mayo 12, 2026

Corrupción

“Yo soy una persona de palabra”: Duque frente a proyectos anticorrupción

El jefe de Estado afirmó que él quisiera que el trámite de dichas iniciativas fuera más rápido, pero reconoció que a pesar de que algunos de los proyectos han tenido dificultades se ha venido haciendo un trabajo deliberativo y propositivo en el Congreso de la República. Los proyectos anticorrupción que hacen trámite en el Congreso de la República son “prioridad para mí y están en el diálogo permanente del Gobierno con el Congreso”, afirmó este viernes el Presidente Iván Duque durante la entrevista que concedió a la emisora Blu Radio. Sobre este tema, el mandatario consideró que él quisiera que el trámite de dichas iniciativas fuera más rápido, pero reconoció que a pesar de que algunos de los proyectos han tenido dificultades se ha venido haciendo un trabajo deliberativo y propositivo en el Congreso de la República. “Hay cosas que no van a salir como se presentaron. Eso nos gustará a algunos o no nos gustará. A mí me parece que hay cosas que han ido perdiendo fuerza y otras han ganado más, pero los proyectos son prioridad”, sostuvo. Duque recordó que su administración presentó las primeras iniciativas de lucha contra la corrupción al iniciar el mandato, y después de la Consulta Anticorrupción, aunque no se alcanzó el umbral, el Gobierno decidió apoyar estas iniciativas y convocó a la mesa técnica que contó con la participación de representantes de los partidos políticos y líderes de la citada consulta, para buscar un consenso en torno a la agenda legislativa anticorrupción que se presentaría a consideración del Congreso. “Yo soy una persona de palabra”, dijo el Presidente al recordar que uno de sus primeros gestos fue ir al Congreso a presentar los proyectos anticorrupción. “He buscado consensos entre las distintas fuerzas políticas y hemos buscado opciones”, agregó. “Además, respaldé la iniciativa del Fiscal y la iniciativa del Procurador, que son dos iniciativas muy buenas y dan instrumentos importantes de lucha contra la corrupción”, precisó. De acuerdo con el jefe de Estado, los mensajes y las acciones del Gobierno en apoyo a la agenda legislativa están ahí y son hechos que hablan por sí mismos. “El Gobierno está haciendo la tarea con juicio y toda la semana se dedica tiempo a hacer seguimientos; yo hablo con los presidentes de las comisiones y les digo: ‘miren, por favor’. Y veo que hay sentido de responsabilidad en las comisiones”. Sobre las iniciativas que han tenido dificultades, señaló que espera que el Congreso tenga la posibilidad de recapacitar, y advirtió que lo que no hará es ponerse “en la tarea de salir a buscar aplanadoras o a buscar ‘ferrocarrilear’, ejerciendo un poder transaccional, porque esa no fue la bandera que yo tuve en la campaña”. “Yo no puedo dejarme llevar por la polarización o por los intereses políticos de nadie; a mí me interesa ubicarme en el plano de sacar adelante lo que le sirve al país”, sostuvo. “Si yo me pongo a hacerles caso a todos los ataques o a todos los señalamientos que hacen, pierdo el norte; yo tengo que gobernar para todos los colombianos, y me interesa que esta agenda legislativa salga adelante y seguimos trabajando” en esa dirección, puntualizó el Presidente de la República. Con información de la Presidencia de la República 

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Procuraduría destituyó e inhabilitó por 16 años a exgerente de IMDRI por irregularidades en los XX Juegos Deportivos Nacionales

