mayo 21, 2025

DNP

Magda Giraldo elegida como nueva presidenta de FiduPrevisora

Magda Giraldo, quien se desempeña actualmente como vicepresidenta para el manejo del Fomag en la entidad pasará a la cabeza de la importante entidad que maneja los recursos públicos de sectores como la educación y las pensiones Como es del conocimiento público FiduPrevisora hace parte del Grupo Bicentenario recientemente definido por el Gobierno Petro como el holding financiero de la Nación. Fiduprevisora también administra al menos unos $15 billones que hacen parte de las pensiones territoriales que paga el Fonpet a alcaldías y gobernaciones colombianas. Este nombramiento llega tras la ausencia de nombramiento en el cargo desde el pasado mes de julio tras la salida de Mauricio Marín quien como se recordará renunció al cargo en medio de los cambios que tuvo la entidad en la administración del sistema de salud de los maestros de la Nación. Giraldo se impuso ante una terna conformada por calificados profesionales como: José Alejandro Herrera, quien estuvo como subdirector del Departamento Nacional de Planeación (DNP) en el Gobierno Petro, y; María Amparo Arango, quien viene desempeñándose como vicepresidente de Findeter que es la banca de desarrollo territorial. En una victoria que se dio con carácter de unanimidad por parte de La Junta Directiva por lo que Magda Giraldo se convirtió así en la nueva presidenta de FiduPrevisora. Cabe destacar que esta importante entidad maneja unos $72 billones en activos bajo su administración.

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“El golpe no lo recibe el presidente Petro, lo reciben los sectores más marginados”, Alexander López, director del DNP

El director del Departamento Nacional de Planeación, Alexander López, intervino en la discusión de comisiones económicas conjuntas sobre el Presupuesto General de la Nación 2025.  López aseguró que con el hundimiento del Presupuesto General no se golpea al Gobierno, sino a los sectores más marginados. Sus declaraciones se dieron tras el anuncio del Gobierno Nacional de expedir el presupuesto de $523 billones por decreto, luego de que el Congreso lo hundiera por falta de quórum.  “El golpe que se da hoy al no permitir la discusión, concertación y diálogo se lo dan a los sectores más empobrecidos de este país y a una sociedad que esperaba que el Congreso reaccionara; hay una oposición que busca a toda costa no permitir que el Gobierno avance con su propuesta de cambio”, dijo el director. Desde el Gobierno aseguran que el monto no se puede reducir dada su importancia para sacar adelante proyectos de inversión social, infraestructura y transición energética. Sin embargo, a sectores de la oposición les preocupan los riesgos de déficit fiscal y el recorte de recursos a algunas entidades.  “Ser Gobierno es difícil y reconozco medidas drásticas como lo fue ajustar el precio de los combustibles, pero hubo un golpe a la democracia al quitarle los recursos a la organización electoral para convocar las elecciones del 2026”, señaló.  Por su parte, el senador Carlos Meisel del Centro Democrático cuestionó las declaraciones del director del DNP, quien responsabilizó a la oposición de golpear a los más pobres con el hundimiento del presupuesto.  “Van a traer como consecuencia que decrezca el recaudo porque el clima económico actual del país obliga al contribuyente a estar asfixiado, dicen que la ley de financiamiento es para los ricos, ¿la ganancia ocasional a quién beneficia?, quiero ponerles un ejemplo, una pareja que gana cuatro millones cada una no es rica, ¿quién dijo que son millonarios?; los impuestos al carbono incrementan el valor de los combustibles, ¿quién dijo que el del mototaxi es rico?”, cuestionó. 

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Gremios de Atlántico y Bolívar plantean reversar incremento del 150% en sobretasa destinada al Fondo de Seguridad Vial

