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“Páramos vivos”, un proyecto para proteger el agua

Columnistas, MinAmbiente: Ambiente, Opinión / revistacg

Desde el año 2016 venimos liderando, en la Cámara de Representantes, la propuesta de Ley 126, con el apoyo de colegas de diversos partidos. Con esta iniciativa buscamos “proteger los 37 complejos de páramos que abastecen de agua al 70 % de los colombianos” y convertir este proyecto en una alternativa efectiva a una realidad que se vive en diferentes zonas del mundo: la falta de agua potable. Expertos internacionales afirman que Ciudad del Cabo en Sudáfrica y sus habitantes están cruzando el límite, que amenaza con dejarlos sin agua. Ello, porque los niveles en las represas de la zona han caído en 1,4 %. Este desastre natural, provocado por la sequía y el cambio climático, ha despertado las alarmas en el mundo. En Colombia, estudios de organizaciones defensoras del medio ambiente y entidades oficiales como el Ideam han dejado en claro que el fenómeno también es preocupante. Nuestro país, a pesar de ser uno de los territorios con más riqueza hídrica en el planeta, podría quedarse sin agua suficiente para la atención de sus pobladores en el año 2050. Los motivos: la minería sin control, la deforestación, los incendios, la contaminación de los ríos y el crecimiento desmedido de la población en ciertos lugares donde se construyen viviendas sin un efectivo control urbanístico. Nuestro país, a pesar de ser uno de los territorios con más riqueza hídrica en el planeta, podría quedarse sin agua suficiente para la atención de sus pobladores en el año 2050 El proyecto de Ley 126, con su enfoque poblacional, busca que paulatinamente las actividades económicas que se realizan en páramos y que los deterioran puedan ser desescaladas, reemplazadas y se pueda incorporar una visión vital y sostenible a estos ecosistemas, generando acciones creativas para darle valor desde el ecoturismo, las denominaciones de origen en la agricultura o incluso la bioprospección. Con esta iniciativa pretendemos fijar los lineamientos técnicos y legales para delimitar estos ecosistemas que ocupan cerca de 3 millones de hectáreas, gestionarlos y reconocerlos como áreas estratégicas para el país. Generar oportunidades para los colombianos que habitan en los 400 municipios con zonas de páramo y conservar el agua que consumen la mayoría de los colombianos debe ser un compromiso para avanzar en un modelo de desarrollo más sostenible.

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Tips para un país con mejor salud

