diciembre 4, 2025

#ContraloríaGeneralDeLaNación

Proyecto de viviendas de interés social en Barrancas, La Guajira avanza en un 67%

La Contraloría General de la Nación hizo seguimiento a las obras La entidad proyecta que 200 viviendas de interés social en Barrancas, La Guajira serán entregadas en el primer trimestre del 2026 beneficiando a 740 personas. El avance de la obra se encuentra en un 67 % y su financiación es con recursos de las regalías por un valor de 31 mil 571 millones de pesos. El vicecontralor de la entidad, Carlos Mario Zuluaga manifestó: “Estas viviendas van a cambiar la calidad de vida de las personas. El proyecto tenía un avance del 10 % y ahora está cerca de su culminación para el próximo año”. Mejoramiento de viviendas en La Guajira La entidad departamental contempla la ejecución de obras al interior de viviendas con un techo presupuestal de 12 salarios mínimos mensuales vigentes en zonas urbanas y hasta 18 salarios mínimos en zonas rurales. El proyecto busca adecuar las cocinas, baños, lavaderos, reparación de puertas, ventanas, muros, entre otros, según información de la entidad en su portal web. Este beneficio será para diferentes barrios de Riohacha, Maicao, San Juan, Uribia además de las comunidades Kasuchi en el corregimiento del Cabo de la Vela y los Olivos de Cardón. Cabe resaltar que las condiciones sociales y jurídicas para acceder a esta ayuda es que los ingresos familiares sean iguales o inferiores a 4 salarios mínimos, pertenecer al Sisbén IV de los grupos A al C y no haber recibido subsidios de vivienda en los últimos 10 años.

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Salarios atrasados de hasta ocho meses generan colapso laboral en el Hospital Universitario de Sucre

En Sincelejo, la rutina hospitalaria se sostiene a punta de resignación y deuda. Desde abril de 2025, más de un centenar de trabajadores del Hospital Universitario de Sucre (HUS) decidieron parar. Les deben los sueldos de abril, marzo, febrero y noviembre–diciembre de 2024. De 2025, solo han visto el salario de enero, como si trabajar por meses sin paga fuera parte del contrato. Esta no es una crisis nueva, solo más cruda El colapso no cayó del cielo. En agosto de 2024, los empleados llevaron sus denuncias al Ministerio de Salud tras tres meses sin cobrar en planta y hasta nueve entre los tercerizados. En junio, el malestar se hizo protesta, con ceses de actividad y pancartas que nadie quiso leer. Para enero de este año, hubo abonos parciales: “un mes aquí y otro allá” pero el retraso seguía siendo la regla, no la excepción. La fusión prometió orden pero trajo confusión El HUS, que surgió como el nodo principal de la red de salud pública tras una ambiciosa fusión departamental, terminó convirtiéndose en símbolo de desorden. Las promesas de eficiencia quedaron enterradas bajo despidos injustificados, contratos opacos y un sistema de pagos que se parece más a una ruleta que a una política pública. La Superintendencia Nacional de Salud ha visitado el hospital varias veces entre 2024 y 2025, constatando lo que ya todos saben y es que hay médicos rurales, conductores y auxiliares con hasta ocho meses de salario caído. “Nos dicen muertos de hambre y lo somos” El punto de quiebre llegó hace unas semanas. No fue una protesta con pancartas ni una carta formal con membrete institucional, fue una carta colectiva escrita por empleados de planta, cooperativas y OPS que decidieron llamarse como ya los llama su propio gerente: “los muertos de hambre”. En la misiva, dirigida al Presidente, la Gobernadora, la Contraloría, la Procuraduría y todos los que quieran oír, detallan lo que viven cada mes: los de planta con cuatro meses sin sueldo, los tercerizados con ocho, y el personal por OPS simplemente olvidado. Cuando exigen su paga, denuncian que son recibidos con desprecio. “Nos atiende mal. Nos dice ‘muertos de hambre’. Y es cierto. Parecemos mendigos pidiendo lo que ya trabajamos”, escribieron. ¿Y el dinero? Pregunta sin respuesta Ellos mismos se han encargado de rastrear los ingresos. El hospital no está vacío ni quebrado, pues recibe giros directos de ADRES, transferencias de EPS como Nueva EPS y Asociación Mutual Ser, recaudos diarios de facturación, pagos del SOAT, estampillas hospitalarias y otros aportes de la Gobernación, pero el dinero no aparece en las nóminas. Mientras tanto, se exige puntualidad, compromiso y hasta buena cara. Los estragos ya son visibles en sus casas, con servicios públicos suspendidos, hijos devueltos de los colegios, pasajes impagables. Y si llegan tarde por no tener cómo transportarse, se enfrentan a llamados de atención. La salud, también en cuidados intensivos No es solo el personal el que sufre. En julio de 2023, 14 médicos especialistas renunciaron tras acumular 16 meses sin sueldo. Se cerraron servicios vitales como cirugía pediátrica o cardiología. La crisis dejó sin atención a miles de niños y madres en riesgo. ¿Y las autoridades? El ministro de Salud visitó el hospital en un foro reciente, escuchó los reclamos, prometió mejorar infraestructura, habló de auditorías futuras, pero también dijo, con franqueza, que el pago de salarios no es competencia suya sino de la Gobernación de Sucre. Una verdad incómoda, pero cierta. La Supersalud sigue haciendo visitas, pero no basta con inspeccionar una y otra vez lo que no cambia. Los trabajadores lo saben, por eso esta vez no pidieron nada y contaron lo que viven, con crudeza, sin adornos. “Muertos de hambre”, sí. Pero con la dignidad intacta para contarlo. Tomado de: El Heraldo

