julio 26, 2026

Procuraduría

Procuraduría ordenó investigación contra consorcio para internet en Tolima

La Procuraduría General abrió investigación contra el consorcio Zonas Wifi por supuestas irregularidades para la prestación del servicio de internet en Tolima.  De acuerdo con el ente de control, la compañía habría aceptado el negocio jurídico sin tener en cuenta los problemas de conexión y demás falencias del servicio en municipios como Dolores, Murillo, Santa Isabel, Carmen de Apicalá, Alvarado, Rovira, Ambalema, y Natagaima, razón por la cual no hubo instalación. “La Segunda Delegada para la Contratación Estatal señaló que el particular en ejercicio de funciones públicas habría recibido a satisfacción los entregables del negocio jurídico, sin tener en cuenta las posibles falencias referidas a la intermitencia de la conexión, la lentitud del servicio, la inactividad y caída, y la falta de funcionamiento de algunos de los lugares instalados”, indica el comunicado. El representante legal del consorcio, Jorge Alberto Calderón Barón, no habría exigido un estudio de la calidad de los bienes adquiridos por la entidad estatal y tampoco verificó los requerimientos técnicos obligatorios.  La Procuraduría buscará establecer si el implicado incurrió en una falta disciplinaria o si puede ampararse en una causal de exclusión.    

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Procuraduría advierte inconsistencias en programa Mi Casa Ya

La Procuraduría General denunció inconsistencias en el programa de crédito de vivienda Mi Casa Ya.  De acuerdo con el ente de control, unas 17 mil familias vinculadas al programa de subsidios de Vivienda de Interés Social – VIS – se encuentran en la incertidumbre de recibir la aprobación de sus créditos hipotecarios. Hasta la fecha sólo se ha entregado presupuesto para 33 mil coberturas de los cerca de 50 mil que deben aprobarse para este 2024.  Además, la Procuraduría Segunda Delegada para la Vigilancia de la Función Pública advierte que cientos de familias podrían renunciar al beneficio por miedo a quedar endeudados con el pago de sus créditos.  Asimismo, hizo un llamado a la ministra de Vivienda, Helga María Rivas, a buscar soluciones para estas familias y hallar nuevas formas de financiación para conseguir los recursos faltantes.   

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Procuraduría solicitó a la JEP incluir tortura y tratos crueles como patrón criminal en caso de asesinatos y desapariciones en Dabeiba, Antioquia

La Procuraduría General solicitó a la JEP incluir casos de víctimas de maltrato mental y físico, asesinatos y desaparición forzada en Dabeiba, Antioquia en el marco del conflicto armado. Un nuevo capítulo se abre en las investigaciones para el esclarecimiento de la verdad en hechos ocurridos a principios de los dos mil en Dabeiba, Antioquia, cuando la cotidianeidad de los habitantes de este municipio estuvo marcada por el miedo. El ente de control pidió a la JEP analizar el microcaso del Cementerio Las Mercedes lugar donde, de acuerdo con residentes del lugar, se cometieron tratos crueles e inhumanos contra la población. Asimismo, la Procuraduría solicitó adelantar las labores investigativas para esclarecer un caso de violencia sexual contra una menor de edad en esa época. También pidió sumar esfuerzos con el objetivo de lograr la ubicación de los cuerpos de los familiares de las víctimas identificadas.  El llamado se da luego de que en mayo el Tribunal para la Paz de la JEP asumiera la competencia del juicio contra 8 exintegrantes de la Policía y el Ejército que abrían participado en casos de asesinatos y desapariciones forzadas entre 1997 y 2007 en Dabeiba.   