Con el propósito de garantizar la construcción y mantenimiento del corredor de carga que une a Cartagena y Barranquilla y la sostenibilidad de la Concesión Autopistas del Caribe, los gremios de Atlántico y Bolívar le plantearon al Gobierno nacional dos propuestas concretas: 1. Echar para atrás el incremento del 150% de la sobretasa que se recauda en todos los peajes del país, la cual es manejada por el INVÍAS y va destinada al Fondo de Seguridad Vial (FOSEVI) y específicamente a financiar el Programa de Seguridad en Carreteras Nacionales. Esta sobretasa estaba en $200 pesos, pero a partir del 16 de enero de 2024 subió a $500 pesos. No se entiende que, si el objetivo general es cobrar unas tarifas de peaje que correspondan a la capacidad de pago de los usuarios y aseguren la sostenibilidad de los concesionarios viales, el Gobierno nacional aplique incrementos de esa magnitud en dicha sobretasa. La forma más eficaz de “garantizar la movilización de personas o vehículos mediante el uso de la infraestructura en condiciones de calidad y seguridad”, que es el objetivo del citado programa, es el fortalecimiento del sistema de concesiones que permite tener vías con altos niveles de servicio y hacer los mantenimientos requeridos para preservarlas. 2. Fijar una tarifa diferencial unificada de $1.800 pesos, más la sobretasa del Fondo de Seguridad Vial (FOSEVI) en las 6 estaciones de peaje de Ruta Caribe 2 para usuarios permanentes o frecuentes de esta vía. Este componente del esquema tarifario de los peajes ya se aplica con éxito en otras carreteras del país y refuerza el principio de equidad sobre el cual se basa el modelo de concesiones de que las vías las paguen, mediante dichos cobros, exclusivamente quienes las utilizan. Los gremios señalaron que la cancelación de este proyecto de ampliación a doble calzada del corredor de carga Cartagena-Barranquilla, tendría un impacto negativo para la competitividad regional, en especial para los departamentos del Atlántico y de Bolívar y el desarrollo de los más de 15 municipios de su zona de influencia, dada la necesidad de atender el actual movimiento de carga, y las expectativas de incremento derivadas de la mayor producción agro e industrial allí localizada. Al justificar la necesidad de evitar la cancelación de este proyecto, señalaron: • En la zona de influencia de este corredor de carga está el Distrito de Riego de Repelón hay 2.600 hectáreas sembradas de limón, palma, y plátano con ventas anuales proyectadas de $86 mil millones por 25 años y la generación de 2.600 empleos directos e indirectos, beneficiando a pequeños agricultores. El potencial de este desarrollo puede llevar a duplicar el área sembrada. • La construcción y el mantenimiento de la doble calzada de esta vía en el tramo que cubre a Galapa ha sido factor clave para la instalación de 60 medianas y grandes empresas en los últimos años. Además, hay un alto potencial de vinculación de nuevas compañías en el área colindante con Barranquilla y otros municipios de la zona como Baranoa y Sabanalarga, especialmente en proyectos de generación de energía fotovoltaica. • La Concesión Autopistas del Caribe conecta a Barranquilla y Cartagena, cuyos puertos movilizan anualmente 50 millones de toneladas de carga, y complementará la infraestructura de soporte para el Nuevo Aeropuerto de Cartagena. Es un proyecto fundamental para la consolidación de la región como plataforma exportadora de Colombia. Finalmente, los gremios de Atlántico y Bolívar recordaron que el Departamento Nacional de Planeación ha señalado que para lograr que Colombia sea más productiva y competitiva y pueda avanzar en la reducción de los indicadores de pobreza, es imperativo que se mejoren las condiciones logísticas, así como los costos y la eficiencia, lo que requiere mejorar la conectividad actual, uniendo zonas rurales con los principales mercados, los aeropuertos y las zonas portuarias.

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DNP recibe estudio de Naturgas sobre acceso a gas natural en los hogares del país

DNP recibe estudio de Naturgas sobre acceso a gas natural en los hogares del país

