mayo 12, 2026

Corrupción

La reforma electoral no da espera

El magistrado del Consejo Nacional Electoral (CNE), Armando Novoa, es partidario de reformar la institución para garantizar un funcionamiento transparente, eficiente e independiente. La experiencia que le da el haber sido parte por largo tiempo de la entidad, le otorga la autoridad suficiente para hablar sobre lo que la organización electoral necesita en el contexto colombiano. Armando Novoa Actualmente ejerce como magistrado del Consejo Nacional Electoral. Abogado de la Universidad Externado de Colombia con énfasis en Derecho Social. Se destaca por haberse desempeñado como Asesor de la Asamblea Nacional Constituyente de 1991 y por ser Embajador Plenipotenciario ante la Asamblea de las Naciones Unidas en Nueva York. En sus más de 20 años de experiencia, ha sido conjuez del Consejo Superior de la Judicatura de la sala disciplinaria y consultor del Banco Mundial. Novoa se ha destacado por ser un hombre crítico en sus comentarios sobre la gestión de la institución a la que pertenece. Sus posturas han sido firmes y sin titubeos, las ha dado a conocer a la opinión pública, lo que le ha generado enfrentamientos y a veces la censura de sus compañeros. Frente a la percepción que se tiene en el país sobre la institución, considerada por muchos sectores de la opinión pública como débil a la hora de tomar las decisiones, el magistrado cree que es urgente reformar la organización electoral para recuperar la confianza y la credibilidad. “Yo rescato los esfuerzos que han hecho algunos registradores y miembros del CNE, pero aquí no estamos hablando solamente de buena voluntad, sino también de buenos diseños institucionales”, afirma Novoa al defender su reestructuración. La organización electoral tiene un gran reto de cara a las elecciones presidenciales de este año. Garantizar autonomía es clave Y si de buenos diseños institucionales se trata, el también abogado colombiano ha considerado los aspectos que podrían otorgarle a la institución bases sólidas para su correcto funcionamiento. “Una reforma en la organización electoral implica fortalecer su autonomía, independencia, separar el origen de su integración de las injerencias partidistas, además de la modernización y la tecnificación”, señala. Aunque reconoce que su origen es político, ya que su postulación estuvo a cargo de la Alianza Verde, Polo Democrático y MIRA, el magistrado tiene claro que el ejercicio adecuado de sus competencias debe estar al margen de cualquier interés partidista.  Por eso considera que el primer paso para una reforma es “separar a los partidos de la decisión política sobre la composición de la organización electoral”. Para Novoa, en cumplimiento de la democracia y su defendida Constitución Política de 1991, los ciudadanos también deben ser protagonistas de la política participativa y contar con las “garantías para ejercer su voto en condiciones de libertad y autonomía”.  Fortalecimiento de la organización electoral Para el fortalecimiento de la organización electoral, el magistrado plantea controles externos a los propios operadores electorales, es decir, “una entidad o un sistema técnico que permita recomendar y advertir los problemas en los que se pueda incurrir”. Esto, a propósito del impasse presentado con la Registraduría Nacional del Estado Civil en las elecciones legislativas del 11 de marzo pasado, por la falta de tarjetones electorales en varias mesas de votación durante las consultas interpartidistas para escoger los candidatos presidenciales de los sectores de la izquierda y la derecha. Para Novoa es importante consolidar la organización electoral en su conjunto, a través de la implementación de un “sistema de auditoría especializada a los recursos y las políticas que esta entidad adopta para atender los procesos electorales”. Una de las razones fundamentales es porque el CNE depende administrativa, financiera y operativamente de la Registraduría. Cumplir con su tarea de inspección y vigilancia le resulta muy complejo a la institución por la falta de independencia para ejercer su función. “La organización electoral tiene una cabeza muy poderosa que está en la Registraduría, pero un cuerpo muy débil que es el CNE”, asegura el magistrado. La Registraduría puso en aprietos a los colombianos por falta de tarjetones el pasado 11 de marzo. La reforma buscaría garantizar independencia en las decisiones que se tomen. Una reforma que acabe el conflicto de intereses Pero la frágil institucionalidad de la que goza el Consejo Nacional Electoral no solo se debe a la falta de autonomía, sino a los intereses con los que son manejados los procesos de control, los cuales son provechosos para muchos sectores. Precisamente, por advertir sobre esos intereses, Novoa admite haber tenido muchas discrepancias con sus compañeros de sala. “Lo de Odebrecht (firma brasileña acusada de pagar sobornos a políticos y contratistas para acceder a obras de infraestructura vial en Colombia) fue un caso no cerrado aún, porque mis compañeros decidieron separarme de esa investigación”, sostiene. Sin embargo, el no hacer parte del proceso, le ha dado libertad para afirmar que hay un pacto de silencio dentro del CNE, con el fin de proteger las campañas de los entonces candidatos a la Presidencia, Juan Manuel Santos y Óscar Iván Zuluaga, las cuales, presuntamente, recibieron apoyo económico de la empresa extranjera para su financiamiento en las elecciones del 2014. “No se ha discutido el proyecto que se relaciona con el tema de la campaña del presidente Santos, ni en el 2010 ni el 2014; ni el recurso de reposición que presentó la Procuraduría General de la Nación con relación a la campaña del candidato Zuluaga en el 2014. Nadie en la sala se atreve a preguntar por esto, porque es un tema sobre el cual hay un acuerdo táctico de no hablar”, asegura el magistrado. Se necesita compromiso y voluntad Pese a la necesidad de una reforma que garantice el cumplimiento de las funciones de la organización electoral para elecciones futuras, es evidente que no se contará con una reestructuración en el corto plazo. La única manera de garantizar su buen funcionamiento, según Novoa, es con el compromiso del Consejo Electoral de comportarse de una manera “decorosa y abiertoa al control ciudadano”. Sin embargo, reconoce la buena voluntad de algunos de sus funcionarios. “No todo es malo, hay

