enero 21, 2025

Acuerdos de Paz

FARC le apuesta a la paz

En la tarde de este martes la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas recibió de mano de excombatientes de esa guerrilla una lista de 354 casos de desaparecidos durante el conflicto armado que ha vivido Colombia por más de cuatro décadas. Es la primera vez que el Comité Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas, conformado por exintegrantes de las FARC, entrega documentación que se espera ayude a dar con su paradero, así como esclarecer las circunstancias en las que se produjo su desaparición. La información entregada a la UBPD corresponde en un 64 % a miembros de grupos armados al margen de la ley;  28 %, a civiles y un 1 %, a integrantes de Fuerza Pública. Los casos documentados están ligados en su gran mayoría a hechos ocurridos entre 1996 y 2007, según informó la Unidad.  De acuerdo con lo reportado, los departamentos con el número más alto de desaparecidos son Meta, Antioquia y Huila.

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Las víctimas y la justicia transicional: una reflexión victimológica a propósito del proceso de paz en Colombia

Las víctimas y la justicia transicional: una reflexión victimológica a propósito del proceso de paz en Colombia Julio Andrés Sampedro Arrubla Decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá D.C. Escribe William Faulkner: “El campo de batalla no hace sino revelar al hombre su propia estupidez y desesperación y la victoria es una ilusión de filósofos locos”. Estas palabras del Premio Nobel de Literatura 1956 podrían, sin más, justificar una opción social por un trabajo intenso en la superación de los conflictos violentos a través del dialogo y adoptar una opción preferencial por la reconstrucción de tejido social en sociedades en crisis como la colombiana. El establecimiento de diálogos entre el Estado Colombiano y el grupo ilegal armado de las FARC, ha constituido en la historia de Colombia un acontecimiento de ruptura que ha incidido directamente en el despertar de la conciencia del presente, actualizando un pasado agobiante que hace visibles y actuales los derechos pendientes de las víctimas de un conflicto que lleva más de medio siglo marcando con fuego la vida diaria de toda la sociedad. En la historia, como lo escribe R. Mate, hay hechos que en sí mismos comprometen toda una vida y vidas que comprometen toda una época y épocas que comprometen toda la historia. El avance, las discusiones y los acuerdos parciales surgidos de los diálogos de paz entre el Estado y el grupo de las FARC son un hecho que ha despertado la conciencia del presente en Colombia trayendo un pasado cargado de presencialidad que llama la atención acerca de los derechos pendientes de miles de víctimas que hoy pasan factura. En este sentido, Colombia vive un acontecimiento de ruptura. Un acontecimiento con el que se ha tomado conciencia que el sufrimiento de las víctimas del conflicto y la violencia que ha traído consigo tantos sacrificios pasados y presentes, no pueden ser interpretados como el precio del futuro.  Lo advierte P. Levi en su libro “Los hundidos y los Salvados (La Trilogía de Auschwitz)” el recuerdo tiene una carga subversiva. El pasado agobiante de macro-victimación es nuestra responsabilidad y es obligación de las nuevas generaciones hacer suya la causa de las víctimas, porque solo atendiendo a los derechos que han quedado pendientes se puede quebrar el pasado y esperar algo diferente de lo que ya tenemos. Como escribe G. Grass: “Mientras el hombre espere, volverá siempre a empezar a esperar el final lleno de esperanza”. Visibilidad de las víctimas La visibilidad adquirida por las víctimas ha logrado que su sufrimiento deje de ser insignificante, es decir, que signifique injusticia. Se ha superado los tiempos en los cuales matar, secuestrar, extorsionar, etc., eran situaciones excepcionales que podían borrarse tan pronto como el ejecutor decidiera abandonar su ejecución. Ahora son injusticias cometidas contra inocentes que piden justicia. Esta nueva realidad se manifiesta en una cultura reconstructiva que da fundamento a un nuevo paradigma de justicia en el que el énfasis está, más que en el vínculo entre castigo y justicia, en justicia y reparación a las víctimas. Justicia transicional Los acuerdos de paz en Colombia han dado lugar a la necesidad de pensar en la construcción de un modelo de justicia transicional que permita enfrentar el final del conflicto armado con una base real de justicia que atienda a los derechos pendientes de las víctimas y posibilite la inserción de los grupos armados en la institucionalidad vigente. Este modelo, en nuestro concepto, debe alimentarse fundamentalmente de los conceptos y planteamientos del paradigma restaurativo de la justicia. Los diálogos de paz en La Habana, Cuba, establecieron que la justicia transicional debe garantizar una reparación efectiva de las víctimas. Esta cosmovisión surge en el ámbito de la victimología y la criminología y  apunta a reconocer que la conducta punible causa daños concretos a las personas y las comunidades e insta a que la justicia repare efectivamente esos daños y a que tanto la comunidad como las partes en conflicto se les permita participar activamente en el proceso de su solución. Los programas de justicia restaurativa, por consiguiente, habilitan a las víctimas, al infractor y a los miembros afectados de la comunidad para que estén directamente involucrados en dar una respuesta al delito. Como escribe L. F. GRODILLO, se busca una nueva dimensión de política criminal donde la prioridad es la política social y la prevención, y la Administración de Justicia cobra un rol complementario siguiendo los principios de subsidiariedad, ultima ratio, cooperación y el restablecimiento de las relaciones humanas. El derecho penal asume una función pacificadora (Prevención Integradora en términos de Claus ROXIN) y no únicamente limitada a la incidencia de sus instrumentos específicos, las penas y las medidas de seguridad;  la reparación del daño pasa a ser la idea central, a través de ella se persigue la pacificación social, en una nueva forma de enfrentar el delito, donde la represión y la retribución adoptan un papel secundario, subsidiario, conforme al principio de ultima ratio o mínima intervención del derecho penal, permitiendo la aparición de instrumentos tales como la mediación. Justicia restaurativa La justicia restaurativa constituye una visión alternativa del sistema penal que, sin menoscabar el derecho del Estado en la persecución del delito, busca, por una parte, comprender el acto criminal en forma más amplia y en lugar de defender el crimen como simple trasgresión de las leyes, reconoce que los infractores dañan a las víctimas, comunidades y aun a ellos mismos; y por la otra, involucrar más partes en repuesta al crimen, en vez de dar papeles clave solamente al estado y al infractor, incluye también víctimas y a la comunidad. En pocas palabras, la justicia restaurativa,  valora en forma diferente el éxito frente al conflicto, en vez de medir cuánto castigo fue infringido, establece si los daños son reparados o prevenidos. Esta forma de pensar la justicia hace que el proceso, de ser un espacio irreal, deshumanizado y excesivamente dogmático, pase a ser un escenario para el encuentro víctima-victimario, un espacio para el testimonio que creativamente enlaza la