La Procuraduría General de la Nación sancionó con destitución e inhabilidad por 16 años al exgerente del Instituto Municipal para la Recreación y el Deporte de Ibagué – IMDRI -, Carlos Heberto Ángel Torres (2012 – 2015), por irregularidades en la contratación de los estudios y diseños de las obras de adecuación y remodelación de escenarios para los XX Juegos Deportivos Nacionales de 2015. El Ministerio Público estableció que el contrato firmado por la administración municipal y la empresa Técnica y Proyectos TYPSA para realizar los estudios y diseños de los coliseos ubicados en el Parque Deportivo y la Unidad Deportiva de Ibagué, no contó con una adecuada interventoría que velara por una ejecución satisfactoria de los trabajos contratados. De acuerdo con la investigación disciplinaria, Ángel Torres desconoció la orden del Consejo Directivo del IMDRI para contratar una interventoría integral que contara con al menos 37 personas, entre profesionales y asistentes, que abarcara los aspectos financieros, ambientales, sociales, administrativos y legales de los trabajos que se iban a realizar, y en contravía designó como supervisor del contrato al ingeniero civil Mauricio Campos del Cairo, a quien vinculó mediante la figura de prestación de servicios. La Procuraduría determinó que Campos del Cairo no contaba con la experticia ni experiencia requerida para llevar a cabo la labor encomendada, la cual implicaba conocimientos especializados en distintas profesiones para realizar un adecuado seguimiento y control del objeto contractual, y su vinculación fue firmada antes de que le fueran adjudicados los trabajos a la empresa TYPSA. Igualmente se estableció que el contrato de prestación de servicios del ingeniero Campos del Cairo no incluyó en sus cláusulas el seguimiento y control integral de las acciones que debía ejecutar TYPSA, y que la modalidad utilizada para vincularlo laboralmente no le permitía actuar como supervisor o como interventor de esos trabajos, ya que para tal fin requería ser funcionario de planta de la entidad. Para el Ministerio Público el disciplinado en su condición de Gerente del IMDRI no debió apartarse de lo ordenado por el Consejo Directivo de la entidad, y sin razón aparente o sustento legal entrar a reemplazar la función de interventoría por una supervisión, designando para tal efecto a un contratista de la misma institución. Dicho proceder implicó que el disciplinado ejecutara recursos por $11.499.520.800 del contrato de consultoría sin contar con una adecuada vigilancia y control financiero del mismo, al igual que de sus componentes técnicos, estructurales, geotécnicos y ambientales, entre otros. La Procuraduría concluyó que no existe certeza de que se cumplieran las especificaciones y requisitos fijados para la ejecución de los estudios y diseños de los escenarios deportivos, con lo que se vulneraron los principios de responsabilidad y moralidad que rigen la contratación estatal y la función administrativa. Por esos hechos el Ministerio Público calificó la conducta cometida por Ángel Torres como una falta gravísima cometida a título de culpa gravísima. Este fallo es de primera instancia y puede ser apelado por el disciplinado. Con información de la Procuraduría General de la Nación 

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Invima decomisa más de 85 mil medicamentos ilegales en el país

“No se dejen engañar adquiriendo productos milagrosos”: Julio César Aldana Bula. El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima), la Policía Fiscal y Aduanera (Polfa) y la Fiscalía, en operativos simultáneos en diferentes ciudades del país lograron el decomiso de más de 85 mil unidades de productos fraudulentos que ponían en riesgo la salud de los colombianos. En Armenia (Quindío), con el apoyo de la Polfa se allanaron seis tiendas naturistas con un total de 49.697 unidades de productos fraudulentos en los que se encontraban medicamentos (homeopáticos, fitoterapéuticos), suplementos dietarios, alimentos, los denominados “potenciadores sexuales” y cosméticos. Algunos de estos productos cuentan con alerta sanitaria emitida por el Invima por considerarse fraudulentos y otros posiblemente, ingresaron de manera ilegal al país provenientes Estados Unidos, Cuba y Ecuador. Con el fin de verificar denuncias sobre ilegalidad, la Polfa incautó en 12 inmuebles en Medellín 33.257 unidades de medicamentos de alto costo, de uso institucional y dispositivos médicos fraudulentos y adulterados. Así mismo, se logró la captura de nueve personas vinculadas a la investigación. Por otra parte, se realizaron seis allanamientos en Calarcá (Quindío), Pasto (Nariño) y Cartago (Valle) y se logró desarticular una organización que comercializaba medicamentos de control especial por parte del Fondo Nacional de Estupefacientes como ketamina, clonazepan, rivotril, entre otros, que eran vendidos como 2CB. En este operativo se incautaron 2.504 unidades, así como alimentos fraudulentos y adulterados. El Director General del Invima, Julio César Aldana Bula, hizo un llamado a la ciudadanía para que denuncien actos irregulares que atenten contra la salud individual o colectiva de los colombianos. “No se dejen engañar adquiriendo productos milagrosos que se comercializan a través de plataformas electrónicas como redes sociales y cadenas de WhatsApp”, dijo. Aldana Bula agradeció el apoyo de diferentes entidades policivas y judiciales en la lucha frontal contra la ilegalidad de productos milagrosos que no cuentan con el registro sanitario, los cuales pueden contener ingredientes que ponen en riesgo la salud de quienes los consumen. Con información del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima)

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Centro Democrático pide a Duque cumplir fallo de la ONU sobre Andrés Felipe Arias

