El acta garantiza el ejercicio de la protesta pacífica como un derecho legítimo.
El ministro del Interior, Guillermo Rivera, firmó la Resolución 1190 que ordena a las autoridades locales y a la Fuerza Pública adoptar el protocolo de las marchas pacíficas.
“Es una compilación de las normas vigentes y la jurisprudencia aplicable que servirá de guía metodológica para la actuación de autoridades civiles y de policía durante las protestas pacíficas”, anunció el ministro desde su cuenta en twitter.
El protocolo establece la creación de nuevas instancias para proteger los derechos de la ciudadanía en medio de las manifestaciones como participantes o espectadores, desarrollando el numeral 2,2,2 del Acuerdo de Paz firmado con las FARC en 2016.
“El uso de la fuerza debe ser considerado el último recurso de la intervención de la Policía Nacional”, se rescata del documento publicado por Rivera.
El Ministerio del Interior será el encargado de difundir, orientar, coordinar y brindar la asistencia técnica que requieran las distintas entidades para la implementación de la resolución.
Los gobernadores y alcaldes del país se habían opuesto a la expedición de este protocolo, argumentando que les quita autonomía para atender este tipo de eventos.