Columnistas, Opinión, Salud / revistacg

El Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS) de Colombia no solamente tiene un gran déficit presupuestal ya conocido, y que día a día va incrementando, sino también un gran reto en toda su estructura, que debe ser asumida por el nuevo gobierno y buscar llevar al Congreso de la República para corregir de manera definitiva la Ley, y así contribuir con el mejoramiento de la salud del pueblo colombiano. Hemos tratado de detectar cinco temas fundamentales para que se pueda corregir este sistema tan complejo, de la siguiente manera: 1. Salud Pública: Este componente debe tener por parte de la legislación colombiana una especial atención, atreviéndome a opinar que una de las acciones sería implementar la cátedra de nutrición en todos los colegios públicos y privados del país, desde el primer hasta el último año lectivo. Lograríamos que, con una hora semanal en toda la vida estudiantil, los niños y jóvenes aprendan a tener buenos hábitos alimenticios y de esta forma disminuir patologías tan comunes, crónicas y letales, a mediano y largo plazo, como: la diabetes, enfermedades cardiovasculares, cáncer, entre otras. Lo anterior además de ser estrategias mejoradoras de vida y salud, coadyuvarían a disminuir costos significativos al sistema general de seguridad social en salud. 2. Manuales tarifarios: En la actualidad las relaciones comerciales entre asegurador (EPS) y prestador (IPS) están regidas únicamente por la oferta y la demanda, esto representa una descompensación absoluta en el control del costo médico, siendo este el mayor indicador de estabilidad en el mercado de una aseguradora, ya que, de acuerdo a la posición dominante de las partes, se define la negociación; y si a esto le sumamos la obligatoriedad legal de la contratación en baja complejidad del régimen subsidiado, donde sin tener en cuenta la calidad y capacidad técnica del prestador se obliga a su vínculo contractual con la institución pública. Es por ello que se requiere con extrema urgencia un manual único tarifario para el país. 3. Selección de Gerentes de las ESE(s): En este punto de altísimo interés político, y que para muchos probablemente sea tema de poca importancia, la calidad, la atención y el déficit presupuestal de las instituciones es más complejo. Es así como se observa un círculo vicioso en su operatividad. Trataré de contextualizar el tema con un ejemplo: un mandatario local nombra un gerente, quien a su vez nombra personal mal calificado, quienes prestan un servicio deficiente, de baja calidad para el paciente, con bajos indicadores de salud pública y atención básica, por ende, una IPS en esta situación queda ad portas de la quiebra. Esto aplica para los pacientes del régimen subsidiado que son aproximadamente 22 millones, y algunos del régimen contributivo, donde solo tienen la oportunidad de la baja complejidad en una IPS pública municipal. El próximo gobierno debe desarrollar una verdadera y seria reforma a la salud 4. Nivelación económica del plan de beneficios: Un tema de alta importancia y de absoluta irresponsabilidad del actual Gobierno Nacional. A pesar de que el ministro de Salud ha hecho grandes esfuerzos por la nivelación del plan de beneficios de los dos regímenes y en el papel son iguales, tiene el régimen subsidiado un desequilibrio económico frente al régimen contributivo de cerca de 70 mil pesos por paciente al año. Vale la pena llamar la atención del ministro de Hacienda, quien conoce el tema y, a pesar de ello, en 8 años no ha propendido por solucionarlo. Este déficit deja una perdida entre asegurador y prestador, al año, cercana al 1.8 billones de pesos. De esta forma, es imposible que este sistema funcione adecuadamente, sin tener constantemente IPS o EPS en déficit financiero o en quiebra. 5. Pago del no Pos o plan de beneficios: este caso sí es la fresa que le faltaba al pastel. Actualmente a los entes territoriales les han disminuido algunos recursos legalmente, pero se les ha asignado la responsabilidad de asumir lo que no está previsto en el plan de beneficios del régimen subsidiado, es decir, tecnologías, medicamentos y procedimientos de alta complejidad, situación que genera la mayor cantidad de acciones legales, como la interposición de tutelas porque algunos entes territoriales no cumplen a cabalidad con estas responsabilidades; por nombrar un caso subgeneris, el departamento de Antioquia no lo asume por interpretación unilateral y diferente de la norma. Estos tips que principalmente afectan el normal desarrollo de un sistema de seguridad social en salud, en su modelo y en su financiamiento, se deben implementar de una manera ágil y contundente. El próximo gobierno debe desarrollar una verdadera y seria reforma a la salud, donde se logre un desprendimiento de intereses sectoriales y prevalezca el interés general del sistema y del paciente. Lo que sí queda absolutamente claro es que, a pesar de las dificultades y ajustes que requiere el sistema de salud colombiano, este es uno de los modelos de aseguramiento más completos en el hemisferio. Por lo tanto, no debemos caer en modelos populistas que definitivamente han fracasado y que no tienen la inclusión tecnológica y de punta que requieren tratamientos de alta complejidad en nuestros pacientes. Quien tenga la posibilidad de tener una medicina prepagada, no sólo está mejorando la posibilidad de una adecuada atención en su núcleo familiar, sino que también está ayudando a desahogar un poco el concurrido sistema de salud colombiano. Con el respeto que me merecen los lectores, solo quiero dejar una última reflexión: ojalá el próximo gobierno atienda a cabalidad estas sugerencias con responsabilidad social y financiera y no vayamos a caer en el populismo en salud de nuestros vecinos de nuestra frontera oriental; mil gracias.

