abril 18, 2026

Acuerdos de Paz

Partido Farc denuncia asesinato de dos exguerrilleros en proceso de reincorporación

“Con estos dos asesinatos ascendemos al doloroso número de 84 camaradas asesinados después de la firma del Acuerdo Final”: partido Farc. El partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC) denunció este jueves que dos de sus miembros fueron asesinados mientras se encontraban en el proceso de reincorporación a la vida civil. El cuerpo sin vida de Sebastián Coy Rincón, quien pertenecía al Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación (ETCR) “Mariana Páez” ubicado en el departamento del Meta, fue encontrado en la zona rural del municipio de Uribe, luego de que el exguerrillero fue reportado como desaparecido el pasado 15 de noviembre. En circunstancias similares, afirmó la bancada, se halló el cadáver de Ángel Aleyser Meléndez en la vereda el tablón del municipio de Leiva, Nariño. “De acuerdo con la información suministrada por pobladores de estas dos regiones del país, en el caso de Sebastián Coy, el hecho ocurrió en cercanías al lugar donde se encontraban acampados integrantes del Ejército Nacional que operan en el departamento del Meta; respecto de Ángel Meléndez llama la atención que pese a las reiteradas denuncias de organizaciones sociales, las estructuras criminales siguen fortaleciéndose en el departamento de Nariño”, aseguró la colectividad en un comunicado. Los miembros del partido le solicitaron al Presidente Iván Duque Márquez una reunión con el fin de poner sobre la mesa “acciones reales y concretas para brindar garantías de seguridad y protección efectivas a quienes fuimos firmantes del Acuerdo (de paz) y los miles de líderes y lideresas sociales que realizan su actividad en los territorios”. Ante este panorama, el pasado lunes, el Gobierno Nacional presentó el Plan de Acción Oportuna para Defensores de Derechos Humanos (PAO), con el fin, según lo afirmó el jefe de Estado, de prevenir y proteger, individual y colectivamente, los derechos, la vida, la libertad, integridad y seguridad de líderes, dirigentes, representantes y activistas de organizaciones defensoras de derechos humanos, sociales y comunales. No obstante, ante esta realidad, la bancada pidió “de inmediato” la intervención de la comunidad internacional, especialmente de los países garantes, con el fin de demandar del Estado colombiano el cumplimiento del Acuerdo firmado por ambas partes en La Habana, Cuba, en 2016. “No vamos a permitir que se siga arrebatando la vida a los constructores de Paz mientras las estructuras paramilitares se fortalecen en territorios “consolidados” por el Gobierno Nacional”, concluyó la misiva.

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Cambios al acuerdo de paz son una jugarreta de la clase política: Iván Márquez, el Paisa y Romaña

