Corrupción Archivos - Página 8 de 12

Leonardo Espinosa es el nuevo fiscal ad hoc

Actualidad, Corrupción, Judicial / revistacg

La Corte Suprema de Justicia eligió este jueves a Leonardo Espinosa como nuevo fiscal ad hoc, quien estará encargado de algunas de las investigaciones que se adelantan en el país por cuenta del escándalo de corrupción que involucra a la multinacional brasilera Odebrecht. Con 17 votos, los magistrados eligieron al jurista, luego de escuchar a los tres candidatos que integraban la terna, Clara María González, secretaria jurídica de la Presidencia; Gilberto Orozco Orozco, exmagistrado y el ahora fiscal ad hoc, Leonardo Espinosa, decano de la facultad de Derecho de la Universidad Sergio Arboleda. ,La figura del fiscal ad hoc se activó porque el fiscal general, Néstor Humberto Martínez, se declaró impedido para abordar la investigación por el caso Odebrecht, debido a que fue abogado del grupo Aval, socio minoritario de la firma brasileña, en la Ruta del Sol II. Espinosa deberá cumplir las mismas funciones del fiscal general en tres de los procesos que se le siguen a Odebrecht, multinacional acusada de pagar millonarios sobornos a políticos, contratistas y funcionarios públicos para acceder a proyectos de infraestructura vial en Colombia. Al presentar la terna, el Presidente Iván Duque calificó a Espinosa como un conocedor del derecho societario, lo que aseguró sería una fortaleza en los casos que debe asumir. “Se trata de un profesional con muchos años de experiencia, con muchos años de investigación jurídica, un gran conocedor del derecho societario, del derecho de la empresa y, sobre todo, una persona que por años ha sido investigador académico sobre la responsabilidad de las personas jurídicas, el levantamiento del velo corporativo y las responsabilidades que acarrean por malas prácticas”, dijo. La senadora María del Rosario Guerra celebró la decisión de la Corte y le dio su respaldo a Espinosa a través de su cuenta de twitter. “Conocemos su idoneidad académica, profesional y ética para asumir el reto de esclarecer rápidamente el caso Odebrecht”, escribió.

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Juan Carlos Montes no rendirá testimonio por Petrovideo

Actualidad, Corrupción, Judicial / revistacg

La senadora por el Centro Democrático, Paloma Valencia, informó que el ingeniero Juan Carlos Montes no se presentará este jueves ante la Corte Suprema de Justicia para dar su testimonio en el marco de la investigación preliminar que se le abrió al senador Gustavo Petro por la publicación de un video en el que aparece recibiendo un fajo de billetes. Las imágenes fueron divulgadas por la bancada uribista durante el debate de control político que se le hizo al Fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez, por sus supuestos nexos con el caso de corrupción que envuelve a la multinacional brasileña Odebrecht. El excandidato presidencial Gustavo Petro, ha señalado que la difusión del video tenía como propósito distraer a la opinión pública para ocultar la conexión de Martínez con el escándalo sobre el pago de millonarios sobornos por parte de la firma constructora a políticos, contratistas y funcionarios públicos en Colombia.

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Oposición solicita a la Corte Suprema rechazar terna para fiscal ad hoc