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Límites claros para la dosis mínima

Cámara: Cámara de Representantes, Columnistas, Opinión, Política / revistacg

Óscar Sánchez León Representante a la Cámara, Partido Liberal Los fenómenos de microtráfico, narcomenudeo y consumo de sustancias psicoactivas presentan un aumento significativo en Colombia. Al hablar de microtráfico y narcomenudeo se tiene que hacer referencia a estructuras delictivas muy bien organizadas que controlan y conocen todas las variables del “negocio”, es decir, variables de comercialización, precios, tarifas, elaboración y distribución; variables legales, territoriales, institucionales y sociales, las cuales son utilizadas a la perfección por estructuras delictivas con el objeto de lucrarse y, de paso, destruir núcleos y pilares esenciales de la sociedad como lo son familias, niños, niñas y adolescentes. Dentro de estas, la que más ha llamado la atención es la de tipo legal, específicamente lo relacionado con la dosis para uso personal y de aprovisionamiento, ya que, según la Fiscalía General de la Nación y la Policía Nacional, muchas de las personas detenidas portando sustancias psicoactivas por encima de los gramos permitidos por la ley aducen o argumentan que la sustancia está destinada a su consumo personal, generando entonces una ventana de oportunidad para las estructuras criminales, para de esta forma burlar la ley y la autoridad dedicada a esta tarea. Según el Fiscal General de la Nación, 276 capturados quedaron en libertad bajo el argumento de que la cantidad de la sustancia que portaban era o iba a ser destinada para su aprovisionamiento. Lo anterior, amparados en la interpretación a la sentencia de la Corte Suprema de Justicia, la cual presenta un importante análisis sobre el tratamiento que debe tener la institucionalidad del Estado y la sociedad en general con las personas que consumen sustancias psicoactivas; análisis que se sustenta, entre otros, en disposiciones de las Naciones Unidas con el objeto de tratar al consumidor como enfermo y no como un delincuente, posición que de por sí es aceptada y compartida desde todos los puntos de vista y que, para lo cual, existen disposiciones legales y de política pública encaminadas a ello. Sin embargo, la dosis de aprovisionamiento en un contexto como el colombiano, donde muchas de las políticas, planes y programas encaminados a la disminución del consumo de sustancias psicoactivas no cuentan con una debida y formal evaluación por parte del Gobierno, puede llegar a generar más perjuicios que beneficios, tanto para el consumidor como para la sociedad.

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Víctimas y educación pública

Columnistas, Educación, Opinión / revistacg

Juan Manuel Galán Senador, Partido Liberal La Unidad de Investigación Periodística de la Institución Universitaria Politécnico Grancolombiano lanzó el proyecto La guerra va a la escuela, que muestra el terrible impacto del conflicto armado en la educación colombiana. Es ineludible preguntarse, entonces, cómo evitar que esto nos vuelva a pasar. Y una de las respuestas posibles es asegurar la continuidad de los esfuerzos y las políticas sociales, fortalecer la institucionalidad y empoderar a las comunidades. Con ese norte en la mira, culminamos esta semana legislativa. Por un lado, buscamos darle continuidad al órgano encargado dentro del Congreso de la República de atender a las víctimas del conflicto armado, y por otro, fortalecer la oferta pública educativa en el país. Efectivamente, el pasado 9 de abril, en el marco de la conmemoración del Día Nacional de la Memoria y Solidaridad con las Víctimas, tuvimos la oportunidad de visibilizar el ejercicio de monitoreo a la gestión pública, que hacen las más de 1.100 mesas municipales, 33 departamentales y la Mesa Nacional de Víctimas frente al Gobierno y al propio Congreso. …buscamos darle continuidad al órgano encargado dentro del Congreso de atender a las víctimas del conflicto armado, y por otro, fortalecer la oferta pública educativa en el país. Durante el 2016 y el 2017, procuramos esta tarea a través de 7 foros regionales descentralizados que contaron con la presencia de más de 3.000 asistentes, en los territorios del Huila, Nariño, Santander, Norte de Santander, Bolívar y Cesar. Esperamos que esta institucionalidad que hoy funciona, continúe y garantice su labor de control a la implementación de la ley 1448 de 2011. Se trata de permitir que las próximas decisiones sobre el futuro de la paz en Colombia se tomen con base en informes y estudios sobre la realidad del país y no simplemente en opiniones o llamadas telefónicas ajenas a lo que pasa con las víctimas. En la misma línea de fortalecer la institucionalidad, esta semana logramos aprobar, en último debate, el proyecto de ley que permitirá la sostenibilidad fiscal y económica de un emblemático centro de educación que cumple 90 años. Al declarar Patrimonio Pedagógico de la Nación, escuela laboratorio y centro de práctica de la Universidad Pedagógica Nacional al Instituto Pedagógico Nacional, el Gobierno puede ofrecer una educación accesible para la mayor parte de los colombianos; una reivindicación de la educación pública de calidad. Le ruego a Dios que nos ayude a sacar adelante a Colombia y a los colombianos, para que entendamos que la mejor manera de salir de la guerra y de la violencia es empezar por las víctimas y sanar esa gran cicatriz que la guerra le ha dejado a nuestra educación.