Apoyamos a Andrés Felipe Arias porque confiamos en su inocencia: Representante Jennifer Arias El partido Centro Democrático pidió este miércoles al Presidente Iván Duque cumplir el fallo del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas a favor del exministro Andrés Felipe Arias y pidió retirar la solicitud de extradición que existe en su contra. “No podemos ocultar la felicidad que nos embarga por la decisión de proteger los derechos fundamentales de Andrés Felipe Arias, en especial su derecho a la doble instancia y en el que reconoce la afectación grave y desproporcionada de sus derechos políticos”, expresó la colectividad en un comunicado. El Comité de Derechos Humanos de la ONU, luego de revisar el caso del exministro de Agricultura, falló a su favor sobre la base de que el Estado colombiano no le garantizó el derecho a la doble instancia. “Es importante resaltar que la decisión del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas fue tomada unánimemente por 18 expertos independientes y de diferentes nacionalidades, y la ponencia del fallo la preparó una comisionada americana”, escribió el también exministro, Óscar Iván Zuluaga, en su cuenta de twitter. La bancada uribista arremetió contra el expresidente Juan Manuel Santos, al insistir en que el proceso contra el exministro Andrés Felipe Arias tuvo su origen en una “persecución política”. “Este fallo abre nuevas esperanzas de justicia para Arias, quien se encuentra en una cárcel federal de los Estados Unidos, tras una persecución política del gobierno Santos y la sentencia de los magistrados de una corte cuestionada por el ‘cartel de la toga’”, puntualizó. Arias tiene en Colombia una condena de 17 años por irregularidades con el programa Agro Ingreso Seguro y actualmente se encuentra detenido en una prisión federal en Miami.

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Fiscalía abre nueva investigación al exmagistrado Jorge Pretelt

El supuesto soborno se habría pagado con cargo a contratos ficticios suscritos por la sociedad Recaudos y Tributos. La Fiscalía General de la Nación obtuvo información “producto de cooperación judicial y varias declaraciones” que dan cuenta del presunto pago de una suma de dinero al exmagistrado de la Corte Constitucional, Jorge Ignacio Pretelt Chaljub, a cambio de favorecer los intereses de la empresa Recaudos y Tributos S.A. (R&T), filial del grupo INASSA. El hallazgo se da en desarrollo de las investigaciones adelantadas por el ente acusador como parte de la Operación Acordeón. “Teniendo en cuenta la relevancia penal de las conductas atribuidas al exmagistrado de la Corte Constitucional y el fuero constitucional que lo ampara en relación con las mismas, la Fiscalía decidió compulsar copias de las piezas procesales pertinentes, con destino a la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes, para que dé inicio a la investigación correspondiente”, explicó el ente investigador en un comunicado de prensa. Estableció además, que en dicho trámite la Corte Constitucional, con ponencia del entonces magistrado, profirió la sentencia T-082 de 12 de diciembre de 2012, en beneficio de los intereses de la sociedad R&T, pero esta decisión fue posteriormente declarada nula por la Sala Plena de la misma Corporación, a instancia del Distrito de Santa Marta, mediante Auto 155 de 28 de mayo de 2014. Del mismo modo, el Fiscal del caso Acordeón compulso copias al interior de la Fiscalía para que se investigue la conducta de los abogados Rodrigo Escobar y Víctor Pacheco, a quienes se hace referencia en las evidencias conocidas. Con información de la Fiscalía General de la Nación 

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Odebrecht debe contar la verdad antes de hablar de negociación: Procurador Carrillo

