julio 16, 2024
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CAR

Gremios de Atlántico y Bolívar plantean reversar incremento del 150% en sobretasa destinada al Fondo de Seguridad Vial

Con el propósito de garantizar la construcción y mantenimiento del corredor de carga que une a Cartagena y Barranquilla y la sostenibilidad de la Concesión Autopistas del Caribe, los gremios de Atlántico y Bolívar le plantearon al Gobierno nacional dos propuestas concretas: 1. Echar para atrás el incremento del 150% de la sobretasa que se recauda en todos los peajes del país, la cual es manejada por el INVÍAS y va destinada al Fondo de Seguridad Vial (FOSEVI) y específicamente a financiar el Programa de Seguridad en Carreteras Nacionales. Esta sobretasa estaba en $200 pesos, pero a partir del 16 de enero de 2024 subió a $500 pesos. No se entiende que, si el objetivo general es cobrar unas tarifas de peaje que correspondan a la capacidad de pago de los usuarios y aseguren la sostenibilidad de los concesionarios viales, el Gobierno nacional aplique incrementos de esa magnitud en dicha sobretasa. La forma más eficaz de “garantizar la movilización de personas o vehículos mediante el uso de la infraestructura en condiciones de calidad y seguridad”, que es el objetivo del citado programa, es el fortalecimiento del sistema de concesiones que permite tener vías con altos niveles de servicio y hacer los mantenimientos requeridos para preservarlas. 2. Fijar una tarifa diferencial unificada de $1.800 pesos, más la sobretasa del Fondo de Seguridad Vial (FOSEVI) en las 6 estaciones de peaje de Ruta Caribe 2 para usuarios permanentes o frecuentes de esta vía. Este componente del esquema tarifario de los peajes ya se aplica con éxito en otras carreteras del país y refuerza el principio de equidad sobre el cual se basa el modelo de concesiones de que las vías las paguen, mediante dichos cobros, exclusivamente quienes las utilizan. Los gremios señalaron que la cancelación de este proyecto de ampliación a doble calzada del corredor de carga Cartagena-Barranquilla, tendría un impacto negativo para la competitividad regional, en especial para los departamentos del Atlántico y de Bolívar y el desarrollo de los más de 15 municipios de su zona de influencia, dada la necesidad de atender el actual movimiento de carga, y las expectativas de incremento derivadas de la mayor producción agro e industrial allí localizada. Al justificar la necesidad de evitar la cancelación de este proyecto, señalaron: • En la zona de influencia de este corredor de carga está el Distrito de Riego de Repelón hay 2.600 hectáreas sembradas de limón, palma, y plátano con ventas anuales proyectadas de $86 mil millones por 25 años y la generación de 2.600 empleos directos e indirectos, beneficiando a pequeños agricultores. El potencial de este desarrollo puede llevar a duplicar el área sembrada. • La construcción y el mantenimiento de la doble calzada de esta vía en el tramo que cubre a Galapa ha sido factor clave para la instalación de 60 medianas y grandes empresas en los últimos años. Además, hay un alto potencial de vinculación de nuevas compañías en el área colindante con Barranquilla y otros municipios de la zona como Baranoa y Sabanalarga, especialmente en proyectos de generación de energía fotovoltaica. • La Concesión Autopistas del Caribe conecta a Barranquilla y Cartagena, cuyos puertos movilizan anualmente 50 millones de toneladas de carga, y complementará la infraestructura de soporte para el Nuevo Aeropuerto de Cartagena. Es un proyecto fundamental para la consolidación de la región como plataforma exportadora de Colombia. Finalmente, los gremios de Atlántico y Bolívar recordaron que el Departamento Nacional de Planeación ha señalado que para lograr que Colombia sea más productiva y competitiva y pueda avanzar en la reducción de los indicadores de pobreza, es imperativo que se mejoren las condiciones logísticas, así como los costos y la eficiencia, lo que requiere mejorar la conectividad actual, uniendo zonas rurales con los principales mercados, los aeropuertos y las zonas portuarias.