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Procuraduría pide a autoridades hacer el debido seguimiento ante escalada de casos de violencia sexual

La Procuraduría General de la Nación hizo un llamado a autoridades municipales a hacer seguimiento a recientes casos de violencia sexual registrados en Antioquia, Cauca, Cali, Tolima y Cartagena. Tras el feminicidio de una joven indígena de la comunidad Misak en Silvia, Cauca; la lideresa social María Teresa Peña en Cali; Yesenia González en Cartagena; de Saray Daniela Vera, mujer venezolana en Marinilla, Antioquia y el caso de abuso sexual a una menor de 16 años en Guamo, Tolima, la Procuraduría pidió a las autoridades competentes hacer la debida verificación de los casos ante las personerías y comisarías de familia. Asimismo, solicitó intervenir para garantizar el bienestar de las familias afectadas. El ente de control conoció el caso de una menor de 16 años que fue abusada sexualmente por delincuentes encapuchados que ingresaron a robar a su vivienda en Guamo, Tolima. Asimismo, solicitó al personero municipal enviar un informe detallado del suceso y de las gestiones realizadas para el restablecimiento de los derechos de la menor y pidió a la Secretaría de Salud del municipio activar la ruta para la atención integral de violencia sexual. “Se requirió al personero municipal para que envíen un detallado informe con las gestiones realizadas en el proceso administrativo de restablecimiento de derechos de la menor de edad víctima. Por su parte, la Secretaria de Salud deberá confirmar la activación de rutas para la atención integral de violencia sexual”, indica la Procuraduría en un comunicado.  

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Procuraduría formuló cargos contra escoltas de la UNP por uso indebido de camioneta

La Procuraduría General formuló cargos contra dos escoltas de la UNP por transgredir protocolos de uso de vehículos. Los agentes Álvaro Hernández Gil y Yecith Alejandro Sánchez Zabala deberán comparecer ante la Justicia por haber utilizado una camioneta para transportar personas ajenas al protegido y realizar diligencias sin la presencia del autorizado.  “El ente de control encontró que, no es permitido transportar a personas no cobijadas con la medida de protección y tampoco movilizarse en el automóvil para hacer diligencias sin la presencia del beneficiario del programa”, indica el comunicado. “Para el caso del disciplinado Sánchez Zabala se le acusa haber entregado el referido vehículo, el cual estaba bajo su responsabilidad, al escolta Hernández Gil para que éste hiciera las diligencias mencionadas. De esta manera, faltó así a las reglas que le impedían destinar o movilizar el automotor para fines ajenos al esquema de protección del beneficiario”, agrega.  El caso se suma a la reciente interceptación del Ejército de una camioneta de la UNP en Barbacoas, Nariño, que transportaba a un gobernador indígena y $200 millones en efectivo y al robo de otro vehículo de la misma entidad en Bogotá, perteneciente al Comando General de las Fuerzas Militares.   

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Procuraduría pide condenar a Laura Moreno por asesinato de Colmenares

La Procuraduría pidió condenar a Laura Moreno por el homicidio de Luis Andrés Colmenares, el 31 de octubre del 2010 en Bogotá.  El ente de control determinó que Moreno obstruyó el hallazgo del cuerpo de Colmenares el día de su asesinato, demostrando que es falsa su declaración sobre un posible accidente. De acuerdo con el Procurador Segundo delegado, su versión sobre lo ocurrido carece de coherencia puesto que fue la última persona que vio con vida a la víctima y tendría conocimiento de las heridas que recibió y sus perpetradores.  “La falta de coherencia en las versiones dadas a distintas personas y autoridades refuerzan la mendacidad en el dicho de la acusada y demuestran su intento deliberado de ocultar la verdad”, indicó el Procurador.  Este jueves 8 de agosto los familiares de Colmenares asistieron a una nueva audiencia. El padre de la víctima denunció que Jessy Quintero y Laura Moreno sabrían la verdad sobre la muerte de su hijo. 

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Procuraduría emitió nueva circular contra el acoso laboral