“No pueden venir a dar clases de ética y de moral quienes no tienen ninguna autoridad en ese campo”. El Procurador General de la Nación, Fernando Carrillo Flórez, expresó que, antes de que la multinacional Odebrecht se ofrezca para hacer el Metro de Bogotá, debería arreglar sus cuentas con la justicia y contarle toda la verdad al país. Así lo advirtió Carrillo Flórez en referencia a las declaraciones de la jefe de Cumplimiento Global de Odebrecht, Margarida de la Riva Smith, sobre su participación en la Tercera Cumbre Andina Anticorrupción, la ausencia de impedimentos a esa compañía para trabajar en Colombia y su intención de participar en proyectos como el metro de Bogotá. “Todos los funcionarios del Estado y los organismos de control estamos sorprendidos con las declaraciones de ejecutiva de Odebrecht (…) Que no vengan a engatusarnos con supuestos acuerdos, aquí las negociaciones se hacen es de cara a la ciudadanía”. El Procurador General le exigió a la multinacional Odebrecht contar la verdad al país sobre la magnitud de los sobornos entregados por esa compañía en Colombia y Latinoamérica. “Yo invito a esa señora y a esa empresa a que le cuenten la verdad al país, que le cuente a qué campaña política le entregó recursos, que cuente cuál es la magnitud de los sobornos, que no sabemos todavía los colombianos y los latinoamericanos, para no hablar solo de Colombia; sino que por ejemplo cuenten, en el escenario de Venezuela cuántos centenares de millones de dólares en sobornos le entregó al régimen de Chávez, al régimen de Maduro, para no hablar de lo local donde indiscutiblemente aquí falta mucho por saber”. Sostuvo que en Colombia probablemente solo se ha conocido el 25% del monto de los sobornos entregados por esa compañía, por lo que “no pueden venir a dar clases de ética y de moral quienes no tienen ninguna autoridad en ese campo. Es como dicen por ahí, el diablo haciendo hostias o los pájaros tirándoles a las escopetas”. Afirmó que “cualquier tipo de reparación debe pasar por contar la verdad al país”, y propuso la creación de una comisión de la verdad, para “que Odebrecht le cuente al país lo que saben solo ellos y no le han querido contar a las autoridades colombianas”. Las declaraciones del Procurador General fueron dadas luego de intervenir en el foro ‘Participación ciudadana: ¿antídoto contra la corrupción urbanística?’, realizado en el Museo El Chicó, en Bogotá. Con información de la Procuraduría General de la Nación 

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Congreso hará debate sobre cobro de impuesto predial

El miércoles 17 de octubre, la Cámara de Representantes debatirá sobre los “elevados cobros” del impuesto predial en Colombia, el Gobierno Nacional responderá a los congresistas de Comisión Quinta. El representante del partido Centro Democrático, Ricardo Ferro, quien es citante del debate de control político, señaló que el Ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, la ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, y el director del Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), Héctor Mauricio Ramírez, deberán explicar si el impuesto predial que le cobran a los propietarios colombianos puede llegar a ser confiscatorio. Adicionalmente, si frente a los avalúos catastrales que realiza el IGAC se presentan irregularidades o corrupción. Para Ferro, una cosa es cobrar impuestos y otra muy distinta es que vía impuestos se atente contra la propiedad privada. “Por supuesto que los municipios deben cobrar el impuesto predial; lo que no puede terminar sucediendo es que se hagan aumentos desmesurados, que vuelven impagable este tributo por parte de los contribuyentes. Porque en muchos casos podríamos determinar que hay un cobro confiscatorio, vulnerando el derecho a la propiedad privada”, señaló. Según el representante, la situación más crítica frente a los altos cobros la viven Bogotá, Ibagué, Tunja, Cartagena y Bucaramanga. “Debemos poner de presente la problemática ya recurrente que gira en torno a este impuesto, el cual hoy se ve desbordado en sus efectos, al punto en que amenaza la propiedad privada. El debate del predial es una discusión que va más allá del cobro, es una discusión sobre el modelo económico, acerca de la propiedad privada”. “A Ibagué, una ciudad con altos niveles de desempleo e informalidad, ahora se suma una alta carga de impuestos ya sancionados por el gobierno de turno para 2019. Alcaldes poco diligentes para gestionar recursos del orden nacional, terminan endeudando a los municipios con créditos, o metiéndole la mano a los propietarios a través del predial y de otros impuestos confiscatorios e impagables”, añadió. Ante esta difícil situación de pago que tienen millones de colombianos, en el debate de control político se propondrá al Gobierno Nacional congelar el impuesto predial por un mínimo de tres años, para dar un descanso a los ciudadanos y así evitar que puedan perder sus propiedades. Con información de la Cámara de Representantes

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Consejo de Estado decreta pérdida de investidura a Plinio Olano y Bernardo “Ñoño” Elías

