mayo 13, 2026

Corrupción

‘Este Gobierno se acaba de acuerdo al mandato popular; no hay nadie que pueda terminar este Gobierno que no sea el pueblo mismo’, afirmó el Presidente Petro en Sincelejo

El Mandatario se refirió al proceso contra su hijo Nicolás y subrayó que “el Presidente de la República jamás ha solicitado a ninguno de sus hijos e hijas el delito: ni para ganar ni para financiar campañas ni para nada que tenga que ver con el poder”. “Este Gobierno se acaba de acuerdo al mandato popular, de nadie más. Y eso es bueno que quede claro en Colombia: no hay nadie que pueda terminar con este Gobierno que no sea el pueblo mismo”, expresó este jueves el Presidente Gustavo Petro. El Mandatario, que encabezó en la capital del departamento de Sucre la Asamblea Popular Campesina para la reactivación del Sistema Nacional de Reforma Agraria y Desarrollo Rural, se refirió al proceso contra su hijo Nicolás, detenido el pasado sábado. “El Presidente de la República jamás ha solicitado a ninguno de sus hijos e hijas el delito: ni para ganar ni para financiar campañas ni para nada que tenga que ver con el poder”, enfatizó. Recordó que entiende la situación, ya que en alguna ocasión estuvo detenido y fue torturado. “Siempre me pareció que uno no puede arrodillarse ante el verdugo y que la defensa siempre se hace desde la verdad y la dignidad”, afirmó, y agregó que “si no tienes nada que temer, la verdad y la dignidad es el mejor instrumento de la defensa”. El Presidente denunció que “han intentado utilizar todas las debilidades y errores para intentar abrir el camino y el derrumbe del primer gobierno popular de Colombia’ y advirtió que ‘el mandato popular se respeta, el pueblo se respeta’. “Si fue mi pueblo el que me eligió, a nadie más le debo mi elección. Es al pueblo al que debo responder’, puntualizó el Presidente Petro.  Tomado de Presidencia

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Fiscalía imputará al excandidato presidencial Oscar Iván Zuluaga, a su gerente de campaña David Zuluaga Martínez y a la exministra Cecilia Álvarez por caso Odebrecht

El exaspirante, en su intención de llegar a la Presidencia de la República, presuntamente, recibió y no reportó 1’610.000 dólares que le entregó la constructora brasileña para cubrir la contratación del publicista ‘Duda’ Mendoça. Por su parte, la exministra de Transporte habría participado en los trámites del otrosí Ocaña – Gamarra a la ‘Ruta del Sol II’, privilegiando intereses personales. En otra decisión, fue archivada una investigación que se seguía en contra de la exministra de Educación, Gina Parody, por los delitos de interés indebido en la celebración de contratos y contrato sin cumplimiento de requisitos legales. En el marco de la lucha contra la corrupción y la impunidad, la Fiscalía General de la Nación, a través del Grupo de Tareas Especiales para el ‘Caso Odebrecht’, tomó importantes decisiones judiciales para avanzar en el pleno esclarecimiento del entramado de corrupción que promovió la constructora brasileña en la contratación de obras públicas y en otros escenarios de la vida nacional. En atención al abundante material de prueba obtenido, se presentará solicitud de audiencia de imputación en contra del excandidato presidencial Óscar Iván Zuluaga Escobar; su hijo, David Zuluaga Martínez; y la exministra de Transporte, Cecilia Elvira Álvarez Correa-Glen. Asimismo, fue archivada una investigación que se seguía en contra de la exministra de Educación, Gina María Parody D’echeona, por atipicidad de las conductas por las que fue denunciada. Financiación de campaña con dineros del extranjero, En 2014, el entonces candidato a la Presidencia de la República, Óscar Iván Zuluaga Escobar, se habría reunido en varias oportunidades, en su apartamento del norte de Bogotá, con el exdirectivo de Odebrecht en Colombia, Eleuberto Antonio Martorelli. En los encuentros, al parecer, se pactó un aporte de la multinacional brasileña para pagar parte de los servicios que el publicista José Eduardo Cavalcanti de Mendoça, conocido como ‘Duda’ Mendoça, prestaba a la campaña. En atención a lo acordado, entre junio y julio de 2014, Odebrecht giró 1’610.000 dólares a las cuentas de una empresa que el reconocido publicista tenía en Panamá. De esta manera, el aspirante presidencial, presuntamente, terminó de cubrir los honorarios de ‘Duda’ Mendoça. Con esta actuación se habría vulnerado el artículo 109 de la Constitución Política de Colombia, el cual prohíbe a los partidos políticos, movimientos y grupos significativos de ciudadanos recibir financiación de personas naturales o jurídicas extranjeras para campañas electorales. Las evidencias dan cuenta de que Óscar Iván Zuluaga tenía conocimiento del aporte ilícito y presentó una contabilidad con tal omisión ante el Consejo Nacional Electoral (CNE), a fin de obtener una reposición de votos por más de 25.000 millones de pesos, como en efecto ocurrió. Además, la Fiscalía estableció que el candidato y su gerente de campaña, en las declaraciones rendidas ante el CNE, ocultaron información sobre la colaboración económica de Odebrecth. Así indujeron a error a la autoridad electoral que cerró una investigación que adelantada sobre el particular. Por estos hechos, un fiscal del Grupo de Tareas Especiales imputará a Óscar Iván Zuluaga Escobar los delitos de falsedad en documento privado, fraude procesal y enriquecimiento ilícito de particular; y a David Zuluaga Martínez el delito de fraude procesal. Tomado por La Fiscalía General de la Nación