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Marchas en todo el país en defensa de la JEP

Desde las 5:00 de la tarde los defensores de la implementación de los Acuerdos de paz con las Farc, se reunirán en las principales plazas del país para exigirle al Congreso de la República que no acepte las objeciones del presidente Iván Duque a seis de los artículos de la Ley Estatutaria que regula la JEP. Este lunes, organizaciones sociales y líderes políticos que defienden las facultades que se le han otorgado a la JEP, saldrán a las calles para pedir al Legislativo que se oponga a los reparos que ha hecho el mandatario a la Ley que rige el funcionamiento de la Jurisdicción Especial para la Paz. Desde la multitudinaria marcha del 2016 cuando se conocieron los resultados del plebiscito, no se convocaba a una protesta de esa naturaleza. En el caso de Bogotá la cita es a las 5:00 pm en el Planetario Distrital y según los sectores que han convocado las movilizaciones,  los asistentes llevarán luces y linternas para emular el ambiente de manifestaciones anteriores. Se espera que los primeros grupos empiecen a llegar a la Plaza de Bolívar alrededor de las 6: 00 pm. Las marchas son apoyadas por líderes políticos como Gustavo Petro, Sergio Fajardo, Ángela María Robledo y Claudia López, entre otros, además de algunos de los negociadores del Acuerdo de paz que firmó el anterior gobierno con las FARC en 2016.