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La Contraloría advierte del riesgo de desabastecimiento energético

El ente de control fiscal realizó un llamado urgente al Gobierno Nacional para poner al día las deudas acumuladas de subsidios, que rondan en aproximadamente 3 billones de pesos. El Comité Intergremial de Energía y Gas informo que, las deudas acumuladas por subsidios, que el Gobierno nacional debía girar a través del Presupuesto General de la Nación (PGN), suman $2,7 billones para energía eléctrica, $3,3 billones por opción tarifaria y un billón por deuda de usuarios oficiales y en lo que compete a gas $628.000 millones para gas natural al cierre de 2024. Este monto representa anualmente el 60% de los recursos necesarios y sigue incrementando. Esto reduce la liquidez de las empresas, amenaza con el desmonte de subsidios y podría traducirse en un alza de tarifas que perjudicarían a los hogares más vulnerables. Dichas deudas estarían afectando a los estratos 1, 2 y 3 del país, quienes se ven beneficiados de estos subsidios, podrían verse perjudicados por el alza de recibos de los servicios prestados. Además, la entidad destacó que es necesario tomar medidas para evitar un razonamiento de energía en todo el país, o incluso apagones que retrasarían el desarrollo de actividades que contribuyen al país. Así, quedó plasmado en el estudio sectorial sobre Seguridad Energética. También, estas fallas comprometen los objetivos de calidad, acceso equitativo y sostenibilidad financiera de los programas, además de poner en riesgo la transparencia en el manejo de los recursos públicos. A mediados de noviembre del 2024, Carlos Hernán Rodríguez Becerra, contralor general informó acerca de la importancia de tomar acciones preventivas para evitar el desabastecimiento de energía. Actualmente, los riesgos continúan y la Contraloría convoca a las demás autoridades a enfocar esfuerzos en el trabajo articulado, con el fin de evitar posibles daños en el patrimonio.

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Imputan Cargos Disciplinares al Exalcalde Juan Carlos Suaza Movil de Riohacha

La Procuraduría General de la Nación ha formulado cargos disciplinarios contra el exalcalde del Distrito Especial, Turístico y Cultural de Riohacha, Juan Carlos Suaza Movil, en relación con la revisión de la estratificación urbana llevada a cabo en 2019. Según la entidad, Suaza Movil suscribió un contrato para adelantar este proceso sin contar con el concepto previo del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), un requisito indispensable para realizar una nueva estratificación del municipio. El Ministerio Público, argumenta que la administración de Riohacha ya tenía conocimiento desde 2016 sobre la necesidad de obtener este concepto previo y por tanto, debió solicitarlo antes de proceder con la contratación. Esta omisión, a juicio del ente de control, habría vulnerado los principios que rigen la contratación estatal y los deberes del exalcalde en su rol de jefe de la actividad contractual y de los procesos de selección del ente territorial. La presunta falta cometida por Suaza Móvil ha sido provisionalmente calificada como una falta gravísima, La Procuraduría continuará con el proceso disciplinario para determinar las responsabilidades definitivas en este caso y ejecutará las posibles sanciones que correspondan. Adicional a esto, se formularon cargos por presuntas irregularidades en las obras del acueducto y el alcantarillado en el momento de su administración. Las obras no fueron entregadas en las fechas establecidas y no se garantizó el mantenimiento de las mismas “Al verificar el estado de las obras construidas, estas no están prestando ningún servicio a la comunidad, se evidenció que las obras fueron entregadas, pero no se les tiene garantizados la operación y mantenimiento, lo que pone en riesgo la funcionalidad y la sostenibilidad del proyecto”. agregó la Procuraduría

