julio 30, 2026

Congreso de la República

Plenaria del Senado aprueba Fondo para Estabilización de Precio del Café

La iniciativa, cuyo autor es el presidente del Senado, Ernesto Macías, responde a una solución a la actual crisis del sector. Contribuir a la estabilización de los ingresos de los productores de café y protegerlos de los precios bajos con su estructura, finalidades, funciones y recursos para su capitalización y financiamiento es el objeto del proyecto de ley que fue aprobado en la plenaria del Senado, en su segundo debate. La propuesta, cuya autoría es del actual presidente del Senado, Ernesto Macías y del representante Rubén Molano, responde a las necesidades del ejercicio de la caficultura en el país, “si se tiene en cuenta que es una actividad en la que predominan los pequeños productores, siendo un 95,8 por ciento de los caficultores los que desarrollan su oficio en latifundios de cinco hectáreas o menos”. Es decir, que de los más de 578 mil predios cafeteros, 554.587 son de los pequeños productores, representando el 73 por ciento del total del área cultivada en el país. Se trata entonces de un mercado en el que su mayor representante es una población “vulnerable”, desde una perspectiva socioeconómica. En Plenaria del Senado dimos un paso más, al aprobar en segundo debate mi proyecto que crea el Fondo de Estabilización de Precios del Café. El Gobierno del Pte ⁦@IvanDuque⁩ le dio la viabilidad financiera. pic.twitter.com/J9cdBZjJbU — Ernesto Macías Tovar (@ernestomaciast) 22 de noviembre de 2018 En la ponencia, elaborada por el senador Rodrigo Villalba, se indica que el proyecto beneficiará a cerca de 555.692 familias cafeteras, productoras de 931.746 hectáreas en café, permitiéndoles generar una estabilización de sus ingresos. A su vez, el senador Ernesto Macías explicó que el Fondo permitirá una entrada remunerativa para los cultivadores del grano, mediante el financiamiento de primas para acceder a los mecanismos de estabilización de los precios del café pergamino seco, que se establezcan en el marco de la presente ley. Así mismo señaló que organismo será administrado por la Federación Nacional de Cafeteros y el Gobierno Nacional suscribirá el contrato correspondiente, en el cual se señalarán los términos y condiciones bajo los cuales será orientado y definirán las responsabilidades de las partes para atender lo relacionado con la estructuración, auditoría, e implementación de los mecanismos de estabilización. Es de señalar que dentro del articulado se establece que la Federación Nacional de Cafeteros manejará los recursos que conforman el Fondo de Estabilización de Precios del Café de manera independiente de sus propios recursos y de los del Fondo Nacional del Café, para lo cual deberá llevar una contabilidad separada, de forma que en cualquier momento se pueda establecer su estado y el movimiento de los recursos provenientes de cada una de sus fuentes. Se resalta en el texto del documento que el Comité como órgano de dirección del Fondo de Estabilización de Precios del Café cumplirá funciones como la de determinar las políticas y lineamientos para el manejo del Fondo de Estabilización de Precios del Café, expedir su reglamento operativo, así como de los mecanismos que se adopten para su operación como determinar los parámetros de precios y procedimientos. De la misma manera tendrá que evaluar y establecer una política de gestión del riesgo financiero de precios y demás variables que determinan el valor interno del grano, entre otros. Con información del Senado de la República

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“Le apuntamos al trabajo social”