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Militares piden al presidente Duque sancionar la ley estatutaria de la JEP

Un grupo de 15 uniformados que se acogieron al sistema de justicia transicional para recibir beneficios jurídicos, le piden al primer mandatario que firme la norma. El senador del Partido de la U, Roy Barreras, encabezó una rueda de prensa en la que algunos militares beneficiados por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), le solicitaron al presidente Iván Duque que sancione la Ley Estatutaria de la JEP, en razón a que ellos actualmente están en libertad gracias a los beneficios que dan las normas derivadas del Acuerdo firmado con las FARC. “Estuve 11 años y 28 días privado de la libertad, condenado e investigado por procesos relacionados con el conflicto. Si no pasamos esta página, tenemos el riesgo de volver a la cárcel”, dijo el mayor Gustavo Soto. Consideró que por esto el presidente debe sancionar dicha ley. Además agregó que hay que evitar que los militares queden en manos de la justicia ordinaria. El sargento retirado, Jaque Morales, afirmó que los militares están comprometidos con la verdad y recordó que estuvo 12 años en prisión, donde fueron estigmatizados. “El conflicto hoy es político y tenemos la oportunidad de destapar la verdad que muchos sectores políticos no quieren”, señaló. A estas declaraciones, se sumaron las del mayor retirado, Álvaro Gamba, quien narró que gracias a la JEP recuperó la libertad y pudo volver a compartir con su familia. “Le pido al presidente que firme y nos permita disfrutar de la libertad”, señaló. Por su parte, el senador Roy Barreras le reiteró al mandatario que hay que “construir sobre lo construido, no volvamos a atrás a ver como destruimos La Paz”. También advirtió que “sí se elimina la JEP no habrá justicia ni reparación para las víctimas”.

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Comisión de Paz analizará en Plan de Desarrollo recursos para implementación de acuerdos

También hará un seguimiento y evaluación de aquellas instituciones que fueron creadas con el fin de garantizar la paz. La Comisión de Paz del Congreso se dará cita el próximo jueves 28 de febrero, para revisar en detalle si el proyecto del Plan Nacional de Desarrollo garantiza los recursos destinados a la implementación de los acuerdos de paz para el próximo cuatrienio. Además, estudiará si existe o no en dicha iniciativa un capítulo referido especialmente a la paz, tal como lo consagra la Constitución. Igualmente, la Comisión pretende evaluar si los recursos definidos para la implantación de la paz serán adicionales, como lo dispuso el respectivo acto legislativo. Esa célula legislativa realizará un seguimiento y evaluación de aquellas instituciones que fueron creadas con el fin de garantizar la paz, mirada que estará puesta en especial sobre las agencias de Desarrollo Rural, de Restitución de Tierras y Nacional de Tierras, lo mismo que en la Comisión de la Verdad, la Unidad de Víctimas, el Centro de Memoria Histórica y la Justicia Especial para la Paz (JEP). “Este Plan de Desarrollo está planteado para impulsar un modelo económico, el cual sin duda afectará el estrato tres de la sociedad colombiana”, señaló el senador del Polo Democrático, Jesús Alberto Castilla. Se planteó durante la reunión que en la próxima plenaria del Senado se tocarían nuevamente el tema. Con información de la oficina de prensa del Senado

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Rodrigo Londoño pide a alias “El Paisa” presentarse a la JEP