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Una extorsión a mano armada

Columnistas, Opinión, Paz / revistacg

Álvaro Hernán Prada Artunduaga Representante a la Cámara, Centro Democrático El acuerdo Santos – Timochenko ha sido una extorsión a los colombianos y continúa. A raíz de la captura del narcoterrorista ‘Jesús Santrich’ y el inminente testimonio de Marlon Marín, sobrino de alias ‘Iván Márquez’, este último decidió huir hacia el campamento guerrillero de Miravalle, Caquetá. Según él, para colaborar con la reincorporación de los milicianos mientras tiene claridad sobre lo que sucederá con su compañero de crímenes, que espera extradición en la Picota. Sin embargo, su naturaleza no dio espera y, una vez pisó territorio fariano, lanzó un nuevo chantaje para atemorizar a la sociedad, diciendo que si alias ‘Santrich’ muere en su huelga de hambre, habrá consecuencias nefastas. No solamente es una amenaza conjunta, tratándose de uno de los miembros del Estado Mayor de las Farc, sino un mensaje para infundir terror cuando reveló que alias ‘el paisa’, conocido por ser el peor sanguinario de esa guerrilla, abandonó el campamento y se hizo al monte hasta que la Fiscalía ceda. En las fotos del campamento comprobamos que no entregaron todas las armas. Aparece una milicia en formación detrás de los dos jefes, portando uniformes y armas de largo alcance. ¿Para qué las tienen listas y para qué las están usando si supuestamente firmaron la paz? Además, no es la primera vez que Márquez huye. Si decide quedarse con las milicias para huir de la justicia, tampoco sería la primera vez que deja la curul abandonada. Ya había sido representante a la Cámara cuando decidió unirse a las filas del terrorismo, dejando su silla vacía sin culminar el período. Esta vez, no teme por su vida, sino por la impunidad de sus fechorías que seguramente están al descubierto en los Estados Unidos y pronto le ameritarán reencontrarse con su amigo del alma, Simón Trinidad. Necesitamos unirnos y seguir en resistencia civil pacífica. Como si fuera poco, a este chantaje se une el ELN, luego de que el gobierno colombiano ignorara la petición del presidente ecuatoriano Lenin Moreno, de cesar las negociaciones y anunciar todo el peso militar y judicial sobre los crímenes de lesa humanidad perpetrados por las guerrillas colombianas. Lejos de mostrar verdadera solidaridad, atención y alianza en la lucha contra el crimen, la mayor preocupación de la canciller María Ángela Holguín por mandato de Santos, es buscar un nuevo país para seguir negociando con los asesinos. Si no les dolieron ocho policías compatriotas asesinados. Ni las viudas, ni los niños reclutados, ni las madres que siguen buscando a los desaparecidos. Por supuesto que no les importan los secuestrados y asesinados de Ecuador. Las cosas como son. El único propósito de Santos es entregarlo todo antes de terminar su mandato y salir victorioso e invicto de su responsabilidad con la extradición de ‘Santrich’ y los demás cabecillas de las Farc, que inevitablemente van a caer. Lo que está en juego es Colombia. No el bienestar de los guerrilleros que ya han recibido todo lo que exigieron, sino el de los ciudadanos que hemos sufrido 60 años de terrorismo en el campo y las ciudades. Necesitamos unirnos y seguir en resistencia civil pacífica. Manifestarla en las urnas como lo hemos hecho en las calles. Analicemos y escojamos lo mejor para nuestros hijos. Un país donde la justicia sea restaurada, donde no haya persecución política contra inocentes y donde no haya complicidad con el crimen.