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Soldado denuncia caso de corrupción en redes sociales, manifestando  que se estarían robando el dinero de la alimentación en su batallón, para cubrir otro tipo de gastos. El Ejército anunció una investigación disciplinaria y el ministro Iván Velásquez se reunirá con él.

Soldado denuncia irregularidades con el dinero de alimentación de su batallón

Soldado denuncia caso de corrupción en redes sociales, manifestando  que se estarían robando el dinero de la alimentación en su batallón, para cubrir otro tipo de gastos. El Ejército anunció una investigación disciplinaria y el ministro Iván Velásquez se reunirá con él. José Julián Guerra Clavijo, adscrito al Batallón de Infantería Cacique Pigoanza número 26, ubicado en el municipio de Garzón, Huila, decidió levantar una denuncia por medio de redes sociales por medio de un video que dejó también como evidencia por si algo le llegaba a ocurrir.  El militar, dice en el vídeo que  en la guarnición militar se estarían robando el dinero de alimentación de los  soldados. Según su relato, esto se debe a unos supuestos descuentos que se realizaron para equipamiento, como impresoras, cables, entre otros, sosteniendo que esa práctica está prohibida. Siendo esta la situación, el pelotón no recibe las raciones de alimento suficiente, e  incluso han tenido que poner de sus propios recursos para subsanar esta necesidad. El soldado destaca que ha elevado las denuncias con sus superiores, pero no ha tenido mayor resultado.  El ministro de Defensa, Iván Velásquez, anunció que se reunirá con el soldado, “Hablaré personalmente con el soldado profesional Julián Guerra para recibir directamente sus denuncias. El bienestar de los soldados es una prioridad para el gobierno de la seguridad humana”, sostuvo el ministro.  El Ejército enfatizó en su política cero tolerancia contra la corrupción y manifestó que investigará las denuncias hechas a través de redes sociales, con relación a problemas con la alimentación y descuentos para “subsanar cosas del batallón”,  Cacique Pigoanza, en Garzón, Huila.

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Ministro del Interior exalta labor de los contralores en la lucha contra la corrupción