“Los Acuerdos de La Habana tienen que ser vistos como el resultado final de todos esos años de lucha. No clausuran nuestro sueño de tomarnos el poder junto con las mayorías del pueblo colombiano. Simplemente nos marcan una ruta distinta a la de la guerra”: Rodrigo Londoño.  El líder del nuevo partido político Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (Farc), Rodrigo Londoño le pidió al exjefe guerrillero Hernán Dario Velásquez Saldarriaga, conocido en la guerra como “El Paisa”, presentarse ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). “Camarada, hermano, si usted lo considera pertinente, yo mismo me ofrezco para viajar al lugar donde usted se encuentre, con el propósito de acompañarlo en su viaje a Bogotá, para que se sienta más tranquilo en su presentación en la JEP. Sobra decirle que el equipo jurídico del partido le brindará todo el apoyo necesario”, escribió el excomandante. En una carta dirigida a El Paisa, Londoño lo invitó a participar en el Pleno del Consejo Nacional de los Comunes, máxima instancia de dirección del movimiento político, que se realizará este fin de semana. “Soy consciente de las dificultades y temores que originaron en usted las prevenciones para participar en los eventos partidarios nacionales. Las cosas realmente no se presentan del modo como lo habíamos pensado durante los diálogos de La Habana, y mucho menos del modo como quedaron consignadas en el Acuerdo Final”. “Los tiempos cambian, Oscar, y con ellos el papel que deben jugar las organizaciones y los líderes. Retroceder, intentar revivir el pasado, persistir en caminos que el grueso del colectivo decidió dejar atrás, no puede ser pese al valor que se le quiera añadir, la decisión más acertada. Nuestro lugar en la lucha está aquí, las estrellas que soñamos alcanzar con el fuego de nuestras armas aún pueden caer, pero con la fuerza arrolladora de las masas. De eso se trata, estamos esperándolo”, puntualizó.

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Recursos del Gobierno para financiar Ley de Víctimas siguen siendo insuficientes: Contraloría

Se requiere un esfuerzo presupuestal adicional de $39.04 billones, entre 2019 y 2021, dice la Contraloría ante la Corte Constitucional. Los recursos que tiene disponibles el Gobierno Nacional para financiar la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras siguen siendo insuficientes y se requiere un esfuerzo presupuestal adicional, entre 2019 y 2021, del orden de $39.04 billones por año. Así lo manifestó hoy el Vicecontralor General de la República, Ricardo Rodriguez Yee, ante la Corte Constitucional. Indicó que es necesario revisar el plan de ejecución actual de esta Ley, tomando como referente el valor ejecutado en 2017 ($13.5 billones). “Para cumplir con los requerimientos de la Ley 1448 de 2011, se requeriría un plazo adicional de diez años, contados a partir del actual 2018”, precisó el Vicecontralor al intervenir en la Audiencia Pública sobre el “Estado de cosas inconstitucional en materia de desplazamiento forzado”. Al analizar el escenario de financiamiento de la Ley 1448 de 2011, las estimaciones de la CGR indican que aún hacen falta por financiar $129.3 billones para culminar los compromisos de la misma para el período 2018-2021. Este valor es superior en $28.4 billones de pesos constantes de 2018 al estimado por el Gobierno Nacional en la respuesta al Auto 373 de 2016 ($100,9 billones). Las medidas que mayor esfuerzo fiscal requieren son Indemnización Administrativa ($42,7 billones) y Vivienda Urbana y Rural ($31 billones). Con información de la Contraloría General de la República 

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Consejo de Estado cita a audiencia a Santrich por perdida de investidura

En días pasados la JEP dejó en firme la decisión de practicar pruebas en el proceso de aplicación de la garantía de no extradición requerida por el excomandante guerrillero. El Consejo de Estado citó este viernes al exjefe guerrillero Seuxis Paucias Hernández Solarte, mejor conocido como Jesús Santrich, para que comparezca a una audiencia dentro del proceso que ese tribunal adelanta en su contra por pérdida de investidura. La diligencia se llevará a cabo el próximo 3 de diciembre en el Palacio de Justicia.  Por tal motivo el Consejo solicitó al Inpec el traslado del excomandante de la cárcel La Picota al lugar donde se cumplirá la audiencia. Santrich no se posesionó como congresista el pasado 20 de julio, debido a que fue capturado el 3 de abril de este año y solicitado en extradición por el gobierno de los Estados Unidos. El exdirigente guerrillero era uno de los  representantes del partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (Farc), como quedó estipulado en el acuerdo de paz, en el punto sobre participación política. La demanda de pérdida de investidura la presentó la Mesa Directiva de la Cámara de Representantes. Como Santrich está en una “situación de fuerza mayor”, era necesario que el Consejo de Estado se pronunciara y definiera si en este caso en particular se incurrió en una causal de pérdida de investidura. El exjefe guerrillero envió una carta en julio pasado al presidente de la Cámara de Representantes, Alejandro Chachón, en la que reclamó su derecho a posesionarse como congresista, sin embargo, su solicitud fue rechazada.