El Departamento Nacional de Planeación (DNP) recibió de Naturgas el estudio “El Gas Natural como vehículo para elevar el bienestar y reducir la privación energética de los hogares en Colombia”, en el cual se destacan las cifras, los retos y las recomendaciones para ampliar el uso de este energético en los hogares del país, como forma de impulsar la calidad de vida, la transición energética y reducción de la pobreza. De acuerdo con el documento, el 66,8% de las personas usaba gas natural en 2021 como fuente de energía para cocinar, el 20,6% Gas Licuado de Petróleo (GLP), y el 10,6% leña carbón o desechos, es decir, que cerca de 5,4 millones de personas, equivalente a 1,6 millones de hogares, cocinan con combustibles altamente contaminantes. El director del Departamento Nacional de Planeación, Jorge Iván González, destacó el trabajo conjunto que viene desarrollando Planeación junto con el Gobierno, la academia y los gremios del país, al ser uno de los trabajos de la entidad coordinar y ordenar las discusiones. “Estamos escuchando siempre las preocupaciones e intereses de la gente y los empresarios”, afirmó. Sobre el tema del Gas Natural, afirmó que es otro de esos temas transversales en el Plan Nacional de Desarrollo pues en cada una de las cinco transformaciones hay temas que impactan el sector, el cual es clave para la lucha contra el hambre y la pobreza, que son propósitos centrales de este gobierno del cambio.   De hecho, otro hallazgo de este estudio es que las personas más vulnerables del país son las que más usan leña, carbón y desechos para cocinar; además, usan cerca de 2 horas al día para cocinar con este tipo de elementos, lo que constituye un riesgo para su salud, mayor contaminación ambiental e, incluso, mayores costos. Por otra parte, se encontró que el consumo per cápita de energía primaria en Colombia es medio bajo, pues para 2021, el consumo fue de 10.422 kWh, muy por debajo de los 50.000 kWh de los países desarrollados. El estudio observó una relación positiva entre la intensidad energética y el PIB per cápita, es decir, a mayor progreso económico, mayor consumo de energía. Asimismo, existe una relación inversa entre pobreza monetaria y la intensidad de energía por unidad de PIB per cápita; es decir, a mayor porcentaje de población por debajo del umbral de pobreza (US$3,65), menor consumo de energía por unidad del PIB. Cabe mencionar que el artículo 182 del Plan Nacional de Desarrollo busca establecer una tarifa de cálculo para el valor del ingreso al productor de los combustibles líquidos y biocombustibles. “El Ministerio de Hacienda y Crédito Público y el Ministerio de Minas y Energía, o la entidad delegada, establecerán la metodología de cálculo del valor del ingreso al productor de los combustibles líquidos y biocombustibles”, dice el documento. Sobre la investigación, Luz Stella Murgas, presidenta de Naturgas expresó que “este documento representa una oportunidad valiosa para avanzar en la construcción de una sociedad más equitativa, con un propósito que puede unir al gobierno, el Congreso, la industria y las comunidades, como lo es reducir los índices de pobreza y la privación energética que enfrentan los colombianos; y desde la industria del gas natural entendemos esta realidad y tenemos la capacidad de colaborar para cambiar el paradigma”. En este sentido, el estudio concluye con hallazgos relevantes y de impacto a una de las discusiones más importantes en los últimos meses sobre la reducción de los índices de pobreza; también, entrega insumos a los distintos sectores del país mientras se adelantan los debates del proyecto de Plan Nacional de Desarrollo, presentado por el Gobierno nacional. Por ejemplo, resalta que el gas natural es un energético asequible con ventajas sociales frente a sus sustitutos más cercanos y cuenta con atributos de equidad que le dan gran potencial para contribuir al cambio social y aportar a la construcción de la abanderada economía popular. Durante la presentación del documento se recalcó que es primordial sumar esfuerzos para reducir la privación energética en los hogares pobres y vulnerables, así como en las zonas de urbanización intermedia y rurales. Todo esto será posible si Colombia se fija el objetivo de elevar su consumo per cápita de energía en el marco de su estrategia de transición energética compatible con el cumplimiento de objetivos ambientales, económicos y sociales. Tomado del Departamento de Planeación Nacional (DNP).

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La Plataforma Integrada de Inversión Pública -PIIP consolidará más de 13 sistemas de información relacionados con el ciclo de vida de la inversión pública para todas las fuentes de financiación.