Actualidad, Corrupción, Judicial / revistacg

En la misiva exhortan al Presidente Duque a iniciar los trámites necesarios para constituir una Comisión Internacional contra la Corrupción debido a la trascendencia del caso Odebrecht. Congresistas de la oposición le solicitaron a la Corte Suprema de Justicia que rechace la terna para Fiscal “ad hoc” que presentó el pasado martes el Presidente Iván Duque para llevar a cabo las investigaciones por el caso de corrupción de la multinacional brasilera Odebrecht. Por medio de una carta, los senadores Angélica Lozano, Iván Marulanda, Alexander López, Gustavo Bolívar y Julián Gallo y el representante Mauricio Toro, argumentaron que los tres juristas elegidos por el jefe de Estado no cumplen los criterios de mérito que ordena el artículo 126 de la Constitución “cuando un cuerpo colegiado elige a servidor público”. De acuerdo con la misiva, dos de los ternados se encuentran inhabilitados para ostentar el cargo, “específicamente la abogada Clara María González por haber hecho parte del equipo de la campaña de Óscar Iván Zuluaga, candidato a la Presidencia en el año 2014, caso que ha generado gran debate respecto a los posibles aportes que realizó Odebrecht a dicha campaña, además como secretaria Jurídica de Presidencia, es hoy subalterna del mismo, lo que deja duda de su independencia, limitando de manera evidente el equilibrio de poderes”. “En lo referente a la abogada Margarita Cabello debido a que es magistrada de la Corte Suprema de Justicia habría un claro marco de impedimentos y recusaciones que presentarían los demás magistrados dada la natural cercanía por ser su compañera a quien estarían evaluando”, indicó el documento. Por tal motivo los congresistas invitaron al Presidente Iván Duque Márquez a iniciar el procedimiento para solicitar una comisión de carácter internacional “en el marco de la organización intergubernamental de las Naciones Unidas que contribuya con las investigaciones que se adelantan en el caso”. “Debido a la trascendencia y la complejidad del Caso Odebrecht es menester solicita el apoyo internacional, como se demostró en el Debate de Control Político realizado el 27 de noviembre (…) en Colombia existe un entramado entre las altas esferas políticas e institucionales que impide al acceso real a la justicia, así como a la transparencia y celeridad en las investigaciones”, aseguró la carta.

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Duque exige altas sanciones a empresas que ofrezcan sobornos para obtener contratos

Actualidad, Corrupción, Presidencia / revistacg

“Espero que las sanciones ejemplarizantes se den para el bien de nuestro país y para la derrota de cualquier forma de corrupción”, aseguró el jefe de Estado. “Empresa que corrompa a un funcionario para ganar un contrato no solamente está incurriendo en una grave falta penal, sino en una grave falta al derecho a la competencia, que amerita que se aplique la más alta de las sanciones pecuniarias posibles en nuestro país”. Así lo pidió este lunes el Presidente Iván Duque a la Superintendencia de Industria y Comercio (SIG), durante la conmemoración de los 50 años de la entidad, evento que se realizó este lunes en Bogotá. El mandatario consideró que no se puede permitir este tipo de prácticas en el país, por lo que invitó al Superintendente de Industria y Comercio, Andrés Barreto González, y al equipo de la entidad, a darle celeridad al proceso. “No podemos permitir que una sola empresa siga pretendiendo en nuestro país que a base de dádivas, de sobornos, de coimas, de recursos que se pagan en paraísos fiscales, pretenda considerarse parte del ambiente económico nacional”, sostuvo. En este sentido, Duque pidió sanciones ejemplarizantes que contribuyan a la derrota de cualquier forma de corrupción en Colombia. “Espero que las sanciones ejemplarizantes se den para el bien de nuestro país y para la derrota de cualquier forma de corrupción”, puntualizó. Con información de la Presidencia de la República

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Vídeo buscaba silenciar hechos de corrupción de Odebrecht: Petro