La misiva fue firmada por Márquez, Óscar el Paisa, Aldinever Morantes, Romaña, Iván Alí o Iván Merchan, entre otros. Luciano Marín Arango, alias Iván Máquez, y un grupo de excombatientes de la extinta guerrilla de las Fuerzas Armada Revolucionaria de Colombia (FARC) dirigieron una carta a Zeuxis Pausias Hernández Solarte más conocido como Jesús Santrich, en la que aseguran que su extradición significaría el fracaso de los Acuerdos de Paz firmados en 2016 con el entonces Gobierno de Juan Manuel Santos. “De corazón estamos contigo. Te reiteramos nuestra solidaridad total. Nos enorgullece tu dignidad que la equiparamos con la de Simón Trinidad. Una eventual extradición tuya por cuenta de un burdo montaje judicial de la DEA y la Fiscalía, o la perpetuación injustificada de tu presidio, significarán el fracaso irremediable de la paz. Poco a poco se están cayendo las mentiras del Fiscal Martínez. Si no hay pruebas contra ti, deben aplicarte el principio de favorabilidad produciendo tu excarcelación inmediata”, afirman en la misiva. De acuerdo con lo expuesto en la carta, la captura de Santrich sembró una enorme desconfianza con el Estado, pues para ellos, solo basta una acusación de la Administración para el Control de Drogas, (DEA por sus siglas en inglés), para que renazca el “fantasma de la extradición”. Los exguerrilleros aprovecharon para criticar los cambios que se han hecho al Acuerdo del 24 de noviembre de 2016, que según ellos, lo convirtieron en “un horroroso frankenstein santanderista”. “Le cercenaron el alma y cambiaron su esencia por obra y gracia de la interpretación jurisprudencial, la implementación legislativa y la perfidia del Estado”. “Las alteraciones al contenido del Acuerdo por parte del Estado son al mismo tiempo problemáticas como desconcertantes. Si la JEP se concibió para todas las partes involucradas en el conflicto ¿por qué excluyen de su competencia a los terceros que son civiles o agentes del Estado no pertenecientes a la Fuerza Pública que de alguna u otra manera victimizaron colombianos con sus determinaciones? Es necesario reiterarlo: la Jurisdicción Especial no fue acordada solamente para la guerrilla, sino para todos los actores del conflicto”, añadieron. Para los excomandantes, los cambios se deben a “una jugarreta” de la clase política para evitar que los verdaderos responsables de crímenes cometidos por las Fuerzas Armadas salgan a la luz pública. “Los utilizaron en la guerra sucia y en victimizaciones horrorosas y ahora quieren lavarse las manos como Pilatos. Eso no es justo y no obedece a la verdad. Todo el tiempo utilizaron a las FFAA para mantenerse en el poder mientras se enriquecían con la corrupción y se llenaban de privilegios”.

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Corte Suprema remite expediente del exjefe del DAS Maza Márquez a JEP

El pasado febrero, el exdirector del DAS solicitó a la JEP revisar su caso. La Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia envió el expediente contra el exdirector del DAS, general (r) Miguel Alfredo Maza Márquez, a la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), para que esta estudie la posibilidad de aceptarlo como agente del Estado no miembro de la Fuerza Pública. Debido a que el caso del general retirado ya cuenta con un fallo condenatorio, el alto tribunal consideró inexistente la posibilidad de que Maza Márquez quiera dilatar la investigación en su contra, y añadió que los hechos por los cuales fue condenado están relacionados con los nexos que tenía con las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) que operaban en el Magdalena medio. “El proceso ya terminó, ello no impide que por parte de la JEP se examine si es posible que el condenado acceda a algún tipo de beneficio del Acuerdo Final de Paz, diferente a la revisión de la sentencia, por ser de competencia exclusiva de esta corporación”, explicó la Sala Especial en el oficio entregado. En 2016 el general Maza Márquez fue sentenciado a 30 años de prisión como coautor de los delitos de homicidio con fines terroristas y concierto para delinquir por su participación en la planeación y ejecución del magnicidio de Luis Carlos Galán, precandidato presidencial.

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Fiscalía incauta bienes a proveedores de las Farc por 2.100 millones de pesos

Los bienes ocupados superan los 2.100 millones de pesos y fueron puestos a disposición de la Sociedad de Activos Especiales (SAE). La Fiscalía General de la Nación en un trabajo articulado con el Ejército Nacional, impuso medida de extinción de dominio a inmuebles que presuntamente fueron adquiridos con dineros ilícitos de la extinta guerrilla Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). De acuerdo con la investigación, los predios pertenecían a una organización criminal que durante diez  años suministró armas  y explosivos  a los diferentes frentes guerrilleros de las FARC, y producto de esta negociación recibió “millonarias sumas” de dinero con las que realizó la compra de bienes en los departamentos del Meta, Boyacá y Cundinamarca. Las propiedades pertenecen a Alejandro Camacho y Viviana López Calle, quienes ya han sido condenados por los delitos de fabricación, tráfico y porte de armas, municiones de uso privativo de las Fuerzas Armadas o explosivos y concierto para delinquir. Los bienes incautados corresponden a un apartamento con garaje y una oficina en Bogotá, un lote ubicado en Sotaquirá y cuatro terrenos en Villavicencio. Con información de la Fisclalía General de a Nación 

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La anacrónica búsqueda de la paz