DNP presenta la nueva Plataforma Integrada de Inversión Pública

La Plataforma Integrada de Inversión Pública -PIIP consolidará más de 13 sistemas de información relacionado00s con el ciclo de vida de la inversión pública para todas las fuentes de financiación. Con la entrada en funcionamiento de la PIIP se contará con un único sistema de información que sustente la gestión de los proyectos de inversión pública. La capacitación en la herramienta estará dirigida, en una primera etapa a las entidades responsables del Presupuesto General de la Nación.​ El Departamento Nacional de Planeación (DNP) presentó a sus usuarios la Plataforma Integrada de Inversión Pública, PIIP, una herramienta web que permitirá en un solo lugar observar y monitorear el ciclo completo de cualquier proyecto de inversión: viabilidad, programación, ejecución y seguimiento. “Con esta plataforma le apostamos al mejoramiento del desempeño institucional y a fortalecer las capacidades técnicas de los sectores y territorios, facilitando el trabajo de seguimiento y monitoreo que realizan los colaboradores al interior de la Entidad, así como los demás actores involucrados en la gestión del ciclo completo de los proyectos de inversión pública en el país, independientemente de la fuente de financiación, facilitando así su trabajo, integrando la información y mejorando la calidad de la misma, estandarizando procesos, y lo más importante, defendiendo el principio fundamental de la transparencia”, señaló Alejandra Botero, directora del Departamento Nacional de Planeación. La PIIP nace a partir del Programa para el Fortalecimiento del Sistema de Inversión Pública definido en el CONPES 3751 DE 2013. Sin embargo, fue desde el año 2016 que se empezó a trabajar en su arquitectura empresarial. Este aplicativo es una herramienta web que articula los procesos del ciclo de inversión pública con los procesos del ciclo de los proyectos de inversión, independientemente de su fuente de financiación, orientado a las entidades del orden nacional y territorial. Actualmente, diferentes aplicaciones interactúan en el ciclo de la inversión pública dependiendo de la fuente de financiación de los proyectos, por tanto, la información no se encuentra depositada en un mismo repositorio, lo que hace difícil su homogeneización. Gracias a la PIIP, se logrará integrar más de 13 sistemas de información de todas las etapas del ciclo de proyectos. Desde su entrada en operación, se podrá contar con una herramienta en espacio virtual más dinámico y amigable que facilitará y mejorará la experiencia del usuario. En la PIIP se unificarán conceptos, procesos y flujos de información de la inversión pública para todos los niveles de gobierno. Uno de los resultados más importantes que Colombia logra hacer realidad con esta plataforma es la consolidación de la orientación a resultados del presupuesto público de inversión, a través de los programas que organizan la información para conocer con exactitud, cuánto se gasta y qué se obtiene de ese gasto. Así mismo, la PIIP está soportada en la más sofisticada herramienta en la nube, que reduce costos, permite las transacciones en línea, y está dentro del marco de referencia de la arquitectura de las tecnologías de la Información dispuesta por el MinTIC, generando una mayor disponibilidad de los datos, incluso a nivel mundial. Con esta plataforma el Gobierno nacional le apuesta a mejorar el desempeño institucional y a fortalecer las capacidades técnicas de los sectores y territorios, facilitando el trabajo de seguimiento y monitoreo que realizan los colaboradores al interior de la Entidad, así como los demás actores involucrados en la gestión del ciclo completo de los proyectos de inversión pública en el país, independientemente de la fuente de financiación, facilitando así su trabajo, integrando la información y mejorando la calidad de la misma, estandarizando procesos, y lo más importante, defendiendo el principio fundamental de la transparencia. La consolidación de la PIIP es el fruto de la alianza con actores estratégicos como la Contraloría General de la República, quien toma la información de los sistemas del DNP y usa dentro de sus procesos los reportes de seguimiento a los proyectos. También se trabaja estrechamente con el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, en particular, en la articulación del clasificador programático de la inversión pública con el clasificador presupuestal, buscando unificación de conceptos y estandarización de reportes. Igualmente, con Colombia Compra Eficiente, lo que permite asegurar la disponibilidad de información por el lado de la ejecución de los recursos. En tal sentido, las entidades que requieran ejecutar un proyecto de inversión y adelantar contratos para dicha ejecución, deben identificar sobre qué proyecto, del banco de proyectos van a realizar dicha contratación. Esto solo se logra a través de la conexión directa entre dos sistemas de información y del entendimiento entre las dos entidades para llevar a cabo este proceso. Botero concluyó que “Con la puesta en marcha de esta Plataforma, Colombia implementa nuevas acciones dirigidas a mejorar la eficiencia y transparencia de la inversión pública, no como un resultado inmediato o de una sola acción, sino como el concurso de diferentes estrategias y actores que, actuando de manera coordinada, fortalecen la gestión de lo público”.  Tomado del Departamento Nacional de Planeación. 