Desde el departamento del Atlántico, Modesto Aguilera, un abogado apasionado por los asuntos públicos y la educación, decidió apostarle al Congreso de la República, institución donde hoy ocupa una curul como representante a la Cámara por su tierra, para cumplir el sueño que siempre ha tenido como servidor innato del pueblo: entregar, ahora desde su nueva posición, resultados tangibles para contribuir en la solución de las necesidades que aquejan a los atlanticenses, incluida la salud y los servicios básicos. La salud, la educación, la primera infancia, la atención a los adultos mayores y los debates de control político hacen parte de la agenda que como congresista se propone impulsar en este cuatrienio, en el que se la jugará a fondo por lo social. Soportado en su amplia experiencia como funcionario público, Aguilera espera ayudar no solo al departamento del Atlántico, sino a toda la región caribeña para poner fin a las “talanqueras” que por años han frenado su desarrollo y las posibilidades de ofrecer mejores condiciones de vida a la población. Es por ello que promueve, junto con la bancada de Cambio Radical, su partido, iniciativas que le representen beneficios a la comunidad. Prioridades Su prioridad como congresista es el fortalecimiento de la educación, a la que considera vital para empujar el desarrollo de un país. Por eso, sus esfuerzos se concentrarán en lograr que el Gobierno Nacional invierta muchos más recursos en ese sector para elevar su cobertura y calidad. El representante tiene claro que con acceso a la enseñanza y formación se cierran las puertas a la posibilidad de que los jóvenes ocupen su tiempo en acciones ligadas a la delincuencia común. “Tenemos que dirigir la mayor inversión a la universidad pública, porque ahí es donde va la gente con menos recursos de nuestro departamento”, afirma Aguilera. Otro de sus frentes de trabajo está focalizado en la población del adulto mayor. El tema de atención a los “abuelitos” es importante para el congresista, entre otras razones, porque el porcentaje de cobertura en los centros no es suficiente, y sus condiciones de vida se reducen a la mendicidad. Sur del Atlántico Uno de los propósitos del representante es impactar la zona sur del Atlántico. Esta región es de vocación agrícola, y por allí es por donde Aguilera encuentra opciones para emprender iniciativas que den soluciones a las necesidades sociales de la población del departamento del Caribe. Considera que primero se debe organizar a los campesinos en cooperativas y, a través de una alianza público-privada, radicar proyectos que les garantice mayores beneficios. La idea es trabajar junto al Ministerio de Agricultura en el desarrollo de políticas integrales, así como promover desde el Congreso de la República proyectos que permitan la apertura de instituciones educativas, el mejoramiento del servicio de salud y la construcción y adecuación de vías terciarias para las zonas apartadas del departamento. Aguilera espera ayudar a toda la región caribeña para poner fin a las talanqueras que por años han frenado su desarrollo. Uno de los propósitos del congresista es beneficiar a la comunidad del adulto mayor. El trabajo en bancada Como integrante de la bancada del Partido Cambio Radical, son muchas las iniciativas que ayuda a impulsar desde el Legislativo. Menciona, por ejemplo, “la reforma a la justicia, el proyecto de ley que crea el Ministerio de La Familia, la consulta previa y la distribución de las regalías en las regiones, entre otros temas”. Toda esta agenda recoge las preocupaciones sociales con las que Aguilera llegó al Congreso y por las que desea ayudar a su gente. “Queremos acompañar al Gobierno siempre y cuando sean proyectos que vayan encaminados al bienestar de la comunidad”, asegura. Pero su labor como parlamentario es mucho más amplia. Es así como desde la bancada Caribe trabaja en varios frentes para responder, junto con sus colegas, a las expectativas que se tienen en la región. De esta forma se logró incrementar el presupuesto del año 2019 para priorizar lo social. Sin embargo, reconoce que aún hay mucho por hacer en este campo, pues la Región Caribe necesita una mayor financiación para solucionar los problemas que presenta. En su campaña política, el actual representante expuso las iniciativas que como partido presentarían en el legislativo. Modesto Aguilera. Abogado litigante con especialización en Derecho Contencioso Administrativo de la Universidad Externado de Colombia, y en Derecho Administrativo de la Universidad de Salamanca (España), así como magíster en Estudios Políticos y Económicos de la Universidad del Norte. Se ha destacado en cargos como fiscal de las Unidades de Vida y Patrimonio Económico en la Fiscalía Seccional Atlántico, juez especializado, juez de Instrucción Criminal de Barranquilla e inspector móvil de policía de la Secretaría de Gobierno Municipal. También se ha desempeñado como alcalde encargado de Soledad, secretario jurídico y de Educación del gobierno distrital de Barranquilla; y ha sido docente universitario en las cátedras de Derecho y Procedimiento Penal. Actualmente es representante a la Cámara por el Atlántico.

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Se oficializa bancada llanera para impulsar proyectos regionales