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La corrupción alcanza niveles de pandemia: procurador

  Al intervenir ante la Asamblea de Naciones Unidas, el Procurador General de la Nación, Fernando Carrillo Flórez advirtió este miércoles que el mundo se expone a una pandemia que exige respuestas inmediatas que comprometan al sector público y al privado en la lucha contra el flagelo de la corrupción.   “La historia en los últimos 15 años en la lucha contra la corrupción es una historia de luces y sombras, donde pasamos de un mal endémico y hoy podemos hablar fácilmente de una epidemia, casi de una pandemia que exige respuestas internacionales”, dijo el jefe del Ministerio Público al intervenir en el debate por el 15 aniversario de la Convención contra la Corrupción. Precisó que para el caso de América Latina la corrupción es un mal que se lleva el 5% del Producto Interno Bruto (PIB), el 15% del presupuesto nacional, y que afecta por sobornos y coimas el 18% de la contratación pública de la región. Consideró que hoy este flagelo es más sistémico, organizado, sofisticado y estratégico que hace 15 años cuando se firmó la convención, por lo que, a su juicio, es un error hablar de reducir esa práctica ilegal. “Hay que radicarla de tajo”, enfatizó. “La corrupción es el peor enemigo de la democracia, es el mayor obstáculo contra el desarrollo social y se ha convertido en el mayor factor de deterioro de los derechos fundamentales de los ciudadanos en nuestras regiones. Ha afectado los derechos económicos sociales, se ha ensañado con los sectores sociales, con la salud, la educación, la nutrición infantil, con aquellos sectores que carecen de voz y visibilidad”, subrayó. Carrillo Flórez afirmó que la lucha contra ese flagelo, exige órganos de control con capacidad sancionatoria, una justicia independiente, la garantía de una libertad de prensa blindada contra los abusos del Estado y una ética pública en armonía con los derechos de los ciudadanos, el medio ambiente, los controles sociales “y no únicamente los legales que deben combatir la corrupción”. Para el jefe del Ministerio Público el combate contra la corrupción exige que la cooperación judicial funcione. “Perdóneme que lo diga de manera crítica, pero constructiva, la cooperación judicial, por lo menos en nuestra región, no funciona y hay que ver de qué manera logramos esa efectividad”. El Procurador demandó la necesidad de que las TIC´S se pongan a la par del crimen organizado, para que no sigan siendo utilizadas por grupos delincuenciales, mientras los funcionarios desde sus estados siguen actuando de manera rudimentaria en el intercambio de información y de pruebas. “Hay nuevas formas de crimen a nivel global: hay minería ilegal, hay trata de personas, hay tráfico de inmigrantes y de armas, donde la corrupción se convierte en el instrumento principal de acción de esas mafias que siguen operando a nivel global. La lucha contra la corrupción exige además estudiar la estructura de financiamiento de las organizaciones criminales, porque allí está el sistema circulatorio del crimen organizado transnacional”, añadió. Finalmente advirtió que lo más importante en la lucha contra la corrupción es el liderazgo ético que pueden demostrar el sector público y el privado para erradicar, de una vez por todas, el más grande desafío que tiene el desarrollo de nuestros países.   Con información de la Procuraduría

