Víctor Correa
Representante a la Cámara, Polo Democrático Alternativo
Existe en nuestra sociedad por efecto de reiteración la idea de que las posturas alternativas y de izquierda son enemigos de la fuerza pública, idea que se ve reforzada por los controles constantes que se realizan desde este espectro político al cumplimiento de las funciones encomendadas a la misma.
Esta idea ha desdibujado el rol del control político para hacerle parecer como un ataque a la institucionalidad, que a lo sumo ha tenido por respuesta las causas humanitarias en las que solo se capta el efecto de superficie, indicando que no se está en contra de la institución si no que nos oponemos a la violación de derechos humanos, a la corrupción y a la afectación desmedida de derechos ciudadanos, entre otros.
El énfasis en estas respuestas defensivas ha dejado en la oscuridad las propuestas que se tienen en torno a cómo comprendemos la seguridad, desde la compleja escala de seguridad nacional a las preocupaciones inmediatas del ciudadano relacionadas con la seguridad personal, todo comprendido bajo el concepto de seguridad humana.
“Es precisamente en los temas de seguridad ciudadana donde el control político ha planteado una serie de propuestas insuficientemente expresadas”
El concepto de seguridad humana es acuñado por primera vez en el informe de 1994 del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) donde se enuncian los cuatro principios básicos que componen la seguridad humana; la universalidad, la interdependencia de sus componentes, su carácter personal y enfocado en la prevención.
Estos principios deben orientar las acciones institucionales alrededor de los ámbitos relacionados: seguridad económica, alimentaria, de la salud, del medio ambiente, personal, comunitaria y política. Debido a la frecuencia con la que nos referimos a los cuatro primeros ámbitos relacionados; no es difícil adivinar la línea base que compone las acciones que se deberían tomar respecto a cada uno según la postura política, no obstante, escasamente logramos expresar de manera clara las propuestas que giran en torno a los tres últimos componentes.
Es precisamente en los temas de seguridad ciudadana donde el control político ha planteado una serie de propuestas insuficientemente expresadas; concebimos la seguridad ciudadana “como una condición necesaria para el desarrollo humano de las personas. Ésta es valorada como un bien público, cuya provisión es responsabilidad principal del Estado” y en esa medida cobra especial relevancia el control a las acciones desplegadas desde la institucionalidad.
Antes de continuar, es pertinente distinguir la dimensión objetiva y la subjetiva de la seguridad ciudadana. La dimensión objetiva de la seguridad ciudadana se relaciona con el delito y la violencia, cifras e incidencia cuantificable del mismo. “La dimensión subjetiva depende de la percepción de inseguridad que se manifiesta en sentimientos de temor y vulnerabilidad. Aún más, la percepción de la inseguridad o “dimensión subjetiva” de la seguridad ciudadana tiene importancia en cuanto el temor, el miedo o la desconfianza pueden tener consecuencias reales en el desarrollo humano de las personas.”
Bajo esta lógica, crear nuevos delitos o aumentar las penas de los mismos solo intimida a quien no tiene la capacidad de corromper la institucionalidad o a quien no tiene una motivación de necesidad o altamente ideológica de cometerlos. Según estas características, es un sector cada vez más limitado de la sociedad sobre el que surte efecto la prohibición, la cual tiene además una complejidad adicional en el sistema legal colombiano, saturado de normas que conllevan a la incertidumbre respecto a las conductas prohibidas.