Restablecer el normal funcionamiento de la Vía al Llano es una de las principales iniciativas de los congresistas. Por iniciativa de la senadora Amanda Rocío González Rodríguez, se conformó la bancada llanera, que pretende unificar esfuerzos para priorizar proyectos regionales y lograr la inclusión de los mismos en el Plan Nacional de Desarrollo. “La región de la Orinoquía le aporta más del 74% de la producción de hidrocarburos, repuntamos en los primeros lugares en producción de arroz, ganadería, y buscamos que este Bloque de Congresistas logre que desde el Gobierno Nacional se fortalezca el sector agropecuario, empresarial y productivo” explicó la legisladora. El bloque llanero está integrado por los senadores Maritza Martínez, Jonatan Tamayo ‘Manguito’, y los Representantes a la Cámara por el Meta, Jennifer Arias Falla, Alejandro Vega y Jaime Rodríguez Contreras; por el departamento de Arauca, Nebardo Rincón y Luis Emilio Tovar; por Casanare, Jairo Cristancho y Cesar Ortiz Zorro; por Vichada, Gustavo Londoño y Camilo Arango, y por Guaviare, David Pulido. De igual manera la congresista González manifestó que desde esta bancada se impulsará el proyecto para que se le devuelva el 50% de los recursos de regalías a las regiones productoras que son las que están afrontando las problemáticas sociales de los resultados del auge de este tipo de proyectos. Otra de las iniciativas que será bandera, es la mejora de la interconexión vial del centro del país con la región de la Orinoquía, pues hay serias dificultades con la vía al Llano, la vía a Cusiana y la vía al Sisga. “Tenemos que buscar apoyo del Gobierno Nacional para la culminación de estos carreteables, porque de esta manera llevamos desarrollo a nuestra región e incentivamos el turismo”, puntualizó la senadora Amanda González. Con información del Senado de la República 

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Reforma judicial descarta unificación de las Cortes

La iniciativa no contempla la creación de una sola Corte como lo había contemplado durante su campaña a la Presidencia  El Gobierno Nacional presentará este jueves ante el Congreso de la República el proyecto de ley de reforma a la justicia que plantea una regulación para ordenar la acción de tutela, especialmente contra decisiones judiciales. Para el Presidente Iván Duque la tutela es una de las “más importantes conquistas del pueblo colombiano lograda en la Constitución de 1991”, por lo que destacó que la iniciativa fortalece esta herramienta sin desnaturalizarla. “Celebro que se haya abierto un camino de mayor claridad para establecer las fronteras cuando se trata de tutela contra sentencias judiciales”, afirmó. El jefe de Estado manifestó que los principios del proyecto de reforma a la justicia que se ha venido construyendo en concertación con las Altas Cortes y los trabajadores de la Rama Judicial, son la confianza, tranquilidad, transparencia y claridad. Otra de las propuestas de la iniciativa es la revisión a las facultades electorales “no con la idea de eliminarlas todas, pero sí de hacer una modernización donde se preserven algunas y otras se puedan transferir, independizando aún más la labor de los jueces”, explicó el Presidente. La reforma incrementa las inhabilidades, donde además se faculta a las salas plenas para la suspensión de los magistrados que han incurrido en conductas indecorosas. Se modifica los requisitos para ser togado, como por ejemplo tener 20 años de servicio para llegar a ser magistrado de una Alta Corte y que dentro de esos 20 años, el aspirante tiene que haber trasegado por lo menos 5 años como juez o como magistrado de Tribunal. Además, propone que los Magistrados de la Comisión de Disciplina Judicial sean seleccionados por la Comisión de la Carrera Judicial por méritos. Por otro lado el mandatario colombiano destacó la importancia de haber contemplado el fuero para los jueces penales, lo cual es importante para “protegerlos en su independencia y garantizar que tengan todas las herramientas para proceder”. Subrayó que el proyecto haya empezado a construirse sobre la base del precedente judicial, y que éste se convierta en una unificación rigurosa que les permita a los jueces y a los magistrados de los Tribunales tener un conocimiento en tiempo real en los lineamientos interpretativos del derecho. “Lo que hemos propiciado y lo que hemos querido desde el Gobierno es, a través de la Comisión Interinstitucional de la Justicia, abrir un diálogo pensando en la justicia como lo que debe ser: un servicio público cercano al ciudadano, que valore los derechos del ciudadano, que tutele los derechos del ciudadano y que haga sentir a todo ciudadano que tiene algo sublime que lo protege, que es la Constitución y la ley”, concluyó el presidente Duque.

