mayo 12, 2026

Corrupción

Duque respalda a Mintransporte

El Presidente de la República, Iván Duque, respaldó la labor de la ministra de Transporte, Angela María Orozco, cuestionada por haber anunciado semanas atrás que el pago en el que tendría que incurrir el Estado ascendería a los 1.2 billones de pesos como parte de la indemnización por la “Ruta del Sol II”. El mandatario que hoy 7 de agosto cumple su primer año, celebró la decisión del Tribunal de Arbitramiento que declaró la nulidad del contrato de la Ruta del Sol II, donde la cuestionada empresa brasileña, Odecrecht, en compañía de sus socios, buscaban una indemnización por 3,8 billones de pesos. Frente a la polémica causada por las declaraciones de Orozco, el Presidente fue enfático en el apoyo a la funcionaria. “Desde luego respaldo y ratifico a la ministra de Transporte, ella ha actuado apegada al ordenamiento jurídico. Sus decisiones han soportado las políticas definidas por nuestro gobierno de lucha en contra de la corrupción y ha actuado de manera diáfana y coherente”, agregó Duque. La decisión redujo el pago por parte del Estado a 211.273 millones de pesos. Este dinero deberá ser desembolsado por la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) como pago por las obras ya entregadas a la Nación, que, de acuerdo con el Tribunal, ascienden al 54% de lo pactado.

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Consejo de Estado deja en firme inhabilidad de Arias

La decisión en contra del exministro de Agricultura, Andrés Felipe Arias, condenado a 17 años por el escándalo de Agro Ingreso Seguro y extraditado desde Estado Unidos en días pasados, se da tras analizar la sentencia de la Procuraduría en 2011. Bajo la batuta de Alejandro Ordóñez, el Ministerio Público había tomado la decisión de declarar la inhabilidad de Arias por 16 años para ejercer cargos públicos, decisión que ha sido ratificada por el Consejo de Estado. Según explicó el tribunal en su fallo, Arias omitió sus funciones de vigilancia de los recursos. “Con esa actuación dio un mal ejemplo a los ciudadanos y no cumplió con éxito el programa loable para los agricultores de Agro, Ingreso Seguro (AIS), creado con la Ley 1133 de 2007”, se lee en la sentencia. Adicional a la decisión frente a la solicitud de Arias de “tumbar” el fallo proferido por la Procuraduría en 2011, el Alto Tribunal también opto por rechazar el pedido de indemnización del exministro, mediante la cual solicitaba al Estado el pago de la suma de 532.040 millones de pesos ” por supuestos perjuicios materiales y morales al haber sido sancionado disciplinariamente”.

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Con legalidad construimos país: SIC