Actualidad, Corrupción, Senado / revistacg

Petro denunció que el vídeo se presentó en el debate de Odebrecht “para silenciar el hecho de corrupción más grande en Colombia después de la parapolítica”. El excandidato a la Presidencia, Gustavo Petro, les ofreció disculpas a sus más de ocho millones de electores por haber recibido dinero en efectivo de un amigo en su apartamento. En un video publicado por el congresista en sus redes sociales contó su versión de los hechos expuestos por la senadora del Centro Democrático, Paloma Valencia. “Juan Carlos Montes (la persona que le entregó el dinero) ha sido un amigo de mi vida. No es una persona ilegal o que representa nada ilegal, de ahí mi confianza. Se vinculó a la actividad en el joven movimiento político y allí nos volvimos a encontrar y nos hicimos amigos. Montes me acompañó en mi frustrada campana al senado en 1994, puso su carro al servicio de la campaña, cuyo cuadro directivo solo lo conformábamos él y yo”, explicó Petro. En el debate de control político sobre el caso de corrupción de la multinacional Odebrecht, al que asistió el fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez, la congresista Paloma Valencia publicó una grabación en la que el senador de la Colombia Humana recibe dinero de Juan Carlos Montes, contratista de la máquina tapa huecos. El legislador explicó cómo conoció a Montes y a Simón Vélez y aclaró que el dinero tenía como destino las elecciones internas del partido Polo Democrático en 2005 de cara a las votaciones para el Congreso de la República, negando así la versión del abogado Abelardo de la Espriella, en la que aseguró que los hechos ocurrieron en 2009. “El abogado del diablo (Abelardo de la Espriella) dice que el vídeo no puede ser del año 2005 porque no había elecciones ese año. Se equivoca de cola a rabo, o de rabo a cola. Tuvimos dos, la del Congreso de la Unidad y las que empezaban para el Senado y la Cámara, que fueron ni más ni menos mis últimas elecciones al Congreso de la República (…) de esas elecciones son las que hablamos en el vídeo, por eso mencionamos a Javier Cáceres, que encabezaba uno de los esfuerzos internos del Polo en la Costa, diferente al nuestro”, añadió. “El cometido de conseguir algunos recursos se lo di a mi amigo y flamante gerente caribeño de mi campaña fracasada en 1994, Juan Carlos Montes, y él buscó a sus amigos ingenieros y arquitectos, y a nuestro amigo común Simón Vélez. Y lo logró: $20 millones que fue lo único que conseguí en billetes de $5.000 de los tarros de la cocina del arquitecto Simón Vélez, que quiso ayudar en el esfuerzo de Juan Carlos Montes como flamante cabeza de lista de Sucre y de Petro a nivel nacional para el Congreso de la Unidad del Polo. El acto quedó debidamente registrado en la grabación que el mismo ingeniero Montes realizó en su casa (…), el mismo lugar donde había vivido yo por cerca de dos años”, puntualizó.

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Unidad Anticorrupción de la Contraloría evalúa pruebas en caso Electricaribe

Actualidad, Caribe, Corrupción / revistacg

Las investigaciones corresponden al presunto uso indebido de subsidios que debían girarse a los usuarios más pobres de la Electrificadora y a las repetidas irregularidades que se dieron en varios proyectos de normalización eléctrica. La Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción de la Contraloría General de la República asumió los dos casos más importantes de irregularidades que ha detectado este organismo de control en Electricaribe, uno por $220 mil millones y otros por $6 mil millones, adelanta la etapa probatoria de rigor y próximamente decidirá si imputa cargos a los involucrados. Los dos procesos fueron inicialmente abiertos por la Gerencia Departamental Colegiada de la CGR en el Atlántico, pero se trasladaron a la Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción dada la cuantía involucrada y por tratarse de recursos que iban destinados a las clases menos favorecidas de la Costa Atlántica. El primer proceso que se adelanta es por más de $220 mil millones de pesos y tiene que ver con el presunto uso indebido de subsidios que debían girarse a familias pobres de todo el Caribe. El segundo es por más de $6 mil millones de pesos y está relacionado con recursos de normalización energética que no se invirtieron en zonas subnormales. Adicionalmente, la Gerencia Atlántico tiene abiertos 3 procesos por más de $11 mil 600 millones, también por presuntas irregularidades en el tema de normalización energética. Al igual que en los casos declarados de impacto nacional, estos se encuentran en etapa de pruebas y próximamente se tomará decisión de imputación o archivo. Daño patrimonial por uso indebido de subsidios El daño patrimonial que habría causado por Electricaribe, por el indebido uso de subsidios dirigidos a la población más pobre de la Costa Atlántica, está en la mira de la Contraloría General de la República hace cerca de dos años. En agosto de 2017, la Contraloría Delegada de Minas y Energía inició una indagación preliminar en Electricaribe para revisar en detalle la aplicación de los subsidios de energía recibidos desde el 2010 y hasta el 2014, con el propósito de verificar si los usuarios fueron beneficiados. Y la indagación se dio que luego la Contraloría verificara que en 2015 y 2016 los recursos no llegaron a los usuarios, desnaturalizándose su propósito, pues no fueron empleados para subsidiar el costo del consumo de energía eléctrica de usuarios ubicados en zonas de difícil gestión, sino para cubrir las pérdidas de la empresa por la prestación del servicio de energía a dichas zonas. El resultado de la indagación preliminar fue escándalo nacional: Electricaribe incurrió en esta práctica durante 6 años continuos analizados por la Contraloría, que comprenden las vigencias julio de 2011 a julio de 2017- La empresa no aplicó en las facturas de los usuarios, la totalidad de los descuentos correspondientes al subsidio que les otorga el Fondo de Energía Social – FOES a la población de los estratos 1 y 2 de zonas especiales, y destinó estos recursos a la disminución de sus pérdidas. Para determinar esta situación, la Contraloría recurrió a un avanzado sistema de inteligencia de datos (big data), para descubrir como Electricaribe habría embolatado alrededor de $216.000 millones en subsidios para los usuarios de bajos recursos de la Costa Caribe. Investigación por irregularidades en proyectos de normalización de redes eléctricas El otro tema que ha generado investigaciones fiscales de la CGR en Electricaribe tiene que ver con los hallazgos detectados en la Auditoría Especial de Fiscalización practicada a los recursos provenientes del PRONE (Programa de Normalización de Redes Eléctricas) y FAER (Fondo de Apoyo Financiero para la Energización de Zonas Rurales), transferidos por el Ministerio de Minas a la empresa durante las vigencias 2008 a 2014. Las pruebas aportadas en el traslado del hallazgo, testimoniaron la ocurrencia de hechos irregulares relacionados con varios contratos suscritos por Electricaribe. Los contratistas recibieron recursos por $6.078 millones sin que los proyectos (que debían ejecutarse en los departamentos de Atlántico, Guajira; Bolívar y Córdoba) se hubiesen ejecutado a cabalidad, conforme a las cláusulas respectivas. En este caso, no se cumplió con los fines previstos destinados a la inversión social y al mejoramiento de la calidad de vida de los beneficiarios. La cuantía del presunto monto o daño patrimonial es la suma de $6.078 millones. Son varias las situaciones irregulares que determinó la Contraloría: obras con baja ejecución física y donde sin embargo se han pagado alto anticipos; proyectos terminados y que no han entrado en operación; proyectos suspendidos indefinidamente; y, en general, una muy baja ejecución de los recursos dispuestos. Con información de la Contraloría General de la República