Con motivo de cumplirse los 25 años de la revista El Congreso, publicaremos una serie de columnas de opinión como registro histórico sobre temas políticos y del acontecer nacional, que ayudaron a enriquecer el contenido de nuestro medio de comunicación en sus inicios.   Jorge Enrique Sánchez   Mucho se ha hablado de la paz estos días. Cuando el gobierno de Ernesto Samper se ha propuesto realizar unos acuerdos con los alzados en armas, en medio de una tira y encoge, que lo único que ha hecho hasta ahora, es crear incertidumbre y desasosiego entre los colombianos. Con simple lógica podemos decir que la paz no se logra solamente por meros acuerdos entre gobierno y guerrilla; no puede haber paz entre explotados y explotadores, entre opresores y oprimidos. Por lo anterior nos preguntamos, si puede haber paz, cuando se limita el derecho al trabajo, cuando los días mueren niños por desnutrición, por la misma causa, aumenta la morbilidad entre la población. Esta maraña de cuentos  alrededor de los políticos tratados de paz, merecen un mejor análisis, teniendo en cuenta profundizar en las causas de la violencia, dejando a un lado los argumentos falaces. Una guerra de casi medio siglo, con grupos armados de distintos matices ideológicos y estratégicos, ha dejado insondable huella, acrecentándose cada día más por los problemas sociales y económicos. Ya lo dijo un destacado sociólogo: “El hombre no es un animal violento, sino que lo convierten en violento las circunstancias sociales y culturales”; de allí que solamente en la medida que se le dé la oportunidad a los colombianos para que ejerciten sus potenciales de acción y satisfacción, se atrofiarán en la apatía y el resentimiento de un pasado. Los actuales tratados de paz, lo único que conllevan es un cese al fuego; pero si se dá, ¿Cuánto durará? ¿Existe sinceridad por parte de os alzados en armas de acabar definitivamente con sus acciones? O será que ¿desean utilizar los acuerdos para fines estratégicos y fortalecerse, tanto militar como territorialmente? Los ingentes esfuerzos hechos por el gobierno, no se pueden negar; lo que sí debemos preguntarnos es si lo están haciendo concienzuda y acertadamente, teniendo en cuenta los análisis de juicio, sociales y económicos para exista una verdadera paz. La falta de profundidad, ha sido la gran demora para que los acuerdos de paz se queden entre el tintero, y los dos antagonistas se den el lujo de jugar e incumplir con la verdad. Tan así es que la guerrilla va a los diálogos de paz, cuando a espaldas y a traición está matando campesinos, soldados, y la esperanza de vivir de los huérfanos y las viudas. De otra parte, el gobierno, mientras gasta tiempo y dinero en el famoso proceso de paz, se olvida de las verdaderas soluciones sociales para que mengüe la violencia; por ello, la búsqueda de la paz se está convirtiendo en anacrónica y en su sofisma, estandarte desafortunadamente, de los partidos y movimientos políticos con fines electorales.   Tomado de la revista El Congreso, edición No 16, 1997. 

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Excomandante de las Farc viaja a Venezuela autorizado por la JEP

Rodrigo Granda dirige la Comisión Internacional del partido Farc  El exjefe de la extinta guerrilla Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc), Rodrigo Granda, salió del país hacia Venezuela con el propósito de participar  en un panel académico sobre el proceso de paz en la Universidad Nacional Experimental de los Llanos Centrales Rómulo Gallegos. De acuerdo con el permiso otorgado por la Jurisdicción Especial para la Paz, el excomandante estará fuera de Colombia hasta el 25 de octubre, ya que el evento se realiza desde el 18 al 24 de ese mes en la ciudad San Juan de los Morros. Un día después tendrá que presentarse personalmente ante la JEP. La JEP ha recibido 28 solicitudes de exmiembros de las Farc, de las cuales ha autorizado 13 y ha negado 15. Con base en lo dispuesto en el artículo quinto del decreto 2125 de 2017, en el que se establece que “los integrantes de las Farc que se encuentren acreditados por el Alto Comisionado para la Paz y que tengan medidas restrictivas para la salida del país, podrán salir de Colombia previa autorización de la JEP”, la instancia analiza la solicitud de los comparecientes a la luz del posible incumplimiento de los compromisos adquiridos,  ante el riesgo de fuga. Los viajes deben tener como objetivo la difusión de temas relacionados con el proceso de paz o con labores humanitarias para ser aprobados por la JEP, y de conceder el permiso, esta debe conocer todos los detalles: el lugar de destino, el tiempo de permanencia y la fecha de regreso autorizada, la cual no puede ser prorrogable.