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En 2020 se devolverá el IVA a 300 mil familias colombianas

De acuerdo a la Ley de Financiamiento, aprobada en enero de este año, se acordó la devolución del Impuesto al Valor Agregado (IVA), que debe retribuirles 1.5 billones de pesos a personas en condición de pobreza. En un borrador del Consejo Nacional de Política Económica y Social (Conpes) publicado por el Departamento Nacional de Planeación (DNP) se aspira que en el 2020 el beneficio llegue a 300 mil familias colombianas. Desde el segundo trimestre del año y hasta diciembre de 2022, la entidad iniciará la devolución de los subsidios a las familias de estratos 1 y 2. De acuerdo al informe será un “esquema centralizado de pagos eficiente de las compensaciones del IVA dirigidas a la población más pobre y vulnerable”. Para hacer efectivo el desembolso, el Gobierno utilizará los programas de Familias en Acción (FA) y Colombia Mayor (CM), administrados por el Departamento de Prosperidad Social (DPS). Esta última, realizará la liquidación de las familias en cada ciclo y lo remitirá al operador bancario para proceder con los pagos. El incentivo económico está previsto para “familias en condición de  vulnerabilidad con el fin de contribuir a la superación y prevención de la pobreza y a la formación de capital humano”.  Para priorizar los beneficios del gasto social, el DNP realizará la priorización de los municipios en función de la medida de pobreza multidimensional censal publicada por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). De esta manera, el IVA tiene un carácter altamente regresivo evidenciado en obras y acciones para beneficio de toda la población colombiana. El incentivo se entregará cada dos meses. El programa tendrá un costo de $1,53 billones y se calcula que cada hogar reciba, en promedio, entre $60 mil pesos y $90 mil pesos, de acuerdo con estimativos del DNP. El borrador aún se encuentra en revisión del Conpes.

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Colombia es una economía que genera confianza: OCDE

El presidente Iván Duque se reunió este jueves con el Secretario General de la OCDE, José Ángel Gurría, quien le expuso al Jefe de Estado los resultados del más reciente estudio del organismo sobre la economía colombiana. Colombia ha logrado importantes avances económicos y sociales en las últimas dos décadas. Las políticas macroeconómicas son sólidas y han repercutido en un crecimiento económico sostenido, capaz de mitigar los choques externos. Esta es una de las conclusiones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (Ocde), en su más reciente Estudio Económico de Colombia, en el cual destaca el manejo económico del país y lo presenta como un ejemplo de éxito en América Latina. Allí se precisa que mantener y fortalecer algunas políticas es clave para la sostenibilidad macroeconómica, la atracción de inversión, la productividad y la consolidación de los avances sociales. “Colombia posee una economía resiliente y parece estar preparada para sortear las dificultades de un entorno externo dominado por el proteccionismo y la incertidumbre, aunque debe introducir nuevas reformas enfocadas en incrementar la productividad de la economía”, precisa el informe de la Ocde. En este sentido advierte que si el país quiere lograr un crecimiento más sólido e inclusivo, y reducir su dependencia de los recursos naturales, es necesario adoptar reformas estructurales en materia arancelaria, logística, infraestructura, competencia, formalización e innovación. Con la reducción de la informalidad y el fomento del empleo de calidad se haría extensivo a todos los colombianos los beneficios del crecimiento económico, uno de los más altos de América Latina. El estudio, que fue presentado hoy por el Presidente de la República, Iván Duque, y el Secretario General de la Ocde, José  Ángel Gurría, junto con la Vicepresidenta de Colombia, Marta Lucía Ramírez; el Ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, y el Director del Departamento Nacional de Planeación (DNP), Luis Alberto Rodríguez, insiste en que es necesario diversificar y sofisticar las exportaciones como un motor de crecimiento y generación de empleo de calidad. Impulsar exportaciones y la integración económica El trabajo incluyó un capítulo sobre comercio exterior, en el que se establece la necesidad de diversificar las exportaciones colombianas para que el país logre un mayor espacio en la economía mundial. Para lograrlo recomienda, entre otros aspectos, reducir la dispersión arancelaria, disminuir el uso de barreras no arancelarias, incrementar la eficiencia en la logística aduanera y fomentar la conectividad multimodal. ‘El desafío al que se enfrentan los responsables de las políticas actualmente es llevar la economía por una senda que conduzca a un crecimiento más sólido e inclusivo, que beneficie a un mayor número de colombianos. La implementación de valientes reformas estructurales contribuirá a que Colombia converja hacia los niveles de vida de otros países de la Ocde, materialice su potencial y consiga una economía más inclusiva”, observó Gurría. El Director del DNP, Luis Alberto Rodríguez, calificó de acertado el dictamen de la Ocde y manifestó que son innegables los avances del país en reducción de la pobreza, el aumento en la calidad de vida de la población, el buen manejo macroeconómico y la ampliación de la cobertura en educación, salud y servicios públicos. “En el Plan Nacional de Desarrollo 2018- 2022, Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad, y en la Ley de Financiamiento, incluimos varias de las recomendaciones del estudio de la Ocde, con el fin de contar con un sistema tributario que promueva la competitividad, una economía que genere oportunidades para todos, una política social pertinente para atender las nuevas demandas sociales y un gasto público eficiente”, explicó el funcionario. Además de mejorar la eficiencia en el uso del capital, a través de la reducción de la carga tributaria a las empresas, lo que produce más innovación y eficiencia en el aparato productivo, en el Plan Nacional de Desarrollo se incluyó la apuesta por la mejora regulatoria, pilares que buscan incrementar la capacidad productividad del país y aumentar las exportaciones.  El documento de la Ocde señala que, a fin de garantizar la solidez de las finanzas públicas y conseguir un margen suficiente para hacer frente a posibles choques externos en el futuro, la política macroeconómica colombiana tendrá que ser prudente, dada la incertidumbre en el ámbito internacional. Para lograr ese objetivo, debería reducirse gradualmente el déficit estructural presupuestario al 1% del Producto Interno Bruto (PIB) para 2022, en consonancia con la regla fiscal, y aplicar también políticas sociales orientadas a reducir la desigualdad. Los estudios económicos de la Ocde son revisiones periódicas de las economías de los países miembros y no miembros de la organización. Estos análisis se realizan en un ciclo de dos años. Se trata de un examen exhaustivo de la evolución económica, con capítulos que cubren desafíos claves y recomendaciones de política en distintos ámbitos. (Con información del Departamento Nacional de Planeación)