Bernardo Miguel Elías no respondió a la acción interpuesta por Pablo Bustos Sánchez. El Consejo de Estado decretó a través de la Sala Especial de Decisión la pérdida de investidura de los excongresistas, Plinio Olano y Bernardo Elías, por tráfico de influencias comprobado dentro del proceso contractual de La Ruta del Sol II. La medida la tomó la Sala al resolver la solicitud de pérdida de investidura presentada por el ciudadano Pablo Bustos Sánchez contra Bernardo Miguel Elías Vidal, elegido representante a la Cámara por la circunscripción electoral de Córdoba, para el periodo constitucional 2006-2010 y senador de la República, para los periodos 2010-2014 y 2014-2018, y contra Plinio Olano Becerra, elegido senador de la República para los periodos 2006-2010 y 2010-2014. Para Sánchez, Bernardo Miguel Elías como congresista obtuvo dineros ilegales de contratos simulados celebrados entre Odebrecht y Gabriel Dumar a través de un Consorcio llamado SION, para recibir coimas por un valor cercano a los diez mil millones de pesos ($10.000.000.000). Mientras que Plinio Olano Becerra, en su calidad de senador, se comprometió a favorecer y privilegiar irregularmente los intereses contractuales de Odebrecht al punto de erigirse como la pieza clave de esa organización criminal de corrupción al interior del Congreso de la República.  Olano antepuso, al interés general, los intereses privados en contratos como el de la concesión Ruta del Sol II y su otrosí para el tramo Ocaña-Gamarra, solicitando, acordando y percibiendo millonarias contraprestaciones ilegales. “La actividad de Olano se concretó, según afirmó el confeso exviceministro Gabriel García Morales, en las presiones que ejerció antes de la firma del contrato Ruta del Sol II y su otrosí, Ocaña-Gamarra, toda vez que era considerado ‘el hombre de Odebrecht en el Congreso’”, aseguró el documento. El apoderado del congresista Plinio Edilberto Olano Becerra presentó escrito de defensa en el que se opuso a la petición de pérdida investidura que formuló el actor y manifestó que nunca fue instrumento para beneficiar intereses ilícitos propios ni de terceros, sino del bien común y general, como lo exige la Constitución Política. Olano “afirmó que nunca recibió ningún tipo de soborno o beneficio por parte de los señores Eduardo Martinelli, Eleuberto Martorelli, Luiz Bueno Junior y Carlos Batista Filho”, ejecutivos de la multinacional.

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Fiscalía condena a exdirectora de UAEMV por máquina tapahuecos en Bogotá

La exdirectora de la Unidad Administrativa Especial de Mantenimiento Vial (UAEMV) deberá permanecer más de seis años de prisión por un contrato sin cumplimiento de requisitos legales. Los argumentos y las evidencias presentadas por la Fiscalía General de la Nación sobre irregularidades en la contratación de una máquina tapahuecos para Bogotá, fueron respaldadas por el juez 8° Penal de Conocimiento de Bogotá, quien impuso una condena de seis años y ocho meses de prisión para María Gilma Gómez Sánchez, exdirectora de la Unidad Administrativa Especial de Mantenimiento Vial (UAEMV). Según la investigación adelantada por una fiscal de la Dirección Especializada contra la Corrupción, la irregularidad se presentó porque el contrato N° 638 del 27 de diciembre de 2013, modificado mediante un otrosí del 14 de febrero de 2014, se habría camuflado a un contrato de ciencia y tecnología, cuando su objeto real era de obra para el mantenimiento de la malla vial. De ésta forma, no se cumplieron los requisitos de ley porque, para esa modalidad, debió haberse realizado una licitación pública. Por estos hechos, la entonces directora de UAEMV fue sentenciada por el delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y deberá cumplir la pena en centro carcelario, por lo que el juez ordenó su captura inmediata. Adicionalmente, le fue impuesta una multa de 90 salarios mínimos legales mensuales vigentes y no podrá ejercer funciones públicas durante 100 meses. El 15 de noviembre del año en curso, la Fiscalía acusará formalmente a los dos contratistas de la máquina tapahuecos, por el delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales. Con información de la Fiscalía General de la Nación

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Duque radica nuevo paquete legislativo de lucha contra la corrupción