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Una amenaza silenciosa

Columnistas, Gobierno, Opinión / revistacg

Margarita Restrepo Representante a la Cámara, Centro Democrático A nuestra sociedad la asecha una amenaza silenciosa: la violencia intrafamiliar, una tragedia que afecta a miles de hogares colombianos, sin distingo alguno. Al margen del estrato social o de la condición económica, la violencia contra la mujer y los niños ha crecido de forma preocupante en los últimos años. No este un asunto que se deba limitar a la publicación de unas cifras, las cuales son solamente relevantes para elaborar diagnósticos. Necesitamos urgentemente la realización de un pacto ciudadano que conduzca a la creación de una política pública de Estado para la prevención y el castigo eficaz de los casos de violencia intrafamiliar. Desde todos los ámbitos debe haber un compromiso de cero tolerancia hacia los actos de violencia de género y las agresiones contra los niños. De las casi 77 mil personas que el año pasado fueron víctimas de violencia intrafamiliar, 10200 fueron menores de edad. Un niño maltratado, agredido, violado y vilipendiado será un adulto con traumas y resentimientos. La base para una mejor sociedad es el amor y el respeto por los menores. Debemos evolucionar como sociedad. Los errores y las faltas que cometen los niños tienen que ser sancionados con castigos que en ningún caso impliquen violencia psicológica, sexual o física. Así no solo no se soluciona el problema, sino que se está enervando uno mayor que tendrá efectos permanentes. La impunidad alienta la reincidencia. Aquel que agrede a una mujer o a un niño y no es castigado como corresponde por la justicia, generalmente repite. Así lo ha podido certificar la Fiscalía General de la Nación que maneja una cifra que me parece alarmante: el 36% de las personas que propiciaron algún acto de violencia intrafamiliar eran reincidentes. La violencia de género es un asunto que merece muchísima atención, por su complejidad. No hay una fórmula mágica para controlar este peligroso fenómeno. Hace poco leí un informe que llamó mi atención. Los países nórdicos (Dinamarca, Suecia y Finlandia), que son los que más invierten en programas que propenden por la igualdad de género, son los que mayores cifras de violencia contra la mujer reflejaron en el año 2014. Aquella conclusión confirma que esta problemática no se soluciona únicamente a través de programas educativos. Deben incorporarse otros elementos, como la justicia, pero sobre todo el inculcar valores desde el hogar. Las familias, como los Estados, deben incorporar mecanismos de resolución dialogada y franca de los conflictos. No es a los golpes ni a los gritos como se superan las diferencias o como se sancionan las equivocaciones. No podemos continuar cruzados de brazos, viendo cómo sigue germinando esa mortal planta de la violencia intrafamiliar en nuestros hogares. La semana que acaba de terminar, dos niños fueron víctimas de agresiones sexuales. El año pasado, fueron denunciados 940 casos de feminicidio. Debemos reaccionar, para parar esa espiral de violencia. No puede ser viable un país en el que cada 12 minutos una mujer fue víctima de violencia por parte de su pareja. “La base para una mejor sociedad es el amor y el respeto por los menores.” Esto no se soluciona con leyes. Las normas no tienen virtudes mágicas. Las que existen son suficientes. Se requiere, por supuesto, enfrentar la impunidad, pero insisto: todos, como sociedad, estamos en la obligación de ponernos la mano en el corazón, hacer un alto en el camino y sellar un pacto social. Sé que para muchos mi propuesta es un sueño inalcanzable. Yo, sigo teniendo fe en Colombia, en sus autoridades, pero sobre todo en su gente. Pongámonos de acuerdo y hagamos del nuestro un país sin violencia intrafamiliar.