El ministro del Interior, Daniel Palacios Martínez participó en la apertura del V Congreso Nacional de Contralores, resaltando la importancia del control fiscal y la lucha anticorrupción por parte de las contralorías territoriales. En su intervención, Palacios Martínez exaltó la labor titánica que los Contralores Departamentales adelantan para desenredar elefantes blancos en el país y que estos recursos lleguen a buen puerto, “son ustedes, los garantes de la protección del erario público, de la inversión responsable, de la conclusión de las obras y de la ejecución efectiva del recurso público; y eso sin duda es una labor que tiene suma importancia, pero que a la vez genera responsabilidad en el control fiscal”. De igual forma, el ministro del Interior señaló que desde el Gobierno Nacional se tiene una agenda anticorrupción que se cumple con rigurosidad y ese esfuerzo ha sido posible gracias a todas las bancadas del Congreso de la República, entregándole a Colombia leyes y herramientas jurídicas contundentes. “Un aporte importantísimo que dejará este Gobierno, apoyado por el Senado y la Cámara de Representantes, fue la aprobación de la Ley de los Pliegos Tipo, que sin duda alguna ayudará a que el control fiscal sea más fácil, efectivo y permita la vigilancia por parte de los entes de control en la contratación pública a nivel nacional.” Así mismo, el jefe de la cartera política hizo referencia a la importancia de la ruta para la vacunación masiva, segura y gratuita; y el compromiso de la fiscalización de esos recursos que son pilares fundamentales para que se salven vidas y exista una reactivación económica segura. “Con el Ministerio de Defensa y el Ministerio del Interior, emitimos una circular conjunta en la cual se establece de manera clara que el Plan Nacional de Vacunación, no puede ser modificado por las alcaldías y gobernaciones, en lo que se refiere a las fases y las poblaciones objeto a vacunar. Sin embargo, es responsabilidad de cada ente territorial garantizar la logística de la vacunación y articular a las IPS y EPS, según lo establecido por el Gobierno Nacional”, puntualizó el ministro del Interior. Cortesía de el Ministerio del Interior.  

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Con protocolo de bioseguridad, reinició labores Oficina de Pasaportes en Chocó

Para continuar con la reactivación de los sectores, la oficina de Pasaportes en el Chocó reabre sus puertas y da continuidad a los trámites para viajes internacionales. Acogiendo las directrices del Gobierno Nacional impartidas a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, la Gobernación del Chocó, reabrió el martes al público la Oficina de Pasaportes en la etapa de aislamiento selectivo y distanciamiento individual.​ Al menos 15 personas serán atendidas diariamente en el horario de 8:00 a.m. a 1:00 p.m. por orden de llegada, a las cuales se les entregará una ficha para que hagan uso del servicio de forma ordenada siguiendo los protocolos de bioseguridad. Así lo manifestó la coordinadora de la Oficina de Pasaportes, Hitzel del Carmen Arboleda Lozano.   Con información tomada de la Gobernación del Chocó. 

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Condenado a cinco años de prisión gobernador del Cesar, Luis Alberto Monsalvo

Condenado a cinco años de prisión gobernador del Cesar, Luis Alberto Monsalvo Gnecco, por corrupción en el período 2012-2015. Luego de acoger los argumentos aportados por la Fiscalía General de la Nación y anunciar sentido fallo condenatorio, la Sala Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia impuso cinco años, un mes y 16 días de prisión al actual gobernador del Cesar, Luis Alberto Monsalvo, por el delito de corrupción al sufragante durante las elecciones octubre de 2011. El procesado deberá cumplir la pena privado de libertad en su lugar de residencia, por lo que el Alto Tribunal pidió al Presidente de la República, Iván Duque Marquéz, suspenderlo en el cargo de gobernador.  Durante la investigación, un fiscal  delegado ante la Corte Suprema de Justicia demostró que, como candidato a la gobernación del departamento para el período 2012-2015, Monsalvo Gnecco firmó pactos con los representantes de los sectores de invasión Tierra Prometida, Guasimales y Emmanuel, en Valledupar, con el compromiso de mantenerles la situación de ilegalidad a cambios de votos.  “Es evidente la gravedad del daño causado al bien jurídico con la conducta punible , los mecanismos de participación democrática, pues al condicionar el voto no solo privó de la libertad a los electores sino que obtuvo ventaja ilícita sobre sus contrincantes en la aspiración a la Gobernación del Departamento del Cesar”, precisó la Corte en su sentencia. Este fallo condenatorio es de primera instancia y contra la misma proceden los recursos de ley. A continuación el comunicado oficial: #ATENCIÓN | Tras acoger argumentos de #Fiscalía, Sala de Primera Instancia @CorteSupremaJ sentenció a cinco años, un mes y 16 días de prisión a gobernador de #Cesar, Luis Alberto Monsalvo Gnecco, por el delito de corrupción al sufragante durante las elecciones de octubre de 2011. pic.twitter.com/gjvQJ5ZtSf — Fiscalía Colombia (@FiscaliaCol) July 27, 2020       Con información tomada desde la Fiscalía General de la Nación. 