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Ley busca aumentar las penas para el proxenetismo y la explotación sexual de menores en el país

“Estas agresiones deben ser sancionadas con las medidas más drásticas”, Nadia Blel. La senadora Nadia Blel, junto a la bancada de mujeres del partido Conservador, radicó una iniciativa que pretende modificar la ley 599 de 2000 para castigar de manera fuerte a aquellas personas que sean sorprendidas ejerciendo el proxenetismo y la explotación sexual de menores. El proyecto de ley que fue radicado ante el secretario general del Senado, Gregorio Eljach, tiene como objetivo el incremento de las penas para estas conductas que representen delitos de explotación sexual de niños, niñas y adolescentes. “Estas agresiones deben ser sancionadas con las medidas más drásticas, enviando un mensaje social contundente de rechazo y cero tolerancia a la realización de estos crímenes”, aseguró la congresista. Actualmente la ley establece que las personas juzgadas bajo los delitos de explotación sexual a menores enfrentan penas de privación de la libertad desde los cuatro a los 25 años y de multas económicas entre los 10 y los 750 Salarios Mínimos Legales Vigentes Mensuales (SMLVM), dependiendo la gravedad de la falta cometida. De acuerdo a la iniciativa, los aumentos de las penas se modificarían de 26 a 45 años de prisión y de 20 a 750 SMLVM para los castigos monetarios. Esta iniciativa es coherente con una de las banderas del Programa de Gobierno planteado por el Presidente Iván Duque Márquez, en cuanto al endurecimiento de las penas para quienes atenten contra las garantías de formación sexual y libertad sexual de los menores mediante el llamado a referendo para el establecimiento de cadena perpetua como sanción para violadores y asesinos de menores. Con información del Senado de la República 

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Colombia, con esperanza para todos

Esperanza Andrade Senadora, Partido Conservador   Todos tenemos una esperanza guardada a pesar de la adversidad; una esperanza que nos impulsa a continuar; una esperanza que nos invita a decirle a nuestros hijos que sí es posible un futuro mejor, que sí se puede soñar e ilusionarnos con un mejor país. Por eso ingreso al Senado con el firme propósito de contribuir al cambio que reclama Colombia, en representación del Partido Conservador. Y es que el conservatismo tiene el histórico compromiso con la equidad social y la defensa de la moral; encarna la justicia social y la solidaridad; la estabilidad, el orden y la autoridad; la libertad y los derechos fundamentales; el desarrollo, el progreso y el crecimiento de la economía. En esos preceptos se fundamentará mi labor legislativa. Lo digo convencida de que puedo cumplir. Tengo una extensa trayectoria de muchos años en lo público, que inició en el Concejo de Neiva y se complementó con mi paso por la Secretaría de Gobierno del Huila y la Gobernación en calidad de encargada, mientras en lo privado he desempeñado cargos relacionados con mi profesión de abogada del Externado. En lo personal, mi objetivo será enfocarme en la construcción de políticas públicas para la promoción, desarrollo y protección de la mujer y la familia; basada en el respeto, la solidaridad, igualdad y la no discriminación. Hoy, infortunadamente, tenemos muchas normas que se quedan en el papel. Esto no puede ni debe seguir ocurriendo, por lo que estaré haciendo un seguimiento permanente a su aplicación. Buscaré que en realidad funcione la Ley que tipifica el feminicidio como un delito autónomo y castiga con hasta 41 años de cárcel el homicidio de una mujer por razones de género. Vamos a fortalecer los mecanismos para prevenir cualquier tipo de violencia en su contra y de nuestros niños. Y es firme nuestro compromiso de impulsar el referendo que castigue con prisión perpetua a los violadores. “Colombia requiere reconstruir la verdad y confianza en la justicia social y política” Pero también tengo previsto otras iniciativas para avanzar hacia la prosperidad, tomando distancia de la corrupción. Por ejemplo, juventud libre de drogas y alcohol, con oportunidades y liderazgo. Presentaré un proyecto de ley para que se construyan centros de prevención y rehabilitación en cada municipio del país. Igualmente, reformas de la Ley del Primer Empleo, con fortalecimiento del emprendimiento e innovación, así como políticas que permitan la transparencia y su dignificación: Sí al voto obligatorio; no reelección de congresistas por más de dos periodos; financiación de campañas por cuenta del Estado y elecciones en un día hábil de la semana. También trabajaré por abrirle ‘campo’ al crecimiento del sector agropecuario, sinónimo de desarrollo social y paz. Con la creación de un fondo para terciarias; menor valor en los insumos agrícolas; recursos para brindar asistencia técnica a los pequeños productores y freno y control a los cobros jurídicos. Desde el Congreso impulsaré, además, el fortalecimiento del empresariado colombiano, sin maltratar a los trabajadores. La base de nuestra economía son las empresas, pero la carga tributaria es exagerada y limita el crecimiento empresarial. Como abogada, lucharé por una justicia social firme y segura. Es necesario una reforma estructural para devolverle su legitimidad. No más politización y clientelismo. La corrupción debe erradicarse. Ante todo, legislaremos en defensa de los ecosistemas estratégicos y velaremos por normas que protejan el Macizo Colombiano; ejerceremos control político para garantizar que el Estado ponga en cintura la minería ilegal y para que se apliquen las normas existentes que cuidan los animales y su entorno. En ese sentido, impulsaré la implementación de una cátedra animalista. En resumen, Colombia requiere reconstruir la verdad y confianza en la justicia social y política, es la gestión que nos proponemos cumplir en el nuevo Senado apoyando el Gobierno Nacional de Iván Duque y Marta Lucía Ramírez.  