Con legalidad construimos país: SIC Como cabeza principal de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), considerada una de las entidades más efectivas del Estado en su labor de proteger la propiedad industrial, la libre competencia y los derechos del consumidor colombiano, Andrés Barreto, ha buscado garantizar la legalidad y la transparencia, dos pilares fundamentales a la hora de administrar justicia. Pero tal vez uno de sus mayores desafíos, es darle seguridad al mecanismo de delación y estrechar la cooperación internacional para robustecer la capacidad de investigación de la entidad. Y es que desde que asumió el cargo de superintendente de Industria y Comercio, Barreto envió un mensaje claro al país sobre el trabajo que realizaría desde la institución para poner freno a la corrupción y la cartelización, prácticas que atentan contra la libertad de empresa y la competencia en Colombia. Para ello, se cuenta con herramientas que promueven la delación y permiten que sus actores confiesen su conducta. Pero ese no es el único eje sobre el cual la entidad ha enfocado su labor en estos últimos meses. También lo son la legalidad, que se impulsa desde el registro mercantil, y la equidad, para que a través de las buenas prácticas comerciales se logre recaudo tributario, formalización y emprendimiento.  Barreto se aparta de quienes consideran que las medidas para evitar que se vulneren los derechos adquiridos por personas jurídicas o naturales, han sido débiles. “El registro marcario es muy reglado. Tenemos una altísima tasa de efectividad en reconfirmaciones del Consejo de Estado, que es quien las verifica judicialmente. En ese sentido el otorgamiento de marcas es elevado (al año se registran alrededor de 22.000), entonces es un trámite que tiene que funcionar porque tiene aparejado un costo, un procedimiento administrativo, y además de eso cualquier decisión es recurrible ante el Consejo de Estado”, explica. A ello se suma otra instancia, que es “la posibilidad de que se pueda hacer una oponibilidad ante el tribunal supranacional, que es el Tribunal Andino de Justicia”, agrega el funcionario, quien destaca los altísimos desarrollos jurisprudenciales que se han obtenido con gran éxito hasta el momento. Por eso no duda en afirmar que se “goza de buena salud en materia de protección de derechos de la propiedad industrial, que es de lo que se ocupa la Superintendencia”, bajo su cargo. Fortalecimiento del ámbito internacional Ese es tal vez uno de los frentes en los que más ha trabajado el superintendente de Industria y Comercio. Es así como la ciudad de Cartagena albergó en mayo pasado el evento más grande de autoridades de competencia del mundo, el cual contó con la presencia del Presidente Iván Duque Márquez. Más de 130 países se reunieron para discutir entre otros temas, la aplicación de la ley en casos de cartelización, los procesos de revisión de concentraciones empresariales y las conductas unilaterales anticompetitivas. Según Barreto, durante la conferencia la SIC compartió los avances que ha alcanzado en materia de vigilancia y control de la libre competencia en Colombia.  Ad portas del ingreso del país como miembro de pleno derecho a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), la entidad también participa en dos comités (competencia y consumidor), lo que el superintendente califica como un acto relevante. Pero, además, Colombia lidera junto con los socios de la CAN (Perú, Ecuador y Bolivia) la renegociación de la decisión 608 relacionada con las n o r m a s para la protección y promoción de la libre competencia en la subregión. “Hemos detectado en el derecho comunitario andino algunas debilidades y por eso buscamos su renegociación”, asegura. Colombia, a través de la SIC, cuenta con convenios de cooperación que han sido efectivos en temas como intercambio de información, notificaciones, práctica y traslado de pruebas, así como mejora de técnicas de investigación y detección de conductas anticompetitivas. Otros avances de la SIC Adicional al trabajo que se realiza a nivel internacional, la SIC logró avances significativos en materia de investigación y sanción, y se enfoca fuertemente en el tema de prevención. “En ese sentido seguimos trabajando con el Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación (ICONTEC), la academia, los abogados y las empresas en la construcción de una norma de libre competencia que les dé una herramienta adicional, además de la ley, para entender como deben cumplir con altos estándares a fin de no ser objeto de sanción de esta entidad”.  La Superintendencia también ha obtenido importantes herramientas como la implementación de la abogacía de la competencia, un requisito cuasi obligatorio para expedir cualquier regulación. “Creemos que hay que seguir trabajando en el tema sancionatorio, pero no solamente incrementando el nivel de multas, y que estas sean meramente economicas, sino que se nos permita imponer otro tipo de sanciones como por ejemplo, auditorías, programas de cumplimiento y seguimientos”, señala Barreto. Y es que la SIC es una entidad que funciona muy bien y que ha tenido un desarrollo importante en términos de estructura orgánica y capacidad institucional. Reforma a la Ley 1340 En el tema de sanciones, se está revisando la transformación de la Ley 1340, que ya cumple 20 años. “Quisieramos mirar si en el segundo semestre con el inicio de la nueva legislatura valdría la pena poder presentar algún tipo de reforma que nos permita crear otra delegatura u otra oficina que se encargue del tema de cumplimiento y de la manera de imponer las sanciones. Eso es un análisis que tenemos que hacer para ver si vale la pena”.