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Colombia aprenderá de experiencia alemana en manejo de crisis migratoria

Actualidad, Corrupción, Diplomacia / revistacg

Tras el encuentro que sostuvo el ministro de Relaciones Exteriores de Colombia, Carlos Holmes Trujillo, con su homólogo de Alemania, Heiko Maas, el jefe de la diplomacia colombiana destacó a Alemania como “uno de los más importantes cooperantes para Colombia y un socio de primera línea en temas como la ciencia, la educación, la tecnología y el ambiente”. El canciller resaltó el respaldo del Gobierno alemán en la promoción de soluciones a la crisis migratoria en especial el “apoyo técnico y financiero para atender a la población de los migrantes venezolanos presente en Colombia que actualmente supera ya el millón de personas”. Y añadió, “valoramos mucho el apoyo político de las autoridades de la República Federal alemana, a la iniciativa de ocho países, de solicitar a la Corte Penal Internacional la apertura de una investigación por crímenes contra la humanidad cometidos durante el mandato de Nicolás Maduro”. El ministro colombiano destacó que durante la reunión con su homólogo Maas explicó “a las autoridades alemanas, los ajustes que el Gobierno de Colombia está realizando al acuerdo firmando con las FARC, para alcanzar un Gran Pacto Nacional que recoja las preocupaciones de varios sectores sociales sobre el texto firmado y que al mismo tiempo garantice una paz con legalidad y la efectiva reinserción a la vida civil de quienes desean acogerse”. Además, afirmó que durante sus encuentros tuvo la oportunidad de “hablar de la importancia de la iniciativa del Presidente Duque relacionada con la Economía Naranja” e insistió en que “Colombia va a continuar trabajando para consolidar su relación con Alemania no solamente en el ámbito bilateral sino en escenarios multilaterales como la Unión Europea, la OCDE y naturalmente Naciones Unidas”. “La voluntad del Gobierno de Colombia es seguir trabajando en forma conjunta y articulada con Alemania y en el fortalecimiento de nuestros lazos de amistad y los vínculos económicos, políticos y de cooperación”, concluyó el Canciller Carlos Holmes Trujillo. Holmes Trujillo participó como ponente en la conferencia ‘Colombia, país socio: La contribución del sector económico en la senda hacia la estabilidad’, donde se analizó la importancia del papel de la empresa privada en el fortalecimiento de la paz y la legalidad en el país. El canciller también se refirió a la corrupción. “Así como Colombia lideró la convocatoria de un periodo extraordinario de la asamblea de la ONU sobre la corrupción, que fue aprobado por consenso, a partir de este momento liderará un gran esfuerzo global para que en ella se definan herramientas, también globales y eficaces contra la corrupción, que complementen los esfuerzos nacionales”. “La corrupción es un crimen que asciende al 5% del PIB mundial, afecta la gobernabilidad, atenta contra la democracia, erosiona la ética social y limita las posibilidades de desarrollo. Por todas esas razones tiene que combatirse con medidas nacionales y globales eficaces”, afirmó. En lo que respecta al tema del narcotráfico, Holmes Trujillo insistió en la necesidad de actuar en desarrollo del principio de responsabilidad compartida y el enfoque integral y equilibrado en la lucha contra el problema mundial de la droga”. “Tenemos que recuperar el liderazgo que tuvo Colombia en los escenarios multilaterales en materia de lucha contra el problema mundial de la droga”: así lo ha afirmado en los encuentros que ha sostenido con líderes internacionales. Con información del Ministerio de Relaciones Exteriores