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Grupo legislativo, un equipo de apoyo a la gestión del congreso

Con el ánimo de mantener una ventana disponible que facilite el relacionamiento entre los senadores y representantes a la Cámara, así como con los asesores e integrantes de las unidades técnicas Legislativas, la Policía Nacional dispone del Grupo Legislativo, una dependencia de la Oficina de Planeación que cumple 15 años como enlace entre la institución y el Congreso de la República. El Grupo fue creado en el año 2003 y ha tenido una destacada labor en la atención de los diferentes requerimientos realizados por el Congreso de la Republica, así como en el asesoramiento sobre aspectos de interés de los congresistas frente a las dinámicas institucionales y la actividad de Policía, permitiendo una articulación estratégica. A través de esta unidad, la institución viene atendiendo las solicitudes de control político constitucional y hace el seguimiento a las iniciativas legislativas, frente a las cuales se les aportan insumos necesarios como apoyo al Parlamento, en desarrollo de sus funciones fundamentales contempladas en la Ley 5 del 1992. Funciones del Grupo Legislativo Actualmente, el Grupo es liderado por el Teniente Coronel Jimmy Hernán Ospina Baena, quien dispone de un equipo de abogados y analistas, encargados de atender los diferentes asuntos legislativos. En materia de control político constitucional, la unidad se encarga de documentar las solicitudes, proposiciones y derechos de petición que sustentan las gestiones de la institución. Además, dentro de las principales tareas del Grupo, se encuentra el estudio jurídico y estratégico de los distintos proyectos de ley que contribuyen a las gestiones legislativas por parte de los congresistas, en el marco de las funciones constitucionales de la Policía Nacional. Es así como se abordan temáticas de interés como la protección a los niños, niñas y adolescentes, violencia contra la mujer, seguridad ciudadana, narcotráfico, zonas fronterizas, medio ambiente y demás asuntos de competencia y participación de la Policía Nacional, con una atención focalizada y priorizada a través de la formulación estratégica y operacional. Logros del Grupo Legislativo Dentro de los principales logros del Grupo Legislativo se encuentra la participación en las diferentes mesas de trabajo que permitieron la actualización del Código Nacional de Policía y Convivencia, norma esencial para la prestación del servicio de la institución, la cual se hacía necesaria frente al nuevo contexto del país, teniendo en cuenta que para el año 1970 las realidades o contornos sociales eran totalmente opuestas a las actuales. Ante el inicio de funciones del nuevo Congreso, que sesionará hasta el 2022, los honorables congresistas pueden contar con un grupo interdisciplinario que permitirá facilitar su gestión y articulación con la Policía Nacional, identificando posibles necesidades en diferentes ámbitos, especialmente con los avances y puesta en marcha del proceso de Modernización y Transformación Institucional (MTI) que proyectó la Visión 2030 de la Institución: “Policía, comunidad y autoridades, hacia el desarrollo sostenible”. Avanzar hacia un cambio transformacional El enfoque primordial de la Policía Nacional de Colombia es avanzar hacia un cambio transformacional con un modelo de servicio corresponsable, preventivo y de control, focalizado y diferencial para garantizar la convivencia y protección del ciudadano, con capacidad de respuesta, contundencia y anticipación contra el delito, y la generación de respuestas y alternativas de solución a las problemáticas de inseguridad y fenómenos locales de criminalidad. En este sentido, el proceso MTI incorpora importantes iniciativas estructurales en cinco dimensiones: misional, organizacional, talento humano, educativa y tecnológica, soportados en la consolidación de una política de transparencia. Sin duda, el respaldo legislativo cobrará relevante importancia frente a las principales decisiones transformacionales que se plantean. Ante estas dinámicas de cambio, el Grupo se constituye en el puente idóneo para la gestión de información sobre las temáticas institucionales, más aún cuando funge como secretaría técnica de la Comisión Asesora Legislativa para la Policía Nacional (CALEP), instancia que unifica el criterio institucional para la actividad parlamentaria y que aporta así al Congreso de la República un valor agregado de democracia, dada la cercanía que el cuerpo armado de seguridad pública tiene por misión con la ciudadanía en todo el territorio nacional. La Policía busca avanzar hacia un cambio en el modelo de servicio para garantizar la convivencia y protección del ciudadano. La Policía focaliza su trabajo en lograr que la institución, la comunidad y las autoridades caminen hacia el desarrollo sostenible.

