El nuevo Congreso de la República, que fue elegido el 11 de marzo pasado, inicia funciones con grandes retos como la implementación de los acuerdos de paz firmados con las FARC, la recuperación de la confianza en la institución, erosionada por escándalos de corrupción como el de Odebrecht, el despegue de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y las reformas a la salud, las pensiones y el sistema judicial, entre otras.
Tras un periodo de cuatro años, en el que la agenda legislativa estuvo marcada por el tema de la paz, los parlamentarios tienen ahora por delante la enorme responsabilidad de garantizar un posconflicto sin traumatismos que responda a la nueva realidad del país. Una tarea que los analistas ven difícil por los cambios que algunos sectores políticos pretenden introducir a los acuerdos firmados con las FARC. En la fase que se ha iniciado, tendrá que ser priorizado el sector rural, la reparación de las víctimas y el pluralismo ideológico, si se quiere avanzar hacia la reconciliación.
Sin duda, el buen tránsito de las normas que se pongan a consideración del Congreso dependerá en gran medida de la participación que tengan las fuerzas mayoritarias en el gobierno del electo presidente, Iván Duque, quien alcanzó una votación histórica (más de 10 millones de votos), tras conseguir el apoyo a su candidatura de los partidos Cambio Radical, Conservador, Liberal, Centro Democrático y Mira, así como de los movimientos cristianos y un sector representativo de la U el 17 de junio pasado en las urnas.
¿Qué tanto se compromete la independencia de poderes?
La excandidata a la Vicepresidencia de la República por el partido Alianza Verde, Claudia López, considera que la “aplanadora” con la que contará el nuevo mandatario en el parlamento pone en riesgo la independencia del Poder Legislativo frente al Gobierno. “Tendrá unas mayorías aplastantes, lo que no garantiza la independencia que debe existir entre el Congreso y el Ejecutivo, pero eso no es solo con la llegada de Duque, así lo fue también con (el saliente presidente Juan Manuel) Santos hasta que tuvo mermelada (puestos burocráticos o inversiones para las regiones a cambio de respaldo a las iniciativas oficiales)”.
Otra cosa muy distinta piensa el senador del Centro Democrático, Honorio Miguel Henríquez, quien cree que pese a tener un apoyo político amplio para sacar adelante los proyectos de origen gubernamental en el Congreso, el futuro mandatario “tendrá la coherencia y el carácter suficiente para manejar la separación de las ramas del poder público” y de esa forma garantizar el buen funcionamiento de la democracia.
Por lo pronto, el electo presidente ha prometido una relación armónica con el Legislativo, alejada de los contratos o el ofrecimiento de puestos, que, de lograrse, ayudaría a reivindicar el ejercicio de la política, en momentos en que se ha perdido la confianza y credibilidad en la institución. “El Congreso debe cortar el cordón que lo une a la corrupción, la cual va a acabar con la democracia del país e impide que haya equidad” y equilibrio social en Colombia, sostiene la legisladora Angélica Lozano.
Los retos que se tienen
Aunque son varios los retos que tendrán los nuevos congresistas, la reforma a la salud emerge como uno de los mayores desafíos en el corto plazo ante los cuestionamientos que se hacen al modelo de intermediación financiera de las Entidades Promotoras de Salud (EPS). “Yo creería que son muchos los pendientes, pero el más importante es el que tiene que ver con la salud, porque es un sector que tiene unas deudas altísimas. Por eso, pienso que debe existir una ley de punto final y vamos a trabajar por conseguirlo”, señala el senador del partido de la U, Eduardo Enrique Pulgar.
En el listado de retos figuran también la implementación del desarrollo rural, el proceso de formalización del empleo, la distribución de predios, la recuperación de la imagen de la institución, deteriorada por los escándalos de corrupción, y una legislación que entregue las herramientas necesarias para atacar a las nuevas expresiones de violencia que han surgido tras la desmovilización de las FARC en 2016.