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Desaparición de Santrich es “una bofetada” para la paz: Procurador Carrillo

El Procurador General de la Nación, Fernando Carrillo, consideró la decisión del exjefe guerrillero de las FARC y congresista, Seuxis Paucias Hernández, mejor conocido como Jesús Santrich, de abandonar su esquema de seguridad, “una bofetada a quienes han creído y defendido la paz en este país”. También a la justicia que “le ha dado todas las garantías” en el proceso que se le sigue por su supuesta participación en el delito de narcotráfico. El jefe del Ministerio Público aseguró que el sistema no ha podido ser más garantista con Santrich, a quien se le han dado todos los beneficios. “Si Santrich quiere ser un sepulturero de la paz que siga en la clandestinidad, pero que no espere impunidad porque no va a doblegará la justicia”. De acuerdo con el comunicado emitido por la Unidad Nacional de Protección (UNP), el exguerrillero abandonó su esquema de seguridad en el Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación (ETCR) de Tierra Grata, corregimiento San José de Oriente, municipio de La Paz, Cesar. En la habitación que ocupaba el congresista fue encontrada una nota, aparentemente firmada por él, en la que manifestaba que pernoctaría con un hijo menor en la ciudad de Valledupar. Las autoridades están estableciendo la autenticidad y veracidad de dicho documento. De igual manera, la UNP solicitó al partido FARC colaboración para “reestablecer lo más pronto posible  las medidas de protección que le corresponden al señor Santrich en su condición de parlamentario, que le permiten, a su vez,  la plena libertad y movilidad por todo el territorio nacional”. Por su parte el Presidente de la República, Iván Duque, aseguró este lunes que, “ver a una persona con semejantes características, abandonar su esquema de seguridad, violando los protocolos de la UNP, violando los protocolos de seguridad de un ETCR,  solo muestra que su deseo es eludir la justicia”.

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El expresidente del Perú Alan García se suicidó antes de su detención

El expresidente peruano era requerido por la justicia de su país por haber recibido pagos ilegales por parte de la firma brasilera Odebrecht. La fiscalía había emitido una orden de detención preliminar por 10 días. Cuando la policía entró a su vivienda en el distrito de Miraflores, con la intención de hacer efectiva la orden de captura en su contra, el expresidente se disparo en la cabeza. De inmediato las autoridades lo trasladaron al hospital Casimiro Ulloa, donde el exmandatario ingresó aún con vida. García sufrió tres paros cardiorrespiratorios mientras era atendido en el hospital, informó la ministra de Salud, Zulema Tomás Gonzáles, quien en horas de la mañana había advertido de la delicada situación del exmandatario. Hacia las 10:40 am dos dirigentes Apristas, partido al que perteneció García, confirmaron la noticia del fallecimiento del expresidente. “Compañeros, ha fallecido Alan García. ¡Viva el Apra!”, anunció Ricardo Pinedo, secretario personal del exmandatario a los medios y personas congregadas a las afueras del centro médico. Por su parte el ministro del Interior, Carlos Morán, explicó que las fuerzas de seguridad actuaron de acuerdo con las órdenes impartidas por la fiscalía. A su llegada al domicilio del exmandatario la policía le informó a este de la orden judicial en su contra. El expresidente indicó que iba a realizar una llamada a su abogado, ingresó a su habitación y cerró la puerta. A los pocos minutos se escescu el disparo. De inmediato la policía entró al lugar y lo trasladó al hospital, donde posteriormente falleció.

