julio 27, 2026

Procuraduría

Procuraduría formuló cargos contra teniente por abuso policial en protestas de la Universidad de Cundinamarca

La Procuraduría General de la Nación formuló cargos contra teniente coronel implicado en acciones de abuso policial en manifestaciones de estudiantes de la Universidad de Cundinamarca en 2019. El teniente coronel (r), Alexander González Moreno, deberá asumir cargos por su responsabilidad en las manifestaciones del 4 de septiembre del 2019 en la Universidad de Cundinamarca, en Soacha, cuando se desempeñaba como jefe del Área Operativa del Distrito Especial y permitió el ingreso de personal que portaba armas de fuego al campus de la universidad. “González Moreno permitió que personal que portaba armas de fuego participara en el procedimiento de control de los disturbios e ingresara a la universidad incumpliendo órdenes específicas del servicio”, indicó el ente de control en un comunicado.  De acuerdo con las investigaciones, el patrullero Delbasto Cortés manipuló su arma de fuego de forma imprudente, infringiendo una norma gravísima sobre control de multitudes.   “Se realizaron disparos que pusieron en riesgo la integridad de los estudiantes que no participaban en las protestas, de hecho, uno de ellos recibió un disparo en el muslo izquierdo y otros fueron ultrajados cuando se encontraban en los baños”, señaló la Procuraduría.    

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Procuraduría solicitó a la JEP llamar a declarar a excomandantes del Gaula en Casanare por falsos positivos

La Procuraduría General de la Nación pidió a la JEP requerir a dos excomandantes del Gaula en Casanare para que aporten su verdad sobre los falsos positivos. Los excomandantes del Gaula Militar Casanare, Wilson Camargo Tamayo y Mayor (R) Gustavo Enrique Soto Bracamonte, deberán ampliar su versión sobre hechos relacionados con los falsos positivos en el departamento entre el 2006 y 2007.  En 2023 Soto Bracamonte denunció ante la JEP que fue objeto de presiones por parte del general (r) Torres Escalante y del general (r) Mario Montoya para cometer dichos actos criminales. Asimismo, se comprometió a trabajar por la verdad para honrar el nombre de las víctimas. Otros exintegrantes del Gaula Casanare también han aportado su verdad ante la JEP, como el capitán (r) Jaime Alberto Rivera Mahecha, quien admitió haber recibido una condecoración como premio por haber participado en el entramado criminal.  La Procuraduría también hizo referencia a casos como el de la comunidad de Aguazul, Casanare, que sufrió estigmatización, represalias y perfilamientos que terminaron en asesinatos y torturas. Asimismo, solicitó  a la JEP que los actos de tortura sean catalogados como crímenes de lesa humanidad.  “Se tienen suficientes evidencias demostrativas, como testimonios sin controvertir y las mismas evidencias científicas, sin refutación alguna, que demuestran la violencia física y psicológica que padecieron las víctimas, las cuales no pueden ser excluidas del análisis demostrativo en estos casos donde estamos frente a conductas de gravedad internacional”, declaró la Procuraduría.   

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Procuraduría pide detalles a Superfinanciera sobre Colpensiones

  La Procuraduría General de la Nación pidió información detallada sobre el funcionamiento de Colpensiones, a propósito de la aprobación de la reforma pensional.  De acuerdo con el ente de control, Colpensiones tardó más de diez años en regularizar la situación pensional de los antiguos afiliados del seguro social y hoy presenta fallas tecnológicas que aún no han sido atendidas. Por esta razón, pidió a la Superintendencia Financiera datos sobre el seguimiento hecho a dicha entidad, en aras de garantizar los derechos de los usuarios.  “Colpensiones tardó más de 10 años en regularizar la situación pensional de los antiguos afiliados del Seguro Social y hoy presenta muchas fallas tecnológicas, así como, vencimientos en los términos legales para las decisiones de prestaciones económicas de aproximadamente 6 millones de afiliados”, indicó la Procuraduría.  Asimismo, el ente de control señaló que Colpensiones no cuenta con la capacidad logística, técnica y administrativa para dar cumplimiento a la reforma pensional.   “Colpensiones no está preparada para las nuevas obligaciones contenidas en el proyecto aprobado; no tiene la capacidad técnica, logística, administrativa, ni operativa, entre otros requisitos, para asumir nuevas funciones a partir del 1 de julio de 2025”, destaca la Procuraduría. 

