesto la necesidad de evaluar los protocolos y su cumplimiento que parecen tener múltiples interpretaciones por las partes”, agrega.   Ante esta grave situación humanitaria, líderes sociales de departamentos como Cauca, Nariño y Norte de Santander han hecho llamados urgentes al Gobierno, pero no han recibido una respuesta clara. Líderes comunitarios de Cúcuta aseguran que no tienen garantías para ejercer su labor.  “Ahora el miedo y la incertidumbre está, no solamente en nosotros como líderes sociales, sino que también en cada una de las personas que habitan la ciudad”, indicó la lideresa social de Cúcuta, Yuleima García, a medios locales.   

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Cargos a directivos de campaña presidencial de Gustavo Petro por ‘violación de topes’

Los cargos que estaría por formular el órgano electoral recaerían sobre el Jefe de Estado, su gerente de campaña, Ricardo Roa, y los auditores de la misma. Como se recordará la indagación sobre posible corrupción con la campaña se abrió en marzo del presente año, por supuestos aportes millonarios por parte de la Unión Sindical Obrera (USO) durante la segunda vuelta presidencial con intención de consolidar las aspiraciones del hoy mandatario nacional. Según denuncias de medios públicos el sindicato petrolero habría desembolsado la considerable suma de 600 millones de pesos, según lo establecido en un documento de la relatoría Vigésima Asamblea Ordinaria Nacional de Delegados de la USO. “Se solicitan 600 millones de pesos para reforzar la segunda vuelta, específicamente para el día de elecciones, transporte y alimentación. Refrendar lo entregado”, se lee en el documento firmado por Luis Hernando Álvarez, presidente de la Vigésima Asamblea Nacional de Delegados USO en 2022, en Girón, Santander, algo que el sindicato posteriormente negó. En el caso de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación, Fecode se le atribuye una donación de al menos $500 millones a la campaña en 2022, los cuales habrían ingresado por medio del partido Colombia Humana. Otro de los puntos fundamentales de esta investigación recae en la figura del hijo del presidente Gustavo Petro, Nicolás, quien fue llamado a juicio en enero acusado de recibir dineros del narcotráfico mientras se desempeñó como delegado de la campaña presidencial de su padre para la región Caribe. Según la Fiscalía, el narcotraficante Samuel Santander Lopesierra dio a Petro Burgos el equivalente a 102.000 dólares, al igual que Alfonso “El turco” Hilsaca. Ante este panorama se tiene previsto que el Consejo Nacional Electoral en los próximos días, determine lo que viene para resolver la investigación a la campaña ‘Petro Presidente’.

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Cámara de Comercio de Bogotá lideró diálogo con más de 20 decanaturas sobre política pública en materia de seguridad y justicia

La Cámara de Comercio de Bogotá organizó un diálogo con la academia con más de 20 decanaturas de facultades de derecho de universidades de la ciudad-región con el propósito de contribuir a la formulación e implementación de política pública en materia de seguridad y justicia. La CCB, en sus 145 años de historia, ha sido protagonista en la construcción de políticas de seguridad y, desde hace 25 años, realiza la Encuesta de Percepción y Victimización, haciendo seguimiento a los temas de seguridad de la ciudad, contribuyendo de manera decidida en ese aspecto, así como en la solución pacífica de conflictos. Ovidio Claros Polanco, presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio de Bogotá, afirmó que “Estamos complacidos de contribuir con soluciones efectivas de manera articulada de acceso a la justicia. Trabajar colectivamente nos permitirá hacer recomendaciones de política pública que incidan y mejoren las problemáticas actuales”. La entidad ha estado comprometida a lo largo del tiempo con los gobiernos nacionales y locales y sus instituciones, impulsando acciones y estrategias que beneficien a los ciudadanos y a nuestros empresarios. En este espacio asistieron decanos y delegados de programa de derecho. Conforme a las cifras de seguridad en delitos como: homicidio, lesiones personales, hurto a personas, hurto a comercio y extorsión, se abrió un diálogo abierto y participativo en el que las universidades plantearon retos y alternativas en la articulación de la academia, sector privado e instituciones públicas, para acompañar y fortalecer la eficacia y acceso a la justicia. Como resultado de la reunión, se acordó que la CCB liderará un espacio técnico que se reunirá de manera periódica, trabajando en acciones en el marco de cinco propuestas principales en materia de gestión de conocimiento, incidencia y articulación. Igualmente, apoyará la implementación de la nueva Ley de Consultorios Jurídicos- Ley 2113 de 2021- y su diálogo directo con la justicia.

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Demandarán al Estado colombiano en instancias internacionales por caso Sanitas

El abogado Juan David Riveros, en representación de Keralty, conglomerado que manejaba el 80% de EPS Sanitas, indicó en reciente entrevista que demandarán al Estado ante instancias internacionales por daños y perjuicios ocasionados durante la intervención de la EPS Sanitas argumentando que dicho procedimiento fue ilegal. “Nosotros nos tomamos estos días para hacer un análisis ponderado y encontrar los caminos jurídicos para defendernos de lo que consideramos es un acto ilegal, desproporcionado y discriminatorio”, explicó el jurista, quien también aseguró que el acto además de ilegal resultó arbitrario. “Yo sí le puedo decir que lo que ha pasado es ilegal y arbitrario. Consideramos que hay de por medio un acto de discriminación”. Justificación de términos Juan David Riveros, indicó que hay tres motivos fundamentales para determinar la ilegalidad y de la mencionada intervención: primero es que hay una “clara inhabilidad” de la superintendencia de Salud porque en el pasado emitió opiniones en el pasado de “malquerencia y animadversión” contra la EPS. Asimismo, expresó que los argumentos utilizados para el proceso administrativo no eran reales, dado que se desconoce la veracidad de los datos, “en el mes de septiembre del año anterior a la EPS se le renovó la acreditación”, recalcó. Riveros también aseveró que las medidas tomadas por el Gobierno nacional resultaron exceden lo previsto en la ley, “más allá que no compartimos, suspenden del cargo a administradores, pero no está previsto que desplacen a la asamblea de accionistas”. “Estamos tratando de acuerdo con la ley, recuperar la administración de la EPS”, finalizó Riveros.

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