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Se abren las compuertas 2, 3 y 4 de Hidroituango

Tras inspeccionar con personal técnico los canales de la estructura, este viernes comenzaron a abrirse de manera secuencial las compuertas 2, 3 y 4 del vertedero del proyecto hidroeléctrico Ituango, que se prevé comience a surtir de manera segura y controlada, sin riesgo para la comunidad, las aguas del embalse cuando alcance la cota 401 metros sobre el nivel del mar (msnm). El vertedero de la futura central de energía, que se encuentra completamente operativo, tiene cuatro compuertas (este viernes se abrieron tres) por donde pasa el agua que es llevada por igual número de canales a un pozo de aquietamiento para estabilizar su fuerza y devolverla al río Cauca, informó EPM en un comunicado. El embalse iniciará el vertimiento con una lámina de agua e irá aumentando paulatinamente su caudal hasta normalizar el nivel del río Cauca para esta época del año. El vertedero tiene una longitud de 405 metros y un ancho entre 70 y 95 metros. A su vez, las compuertas radiales miden 15,4 metros de ancho por 19,5 metros de alto. Con el embalse del proyecto vertiendo, el río Cauca recuperará su caudal para una temporada seca como la actual, disminuido tras el cierre de la segunda compuerta de la casa de máquinas el pasado 5 de febrero, una decisión adoptada para proteger a las comunidades ubicadas aguas abajo de la presa.

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70 millones de dólares del carrusel de la contratación habrían sido invertidos en un condominio en Miami

En el desarrollo de las investigaciones que se adelantan por el “Carrusel de la contratación”, el ente acusador pudo determinar que con ayuda de firmas en Estados Unidos, los involucrados lograron constituir una red de lavado de activos, cuyo objetivo era la adquisición de inmuebles en este país. Dichos recursos fueron rastreados hasta un condominio llamado River Oaks, en Miami, por un valor de 70 millones de dolares, el equivalente a 200 mil millones de pesos colombianos. Por ello, la Fiscalía solicitó la colaboración del Departamento de Justicia de los Estados Unidos. En las pesquisas realizadas por la delegada para las Finanzas Criminales, con apoyo de la Dirección de Corrupción, “se ha logrado establecer el mecanismo a través del cual los dineros apropiados irregularmente por el (entonces) alcalde (de Bogotá, Samuel Moreno) y sus cómplices fueron redireccionados a través de una sofisticada operación hacia el exterior”. El empresario Fernando Marín Valencia sería el encargado de recibir el dinero derivado del “Carrusel de la contratación”, para luego, a través de una operación de lavado de activos, ingresarlo al sistema financiero americano. Por esta razón el ente acusador “ha solicitado audiencia de imputación de cargos por el delito de Lavado de Activos en contra de Marín Valencia, la cual fue programada por el centro de servicios de Paloquemao para el próximo 13 de marzo”, informó este miércoles la entidad. Al escándalo del “Carrusel de la contratación” fue vinculado Samuel Moreno Rojas, exalcalde de la capital, quien fue hallado culpable por un juez de la República por su responsabilidad en el esquema que desfalcó a la ciudad. Según las investigaciones, el exmandatario intervino en los contratos de la fase tres de Transmilenio, los procesos de malla vial y la adjudicación de obras por valorización.

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Procuraduría pide pérdida de investidura de Musa Besaile

Este miércoles, la Procuraduría General de la Nación solicitó al Consejo de Estado acoger la solicitud de pérdida de investidura del senador Musa Besaile, por indebida utilización de recursos públicos. A través de un comunicado, la dependencia aseguró que, “para el Ministerio Público es claro que los dineros que hacían parte del presupuesto del departamento de Córdoba, provenientes de los contratos de hemofilia, fueron utilizados en actos de corrupción”. Según la Procuraduría, los recursos fueron usados por Besaile para el pago de coimas multimillonarias con el fin de “manipular decisiones judiciales” que lo habrían afectado dentro del proceso por parapolítica que avanzaba en ese momento en la Corte Suprema de Justicia. A la investigación, también están vinculados el entonces gobernador de Córdoba, Alejandro Lyons y el senador Luis Ignacio Lyons. Los dineros fueron entregados a través del abogado de este último, con el propósito de evitar una orden de captura en contra de Besaile. De acuerdo con la dependencia, Musa Besaile “incurrió en la causal de indebida destinación de recursos públicos, comportamiento doloso que desplegó de manera libre y consciente”.