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La seguridad ciudadana

Columnistas, Estado, Fuerza Pública, Opinión / revistacg

Víctor Correa Representante a la Cámara, Polo Democrático Alternativo Existe en nuestra sociedad por efecto de reiteración la idea de que las posturas alternativas y de izquierda son enemigos de la fuerza pública, idea que se ve reforzada por los controles constantes que se realizan desde este espectro político al cumplimiento de las funciones encomendadas a la misma. Esta idea ha desdibujado el rol del control político para hacerle parecer como un ataque a la institucionalidad, que a lo sumo ha tenido por respuesta las causas humanitarias en las que solo se capta el efecto de superficie, indicando que no se está en contra de la institución si no que nos oponemos a la violación de derechos humanos, a la corrupción y a la afectación desmedida de derechos ciudadanos, entre otros. El énfasis en estas respuestas defensivas ha dejado en la oscuridad las propuestas que se tienen en torno a cómo comprendemos la seguridad, desde la compleja escala de seguridad nacional a las preocupaciones inmediatas del ciudadano relacionadas con la seguridad personal, todo comprendido bajo el concepto de seguridad humana. “Es precisamente en los temas de seguridad ciudadana donde el control político ha planteado una serie de propuestas insuficientemente expresadas” El concepto de seguridad humana es acuñado por primera vez en el informe de 1994 del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) donde se enuncian los cuatro principios básicos que componen la seguridad humana; la universalidad, la interdependencia de sus componentes, su carácter personal y enfocado en la prevención. Estos principios deben orientar las acciones institucionales alrededor de los ámbitos relacionados: seguridad económica, alimentaria, de la salud, del medio ambiente, personal, comunitaria y política. Debido a la frecuencia con la que nos referimos a los cuatro primeros ámbitos relacionados; no es difícil adivinar la línea base que compone las acciones que se deberían tomar respecto a cada uno según la postura política, no obstante, escasamente logramos expresar de manera clara las propuestas que giran en torno a los tres últimos componentes. Es precisamente en los temas de seguridad ciudadana donde el control político ha planteado una serie de propuestas insuficientemente expresadas; concebimos la seguridad ciudadana “como una condición necesaria para el desarrollo humano de las personas. Ésta es valorada como un bien público, cuya provisión es responsabilidad principal del Estado” y en esa medida cobra especial relevancia el control a las acciones desplegadas desde la institucionalidad. Antes de continuar, es pertinente distinguir la dimensión objetiva y la subjetiva de la seguridad ciudadana. La dimensión objetiva de la seguridad ciudadana se relaciona con el delito y la violencia, cifras e incidencia cuantificable del mismo. “La dimensión subjetiva depende de la percepción de inseguridad que se manifiesta en sentimientos de temor y vulnerabilidad. Aún más, la percepción de la inseguridad o “dimensión subjetiva” de la seguridad ciudadana tiene importancia en cuanto el temor, el miedo o la desconfianza pueden tener consecuencias reales en el desarrollo humano de las personas.” Bajo esta lógica, crear nuevos delitos o aumentar las penas de los mismos solo intimida a quien no tiene la capacidad de corromper la institucionalidad o a quien no tiene una motivación de necesidad o altamente ideológica de cometerlos. Según estas características, es un sector cada vez más limitado de la sociedad sobre el que surte efecto la prohibición, la cual tiene además una complejidad adicional en el sistema legal colombiano, saturado de normas que conllevan a la incertidumbre respecto a las conductas prohibidas.

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Con vivienda y agua revolucionamos al país