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‘Esos colados no se pueden aceptar’: Presidente Duque sobre solicitudes del ELN a la JEP

Así lo afirmó el jefe de Estado al referirse a la posibilidad de que miembros de la organización armada ilegal ELN estén haciendo parte de los procesos de la JEP. Así mismo, reiteró que para que se inicie un proceso de paz, ese grupo debe cesar toda forma de violencia. Esos colados no se pueden aceptar; ahí tiene que haber una respuesta muy clara”, respondió enfáticamente este viernes el Presidente Iván Duque, ante la pregunta formulada por un periodista sobre la posibilidad de que miembros del Ejército de Liberación Nacional (ELN) ingresen a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). El mandatario fue abordado por los comunicadores al término del acto de apertura de la convocatoria pública por parte de la administración del Alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, para recibir propuestas de los emprendedores de la Economía Naranja que estén interesados en adquirir un espacio en el nuevo Bronx Distrito Creativo de la capital del país. El jefe de Estado aprovechó para reiterar que para que se inicie un proceso de paz con esa organización armada ilegal, ésta debe cesar toda forma de violencia. “Decirle al ELN: aquí hay voluntad, pero para que haya voluntad tienen que empezar por lo más importante, y es dejar de utilizar la violencia, entregar los secuestrados y ponerles fin a todas las actividades criminales”, sostuvo. A su vez, Duque recordó la visita que realizó ayer al corregimiento de Machuca (Antioquia), en donde se conmemoraron 20 años de la masacre perpetrada por ese grupo guerrillero. Aseguró que después de tanto tiempo no se pueden seguir cometiendo actos criminales. “Ayer estuvimos en Machuca. Veinte años después, muchas familias siguen llorando a sus familiares más cercanos. Un grupo que hace 20 años perpetró un acto terrorista, que asesinó a más de 80 personas que tienen dolor en el alma y que son personas afectadas por la pobreza. ¿Cómo puede, 20 años después, seguir hablando de secuestro y de actos criminales?”, se preguntó el Mandatario. Las declaraciones se dieron al término del lanzamiento de la convocatoria llamada ‘Inquilinos del Bronx Distrito Creativo’, iniciativa que busca vincular a emprendedores, artistas y otros actores de las industrias creativas y culturales, para que hagan parte del nuevo Distrito Creativo de ese sector. El pasado miércoles se supo que en las listas de las personas postuladas para hacer parte de los beneficios de esa jurisdicción, se encontrarían miembros del ELN. Con información de la Presidencia de la República 

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Milicias urbanas del ELN no han sido admitidas por la JEP

La Sala de Definición ha recibido 14 peticiones de sometimiento por parte del ELN de las cuales seis han sido negadas y ocho están en estudio. La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) aclaró este jueves que las 13 personas, a quienes la Fiscalía General de la Nación señala de pertenecer a las milicias urbanas del Ejército de Liberación Nacional (ELN) a través de un grupo denominado “La Llamada”, no han sido admitidas para su sometimiento. “La Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la JEP recibió la solicitud de 13 personas para que sean admitidas (…) Dicha solicitud aún no ha sido resuelta y, por lo tanto, no se puede decir que esas personas se hayan sometido y vayan a recibir beneficios jurídicos”, se especifica en un comunicado. La jurisdicción explicó que en el caso de las personas que dicen pertenecer a organizaciones guerrilleras y desean someterse a la JEP , es necesario demostrar que hicieron parte del grupo que firmó el acuerdo de paz con el Gobierno Nacional. La aclaración se debe a las afirmaciones del Fiscal Néstor Humberto Martínez en las que aseguró que esta célula urbana no puede ingresar a ese sistema de justicia. “Quien no haya suscrito un acuerdo de paz, no se haya desmovilizado y no haya entregado sus armas, y siguen siendo rebeldes frente al Estado, no pueden gozar del sistema especial”. Dentro del proceso de admisión a la JEP, las solicitudes deben pasar por diferentes salas que evalúan la petición y deciden si cumple o no con los requisitos . “Solo la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas ha negado 45 solicitudes de las cuales seis han sido del ELN”.  