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Contralor General pide Compromiso en la Financiación de Universidades Públicas

La financiación de las universidades públicas en Colombia ha vuelto a ser noticia tras las recientes declaraciones del Contralor General Carlos Rodríguez Becerra, quien ha solicitado un firme compromiso en la asignación de recursos y la resolución de las crecientes preocupaciones en torno a los pasivos pensionales de estas instituciones. En esta petición, destacó que las universidades enfrentan un grave déficit monetario. Según Rodríguez Becerra, “esto está generando riesgo de estabilidad de algunas universidades públicas”. Además, sugirió que es urgente revivir el debate sobre la reforma de los artículos 86 y 87 de la Ley 30 de 1992, con el objetivo de garantizar una financiación adecuada que permita a cada universidad cubrir sus necesidades sin comprometer la calidad educativa. Uno de los ejemplos más preocupantes que citó fue el de la Universidad del Valle, que ha enfrentado problemas significativos con el bono de pensiones del primer semestre de 2024. Rodríguez Becerra reveló que, en lugar de recibir los 54 mil millones de pesos esperados en enero, la universidad sólo ha recibido estos fondos en agosto. La situación se agrava por un déficit acumulado de 38 mil millones de pesos en 2023, el cual se espera que crezca a lo largo del presente año. El Contralor, trasladó su inquietud al Ministro de Educación, instándolo a revisar y abordar la situación con urgencia. Enfatizó que es crucial asegurar que la financiación no solo cubra las necesidades actuales, sino que también permita una planificación efectiva a largo plazo para evitar la erosión de la calidad educativa y la estabilidad financiera de las universidades públicas. Esta situación, resuena como un urgente recordatorio de la necesidad de una política de financiación sólida y sostenible, capaz de enfrentar los desafíos de una educación superior en expansión y garantizar la estabilidad y calidad de las instituciones educativas del país.

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Aumento del 344% en presupuesto e irregularidades en la Unidad de Gestión del Riesgo durante 2023

La Contraloría General de la República informó sobre un notable aumento del 344% en el presupuesto destinado a la Gestión del Riesgo durante el año 2023, todo bajo la dirección de Olmedo López. Según el informe, los fondos asignados inicialmente de $657.727 millones se incrementaron a más de $2 billones. El informe también señaló la existencia de múltiples irregularidades durante ese periodo, que incluyen hallazgos administrativos con un impacto fiscal significativo de $8.498 millones y posibles incidencias disciplinarias en 16 casos. Entre las irregularidades destacadas, se mencionó el gasto indebido de $10.247 millones, destacando inversiones controvertidas como la construcción de viviendas en Providencia tras el paso del huracán Iota, por un monto de $2.564 millones, y problemas similares en proyectos de mitigación de emergencias en Mocoa y la construcción de albergues en Florida, Nariño. Además, la Contraloría emitió una opinión desfavorable sobre la ejecución presupuestal de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), calificándola como “No Razonable”. Se destacó una tendencia preocupante hacia el manejo ineficiente de las reservas presupuestales, con un acumulado de recursos sin utilizar que alcanza los $2.9 billones, evidenciando deficiencias en la planificación y ejecución de recursos a lo largo de las vigencias 2021 a 2023, donde se ha observado un aumento significativo en los montos asignados. Este análisis de la Contraloría subraya la necesidad de mejorar los controles y la transparencia en la gestión de recursos públicos destinados a la Gestión del Riesgo en Colombia.

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Contraloría abren proceso de responsabilidad fiscal a Minhacienda