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Bogotá, ejemplo en manejo fiscal

Bogotá, ejemplo en manejo fiscal Su elección como la ciudad con el mejor desempeño fiscal entre las capitales del país, ha convertido a Bogotá en un referente en planificación, organización y manejo de las finanzas públicas. El puntaje de 83.87 con el que el Departamento Nacional de Planeación (DNP) ubicó a la metrópoli en el ranking, la mantiene en el primer lugar por la generación de recursos propios, el autofinanciamiento de los gastos de funcionamiento, la magnitud de la inversión pública y el respaldo a la deuda. Un reconocimiento, sin duda, a la gestión que viene haciendo la actual administración, a través de la Secretaría de Hacienda. Las inversiones se han focalizado en la recuperación del espacio pública y el mejoramiento de la movilidad. A los resultados de esta medición, se suma el rápido avance que ha tenido la economía de Bogotá frente a la del resto del país. Es por ello que se prevé un crecimiento mayor del Producto Interno Bruto (PIB) impulsado por el consumo de los hogares y las obras de infraestructura pública. Y es, que, como consecuencia de la dinámica urbana de la ciudad, la capital se ha posicionado como el principal centro económico de Colombia y de la región. Según el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas (DANE), las actividades de mayor dinamismo han sido los servicios financieros y sociales. El buen comportamiento se ve reflejado también en el descenso que ha experimentado la tasa de desempleo, lo cual ha permitido revertir la tendencia decreciente que se presentaba en cuanto a participación y ocupación. La gestión realizada en estos tres años, le otorgaron a Bogotá las mejores calificaciones de riesgo crediticio, gracias a su gran desempeño fiscal. El recaudo de impuestos y el cumplimiento de objetivos en esa materia, no solo les han dado solidez a las finanzas de la ciudad, sino que ha garantizado la financiación del Plan de Desarrollo, en el que la movilidad y los programas sociales, han sido una prioridad para la administración. Indicadores que dan confianza Con un crecimiento anual del consumo de hogares superior al 5.0 % real y un aumento en las ventas en el comercio al por menor, los indicadores de confianza alcanzaron los mejores niveles de los últimos dos años en la capital del país. Ese optimismo se ha trasladado a la inversión, con una mayor inyección presupuestal. En esa tarea ha estado al frente la Secretaría de Hacienda Distrital que ha implementado una estrategia financiera, soportada en la gestión de activos, la aprobación de vigencias futuras para la ejecución de proyectos de largo plazo, cupos de endeudamiento y el fortalecimiento de los ingresos corrientes de la ciudad. Como ha sucedido desde que asumió Enrique Peñalosa como alcalde de Bogotá, se continuará impulsando la economía local en el último año de administración, con el emprendimiento de obras como la Primera Línea del Metro; las troncales de TransMilenio; la construcción y pavimentación de vías alternas, andenes y ciclorrutas; reacondicionamiento de parques, y apertura de canchas de fútbol sintéticas, entre otras. El panorama fiscal también es favorable. No se ha suscrito ningún tipo de plan de ajuste, ni se ha incumplido ninguna de las obligaciones financieras. En 2017, el Distrito cumplió los límites de gasto de funcionamiento, bajó el saldo de su deuda pública como porcentaje de sus ingresos corrientes, mejoró la sostenibilidad de su deuda pública y acumuló liquidez suficiente para cubrir sus gastos y pasivos corrientes. Un presupuesto pensando en la ciudad El recaudo