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Vicepresidencia de la República y Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado piden inhabilidad al grupo Odebrecht por 20 Años

Actualidad, Corrupción / revistacg

Odebrecht propuso un “Acuerdo de Reparación Integral”, mediante el cual ofrece una compensación económica por los perjuicios generados por los delitos cometidos. Por los actos de corrupción transnacional cometidos en Colombia y reconocidos por el grupo empresarial Odebrecht, la vicepresidencia de la República, Marta Lucia Ramírez, y la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado solicitaron a la Superintendencia de Sociedades imponer a las entidades que integran ese grupo la inhabilidad para contratar por 20 años con el Estado colombiano. “La sociedad Odebrecht S.A. ha causado al país enormes perjuicios patrimoniales y extrapatrimoniales, más el daño ético y moral, corrompiendo diferentes niveles de la administración pública”, afirmó la vicepresidenta. De acuerdo con Ramírez, Colombia cuenta con diferentes instrumentos jurídicos como la Ley 1778 de 2016 de soborno transnacional, la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción, la Convención de Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Trasnacional y la Convención Anticohecho de la OCDE, por lo cual la Vicepresidencia y la ANDJE solicitan a la Superintendencia que adelante todas las actuaciones pertinentes para sancionar a las empresas que conforman el grupo empresarial Odebrecht. “La lucha contra el grave flagelo de la corrupción es una obligación constitucional, legal y ética de todo gobernante y de todo ciudadano. Este es uno de los peores atentados cometidos en contra de la moralidad de la Nación, el cual ha causado un grave detrimento en las finanzas públicas y ha sido el origen de graves daños a la ética pública. Contra la corrupción hay que ir con todo el peso de la Ley”, aseguraron en rueda de prensa. La sociedad colombiana Constructora Norberto Odebrecht S.A. ha propuesto a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado y a otras entidades la celebración de un “Acuerdo de Reparación Integral”, mediante el cual la compañía responsable de actos de soborno y corrupción, ofrece una compensación económica por los perjuicios generados por los delitos cometidos contra la moralidad pública, a cambio de que el Estado retire todos los procesos legales y administrativos en su contra y le permita volver a contratar con el Estado. La vicepresidencia de la República y la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, así como otras entidades, han rechazado tajantemente esta solicitud pues resulta legal y moralmente inaceptable. “No puede ni debe el Estado colombiano subsanar las graves faltas penales y éticas de un contratista con la simple compensación monetaria (…) Aceptar un acuerdo de compensación económica a cambio de subsanar el daño moral y material causado a la Nación con los actos de corrupción resultaría ser un incentivo perverso para que se continúen cometiendo este tipo de actos”. “Permitir que una empresa que organizó con pleno conocimiento corporativo graves actos de soborno y corrupción transnacional vuelva a participar en licitaciones o concursos públicos en Colombia, resultaría ser un acto contra las empresas honestas y cumplidoras de la ley y un pésimo mensaje para los colombianos honrados. El que la hace la paga”, concluyó la vicepresidenta. Con información de la Vicepresidencia de la República

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Tribunal Supremo venezolano solicita a Interpol expedir alerta roja contra Nicolás Maduro