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General Montoya se somete oficialmente a la JEP

“Trabajamos con las víctimas para que conozcan la hoja de ruta. Estamos defendiendo sus derechos”: Mónica Sánchez, representante del Ministerio Público. El general (r) Mario Montoya firmó este miércoles el acta de sometimiento voluntario a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Dentro de su sujeción deberá presentar ante la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la JEP un plan sobre la forma como contribuirá a la verdad, así como las modalidades de reparación. “Son más de 70 las víctimas que fueron reconocidas por la JEP para esta etapa inicial que corresponde a la audiencia de sometimiento y firma del acta del general(r) Mario Montoya ante la jurisdicción”, explicó Pedro Díaz Romero, presidente de la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas, El jurista le recordó a Montoya que ya hay más de 450 víctimas identificadas dentro del proceso y que su caso es significativo porque es el general de más alto rango que acude ante esa jurisdicción. El general es acusado por las víctimas del conflicto armado, de participar presuntamente en las ejecuciones extrajudiciales ocurridas en Colombia entre 2002 y 2010, así como de tener supuesto vínculos con los grupos paramilitares que operaban entonces en el país. Diaz Romero señaló que el proceso apenas comienza y que la JEP podrá solicitar a los organismos de investigación más información sobre las denuncias que cursan en contra del exoficial colombiano e identificar más víctimas de las ya registradas. Durante la audiencia, algunas víctimas abandonaron el recinto con el argumento de que la Sala de Jurisdicción estaba dándole prioridad al perpetrador. “Somos desconocidos en esa sala, solo se escucha al general Montoya”, afirmó Alfamir Castillo, madre de Darbey Mosquera Castillo, quien habría sido asesinado a manos de miembros Batallón de Contra Guerrilla No. 57 “Mártires de Puerres” del Ejército. “Acá estamos hablando de un general en cuyo mandato se cometieron 2.400 ejecuciones extrajudiciales, según la Fiscalía. Si la JEP no tiene la centralidad de las víctimas y su protección, no estamos asistiendo sino a una burla hacia ellas”, indicó el abogado Germán Romero.

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Presidente reitera al ELN que debe liberar a todos los secuestrados y poner fin a actividades terroristas para establecer conversaciones

El Mandatario, durante declaración conjunta con el expresidente del Gobierno español José María Aznar, recordó que en los 17 meses del proceso cumplido por la administración anterior, ese grupo perpetró más de 430 actos criminales. El Presidente de la República, Iván Duque Márquez, reiteró este martes que el ELN “tendrá en nuestro Gobierno toda la disposición para establecer conversaciones si, y solo si, libera a todos los secuestrados y pone fin a todas sus actividades criminales”. El Mandatario, quien hoy recibió en la Casa de Nariño al expresidente del Gobierno español José María Aznar, con quien hizo una declaración conjunta, enfatizó que “no queremos más secuestros en Colombia. No queremos más terrorismo en Colombia”. Durante su intervención, el Jefe del Estado recordó que a lo largo de los 17 meses del proceso de diálogo cumplido por la administración anterior, ese grupo armado perpetró “más de 430 actos criminales, entre ellos más de 100 personas asesinadas”. “Y eso es todo, menos voluntad de paz”, puso de presente. El Presidente Duque insistió en que “el Estado colombiano nunca podrá renunciar a su deber legítimo y constitucional de proteger la vida, honra y bienes de los colombianos”. “Por eso nos mantenemos en lo que hemos dicho: Se necesita la liberación de todos los secuestrados y que les pongan fin a las actividades criminales para poder tener un proceso de conversación”, puntualizó el Jefe del Estado. Con información de la Presidencia de la República

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