de impuestos mejoró de manera significativa. Por mayoría, el Concejo de Bogotá aprobó el presupuesto que presentó la administración para 2019, por $25, 6 billones en el cual quedaron incluidos recursos orientados al desarrollo urbano (con la valorización), y a fortalecer sectores claves para proteger y mejorar la calidad de vida de los habitantes de la capital. El 86 % de este total (22 billones pesos), se destinará a inversión directa e indirecta y el porcentaje restante a gastos de funcionamiento y servicio de la deuda. Según la secretaria de Hacienda, Beatriz Elena Arbeláez Martínez, se priorizaron las partidas para temas de impacto social como educación, con 4,1 billones de pesos; salud, con 2,6 billones, e integración social, con 1,3 billones. El presupuesto para seguridad será de 418.634 millones, luego de su aumento para el fortalecimiento de los organismos de vigilancia del Distrito y nuevos y mejores equipamientos de justicia para Bogotá. Sin embargo, algunos concejales han pedido revisar el monto para combatir delitos como el hurto, las lesiones personales y el atraco en las calles. Los recursos para integración social serán de 1,3 billones de pesos, los cuales estarán dirigidos a la primera infancia; la adolescencia; el adulto mayor; los habitantes de calle y la población venezolana que ha llegado a la ciudad, ante la crisis que vive el vecino país. Sectores priorizados La secretaría de Hacienda, Beatriz Arbeláez. Entre los sectores priorizados, se encuentra el de la movilidad, cuyos recursos ascienden a 5 billones de pesos, los cuales serán destinados a troncales, ciclorrutas, recuperación de la red vial y las obras aprobadas en valorización. Entre los proyectos emblemáticos que deben comenzar en los próximos meses, se destacan la Primera línea del Metro, la planta de tratamiento del Río Bogotá y la transformación del Bronx. “Este presupuesto, permitirá sin duda, seguir avanzando en la construcción de la nueva Bogotá”, dijo la secretaria de Hacienda. Y es que se espera que la construcción del nuevo modelo de transporte masivo mejore no solo la movilidad de la ciudad, sino que sirva de aporte al crecimiento de la economía de la capital por sus efectos sobre el resto del sistema productivo nacional, ya que no solo contribuirá a generar empleos, sino que beneficiará a proveedores de servicios de limpieza y seguridad. RECAUDO DE IMPUESTOS La meta de cumplimiento ya llega al 66,8 % sobre los $ 8,88 billones estimados. El recaudo tributario en Bogotá alcanza a la fecha 5,9 billones de pesos, que representan un incremento del 6,3 %, frente al mismo periodo del

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Pitalito continúa mejorando en desempeño integral, según DNP

Una mejoría registró el municipio de Pitalito en la vigencia 2017 dentro de la evaluación que adelanta el DPN a los entes territoriales. El municipio de Pitalito ocupa el primer puesto a nivel Departamental y Regional, compitiendo con 115 Municipios del Centro Sur, en la Evaluación de Desempeño Integral del 2017 emitida por el Departamento Nacional de Planeación (DNP). Este índice permite evaluar el desempeño de las entidades territoriales en cuanto a la eficacia en el cumplimiento de las metas de sus planes de desarrollo, en la provisión de los servicios básicos, el cumplimiento de los requisitos de ejecución presupuestal definidos por Ley y la gestión administrativa y fiscal. A nivel nacional, Pitalito se ubica en el cuarto lugar entre 1.101 municipios del territorio colombiano, avanzando diecinueve posiciones, con respecto a lo obtenido el año inmediatamente anterior, en el cual ocupó el puesto 23.