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Procuraduría inhabilitó y separó del cargo a coronel del Ejército por acoso sexual

La Procuraduría General tomó una decisión en el caso del teniente coronel del Ejército, Andrés Mauricio Quintero, quien acosó sexualmente a una subteniente.  El ente de control inhabilitó por 14 años a Quintero y lo separó de su cargo al comprobar conductas de acoso sexual contra su víctima, a quien presionó mediante comportamientos sugestivos de manera física y a través de redes sociales.  De acuerdo con la Procuraduría, el implicado enviaba mensajes de texto de índole sexual a su víctima a través de Whatsapp; éste conocía la gravedad de sus actos y le pedía que borrara los mensajes. Además, en una ocasión la citó en una cabaña, “donde se encontraba semidesnudo exhibiéndole sus genitales, para exigirle que le realizara sexo oral”.  El Ministerio Público consideró que el comportamiento del teniente “trascendió y opacó la imagen institucional del Ejército Nacional y la probidad de sus miembros”. El procesado pidió recurso de apelación ante la Sala Disciplinaria Ordinaria de Juzgamiento.

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Procuraduría inició investigación contra directivos de Migración Colombia por presuntas irregularidades en contratos

La Procuraduría General de la Nación inicio una exhaustiva investigación disciplinaria dirigida al director de Migración Colombia, Carlos Fernando García, y al exgerente general de la Imprenta Nacional, Andrés René Cháves, debido a presuntas irregularidades detectadas en el contrato para la impresión de cédulas de extranjería. Dicha acción surge tras la revelación de posibles inconsistencias en el proceso de contratación, el cual conllevó un desembolso total de 6.600 millones de pesos. La investigación se centra en la evaluación de la capacidad y aptitud de la Imprenta Nacional para llevar a cabo este proyecto, dado que aparentemente la entidad habría optado por subcontratar la totalidad de los servicios requeridos. Se ha cuestionado además la forma en que se adjudicó directamente el contrato, lo que podría haber infrindido las normativas vigentes sobre contratación estatal. Como parte del procedimiento investigativo, se han solicitado diversas pruebas, entre ellas una copia íntegra del contrato suscrito, así como un informe ejecutivo detallado sobre el estado actual de las actividades desarrolladas hasta la fecha, incluyendo los pagos efectuados o comprometidos. Una de las aristas de la investigación destaca la participación de la empresa Accesos Holográficos, una firma mexicana subcontratada para la impresión de un lote significativo de cédulas de extranjería, con un valor aproximado de 1.000 millones de pesos. Sin embargo, la Procuraduría ha expresado preocupaciones acerca del cumplimiento efectivo de las obligaciones contractuales por parte de esta compañía extranjera. En este contexto, la Procuraduría advierte sobre posibles repercusiones negativas en el servicio de expedición de las cédulas de extranjería debido a las presuntas deficiencias en la ejecución del contrato. Por lo tanto, se ha ampliado la investigación para esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades disciplinarias pertinentes tanto de los directivos de Migración Colombia como de la Imprenta Nacional.

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Procuraduría abre investigación a funcionarios de Migración Colombia por presuntas irregularidades

La Procuraduría General abrió investigación a Migración Colombia e Imprenta Nacional por presuntas irregularidades en un contrato para imprimir cédulas de extranjería. El ente de control busca establecer una presunta falta de idoneidad de Imprenta Nacional para ejecutar funciones suscritas en un contrato firmado con Migración Colombia por un valor de $6,600 millones, lo que derivó en una subcontratación para la elaboración de cédulas de extranjería.  “El órgano de control investiga una aparente falta de idoneidad de la Imprenta Nacional para ejecutar los trabajos, lo que derivó en una subcontratación de la totalidad de los servicios requeridos, que contemplaban la impresión de las cédulas de extranjería, así como los insumos, la elaboración de la tarjeta, la personalización y entrega del documento final a Migración Colombia”, indicó la Procuraduría a través de un comunicado.   Asimismo, se abrió investigación contra el jefe de la Oficina Jurídica de Migración Colombia, Carlos Julio Ávila Coronel, y el secretario general de esa misma entidad, Rigoberto Niño Corredor, quienes habrían violado los principios de la contratación estatal, función administrativa e incluso los intereses de posibles competidores del mercado. 

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Procuraduría abrió indagación a funcionarios del MinHacienda, Mindeporte, la Dian y Min de Relaciones Exteriores

La Procuraduría General de la Nación abrió por lo menos 14 indagaciones por presuntas irregularidades en la gestión de recursos en 2023. El ente de control busca determinar la baja ejecución de recursos en el Ministerio del Deporte, el Ministerio de Hacienda, la Dian y el Ministerio de Relaciones Exteriores. Por tal razón, se solicitaron pruebas para establecer si se incurrió en una falta disciplinaria o si se actuó al amparo de alguna causal de exclusión de responsabilidad. También se inició investigación disciplinaria al Fondo Nacional Ambiental, Parques Nacionales Naturales de Colombia, la Agencia Nacional de Hidrocarburos, el Servicio Geológico Colombiano, la Aeronáutica Civil, la Escuela Superior de Administración Pública, la Superintendencia de Notariado y Registro, la Corporación Agencia Nacional de Gobierno Digital, la Agencia Presidencial de Cooperación Internacional y la Agencia Logística de las Fuerzas Militares. Bajo recaudo en la Dian De acuerdo con la Procuraduría, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian), padece un déficit de por lo menos $10.98 billones. Asimismo, se evidenció la disminución del recaudo tributario en un 10,3%. 

