El presidente electo, Iván Duque, llega con un paquete de reformas bajo el brazo, que aunque muy seguramente contarán con el apoyo de las mayorías en el Congreso, generarán polémica por su impacto en el proceso de paz, el funcionamiento del Estado colombiano y el sistema judicial, así como en el modelo de educación y salud a implementar. Pero tal vez el tema que más levantará ampolla será el de los ajustes al regimen pensional. El nuevo mandatario ha sido uno de los promotores de la Economía Naranja en el país. Aunque en campaña el entonces candidato uribista tomó como bandera las eventuales modificaciones a los acuerdos de paz firmados en 2016 entre el saliente gobierno del presidente Juan Manuel Santos y la entonces guerrilla de las FARC, los cambios que tiene en mente ejecutar en distintos frentes pasan por una lucha frontal contra la corrupción y el clientelismo, un reordenamiento profundo de la administración del Estado con base en las necesidades actuales de los colombianos, la revisión a fondo del sistema de salud, la reactivación del crecimiento con menores impuestos a las empresas y el estímulo a la inversion. Reformas al Estado Ante las oportunidades que ofrecen las nuevas tecnologías, Iván Duque se propone la expansión y profundización del Gobierno en Línea, así como la profesionalización y formalización de la fuerza laboral pública. La idea es poner fin a la informalidad, acabar con las nóminas paralelas y avanzar hacia en Estado con un alto grado de excelencia y eficiencia. Para conseguirlo, trabajará sobre los siguientes principios: -Ministros de 4 años para tener un equipo estable en la ejecución de las políticas públicas, en las que se garantizará la transparencia y resultados. -Presentación rigurosa de la agenda del gobierno y su contratación. -Un Gobierno y presupuesto en línea con indicadores de desempeño y ejecución, así como la rendición constante de cuentas a la ciudadanía. -Creación en la Presidencia de la República de la Unidad de Desempeño y Ejecución que monitoreará el cumplimiento de todas las metas gubernamentales trazadas. La política también tendrá cambios Para proteger la política de la presencia de dineros de dudosa procedencia y de futuros escándalos de corrupción, el presidente electo prepara una serie de medidas, entre ellas la financiación por parte del Estado de las campañas para cuerpos colegiados legislativos del orden nacional y territorial, y la pérdida de personería jurídica para los partidos que se les compruebe que gastaron recursos adicionales. En la reforma se establece, además, que ninguna persona podrá estar por más de tres períodos consecutivos, que las campañas a gobernaciones y alcaldías solo podrán recibir aportes de personas naturales y que la representación en juntas directivas de empresas públicas se definirá mediante una política de Estado en la cual se determinará los perfiles profesionales para cada caso, así como las funciones y términos. Los candidatos deberán someter sus hojas de vida al escrutinio público en una plataforma definida por la Presidencia de la República. Los funcionarios que reciban sobornos perderán todos sus privilegios y no podrán volver a contratar con el Estado u ocupar cargos públicos. Se eliminará la llamada “mermelada” en el presupuesto y no existirán partidas globales por regionalizar. Sin duda la medida más fuerte para combatir la malversación y desvío de fondos públicos es la cárcel, tras barrotes, de quienes incurran en actos de corrupción. En consecuencia, se acaba la prisión domiciliaria para los implicados, al igual que los beneficios penales. Además, sufrirán la extinción de dominio para reparar con sus bienes lo que se robaron, según se desprende de las propuestas que presentó el entonces candidato del Centro Democrático en campaña. Reformas económicas Como primer paso, se generará un ajuste a la Regla Fiscal y a los mecanismos de evaluación para generar estabilidad presupuestal, con un enfoque que genere ahorros en tiempos de bonanza y permita expansiones sostenibles del gasto en periodos de recesión. El nuevo gobierno le apuesta a la simplificación del sistema tributario para empresas y personas naturales, con tarifas competitivas, mínimas distorsiones, digitalización total de las plataformas y automatización de los procesos de devolución. Se trata de reactivar el crecimiento con menores impuestos a las empresas y menos excepciones para estimular las inversiones. En el frente económico, se plantea también racionalizar el gasto publico y crear herramientas para su ejecución transparente, privilegiando la inversion y generando alertas tempranas para evitar el despilfarro y los proyectos desfinanciados. Llama la atención la diferenciación que se pretende hacer de las cargas impositivas en la que se considere el tamaño de las empresas y prioricen los procesos de formalización y desarrollo de oportunidades laborales. La estructuración de un mercado de capitales para el sector minero, la creación del viceministerio de Economía Naranja, el no cobro de seis días de IVA al año, y un mayor uso de medios de pagos electrónicos, forman parte del paquete de medidas que se propone implementar el nuevo gobierno. Modificaciones a la justicia Esta es tal vez la reforma que más generó polémica durante la campaña presidencial por la propuesta inicial de crear una supercorte que unifique los altos tribunales que funcionan en Colombia. Aunque Duque prometió que no revocará las cortes, si consideró necesario que el país someta a un debate la conveniencia de juntarlas. Pero son varios los puntos que se contemplan en materia de justicia, entre ellos la prohibición a quienes hayan ocupado la cabeza de los organismos de control, para aplicar a puestos de elección popular por cuatro años después de dejar el cargo. Entre las reformas propuestas, figuran la unificación de criterios para la jurisprudencia de las Altas Cortes, simplificando procesos, generando seguridad jurídica y aumentando la confianza en el sistema judicial colombiano, así como los reconocimientos y ascensos basados en la meritocracia, “restaurando la mística de servicio, elevando la calidad de los jueces y acabando con las denominadas puertas giratorias y los carruseles”. El nuevo mandatario también le apunta a reforzar la Acción de Tutela para que haga más de lo que le corresponde (proteger derechos vulnerados