Las ocho iniciativas legales presentadas hoy por el Mandatario se aúnan a los cuatro proyectos de ley radicados por el Ministerio del Interior el 8 de agosto, y al proyecto de ley presentado por el Jefe del Estado y el Procurador General el 28 del mismo mes. El Presidente de la República, Iván Duque Márquez, radicó este martes en el Congreso de la República ocho proyectos de ley, producto de la mesa técnica de lucha contra la corrupción, que se complementan con las otras cinco iniciativas puestas a consideración del Legislativo el 8 y el 28 de agosto. “Hoy empieza una nueva forma de hacer política en el manejo legislativo, donde los partidos se pueden poner de acuerdo con el Gobierno y convertir la lucha contra la corrupción en un propósito de todos”, declaró el Jefe del Estado luego de radicar las propuestas legislativas en la Secretaría del Senado. El Presidente dijo que la mesa técnica, creada a partir de la Consulta Anticorrupción del 26 de agosto, “le cumple a Colombia presentando un paquete de proyectos de lucha contra la corrupción que complementan el paquete que había sido presentado por el Gobierno Nacional y también el que ha sido presentado por los organismos de control”. Llamó la atención en el sentido de que esa mesa “debe seguir siendo viable y permanente” para concertar otras reformas que el país necesita como la reforma a la justicia. El Presidente reiteró que este resultado demuestra el compromiso del Gobierno Nacional y los partidos políticos de derrotar la corrupción. “Cuando el país se une en torno a propósitos comunes, se construye y se construyen soluciones”, aseveró. Proyectos de ley presentados hoy 1. Por medio del cual se incentiva la transparencia y la participación de los ciudadanos en las decisiones que los afectan en la vida económica, política, administrativa y cultural de la nación y del orden territorial. Al explicar el contenido de este proyecto, el Jefe de Estado explicó que así “se fortalecen los presupuestos participativos en materia de inversión para que el país pueda de liberar a plena luz del día sobre la orientación de las partidas y la forma en la que están priorizadas con respecto al desarrollo regional”. 2. Por medio de cual se establecen mecanismos de rendición de cuentas y transparencia de la gestión de los congresistas, diputados, concejales e integrantes de las Juntas Administradoras Locales. 3. Por medio del cual se busca garantizar el cumplimiento de los principios de transparencia, participación y control social, mediante la publicación de las declaraciones de bienes, renta y el registro de los conflictos de interés de altos servidores públicos. Sobre este punto indicó que se ya ha “avanzado en términos de transparencia en hacer públicas las declaraciones de renta y de bienes que además ya han sido presentadas en un proyecto para elevarlos al rango deber constitucional”. 4. Por medio del cual se modifica parcialmente la Ley 5 y se dictan otras disposiciones. 5. Por el cual se establece tope para el salario de los congresistas – servidores públicos del estado. 6. Por el cual se establece un tope de salarios de congresistas y altos funcionarios del estado. 7. Por medio del cual se regulan las inhabilidades para los condenados por corrupción y delitos contra la administración pública así como la terminación unilateral administrativa del contrato por actos de corrupción y se dictan otras disposiciones. 8. Por medio del cual se fortalecen las reglas para la persecución penal efectiva y el reintegro de bienes por parte de procesados y condenados por corrupción y delitos contra la administración pública y se dictan otras disposiciones. Durante su declaración el Mandatario subrayó que “se están aumentando las sanciones efectivas y también están persiguiendo los patrimonios de los corruptos de manera efectiva”. Afirmó que el Gobierno Nacional y los partidos políticos trabajarán para que los proyectos sean aprobados en el Congreso antes de finalizar este año. El Jefe del Estado estuvo acompañado por la ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, la ministra Justicia, Gloría María Borrero, el procurador general, Fernando Carrillo, el contralor general, Carlos Córdoba, y representantes de los partidos políticos y promotores de la Consulta Popular Anticorrupción. Los proyectos ya presentados Las iniciativas anticorrupción puestas a consideración del Congreso de la República el 8 de agosto incluyen empoderar a la ciudadanía para que denuncie a los corruptos, endurecer las penas y negar la casa por cárcel a los corruptos, la obligación de presentar declaración de bienes y activos por parte de los funcionarios públicos, que los delitos por corrupción no prescriban y que las empresas involucradas con corrupción no puedan contratar con el Estado, entre otros aspectos. También está el Proyecto de Ley 117 de 2018, radicado por el Mandatario y el Procurador General el 28 de agosto, por el cual se adoptan medidas para promover la probidad administrativa, combatir la corrupción, establecer la responsabilidad penal de las personas jurídicas y fortalecer el Ministerio Público, entre otras disposiciones. Igualmente, esa iniciativa plantea ampliar la prescripción de la acción disciplinaria de 5 a 20 años para sancionar las conductas de los funcionarios y servidores públicos. Así mismo, prevé la instauración de la acción penal contra las personas jurídicas involucradas en casos de corrupción y establece fuertes sanciones para éstas, sus gestores y propietarios. Entre dichas sanciones se destacan la prohibición de volver a contratar con el Estado y la extinción del dominio exprés contra quienes defraudan el patrimonio público. Finalmente, el proyecto propone fortalecer la denuncia ciudadana, brindando mecanismos de protección eficaces, lo que permitirá que más ciudadanos cooperen con las autoridades para denunciar a los corruptos. Con información de Presidencia de la República

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