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Un Congreso a la altura de sus responsabilidades

Por, Álvaro Erazo Paz Director Asume funciones el nuevo Congreso de la República con enormes retos y responsabilidades, frente a lo cual sus integrantes no pueden ser inferiores. En medio de un país polarizado y unas reformas inaplazables, el Legislativo emerge como protagonista para tender puentes de entendimiento, recuperar la credibilidad y la confianza en las instituciones colombianas y ajustarse a la nueva realidad de un país que demanda avances sociales inmediatos. Comienza un periodo de cuatro años, en el que se espera que senadores y representantes estén a la altura de los grandes desafíos que enfrentará Colombia con unos acuerdos de paz a media marcha, un sistema judicial cuestionado por denuncias de corrupción y una economía que ha comenzado a dar señales de recuperación, tras meses de recesión. Se vienen reformas fundamentales para el país, en las que el Gobierno Nacional tendrá como aliado al Congreso, sin que ello implique renunciar al control político y a la independencia de poderes, pilares esenciales para el funcionamiento de una democracia. Desde ya el presidente electo, Iván Duque, ha dado puntadas sobre los temas que serán priorizados en su agenda de gobierno, entre ellos la lucha contra la corrupción, la politiquería y el clientelismo, una tarea en la que el Legislativo deberá estar comprometido de lleno para ganar confianza y prestigio ante la opinión pública nacional. El futuro mandatario también prepara cambios en la justicia, el sistema de salud, la política, los impuestos, el régimen pensional, la educación y el Estado, en los que, según dijo, regirán la transparencia y la eficiencia. Reformas para las que muy seguramente contará con el apoyo de los partidos que respaldaron su candidatura en la segunda vuelta presidencial (Liberal, Conservador, Cambio Radical, Centro Democrático, Mira y un sector amplio de la U). Unas mayorías “aplastantes” que, aunque pueden garantizar el trámite de los proyectos gubernamentales, no deben poner en tela de juicio la independencia del Congreso, ni tampoco legislar en defensa de intereses políticos y particulares. Se requiere de unos congresistas comprometidos ciento por ciento con las necesidades de una sociedad que transita hacia la paz, para la que, sin duda, será importante contar con iniciativas que le den solución a los grandes problemas que afectan al país, como la inseguridad, la falta de inversión social en el campo, la pobreza, el desempleo, la ausencia de espacios para el emprendimiento y las limitaciones en salud y educación para la población. Empieza una legislatura en la que, de nuevo, tendrá un rol importante el tema de la paz, merced a los ajustes que hará el gobierno entrante a lo pactado con las FARC en 2016. Un asunto sensible para los colombianos sobre el que el Congreso deberá actuar también con mucha responsabilidad frente al país. De lo que allí se apruebe dependerá, en gran medida, el rumbo que tomará la Nación. ¡Manos a la obra!

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Los desafíos del nuevo Congreso