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Un descuido o negligencia de la Registraduría afectaría comicios del 27 de Mayo

Registraduría confirmó que no se dio trámite al cambio de logo de campaña de Petro En el mes de abril, la campaña presidencial de Gustavo Petro presentó una solicitud ante el Consejo Nacional Electoral  (CNE) para cambiar el logo del partido Colombia Humana que aparece en el tarjetón electoral. la Registraduría Nacional comunico este jueves que el 9 de mayo puso en conocimiento de la Fiscalía General la actuación de una funcionaria de la entidad, quien por ocultamiento o falta de trámite no dio curso a esta información por lo que el cambio del logo no podrá ser incluido pues ya el tarjetón para las elecciones del 27 de Mayo se encuentra en impresión. “La funcionaria que recibió la comunicación no dio a conocer la información y tampoco le dio trámite, hecho considerado por el Registrador Nacional como una falta grave toda vez que atenta contra la transparencia del proceso electoral”, aseguró la entidad  en un comunicado. Aseguró, además, que una vez se conoció la situación, el Registrador Nacional solicitó a la Fiscalía abrir investigación para determinar si la omisión de la funcionaria puede llegar a constituirse en un delito que atente contra el proceso electoral. “Igualmente se pondrá en conocimiento de los hechos descritos a la Procuraduría General de la Nación para que investigue la actuación de la funcionaria”, indicó el comunicado. Con información de la www.registraduria.gov.co

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Fiscalía imputó 4 cargos a empresario Roberto Prieto

La Fiscalía General de la Nación le imputó cuatro cargos al empresario colombiano Roberto Prieto, dentro de la investigación que se le adelanta por el sonado caso de Odebretch. Prieto, quien fue gerente de la campaña Santos Presidente en el 2014, es acusado de los delitos de tráfico de influencias, interés indebido en la celebración de contratos, enriquecimiento ilícito de particulares y falsedad en documento privado. La fiscal encargada del caso recordó que a través de las declaraciones de los directivos de Odebrecht involucrados en el escándalo por el pago de sobornos a funcionarios, políticos y contratistas para acceder a obras de infraestructura vial en Colombia, se logró la captura del exministro Gabriel García Morales, quien habría obtenido 6.5 millones de dólares a cambio de la adjudicación del contrato de la Ruta del Sol II a la empresa brasilera. El exministro ofreció su colaboración con la justicia y habló sobre el ingreso de dineros a las campañas presidenciales, declaración que significó la primera acusación por falso testimonio para Prieto. Durante la audiencia, la fiscal encargada se refirió a las llamadas interceptadas en las que se escucha a Prieto hablar sobre el dinero de los afiches, así como a los aportes de la firma brasilera a la campaña Santos 2014-2018 a través de la compañía Padington para la elaboración de unas encuestas. Sin embargo, el trabajo publicitario nunca se vio reflejado en los estados financieros. “En conclusión, el dinero era para él y no para la campaña porque el ejercicio democrático ya había terminado con sus informes al Consejo Nacional Electoral”, consideró la fiscal, para quien Prieto “se enriqueció con esos dineros obtenidos ilícitamente”. Tras la imputación de cargos, se espera una decisión sobre si Prieto es enviado o no a prisión.