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Capturan a director de cárcel La Modelo

En rueda de prensa, el Fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez, informó este miércoles sobre la captura del director de la Cárcel La Modelo de Bogotá, coronel Cesar Augusto Ceballos. Su arresto se produjo tras una investigación en la cual se evidenció que Ceballos, una vez ingresaban los internos al penal, realizaba un análisis financiero que le permitía saber cuánto podría cobrar y en qué sitio de la cárcel podría ubicarlos. “En el patio tres, por ejemplo, ubicaban a los reclusos de mayor poder económico y la cuota de acuerdo a las investigaciones era de tres millones de pesos” informó el Fiscal. Si eventualmente los prisioneros o sus familiares se negaban a pagar o se atrasaban en el pago, los reclusos perdían sus beneficios. El dinero era cancelado al conductor del director de la cárcel o a algunos de sus escoltas. Las pesquisas permitieron confirmar que también estaba involucrado otro sujeto conocido con el alias de “El Paisa”, quien sería el propietario de uno de los inmuebles ubicados frente a la prisión. Martínez reveló que algunos de los predios situados en cercanías a la cárcel, fueron utilizados para el almacenamiento de drogas, artículos lujosos y elementos a los cuales tendrían acceso los internos con ayuda de los guardias del penal. También se conoció una tabla de cobros a cambio de beneficios: Permisos citas médicas- 2 millones de pesos Citas en EPS o prepagada -3 millones de pesos Ingresar whisky -600 mil pesos Ingresar un celular- 400 mil pesos Ingresar drogas -500 mil pesos la libra Ingreso de personas fuera de los horarios entre 150 y 500 mil pesos Como resultado de la investigación se han realizado cinco capturas: el Coronel Cesar Augusto Ceballos, director de la Cárcel; el Capitán Néstor Daniel Bernal Reyes – Jefe de Vigilancia de los patios; Giovanni Esteban Rincón Cardozo – Conductor del Director; José Armando Suárez alias “El Paisa” y Ana Rosa Casas Martínez, propietaria de uno de los inmuebles en inmediaciones de la prisión.

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Funcionarios y contratistas del Estado tendrían que revelar su patrimonio de aprobarse acto legislativo de levantamiento de la reserva

“Este proyecto, presentado el 8 de agosto, forma parte de uno de los temas con los que se comprometió el presidente Iván Duque  en la lucha contra la corrupción. Esta iniciativa debe salir adelante a petición de la opinión pública y a compromiso de los partidos y del Gobierno”, afirmó la Ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, sobre el proyecto de levantamiento de reserva de la declaración de renta. La iniciativa señala que antes de ingresar a laborar y después de dejar el cargo, cada servidor del Estado, y los particulares que ejerzan funciones públicas o administren recursos estatales , deberán revelar su patrimonio. En efecto, este acto legislativo aprobado por la plenaria del Senado, permite levantar la reserva de la declaración de renta de los mismos, cuando las autoridades fiscales y disciplinarias competentes lo soliciten. El proyecto, que continúa su trámite en segunda vuelta en el Congreso, también establece que los miembros de los grupos armados al margen de la ley, así como los integrantes de la fuerza pública, que se hayan acogido a la justicia transicional y que no hayan sido condenados por delitos dolosos posteriores al acuerdo de paz y no estén efectivamente privados de la libertad de manera preventiva, podrán celebrar contratos con el Estado y ser  servidores públicos. La prórroga a la Ley del orden público, la reforma política, y el acto legislativo sobre delitos conexos también fueron aprobados en el Congreso de la República. Así las cosas, ya son cuatro las iniciativas del Gobierno Nacional aprobadas por las cámaras. Con información del Ministerio del Interior 

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