El nuevo Congreso de la República, que fue elegido el 11 de marzo pasado, inicia funciones con grandes retos como la implementación de los acuerdos de paz firmados con las FARC, la recuperación de la confianza en la institución, erosionada por escándalos de corrupción como el de Odebrecht, el despegue de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y las reformas a la salud, las pensiones y el sistema judicial, entre otras. Tras un periodo de cuatro años, en el que la agenda legislativa estuvo marcada por el tema de la paz, los parlamentarios tienen ahora por delante la enorme responsabilidad de garantizar un posconflicto sin traumatismos que responda a la nueva realidad del país. Una tarea que los analistas ven difícil por los cambios que algunos sectores políticos pretenden introducir a los acuerdos firmados con las FARC. En la fase que se ha iniciado, tendrá que ser priorizado el sector rural, la reparación de las víctimas y el pluralismo ideológico, si se quiere avanzar hacia la reconciliación. Sin duda, el buen tránsito de las normas que se pongan a consideración del Congreso dependerá en gran medida de la participación que tengan las fuerzas mayoritarias en el gobierno del electo presidente, Iván Duque, quien alcanzó una votación histórica (más de 10 millones de votos), tras conseguir el apoyo a su candidatura de los partidos Cambio Radical, Conservador, Liberal, Centro Democrático y Mira, así como de los movimientos cristianos y un sector representativo de la U el 17 de junio pasado en las urnas. ¿Qué tanto se compromete la independencia de poderes? La excandidata a la Vicepresidencia de la República por el partido Alianza Verde, Claudia López, considera que la “aplanadora” con la que contará el nuevo mandatario en el parlamento pone en riesgo la independencia del Poder Legislativo frente al Gobierno. “Tendrá unas mayorías aplastantes, lo que no garantiza la independencia que debe existir entre el Congreso y el Ejecutivo, pero eso no es solo con la llegada de Duque, así lo fue también con (el saliente presidente Juan Manuel) Santos hasta que tuvo mermelada (puestos burocráticos o inversiones para las regiones a cambio de respaldo a las iniciativas oficiales)”. Otra cosa muy distinta piensa el senador del Centro Democrático, Honorio Miguel Henríquez, quien cree que pese a tener un apoyo político amplio para sacar adelante los proyectos de origen gubernamental en el Congreso, el futuro mandatario “tendrá la coherencia y el carácter suficiente para manejar la separación de las ramas del poder público” y de esa forma garantizar el buen funcionamiento de la democracia. Por lo pronto, el electo presidente ha prometido una relación armónica con el Legislativo, alejada de los contratos o el ofrecimiento de puestos, que, de lograrse, ayudaría a reivindicar el ejercicio de la política, en momentos en que se ha perdido la confianza y credibilidad en la institución. “El Congreso debe cortar el cordón que lo une a la corrupción, la cual va a acabar con la democracia del país e impide que haya equidad” y equilibrio social en Colombia, sostiene la legisladora Angélica Lozano. Los retos que se tienen Aunque son varios los retos que tendrán los nuevos congresistas, la reforma a la salud emerge como uno de los mayores desafíos en el corto plazo ante los cuestionamientos que se hacen al modelo de intermediación financiera de las Entidades Promotoras de Salud (EPS). “Yo creería que son muchos los pendientes, pero el más importante es el que tiene que ver con la salud, porque es un sector que tiene unas deudas altísimas. Por eso, pienso que debe existir una ley de punto final y vamos a trabajar por conseguirlo”, señala el senador del partido de la U, Eduardo Enrique Pulgar. En el listado de retos figuran también la implementación del desarrollo rural, el proceso de formalización del empleo, la distribución de predios, la recuperación de la imagen de la institución, deteriorada por los escándalos de corrupción, y una legislación que entregue las herramientas necesarias para atacar a las nuevas expresiones de violencia que han surgido tras la desmovilización de las FARC en 2016. Para los analistas, los legisladores deben ocuparse de nuevas leyes que faciliten el sometimiento de las bandas criminales a la justicia colombiana y fortalezcan la seguridad en las áreas rurales y zonas que por décadas padecieron el abandono estatal, como consecuencia del conflicto armado interno. El senador liberal, Rodrigo Villalba, considera que hay otros desafíos por afrontar lo antes posible. “El nuevo Congreso tiene la responsabilidad de impulsar grandes proyectos que el país requiere como la reforma política electoral, la reforma tributaria y la reforma pensional. Hay muchas urgencias inaplazables que tenemos que asumir con mucho compromiso”, enfatiza. Rodrigo Villalba, senador liberal. Honorio Miguel Hernández, senador del Centro Democrático. Angélica Lozano, congresista del Partido Alianza Verde Claudia López, excandidata a la Vicepresidencia. Eduardo Enrique Pulgar, senador del Partido de la U. La presencia de las FARC en el Congreso En cumpliendo a los acuerdos de paz, el ahora partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC), tendrá participación en el Congreso con diez parlamentarios, cinco en el Senado y cinco en la Cámara de Representantes. Su llegada se produce en medio de serios cuestionamientos de la antigua organización insurgente al manejo que se le ha dado a lo pactado en La Habana por parte de algunos sectores políticos que se oponen al proceso. Las modificaciones a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) en su competencia frente a la figura de la extradición y su conocimiento de los procesos a militares que estuvieron ligados al conflicto, han generado malestar en la naciente fuerza política, por lo que se esperan candentes debates y discusiones sobre el tema en la legislatura que arranca. “Creo que la consolidación de todo el proceso de paz es tal vez el desafío más grande que tiene el Congreso debido a la visión diferente que tiene el nuevo gobierno frente los acuerdos que se firmaron con las FARC, fundamentalmente en el tema de justicia”, afirma el líder indígena