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Comisión de Paz pide al ELN declarar cese al fuego unilateral

“Renunciar al diálogo es condenar a Colombia a la prolongación de una violencia inútil”: Comisión de Paz. La Comisión de Paz del Senado exhortó este jueves al Ejército de Liberación Nacional (ELN) a declarar un cese al fuego unilateral que demuestre su compromiso con la sociedad colombiana. “La decisión de un cese unilateral del fuego y de hostilidades es necesaria para seguir creyendo en la solución política del conflicto armado en Colombia. Instamos al ELN a avanzar en esa decisión que sin duda debe facilitar el descongelamiento de la Mesa”, indicó la instancia en un comunicado. Los congresistas calificaron como positivo que la guerrilla designara como delegado para las conversaciones con el Gobierno a su máximo jefe, Nicolás Rodríguez, alias Gabino. “Este gesto sin precedentes en la historia de conversaciones con esta organización debe ser valorado por el Gobierno Nacional como una oportunidad para elevar la capacidad de la mesa en la búsqueda de un acuerdo definitivo de paz”, añadió. El ELN había solicitado a la Comisión de Paz facilitar la reanudación del trabajo de la mesa de conversaciones, a lo que respondió que ese tipo de gestiones las realizará solo con la autorización del Gobierno Nacional y del señor Presidente de la República. “En esta comunicación queremos reiterar nuestra plena disposición para contribuir al proceso de paz con el ELN y también en los otros aspectos de la consolidación de la implementación del Acuerdo de Paz suscrito hace dos años con la entonces guerrilla de las FARC”, puntualizó.

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Organizaciones rechazan nombramiento de Vicente Torrijos como director del Centro Nacional de Memoria Histórica

“Este momento de nuestra historia requiere de compromiso y voluntad política de construir juntos y juntas nuestro futuro, es la oportunidad para que el Estado colombiano se abra a las víctimas y la sociedad”: Organizaciones de Derechos Humanos. Este lunes, diferentes organizaciones sociales, redes de apoyo a víctimas del conflicto armado y personas naturales, enviaron una carta al Presidente de la República, Iván Duque Márquez, en la que rechazaron el nombramiento del académico Vicente Torrijos como director del Centro Nacional de Memoria Histórica, por sus posturas “sesgadas y parcializadas”, según argumentaron. “Recibimos con indignación la comunicación en torno a la designación del señor Vicente Torrijos para ocupar el cargo de director del Centro Nacional de Memoria Histórica. El señor Torrijos no reúne los requisitos de idoneidad y legitimidad necesarios para ocupar este cargo y manifestamos nuestra oposición a su nombramiento”, afirmó la misiva con aproximadamente 6.000 firmas. Para las organizaciones, Torrijos no garantizaría verdad ni reparación a las víctimas por cuenta de su cercanía con las Fuerzas Armadas, debido a que fue asesor de dicha institución y en el informe que entregó acerca de los orígenes de la guerra, a la Comisión Histórica del Conflicto, afirmó que los delitos cometidos por los uniformados en medio de la confrontación armada obedecían a “severos desórdenes mentales”. También ha sido firmemente criticado por su apoyo a Jair Bolsonaro, recién elegido  Presidente de Brasil, y representante de la ultraderecha en el continente americano. Para Torrijos, el mandatario brasilero es un político en ascenso que se ha esforzado desde las bases populares por liberar a su país de la corrupción, el engaño y las redes ilícitas. “Es ampliamente conocido que a lo largo de su desempeño personal y profesional, el señor Torrijos ha mostrado una inclinación parcial por una versión de la historia de la guerra, lo cual denota un sesgo sumamente peligroso para la construcción de memoria de la sociedad colombiana”, puntualizaron. Organizaciones sociales y lugares de memoria del continente, rechazan el nombramiento de Vicente Torrijos como director del Centro Nacional de Memoria Histórica. pic.twitter.com/WXhsPUKDlT — Rpaz (@rpaz_prensa) 26 de noviembre de 2018

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