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Asesinan a falso testigo en caso de senadores Uribe Vélez e Iván Cepeda

Dos hombres armados que se movilizaban en una moto sin placas asesinaron a Carlos Enrique Areiza Arango, quien hizo parte del llamado cartel de los falsos testigos, en el proceso por paramilitarismo que la Corte Suprema de Justicia adelanta contra el exgobernador de Antioquia, Luis Alfredo Ramos. De acuerdo con el reporte de las autoridades locales, la víctima, conocida como “Papo”, recibió varios impactos de arma de fuego cuando se encontraba cerca de la sede del Concejo en el municipio de Bello, Antioquia. Dentro de la larga lista de acciones criminales de Areiza Arango, figuran el delito de extorsión, lesiones personales, estafa agravada y falso testimonio. Varias veces envió cartas al alto tribunal, en las que se retractaba de las acusaciones en contra de Ramos, quien recuperó la libertad en noviembre de 2016, pero aún la Corte no ha tomado una decisión final en la investigación que se le sigue por parapolítica. El hombre también declaró en el proceso de los falsos testigos que enfrenta jurídicamente a los senadores Iván Cepeda y Álvaro Uribe Vélez. Para obtener beneficios judiciales y económicos, Carlos Enrique Areiza en varias oportunidades entregó información sobre supuestos planes de bandas criminales para cometer atentados, la cual no contó con pruebas para sustentar las acusaciones.

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Desmantelan red que defraudaba sistema pensional

La Fiscalía General de la Nación reportó este lunes la captura de diez personas en el norte del país por usar documentos falsos para favorecer a clientes que pretendían adelantar su pensión con la declaración de incapacidad mental. En el marco de la “Operación Frenocomio”, realizada por las autoridades en la Costa Atlántica para atacar el fraude al sistema pensional colombiano, fueron detenidos diez profesionales como responsables del ilícito. “Se logró identificar un grupo de dos abogados, cuatro médicos, otra persona con estas dos profesiones, una sicóloga y dos intermediarios, que ofrecían servicios para adelantar pensiones en Fondos Privados y Colpensiones a través de la certificación de invalidez por enfermedad común, la mayoría de ellos por problemas mentales”, indicó la Fiscalía en un comunicado de prensa. Detalló, que, con este sistema, lograron pensionarse cerca de 400 personas que desde 2011 estarían pasando los exámenes médicos que los declaraban con problemas siquiátricos o con enfermedades de otra naturaleza. La Fiscalía estima que, una sola persona ha defraudado a la Administración en 233 millones de pesos, con lo que la defraudación al sistema pensional podría superar los 90 mil millones de pesos, sólo en Valledupar (Cesar). La red no solo le apuntaba a los fondos pensionales, sino también a los bancos. “Uno de los sistemas para lograr el pago a los abogados y otros profesionales que tramitaban la pensión ilegal a estas personas, era pedirles que, antes de la declaratoria de problemas mentales o físicos, se acercaran a una institución bancaria para pedir créditos por altos montos”, reportó la entidad. Una vez obtenían pensión por invalidez, cobraban el seguro y se les condonaban los créditos. Los operativos arrojaron como resultado la captura de cuatro integrantes de la Junta de Calificación Regional Cesar y de otras seis personas, quienes responderán por los delitos de concierto para delinquir, concusión, cohecho por dar u ofrecer, tráfico de influencias y peculado por apropiación.  

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