La Procuraduría General de la Nación estableció nuevas directrices para el cumplimiento de las normas legales contra el acoso laboral. La procuradora Margarita Cabello anunció la emisión de la circular 003 del 2024 mediante la cual se estipulan los mecanismos que disponen los empleados y las empresas para hacer frente a casos de violencia de género y acoso laboral.  El documento se redactó con base en los parámetros establecidos en la Ley 1010 del 2006, para la prevención, corrección y sanción de las conductas de acoso laboral y la Ley  1257 de 2008, creada para la protección integral de las mujeres y una vida libre de violencias.  “Aunque tenemos la normativa, todavía existe desconocimiento por parte de algunos funcionarios sobre la aplicación de estas medidas que garantizan el derecho al trabajo en condiciones dignas y un ambiente laboral libre de violencias y hostigamientos” , indicó la procuradora.  Asimismo, se hizo énfasis en el funcionamiento del Comité de Convivencia Laboral para atender de manera confidencial los casos que se presenten; también se instó al Ministerio de Trabajo y al Departamento Administrativo de la Función Pública a revisar las denuncias de acuerdo a los términos de la ley y a compulsar las copias correspondientes a la Fiscalía en los casos de acoso sexual.  Hay que destacar que el país viene avanzando en el fortalecimiento de los mecanismos para la atención a casos de violencia de género. Recientemente el Congreso de la República sancionó la Ley 2365 de 2024, por medio de la cual se adoptan medidas de prevención, protección y atención de las víctimas de acoso sexual en el contexto laboral y en las universidades.

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Contraloría pidió información a minHacienda sobre precio de la gasolina

La Contraloría General de la Nación pidió al ministro de Hacienda y Crédito Público información sobre precio de combustibles y del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles–FEPC. El ente de control solicitó información técnica al ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla y al Ministro de Minas y Energía, Andrés Camacho Morales, de las decisiones contempladas para sanear la deuda con el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles – FEPC y la regulación del precio de la gasolina y el diésel.  Además, el ministro de Hacienda deberá explicar si tiene un plan de inversión social con los recursos del FEPC que se dejarán de utilizar.  El precio del galón de gasolina quedó en $15.985 y el de ACPM (diesel) en $9.756 con pequeñas variaciones en las principales ciudades del país. De acuerdo con Julio César Vera, presidente de la Fundación Xua Energy, el aumento del precio de los combustibles se debe a la necesidad de incrementar el ahorro en el FEPC. 

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Tribunal de Cundinamarca abrió incidente de desacato al presidente Petro

El Tribunal de Cundinamarca abrió incidente de desacato al presidente Petro por incumplimiento en los nombramientos de funcionarios de la CREG.  El Alto Tribunal le dio la razón a la Procuraduría y ordenó al primer mandatario presentar un informe sobre el cumplimiento del fallo o exponer su defensa para evitar una posible sanción por desacato. Asimismo, deberá entregar el expediente completo que contenga los actos administrativos de nombramiento y demás documentos que acrediten a los funcionarios para integrar la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG).  En las últimas horas el presidente nombró a William Mercado como nuevo nuevo comisionado experto de la CREG. Mercado, quien fue vicepresidente de Fendipetroleo y miembro de la Junta Directiva del Área Metropolitana de Barranquilla, se posesionó ante el ministro de Minas y Energía, Andrés Camacho.  

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Procuraduría exige a RTVC información sobre la realización del Concierto de la Esperanza

La Procuraduría General de la Nación solicitó información a RTVC sobre el manejo de los recursos públicos destinados a la realización del Concierto de la Esperanza. El ente de control pidió explicaciones al Sistema de Medios Públicos ante la preocupación por el dudoso manejo de los recursos públicos en la organización del Concierto de la Esperanza el pasado 5 de julio, en solidaridad con Palestina, pues no dan cuenta de la verdadera necesidad de realizar dicho evento, esto teniendo en cuenta el plan de austeridad propuesto por el Gobierno Nacional.  “El ente de control ve con preocupación la suscripción del contrato 1413-2024 por valor de $2.295.816.733 en medio del plan de austeridad del gasto decretado por el Gobierno Nacional, toda vez que la justificación señalada por la entidad no da cuenta con absoluta claridad de la necesidad de realizar el evento”, indicó la Procuraduría a través de un comunicado.  Asimismo, la Procuraduría solicitó los soportes y estudios técnicos que justificaron la realización del evento. De igual manera, se investiga por qué la entidad suscribió un contrato bajo la modalidad de contratación directa teniendo en cuenta que, de acuerdo con el manual de contratación, esto solo es permitido si el monto es inferior a los $300 SMMLV. 

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