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Este tribunal cumple labores en el exilio por la delicada situación de orden social y político del país. El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela, en el exilio, solicitó a Jurgen Stock, secretario general de la International Criminal Police Organization (Interpol), expedir una Alerta Roja Internacional para la captura del Presidente venezolano Nicolás Maduro. El magistrado Miguel Ángel Martin, a través de un comunicado, acusó al mandatario de delitos de Corrupción propia y Legitimación de capitales. “Me dirijo a usted respetuosamente, en mi carácter de Presidente de la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, máxima instancia judicial en la República Bolivariana de Venezuela, con la finalidad de notificarle, que en fecha veintinueve (29) de octubre del año dos mil dieciocho (2018), la Sala Plena de éste máximo tribunal, publicó sentencia definitiva en el juicio criminal intentado por la Fiscal General de la República en contra de NICOLÁS MADURO MOROS, donde se declaró la responsabilidad penal por la comisión del delito de Corrupción Propia previsto en el artículo 64 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley contra la Corrupción” expuso el jurista en el oficio. La exfiscal general venezolana Luisa Ortega Díaz presentó, el pasado mes de febrero, pruebas que vinculan al mandatario con el caso de corrupción de la multinacional brasileña Odebrecht. “En la investigación se pudo constatar que en el 2012, la campaña presidencial del presidente Hugo Chávez la pagó Odebrecht”, aseguró. De acuerdo con el tribunal, el Presidente del vecino país, también incurrió en el delito de “legitimación de capitales previsto en el artículo 35 de la Ley contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, que dispone: ‘Artículo 35. Quien por sí o por interpuesta persona sea propietario o propietaria, poseedor o poseedora de capitales, bienes, fondos, haberes o beneficios, a sabiendas de que provienen directa o indirectamente de una actividad ilícita”.

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Se requiere un fiscal ‘ad hoc’ para caso Odebrecht: Duque

Actualidad, Corrupción / revistacg

El Presidente Iván Duque Márquez consideró este lunes que se necesita que se nombre un fiscal ‘ad hoc’ para que siga la investigación sobre el caso de corrupción que vincula a políticos y particulares con el pago de sobornos por parte de la multinacional brasileña Odebrecht. “Creo que se va a requerir. El fiscal General de la Nación (Néstor Humberto Martínez) ya se había declarado impedido y había delegado a la vicefiscal. Y él está pidiendo (uno) ‘ad hoc’. Como Presidente de la República estoy listo a obrar cuando me lo solicite la Corte Suprema para presentar una terna”, dijo el mandatario en entrevista con RCN Radio. De acuerdo con el jefe de Estado, esto permitirá que una persona “de las más altas condiciones” se encargue del caso para que “el país tenga plena certeza que lo que queremos todos es que aquí se llegue hasta el fondo de la verdad”. No obstante, el Presidente se abstuvo de opinar sobre la situación del fiscal. “Por la responsabilidad que tengo de eventualmente designar un fiscal ‘ad hoc’, cualquier opinión que emita puede ser un prejuzgamiento, prefiero no entrar en ese tipo de conjeturas y decir que esa responsabilidad corresponde a las autoridades que hagan esa valoración”. De otro lado, la Fiscalía General de la Nación reveló este lunes que el monto de los contratos simulados, según lo identificado en sus investigaciones a noviembre de 2018, podrían llegar a $65.000 millones de pesos. “Las recientes informaciones divulgadas en relación con los documentos presentados por el doctor Jorge Enrique Pizano, controller de la Concesionaria Ruta del Sol, daban cuenta en agosto de 2015 que según sus investigaciones el valor de los presuntos contratos simulados en Ruta del Sol era por valor de $22.000 millones de pesos, para esa fecha. No obstante, el monto de los contratos espurios según lo identificado en las investigaciones de la Fiscalía a noviembre de 2018, podrían llegar a $65.000’000.000 de pesos”, explicó el ente acusador. En el caso particular de TORROSA, adicionalmente la Fiscalía citó a diligencia de interrogatorio al señor Javier Torres, representante legal de la compañía, según informó la entidad en su página web. A la fecha el ente investigador adelanta investigaciones sobre 10 (diez) contratos presuntamente simulados que llegarían, por lo menos, a $65.000’000.000 (sesenta y cinco mil millones de pesos), que fueron suscritos con el Consorcio Constructor Ruta del Sol II (Consol) y la Concesionaria Ruta del Sol II.

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