En una acción de responsabilidad fiscal, la Contraloría General de la Nación anunció la apertura de un proceso a Ricardo Bonilla actual ministro de Hacienda, así como a otros funcionarios por su responsabilidad en los pagos dobles y triples que salieron de manera errada de las arcas de la entidad el 24 de noviembre de 2023 por un monto que alcanza los $1.624 millones. Este proceso de responsabilidad fiscal también recae sobre el viceministro general, Diego Guevara, y otros cinco funcionarios de esa cartera. El ente también aseguró que “En esta decisión adoptada por la Contraloría Delegada para la Responsabilidad Fiscal, Intervención Judicial y Cobro Coactivo, a través de la Contraloría Delegada Intersectorial No. 1, se vincularon como terceros civilmente responsables a 4 compañías aseguradoras, para garantizar el resarcimiento del perjuicio ocasionado”. Contexto Como es del conocimiento público el inconveniente fiscal se dio tras el pago de las nóminas adicionales a diversos servidores públicos, los cuales se efectuaron con cargo al Presupuesto General de la Nación. Ante lo expuesto la entidad refiere que en el trámite hubo erogaciones de dos o tres veces más de la asignación que correspondía, por un monto superior al medio billón de pesos. “Fue así como se hizo un seguimiento detallado a los recursos que iban retornando a las arcas del Estado, bien por reversos bancarios, consignaciones voluntarias y débitos de nóminas, entre otros”, indica el documento de la Contraloría. Solo se devolvieron $663.755.200.394 Detalla la Contraloría además que de los dineros salientes tras la emisión de los pagos de nóminas fueron devueltos al Tesoro Público un total de $663.755.200.394, quedando pendiente a la fecha un saldo de $1.624.181.986,4 por recuperar, que incluye el Gravamen de Movimientos Financieros cobrado por la única entidad bancaria que lo aplicó. ¿Qué dijo el Ministro? Por su parte Bonilla, expresa al respecto que una parte de ese saldo pendiente es de difícil cobro toda vez que fueron entregados a funcionarios del Ejército Nacional y otras entidades se encuentran en situación de retiro, inactivos, fallecidos o embargados.

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UNGRD en la mira de la Contraloría por contrataciones de los últimos 4 años

La Contraloría General de la Nación, indaga los procesos de contratación que llevó a cabo la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), durante los últimos cuatro años. El resultado de este proceso será puesto en manos de la Unidad Anticorrupción de la entidad. “Hemos ordenado que los hechos de alto impacto nacional desarrollados en la unidad durante los últimos cuatro años, no solamente este año y medio, sino cuatro años, sean trasladados todos a la unidad anticorrupción de la Contraloría”, la información fue dada a conocer por Carlos Zuluaga, contralor encargado de la República. El Alto funcionario indicó “En virtud de eso, ustedes vieron que nosotros, desde el año pasado, suspendimos al director de la unidad, fuimos la primera entidad en hablar sobre las irregularidades que tenía la unidad de gestión del riesgo”. Zuluaga aseguró además que sobre la investigación sobre los carros tanques, se determinó que había un sobrecosto inicial de 7.760 millones de pesos. Ante el panorama el ente ordenó el embargo de las cuentas y bienes de los involucrados en este proceso, entre quienes se cuenta al exdirector de la UNGRD Olmedo López y Sneyder Pinilla. “Hoy hemos ordenado a la Contraloría, a los equipos, embargar las cuentas y los bienes de exdirectores que estuvieron en contrataciones relacionadas con ‘Caregato’”. Asimismo, la Contraloría dejó en claro que se iniciaron procesos de responsabilidad fiscal y que todas las inversiones realizadas han tenido dificultades para materializar el beneficio real a las poblaciones en La Mojana. Cabe destacar que las órdenes de embargo alcanzan también a exdirectores, contratistas y personas que participaron en los diferentes contratos que se han ejecutado en el proyecto de ‘Caregato’. “por lo menos de los últimos seis años están vinculados al proceso de responsabilidad fiscal. Ellos como directores, secretarios generales, contratistas, aseguradoras, y a partir de hoy, se están decretando en la mañana de hoy, embargos en el marco del proceso de responsabilidad fiscal aperturados los bienes de estas personas”.

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Contraloría revisará estado de helicópteros varados en Tolemaida

La Contraloría General en cabeza del encargado Carlos Mario Zuluaga, anunció que se trasladará al Fuerte Militar de Tolemaida, ubicado en el municipio de Nilo, Cundinamarca a verificar el estado de los 19 helicópteros rusos que estarían varados en la base militar, al parecer por falta de mantenimiento. Para cumplir esta visita se trasladará a la base, un equipo especial conformado por miembros de la Contraloría, en los próximos días, según declaraciones de Zuluaga “Se inicia una actuación especial de fiscalización que permita verificar que hemos decidido activar una actuación especial de fiscalización, que permita verificar el estado real de los 19 helicópteros M1 que se encuentran hoy en propiedad de las fuerzas militares de Colombia”. A juicio de la Contraloría se podría estar frente a un detrimento patrimonial por la depreciación del valor de las aeronaves por la falta de mantenimiento de las mismas. “Lo que estamos viendo es que se va generando un deterioro progresivo de esta flota de helicópteros, que no solamente disminuye la capacidad operativa, sino que puede estar ocasionando un detrimento patrimonial porque un bien comprado que tiene una vida útil y la vida útil se garantiza haciendo los mantenimientos, haciendo la adquisición de repuestos”, explicó Carlos Mario Zuluaga.

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