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Una mujer que llega para renovar el Congreso

Jennifer Arias, representante electa a la Cámara por el Meta, es una líder femenina y juvenil que personifica el trabajo duro, la disciplina y la paciencia de quienes aspiran entrar al mundo de la política. La joven legisladora llegará al Congreso de la República para darle un nuevo aire a la institución con propuestas que van desde asuntos de familia hasta un riguroso control a las políticas públicas para garantizar bienestar a la población. Pocos días antes de las elecciones al Congreso, la representante electa a la Cámara por el Meta, Jennifer Arias, visitó una comunidad indígena del departamento del Vaupés, donde le quedó grabada en su memoria una frase plasmada en la entrada de una escuela que decía: “La mejor educación es el ejemplo”. Desde entonces, la convirtió en el lema de su trabajo parlamentario, que espera transmitir desde el Legislativo, no solo a los jóvenes, sino también a las mujeres que aspiran a incursionar en la política colombiana, un espacio que sigue siendo limitado para el segmento femenino. “Creo que la mejor forma de empoderar a las mujeres es mostrando que yo lo logré y que, así como yo hay muchas otras que también han podido. Si nosotros nos lo proponemos, lo logramos”, señala la nueva congresista, quien, pese a no pertenecer a una familia con ascendencia política, alcanzó la mayor votación individual en el departamento del Meta, de donde es oriunda. Su caso es un ejemplo de que sí se está abriendo un espacio en los cargos de poder y decisión para alternativas “frescas”. “Las limitantes muchas veces no están por fuera, sino dentro de uno mismo. Hacer política en general es difícil, pero hacerlo siendo mujer joven lo es más, aunque no imposible. Es algo que toma tiempo, paciencia, disciplina, perseverancia y mucho trabajo”, añade. Una mujer trabajadora y convencida Jennifer inició su trayectoria política desde los 22 años y lo hizo convencida de que desde esa actividad era la mejor forma de poder ayudar a sus compatriotas. “Yo creo que la política si se hace bien hecha es la mejor forma de transformación social, a través de la formulación de programas y políticas públicas que nos permitan desarrollarnos, educarnos y crecer como sociedad”, señala. Como abanderada del pensamiento del Centro Democrático, partido por el cual aspiró a la Cámara y del que se declara fiel seguidora, lleva nueve años de trabajo y servicio a la comunidad de su región. “He sido siempre coherente en la forma como pienso y estoy absolutamente convencida de mis ideales. En política es importante ser congruente porque, cuando uno está como una veleta de un lado para el otro, la gente no le cree, por eso hay que estar siempre en una misma línea, sin importar si pierdes una y otra vez”, agrega la nueva parlamentaria, quien asumirá funciones el 20 de julio próximo en Bogotá. Un programa fiel a sus raíces Como congresista, Jennifer Arias tiene claro a qué le apuntará en su gestión durante los próximos cuatro años. Su trabajo estará concentrado en construir las condiciones necesarias para el progreso de su departamento. “Siento que el Meta va a ser la clave para el desarrollo que el país necesita en los próximos 20 años”, afirma. De esta manera, la representante electa priorizará cinco temas, los cuales hacen parte de la propuesta que hizo en campaña para ganarse la confianza de los cientos de votantes. “La gente no confía en los políticos y creo que hay que empezar a recuperar la institucionalidad de nuestro país a través del seguimiento a asuntos como los subsidios y a lo que tiene que ver con la infraestructura vial, entre otros”, agrega. Para la futura parlamentaria, es indispensable trabajar de la mano del Gobierno Nacional en el desarrollo del sector agropecuario y el tema tributario, “el cual ha afectado de sobremanera al país”. En su agenda también figura la abolición de la dosis mínima de droga, la cadena perpetua para violadores y asesinos de niños, además del apoyo al deporte como estrategia para cerrar brechas sociales en el país. “Vamos a impulsar la propuesta de llevar al departamento los juegos nacionales, los cuales no se celebran desde 1985 en la región”, asegura Arias, quien recuerda que “los escenarios deportivos que tenemos hoy fueron desarrollados gracias a eso”. La nueva congresista es una abanderada del pensamiento de su partido Centro Democrático.

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