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Preocupa intromisión del Gobierno Nacional en los procesos de elección de directores de las CAR

ASOCARS destaca el ejercicio de la Procuraduría General de la Nación, que más que generar alertas mediáticas, y sin comprometer su competencia en su función de control disciplinario, ha asumido acciones efectivas en su función preventiva, al expedir recomendaciones para orientar las decisiones de los Consejos Directivos y acompañar los procesos de elección de los Directores de las CAR. Un llamado a discutir y decidir en las instancias y ante entidades competentes, los asuntos concernientes a los procesos de elección de los directores generales de las Corporaciones Autónomas Regionales y de Desarrollo Sostenible, realizó la Asociación de Corporaciones Autónomas Regionales y de Desarrollo Sostenible Asocars. “Las CAR son entes autónomos del orden nacional, en los qué, para efectos de los procesos de elección de sus directores, son los Consejos Directivos de cada corporación, de los cuales hacen parte la Ministra de Ambiente directamente o a través de sus delegados, y un delegado del Presidente de la República, los competentes para adelantarlos. No es procedente que el Gobierno Nacional a través de otras figuras, instancias o funcionarios, intervenga en actuaciones administrativas, que desarrollan organismos autónomos, cuando además existe el acompañamiento preventivo que viene adelantando la Procuraduría General de la Nación, en desarrollo de sus funciones y competencias constitucionales y legales”, dijo Ramón Leal Leal, director de Asocars. La preocupación de Asocars radica en la intromisión del gobierno nacional en los procesos de elección de organismos autónomos como las CAR, mediante la desinformación que se ha dado con la campaña mediática adelantada por la Ministra de Ambiente, donde no se observa imparcialidad en la información suministrada a la opinión pública, ya que solo se centra en los aspectos, que, a juicio del ministerio, son contrarios de los criterios orientadores de los procesos. Además, que buscan hacer valer la posición del gobierno nacional respecto de las discusiones y las decisiones que se toman en los Consejos Directivos, omitiendo, informar a la comunidad el avance positivo de los 21 procesos de elección que a la fecha han culminado, de los cuales 17 se adelantaron conforme el cronograma establecido y 4 finalizaron luego de resolver acciones de tutela o recusaciones, dando cumplimiento al marco normativo vigente y las decisiones del Consejo Directivo. De los 12 procesos pendientes, 4 avanzan conforme el cronograma inicial, 7 continúan suspendidos por recusaciones o acciones de tutela pendientes de decisión, y 1 se reanudó, luego de resolver la recusación que hacía trámite ante la Procuraduría. “Desde Asocars resaltamos que varios procesos de elección se adelantaron sin recusaciones o tutelas, o habiéndolos, se resolvieron y los procesos culminaron conforme al cronograma, y en todo caso la comunidad sabe que existen las acciones judiciales que contempla el marco normativo vigente para efectos de acudir, como lo hemos señalado, ante las instancias competentes para que se decida de fondo acerca de las inquietudes de la comunidad”, señaló Leal. Para garantizar la transparencia y el desarrollo de estos procesos conforme al marco normativo vigente, la Procuraduría General de la Nación, en función preventiva ha participado activamente a través de la emisión de pronunciamientos en relación con los procesos y la delegación de funcionarios específicos para cada uno de ellos. Los procesos iniciaron el pasado 1 de octubre y culminan el 31 de diciembre, en cumplimiento de la ley. En las CAR también se adelantan los procesos de elección de otros miembros de Consejos Directivos como ONG Ambientales y representantes del sector privado, para los cuales cada Corporación se ha preparado y organizado para brindar el apoyo legalmente permitido. La invitación a la Ministra de Ambiente y al Gobierno Nacional es a trabajar de la mano con las 33 Corporaciones Autónomas, sin condicionamientos distintos al cumplimiento de lo que establecen la Constitución Política y la Ley. Así como a fortalecer las regiones desde lo ambiental, de cara al período 2024-2027, para hacer de Colombia, a partir de sus regiones, y con la institucionalidad ambiental presente en el territorio por más de 30 años de existencia del SINA, una verdadera potencia mundial de la vida. Tomado de la CAR

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