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Fiscalía dicta orden de captura contra Aníbal Gaviria, gobernador de Antioquia

Los elementos probatorios dan cuenta del pago irregular de anticipos y otras anomalías en el proceso de contratación y construcción de la Troncal de La Paz, durante el primer periodo del gobernador entre 2004 y 2007. Un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia resolvió la situación jurídica del gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria Correa, vinculado a una investigación por irregularidades de contratación, y le impuso medida de aseguramiento privativa de la libertad. La decisión fue comunicada el día de hoy al Presidente de la República para que se cumpla con el mandato legal de suspensión del cargo. En ese sentido, el Jefe de Estado deberá surtir los trámites necesarios para garantizar el funcionamiento administrativo del departamento de Antioquia. Los elementos recopilados en el proceso, que se sigue en el marco de la Ley 600 de 2000 (anterior sistema penal), indican que Aníbal Gaviria Correa, cuando se desempeñó como gobernador de Antioquia entre 2004 y 2007, incurrió en los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales en concurso homogéneo, y heterogéneo con peculado por apropiación en favor de terceros. El fiscal del caso encontró que en el contrato de mejoramiento y pavimentación de la Troncal de la Paz (tramo La Cruzada – Caucasia), suscrito en 2005 por valor de $41.663’432.778, se pactó inicialmente un anticipo del 25% y luego se amplió al 29%, lo que significó casi 1.500 millones de pesos de más para el contratista. Esta modificación desconoció requisitos legales esenciales, como los principios de planeación y transparencia. Además, se constató que el mencionado anticipo fue pagado sin la aprobación de una garantía contractual que aseguraría la destinación correcta de los dineros. Esta omisión generó que el contratista invirtiera más de 10 mil millones de pesos en maquinaria y equipos. La investigación evidenció que se hicieron dos adiciones al contrato inicial, que tampoco habrían atendido los principios esenciales de la contratación pública. Una, representó cerca de 4 mil millones de pesos para adecuaciones de un sector específico de la misma troncal; la otra, mediante un otro sí, se realizó cuatro días antes de finalizar el periodo del gobernador y contempló la construcción de una vía de acceso al municipio de El Bagre (Antioquia). Este último asunto, que comprometió más de 16 mil millones de pesos, debía ser objeto de un nuevo proceso de selección y no podía hacer parte del contrato original. Para la Fiscalía, el gobernador era el representante legal del departamento, el ordenador del gasto y, aun cuando hubiese delegado la función de contratar, debía ejercer la vigilancia, coordinación y control de la delegación. Con información de la Fiscalia General de la Nación  

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Niegan contagio de Covid-19 en personal de protección del Congreso de la República

La Policía Nacional negó este jueves que algunos integrantes adscritos al Grupo de Protección del Congreso de la República, hayan sido contagiados por el Covid-19, como se informó en algunos medios de comunicación locales. A través de un comunicado, la institución aseguró que a la fecha no existen reportes de contagio del virus entre el personal asignado a la unidad que brinda protección a la corporación legislativa, en el centro de Bogotá. “Un porcentaje del personal adscrito al Grupo de Protección (del) Congreso de la República se encuentra cumpliendo la circular 007 del 6 de abril de 2020, que se refiere al “Aislamiento preventivo en reserva estratégica para el personal uniformado de la Policía Nacional”, agregó. Recordó que esa institución esta comprometida con las medidas que se han tomado para prevenir cualquier contagio y propagación del Covid-19 y “acata  todos los protocolos de bioseguridad ordenados por el Gobierno Nacional”.    