Columnistas, Ministerios, Opinión, Personajes, Vivienda / revistacg

Camilo Sánchez Ortega Ministro de Vivienda, Ciudad y Territorio de Colombia El gobierno Santos pasará a la historia no solo por la firma de la paz sino por haber hecho la más grande inversión en vivienda, agua y saneamiento básico, logrando una revolución en la sociedad. La paz no se consolida sin igualdad, esa fue la visión del Presidente, por eso la meta de construir 1,7 millones de viviendas, hoy ya iniciamos más de 1.749.433 millones de viviendas urbanas y rurales, que incluyen 94.174 del Minagricultura y 45.560 del Fondo de Adaptación, de éstas, el 60% se financiaron o cofinanciaron por parte de la Nación, cambiando la vida a más de 5 millones 500 mil colombianos. Los programas y subsidios de Minvivienda alcanzan una inversión de 7,3 billones de pesos. Gracias a este aumento en la escala de producción de vivienda redujimos el déficit habitacional cuantitativo urbano, pasando de 12,6% en 2005 a 5,6% en el 2016 y 5,2% en 2017, estamos seguros que en el 2018 el déficit bajará al 5%, superando con creces la meta del Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 que era de 5,5%. Esto fue posible gracias a la Ley 1537 de 2012, punto de quiebre en materia de política pública de vivienda. En la Fase I de Viviendas Gratis entregamos 100 mil unidades, y fue tan exitoso que empezamos la Fase II en la que iniciamos 30 mil casas en los municipios más pequeños y apartados. En total, entre viviendas gratis rurales y urbanas, superamos las 275 mil soluciones habitacionales. Pero entregar casas no es nuestro único fin, también nos esforzamos en dar acceso a servicios públicos y sociales a través de equipamientos(…) Este año gestionamos ante el CONFIS la aprobación de más de 1,2 billones, logrando 77.670 cupos de coberturas a la tasa en todos los programas, lo que dio seguridad a constructores y compradores. Además, en Mi Casa Ya hay aún 64 mil cupos de subsidios para cuota inicial. Pero entregar casas no es nuestro único fin, también nos esforzamos en dar acceso a servicios públicos y sociales a través de equipamientos, en ese propósito se han invertido 987 mil millones de pesos para la construcción de 34 colegios, 46 CDI, 68 parques recreo-deportivos, 13 bibliotecas públicas, entre otros. Estamos comprometidos en construir comunidad y crear ciudades dentro de las ciudades. También consolidamos el Plan Nacional de Titulación. A la fecha generamos más de 163 mil títulos, aportando así a que Colombia sea un país de propietarios legales. Otra prioridad ha sido dar seguridad a los actores del mercado, por esta razón se expidió la Ley de Vivienda Segura (1796 de 2016), que bajo un enfoque preventivo, genera medidas para la protección y amparo del comprador de vivienda, el aumento de la seguridad de las edificaciones y el fortalecimiento de la función que ejercen los curadores urbanos. Esta política integral no estaría completa sin prestar atención a un derecho fundamental: el agua potable y el saneamiento básico. Durante este gobierno, por primera vez 6,8 millones de colombianos pudieron contar con agua potable y 7,4 millones accedieron a saneamiento básico, lo que significó un aumento del 54,5% en acueducto y 64,4% en alcantarillado frente al Gobierno anterior. A la fecha, entregamos 1.663 proyectos de acueducto, alcantarillado y aseo, con una inversión que no tiene precedentes y asciende a 7,9 billones de pesos. Además, pusimos en marcha el programa de Conexiones Intradomiciliarias, que beneficia familias de estratos 1 y 2 al instalarles inodoros, duchas, lavamanos, lavaderos y lavaplatos. Se invirtieron 169 mil millones de pesos, con los que construimos 32.161 conexiones, beneficiando a 143.089 personas. Esta revolución pacífica de llevar viviendas y agua potable a quienes más lo necesitan ha significado la consolidación de la paz en todo el territorio nacional y un gran legado para el siguiente Gobierno.

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¡No volverán las cláusulas de permanencia!