Para los analistas, los legisladores deben ocuparse de nuevas leyes que faciliten el sometimiento de las bandas criminales a la justicia colombiana y fortalezcan la seguridad en las áreas rurales y zonas que por décadas padecieron el abandono estatal, como consecuencia del conflicto armado interno. El senador liberal, Rodrigo Villalba, considera que hay otros desafíos por afrontar lo antes posible. “El nuevo Congreso tiene la responsabilidad de impulsar grandes proyectos que el país requiere como la reforma política electoral, la reforma tributaria y la reforma pensional. Hay muchas urgencias inaplazables que tenemos que asumir con mucho compromiso”, enfatiza.
La presencia de las FARC en el Congreso
En cumpliendo a los acuerdos de paz, el ahora partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC), tendrá participación en el Congreso con diez parlamentarios, cinco en el Senado y cinco en la Cámara de Representantes. Su llegada se produce en medio de serios cuestionamientos de la antigua organización insurgente al manejo que se le ha dado a lo pactado en La Habana por parte de algunos sectores políticos que se oponen al proceso. Las modificaciones a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) en su competencia frente a la figura de la extradición y su conocimiento de los procesos a militares que estuvieron ligados al conflicto, han generado malestar en la naciente fuerza política, por lo que se esperan candentes debates y discusiones sobre el tema en la legislatura que arranca.
“Creo que la consolidación de todo el proceso de paz es tal vez el desafío más grande que tiene el Congreso debido a la visión diferente que tiene el nuevo gobierno frente los acuerdos que se firmaron con las FARC, fundamentalmente en el tema de justicia”, afirma el líder indígena y dirigente del MAIS, Luis Evelis Andrade. Aunque los salientes congresistas aprobaron varias reformas a la Constitución para implementar lo acordado en La Habana, todavía quedan algunos temas por evacuar, como el de tierras.
Otras prioridades
El tema económico será prioridad en la agenda legislativa, para mantener un crecimiento sostenible, fortalecer la inversión y reactivar el sector empresarial. Se espera, en consecuencia, una reforma tributaria, probablemente a finales de diciembre. Los retos en ese frente empiezan por una reforma fiscal en la que el nuevo gobierno debe actuar en impuestos, evasión y revisión de beneficios tributarios.
Se proyectan cambios también en el sistema de justicia. En campaña, el entonces candidato uribista, Iván Duque, prometió fortalecer la acción de tutela y adelantar una política de talento en la Rama Judicial. Para ello, se propone incentivar la permanencia del personal con el fin de que esté al servicio de los colombianos, tener expedientes electrónicos, así como mecanismos de unificación jurisprudencial que orienten la labor de los jueces. Su idea es impulsar una reforma judicial que surja del diálogo y el consenso con las altas cortes y las fuerzas políticas para que sea más cercana al ciudadano, más eficaz y esté mucho más presente como servicio público.
El Congreso que recibe a Duque
Duque será recibido por un Congreso elegido con 17 millones 800 mil votos. En el Senado, el partido Centro Democrático ocupará 19 curules, Cambio Radical 16, el Partido Conservador 15, el Partido Liberal 14, la U 14, la Alianza Verde 10, el Polo Democrático Alternativo 5, Decentes 4 y MIRA 3. Ejercerán 107 senadores que incluyen cinco del partido FARC y dos de la Circunscripción Especial Indígena.
La Cámara de Representantes tendrá a su vez 172 curules (con otras cinco de FARC, dos de la Circunscripción Afro, dos de consulados y una de indígenas). El Partido Liberal ocupará 35, Centro Democrático 32, Cambio Radical 30, la U 25, Partido Conservador 21, Alianza Verde 9, Polo Democrático Alternativo 2, Opción Ciudadana 2 y Decentes 2, mientras que MIRA, Colombia Justa Libres, Coalición Alternativa Santandereana y MAIS, un escaño por cada agrupación.
Aunque el mandatario contará con las mayorías necesarias para garantizar el trámite de los proyectos, enfrentará una férrea oposición del exalcalde de Bogotá y contrincante en las pasadas elecciones presidenciales, Gustavo Petro, quien ha advertido que desde el Senado vigilará las actuaciones del gobierno en una crítica sostenida y con la movilización permanente de los más de ocho millones de votantes que lo respaldaron en las urnas.