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Caquetá y Putumayo, en un diálogo franco sobre el Covid-19

En el Facebook Live de todos los jueves, el alcalde de Cartagena del Chairá (Caquetá), Edilberto Molina y el representante a la Cámara por el Putumayo, Carlos Ardila Espinosa, sostuvieron un diálogo sobre  temas relacionados con el Covid-19 y su impacto en las regiones. El mandatario de Cartagena del Chairá expuso la situación actual del municipio, que, por fortuna, no presenta ningún caso de contagio, pero se esta preparando para enfrentar cualquier eventualidad.  “Nadie estaba preparado para esta crisis, por lo que la falta de recursos ha generado dificultades como  el desabastecimiento alimenticio generado por el cierre de las vías, porque todo se trae del interior. Sin embargo, esta restricción ha retrasado la llegada del virus a la región” afirmó. Además, resaltó el apoyo de la fuerza pública, las unidades de Socorro y la Cruz Roja para conservar la calma y evitar el pánico de la comunidad frente al aislamiento obligatorio decretado por el Gobierno Nacional desde marzo pasado para contener el avance de la pandemia en el país. Por su parte, el representante Carlos Ardila dijo que ningún alcalde, ni gobernador estaba preparado para una circunstancia inédita como la que hoy se esta viviendo en Colombia. “Todos han tenido que reinventarse para llevar esta situación. El Gobierno Nacional ha emitido decretos y concedido facultades a alcaldes y gobernadores para que se distribuyan los recursos de las entidades territoriales de acuerdo a los compromisos fiscales”. Sin embargo, resaltó que “a pesar de las medidas tomadas, los alcaldes no tienen recursos suficientes para asumir la crisis, especialmente, los municipios de sexta categoría, entonces los planes de desarrollo se han paralizado. Estos son limitantes en los presupuestos por causa de la centralización”. Un tema que se destacó, fue la creación del Fondo de Mitigación de Emergencias, FOME, para atender las necesidades en el sector salud, el cual nació con los recursos provenientes del Fondo de Ahorro y Estabilización (FAE)  y del Fondo de Pensiones Territoriales (FONPET). La gran pregunta que surgió durante el conversatorio es ¿cuánto de ese dinero ha llegado a los municipios, particularmente a los del departamento del Caquetá?   “Los recursos se han concentrado en el centro del país, solo nos han inundado con decretos, sin dar acciones concretas, ni dineros para atender a la población. Solo se han entregado 550 mercados que envió la primera dama de la nación, María Juliana Ruiz, pero somos 35.000 habitantes. Estas ayudas se destinaron a las familias necesitadas y fueron atendidas con el servicio de regalías para completar 1.800 mercados más”, aseguró Molina.  Por su parte, el representante Ardila reiteró su compromiso con las regiones, de las cuales dijo ser su vocero en el Congreso de la República para romper la brecha del centralismo y ejercer el control político necesario para que los recursos sean distribuidos de manera correcta y equitativa.        

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La violencia en Cauca, incrementa el temor de la población

Durante las últimas semanas, se han evidenciado ataques en la región del Cauca a candidatos postulados a las próximas elecciones, como también a líderes sociales y de comunidades indígenas de este territorio. Los asesinatos y amenazas por parte de bandas criminales, especialmente en Toribio y Corinto, han incrementado el desplazamiento de la población por temor a nuevos hechos de violencia. El crimen de Karina García, la candidata a la alcaldía de Suárez, y los cinco acompañantes que viajaban con ella, mantiene en alerta a las autoridades. Y es que en lo que va transcurrido del año 2019, se ha cometido entre 22 y 23 asesinatos de líderes sociales en diferentes zonas del departamento. La violencia que se vive en la región del Cauca es un tema que no puede pasar desapercibido; además de la pobreza, por su ubicación geográfica, la zona es estratégica para los grupos armados, para el cultivo ilícito, el desplazamiento de las comunidades, y las crudas matanzas que se presentan en el territorio. Tras el acuerdo de paz firmado en 2016, se superaban las expectativas frente a la situación crítica que no solo vive el Cauca, sino otros departamentos colombianos que han sufrido masacres y atentados que se asocian con el conflicto armado. “Aunque no podemos hablar de una guerra en pasado, pues en nuestro territorio el conflicto armado sigue vigente con la presencia de grupos armados y las amenazas que seguimos  recibiendo, tenemos la esperanza de que la Comisión incluya nuestra verdad en su informe final y que reconozca que en medio del conflicto tenemos unas afectaciones particulares” Afirmo la líder social, Clemencia Carabalí.  

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