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Condenan a 5 años de cárcel a Rodolfo Hernández

  El excandidato presidencial, Rodolfo Hernández, fue condenado a cinco años y tres meses de cárcel por el caso Vitalogic.  Un juez del circuito penal de Bucaramanga sentenció a Hernández por interés indebido de contratos a título de autor, en hechos que se cometieron cuando fue alcalde de Bucaramanga, entre 2016 y 2019.  En mayo del 2023 la Procuraduría General falló en primera instancia contra Hernández, al hallar irregularidades en el proceso de selección destinado a la asignación del contrato para el aprovechamiento y disposición final de residuos sólidos a la unión temporal Vitalogic RSU; la asignación de este contrato buscaba beneficiar económicamente a su hijo.  En el fallo se estableció que el entonces alcalde sostuvo diálogos con los representantes de la empresa a la que se le asignó el contrato, a quienes les entregó información sobre cómo hacer viable la adjudicación.  Este jueves 13 de junio se anunció la condena contra Hernández, a quien se le concedió casa por cárcel por su edad y el cáncer terminal que padece. 

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Procuraduría formula cargos contra siete concejales de Magüí, Payán, Nariño

La Procuraduría Provincial de Instrucción de Tumaco formuló pliego de cargos contra siete concejales de Magüí, Payán, Nariño, por negarse a posesionar al abogado Alejandro Quiñones tras ganar el concurso para personero municipal.  Los concejales Edinson Quiñones, Nelson Damar Torres, Terencio Dagoberto Quiñones, Lucio Arboleda Montaño, Jeilin Calixto Quiñones, Jan Carlos Dajomes Tenorio y Favio Alexis Quiñones Lara declararon desierto el concurso de méritos en que resultó ganador Alejandro Quiñones; estos se basaron en la resolución del art. 174, literal f, de la ley 16 de 1994 donde se establece que “no podrán ser designados funcionarios de la entidad territorial los cónyuges o compañeros permanentes de los Diputados y Concejales, ni sus parientes en el segundo grado de consanguinidad, primero de afinidad o único civil”.   Sin embargo, la Procuraduría estableció que la demanda la establecieron contra el exalcalde de Magüí, Payán, Juan Carlos Quiñones, padre del personero electo, y no contra el mandatario local actual.  El presidente del Concejo Municipal, Freddy Quiñones, denunció amenazas en su contra por parte del exalcalde.  “El día 9 de enero del 2024 el papá del señor Alejandro, quien es el exalcalde de esta localidad, Alejandro Juvenal Quiñones Cabeza, muy groseramente ingresa al recinto del Concejo, haciéndole una exigencia a todos los miembros que deberíamos elegir al hijo como personero”, dijo a medios locales.  “Lo dejo hoy en conocimiento de todas las autoridades del país y de mi familia que, si algo me llega a pasar a mí, a mi familia o amigos cercanos es el señor exalcalde de Magüí Payán, Alejandro Juvenal Quiñones Cabezas y el hijo Alejandro Junior Quiñones Herrera”, agregó.   

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Rector electo de la Unal, José Ismael Peña, pidió acompañamiento urgente de los entes de control

El rector electo de la Universidad Nacional, José Ismael Peña, solicitó apoyo de la Procuraduría General de la Nación, de la Procuraduría y de la Fiscalía ante los señalamientos por presuntas irregularidades en su elección. En medio de la actual crisis que vive la institución universitaria por cuenta de las manifestaciones en contra de la elección de Peña como rector, son muchos los rumores que han surgido sobre su legitimidad y las razones que han llevado a profesores y estudiantes a manifestarse en oposición suya. Tras investigaciones realizadas por medios de comunicación, se ha constatado la existencia de una conducta sistemática de la que se habrían beneficiado varios directivos de la Universidad Nacional desde hace más de 15 años.  Sobre lo anterior, Peña anunció que acudirá a los entes de control, señalando además que “Tomamos con toda seriedad los rumores y señalamientos a la Unal y a las corporaciones de las que participa”.  “En los últimos días se han planteado una serie de cuestionamientos que señalan la presunta existencia de redes de corrupción que supuestamente roban multimillonarios recursos públicos. Estos cuestionamientos han sido difundidos en diferentes medios de comunicación y en redes sociales y ponen en duda la transparencia de la gestión de los recursos públicos que realizan corporaciones en las que tiene participación la Universidad Nacional de Colombia”, indicó a través de un comunicado.  

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