Actualidad, Columnistas, Empresa, Opinión / revistacg

David Barguil Representante a la Cámara, Partido Conservador Con bastante preocupación denunciamos esta semana que la Comisión de Regulación de Comunicaciones pretendía sacar una resolución en la que se abría la puerta para revivir las cláusulas de permanencia. Afortunadamente, el director de la CRC, Germán Arias, escuchó nuestras preocupaciones y se comprometió a no resucitar las cláusulas que tanto nos costó eliminar de la telefonía móvil, hecho que ha beneficiado enormemente a los colombianos. En el año 2011, realicé un debate de control político en el cual demostré que en Colombia muchas industrias abusan de su posición dominante y esto se refleja en la falta de competencia y la monopolización en algunos sectores como el del cemento, insumos agrícolas, medicamentos y telefonía móvil. Frente a este último sector, mostramos que en el país existían tres operadores celulares que directa o indirectamente importaban casi la totalidad de los equipos que se vendían, poniéndoles el precio que querían y afectando, finalmente, a los usuarios. Radicamos, entonces, el proyecto de ley 161 de 2012 con el que propusimos que se fomentara la competencia en los servicios de comunicaciones, eliminando las cláusulas de permanencia, pues descubrimos que los operadores estaban abusando de dicha figura para aprovecharse de sus clientes. Nos dimos cuenta que en otros países ya no tenían cláusulas de permanencia y, si existían, las reglas del juego eran completamente diferentes. Por ejemplo, el IPhone 5, un teléfono muy apetecido en ese momento, era vendido en Colombia a $1’252.000 con planes mayores a $219.000 mensuales, mientras que en Chile el mismo operador vendía los planes del IPhone 5 por los $200.000 mensuales, con una cláusula de permanencia de 24 meses, pero la gran diferencia era que allá el celular les salía completamente gratis. Nos llovieron meteoritos por parte de Asomovil y los operadores amenazaron con subir los precios de los celulares de gama alta hasta un 48%. Pero mentían, pues en ese momento era prácticamente imposible que el precio de los equipos aumentara más. Muestra de ello es que el Samsung Galaxy S4 tenía un sobrecosto de más del 30% frente al precio que ofrecían reconocidas tiendas online en cualquier parte del mundo. Además, existían abusos como las cargas limitadas y por minutos, donde si un usuario cortaba la llamada a los 10 segundos, igual le cobraban el minuto entero. En realidad, las cláusulas de permanencia no estaban sirviendo para subsidiar ni ayudar a los usuarios con cómodos intereses, sino para atarlos con contratos interminables. “Ahora bien, con sorpresa nos enteramos y denunciamos esta semana que la CRC abría la posibilidad en una nueva resolución de revivir las cláusulas de permanencia” Al estudiar las ventajas que traería nuestro proyecto, la CRC decidió adoptarlo y expidió la resolución 4444 de 2014, con la cual quedó prohibido “el establecimiento de cláusulas de permanencia mínima en los servicios de comunicaciones móviles”. Al poco tiempo se empezaron a ver los resultados, los precios de los celulares se redujeron hasta un 46% y cambió la modalidad de facturación de minutos a segundos, dándoles muchas más opciones a los usuarios. Los operadores se vieron obligados a competir y ofrecer nuevos descuentos a sus clientes. Incluso, pese al efecto que tuvo el aumento del dólar que incrementó los precios de los celulares a nivel mundial, en Colombia dicho aumento se produjo a menor velocidad debido a la competencia entre operadores por mantener a los usuarios. La misma CRC ha señalado en sus informes de monitoreo que la eliminación de las cláusulas de permanencia ha generado más ofertas, planes y formas de financiación de los teléfonos, traduciéndose en mejores tarifas de minutos, datos y equipos. Según Fenalco, hoy en el mercado hay entre 22 y 25 marcas que distribuyen smartphones -entre ellas grandes superficies, almacenes de cadena y páginas de internet-, antes de la resolución 4444 no había más de 10 marcas. Ahora bien, con sorpresa nos enteramos y denunciamos esta semana que la CRC abría la posibilidad en una nueva resolución de revivir las cláusulas de permanencia, argumentando que en Colombia hay un rezago respecto a otros países en la penetración de internet móvil, diagnóstico que desconoce el principal problema que es el atraso existente en materia de infraestructura, redes y antenas. Por supuesto, pusimos el grito en el cielo y anunciamos que nos opondríamos a que los operadores tuvieran de nuevo vía libre para ponerles condicionamientos a los usuarios que quisieran adquirir equipos 4G. No permitiremos, bajo ninguna circunstancia, que los colombianos tengan que soportar otra vez una venta atada y un plan de datos obligatorio ligado al pago de su celular. Afortunadamente, el director de la CRC escuchó nuestras preocupaciones y se comprometió a aclarar en el texto de la nueva resolución que no revivirán las cláusulas de permanencia, lo cual nos da un parte de calma, pero no estaremos completamente tranquilos hasta que salga la resolución final y esté expresamente consignado el siguiente parágrafo: <<en los contratos de prestación de servicios móviles no se pueden pactar cláusulas de permanencia mínima>>. No debe haber lugar a ninguna ambigüedad que pueda ser aprovechada por los operadores para amarrar a sus clientes. Eso sí, acompañaré a la CRC en sus esfuerzos para que bajen los precios de los equipos de alta gama, bajo el entendido que si el usuario pacta un plan podrá retirarse cuando quiera. A pesar de que algunos han tratado de satanizar la eliminación de las cláusulas de permanencia, la verdad es que las cifras hablan por sí solas y demuestran que hoy los usuarios deciden con mayor libertad qué equipo y qué servicio se ajusta más a su presupuesto y a sus necesidades. Nuestra lucha contra los gigantes sigue en pie y nunca nos va a temblar la voz para denunciarlos. Enfrentarse a un gigante, como los grandes operadores de la telefonía móvil, no es fácil, pero nuestra responsabilidad es seguir defendiendo el bolsillo de los colombianos.

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