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Presidente Iván Duque revela metas del Plan Nacional de Desarrollo

En el marco de celebración de los 60 años del Departamento Nacional de Planeación (DNP), el presidente Iván Duque presentó las bases del Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2018-2022, un pacto para construir una Colombia en la que impere la legalidad con seguridad y justicia, el emprendimiento como eje del desarrollo económico y social y equidad para que todos los colombianos tengan igualdad de oportunidades.      El documento, denominado ‘Pacto por Colombia, pacto por la equidad’, fue entregado al Consejo Nacional de Planeación (CNP) que lo analizará para hacer sus recomendaciones. “Este es un pacto por la igualdad de oportunidades para todos los colombianos en condiciones de legalidad. Este plan le apunta a grandes metas como el aumento en la productividad, la transformación digital de la sociedad y el acceso masivo a educación superior de jóvenes pobres y vulnerables y la sostenibilidad de un sistema de salud de calidad”, dijo el mandatario. El PND tendrá un Plan Plurianual de Inversiones (PPI) que asciende inicialmente a $1.100 billones de 2018, de los cuales más de $520  billones, cerca del 50%, estarán dirigidos a programas y políticas para el logro de la equidad social. Se implementará en todas las regiones del país para impulsar los proyectos e iniciativas priorizadas en el proceso participativo (talleres regionales y departamentales) que está adelantando el Departamento Nacional de Planeación por todo el territorio. La hoja de ruta de la administración Duque contempla estrategias encaminadas a avanzar en el cumplimiento de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y está en concordancia con las buenas prácticas de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Metas del PND a 2022 Una de las grandes apuestas de este Plan de Desarrollo es reducir la pobreza y la desigualdad y avanzar en la equidad. Por esa razón se prevé disminuir la pobreza monetaria del 26,9% en 2017 a 21,0% en 2022, lo que significa una caída de 5,9 puntos porcentuales y 2,9 millones menos de población pobre en el país. En pobreza extrema monetaria este Plan tiene proyectado bajarla de 7,4% en 2017 a 4,4% en 2022, lo que representa una variación de 3 puntos porcentuales, esto es 1,5 millones menos de pobres extremos. En el PND se contempla, además, disminuir la pobreza multidimensional de 17,0% en 2017 a 11,9% en 2022, para un descenso de 5,1 puntos porcentuales y una reducción en 2,5 millones de pobres multidimensionales. En crecimiento de la productividad, la meta del Plan es aumentar a 1,1 puntos porcentuales (0,45 pp adicionales) al finalizar el Gobierno Duque en 2022, mientras en inversión se busca subir de 22,3% a 26% del PIB. En empleo, crear 1,6 millones adicionales de puestos de trabajo en los cuatro años. En educación, la meta es alcanzar 2,2 millones de cupos en educación inicial y 840.000 adicionales en preescolar. Beneficiar a 336.000 estudiantes pobres y vulnerables con acceso a educación superior. También se abrirán 500.000 cupos adicionales en el programa Jóvenes en Acción. En vivienda, la apuesta es iniciar la construcción de 520.000 unidades VIP y VIS y apoyar de manera contundente los programas de mejoramiento de vivienda. Las metas en emprendimiento son la reducción al 50% de la tasa de informalidad laboral, y la racionalización de 1.200 trámites de alto impacto con el programa Estado Simple, Colombia Ágil. El Pacto por la legalidad, cuyos componentes son la justicia transparente y la seguridad efectiva para todos, le apunta a la disminución de los delitos, la lucha frontal contra las economías ilegales y organizaciones criminales, y el combate efectivo a la corrupción. La formulación de la Política Nacional de Convivencia y Seguridad Ciudadana, el aumento en el acceso a la justicia, la definición de una Política Integral de Fronteras y de una política de inclusión y participación ciudadana, son otras metas que se buscan con dicho pacto. Después de que el Consejo Nacional de Planeación (CNP) haga sus recomendaciones sobre las Bases del Plan se procederá a la redacción del proyecto de Ley que se radicará el 7 de febrero de 2019 en el Congreso de la República. El 7 de mayo de 2019 es el plazo máximo para la aprobación del Plan del cuatrienio 2018- 2022 ‘Pacto por Colombia, pacto por la equidad’. Entre noviembre y enero próximo se continuarán realizando por talleres y diálogos por todo el país.   Con información del DNP    

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