junio 1, 2026

Congreso de la República

Pasa a último debate regulación de uso de cigarrillos electrónicos

En sesión no presencial de la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes fue aprobado en su tercer debate, el Proyecto de Ley 218 de 2019 que regula el uso y la comercialización de los cigarrillos electrónicos y vapeadores.  “Como padre de familia he promovido este proyecto para proteger a nuestros menores de edad, lo que buscamos es que se restrinja el acceso que actualmente tienen los niños y niñas a los vapeadores y cigarrillos electrónicos. Esta ley va a salvar la vida de muchos jóvenes que aún no dimensionan los graves daños que causan a la salud el uso de estos dispositivos”, dijo el senador José David Name Cardozo. Reconoció que queda muy poco tiempo para aprobar este proyecto de ley, a lo que se suma la dificultad de tener un Congreso virtual, que hace más complejo el proceso. “Por eso le pedimos al señor presidente de la Cámara de Representantes, Carlos Cuenca Chaux, que priorice su trámite en la plenaria para que no se nos hunda por no debatirse en este periodo”, agregó.  Consideró que al ser el Coronavirus una enfermedad infecciosa que afecta principalmente los pulmones, existe una alta probabilidad que los fumadores sean más vulnerables al contraer el virus, que los no fumadores. “Por eso resulta urgente que logremos la pronta reglamentación de los cigarrillos electrónicos y vapeadores, para proteger a nuestros menores de edad, quienes debido a la falta de regulación, tienen un fácil acceso a los dispositivos, a través de plataformas de comercio electrónico como Rappi, Uber Eats, Domicilios.com, entre otras”. De esta manera, la iniciativa queda a la espera del cuarto debate en el Congreso de la República para la aprobación del legislativo y su posterior sanción presidencial.    

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Caquetá y Putumayo, en un diálogo franco sobre el Covid-19

En el Facebook Live de todos los jueves, el alcalde de Cartagena del Chairá (Caquetá), Edilberto Molina y el representante a la Cámara por el Putumayo, Carlos Ardila Espinosa, sostuvieron un diálogo sobre  temas relacionados con el Covid-19 y su impacto en las regiones. El mandatario de Cartagena del Chairá expuso la situación actual del municipio, que, por fortuna, no presenta ningún caso de contagio, pero se esta preparando para enfrentar cualquier eventualidad.  “Nadie estaba preparado para esta crisis, por lo que la falta de recursos ha generado dificultades como  el desabastecimiento alimenticio generado por el cierre de las vías, porque todo se trae del interior. Sin embargo, esta restricción ha retrasado la llegada del virus a la región” afirmó. Además, resaltó el apoyo de la fuerza pública, las unidades de Socorro y la Cruz Roja para conservar la calma y evitar el pánico de la comunidad frente al aislamiento obligatorio decretado por el Gobierno Nacional desde marzo pasado para contener el avance de la pandemia en el país. Por su parte, el representante Carlos Ardila dijo que ningún alcalde, ni gobernador estaba preparado para una circunstancia inédita como la que hoy se esta viviendo en Colombia. “Todos han tenido que reinventarse para llevar esta situación. El Gobierno Nacional ha emitido decretos y concedido facultades a alcaldes y gobernadores para que se distribuyan los recursos de las entidades territoriales de acuerdo a los compromisos fiscales”. Sin embargo, resaltó que “a pesar de las medidas tomadas, los alcaldes no tienen recursos suficientes para asumir la crisis, especialmente, los municipios de sexta categoría, entonces los planes de desarrollo se han paralizado. Estos son limitantes en los presupuestos por causa de la centralización”. Un tema que se destacó, fue la creación del Fondo de Mitigación de Emergencias, FOME, para atender las necesidades en el sector salud, el cual nació con los recursos provenientes del Fondo de Ahorro y Estabilización (FAE)  y del Fondo de Pensiones Territoriales (FONPET). La gran pregunta que surgió durante el conversatorio es ¿cuánto de ese dinero ha llegado a los municipios, particularmente a los del departamento del Caquetá?   “Los recursos se han concentrado en el centro del país, solo nos han inundado con decretos, sin dar acciones concretas, ni dineros para atender a la población. Solo se han entregado 550 mercados que envió la primera dama de la nación, María Juliana Ruiz, pero somos 35.000 habitantes. Estas ayudas se destinaron a las familias necesitadas y fueron atendidas con el servicio de regalías para completar 1.800 mercados más”, aseguró Molina.  Por su parte, el representante Ardila reiteró su compromiso con las regiones, de las cuales dijo ser su vocero en el Congreso de la República para romper la brecha del centralismo y ejercer el control político necesario para que los recursos sean distribuidos de manera correcta y equitativa.        

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Proyecto de prisión perpetua para violadores y asesinos de niños, niñas y adolescentes fue aprobado por la Cámara de Representantes en sexto debate

Con 135 votos a favor y 22 votos en contra, la plenaria de la Cámara de Representantes aprobó, en sexto debate, el proyecto de acto legislativo que propone la cadena perpetua para violadores y asesinos de niños, niñas y adolescentes. La iniciativa, a la que solo le restan dos debates en la Comisión Primera y la plenaria del Senado, contó con el respaldo de la mayoría de las bancadas en la Cámara de Representantes, la cual, en una sesión virtual, le dio vía libre a la enmienda constitucional. Luego de su aprobación, la Ministra del Interior, Alicia Arango Olmos, destacó la decisión de la Cámara de Representantes y, a través de su cuenta de twitter, aseguró: “Gracias por dar un paso más hacia la protección integral de la niñez”. Durante la plenaria, un sector minoritario del Congreso radicó una ponencia negativa, que pedía el archivo de la iniciativa. No obstante, luego de un amplio debate, los congresistas negaron esta posibilidad con 130 votos en contra de este informe. Por tratarse de una reforma a la Constitución Política, este proyecto debe ser tramitado y aprobado en 8 debates de Senado y Cámara, en dos vueltas. Con el visto bueno, la iniciativa quedó solo a dos debates de convertirse en enmienda y deberá ser aprobada antes del 20 de junio próximo, cuando finaliza el periodo ordinario de sesiones. De no tener trámite, será archivado. El proyecto, que pretende la cadena perpetua para castigar estas conductas en contra de los niños, niñas y adolescentes, ha sido presentado en 13 oportunidades al Congreso, sin que hasta el momento haya tenido su aprobación. El Presidente Iván Duque Márquez ha manifestado su respaldo a esta iniciativa. De hecho, el pasado 27 de febrero, en Cartagena, el Jefe de Estado aseguró que “nos duele cuando vemos a una madre llorando una situación de esa naturaleza; le prometí a Colombia que íbamos a enfrentar ese problema sin titubeos. Ya concluyó una primera ronda en el Congreso de la República, y espero el respaldo de los alcaldes de Colombia para que sea una realidad la cadena perpetua a violadores y asesinos de niños en nuestro país”. Tomado de Presidencia de Colombia.   

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Comisión Séptima del Senado debatió sobre sector turístico y hotelero

Los senadores de la Comisión Séptima y el ministro de Comercio, Industria y Turismo, José Manuel Restrepo, se reunieron este martes de forma virtual, a partir de las 10 de la mañana, para debatir sobre las dificultades que atraviesa este sector de la economía. La conversación que estuvo liderada por el presidente de esta Comisión, Fabián Castillo, y el secretario, Jesús María España, contó con la participación del presidente del Fondo Nacional de Turismo (Fontur), Raquel Garavito; el presidente del Banco de Comercio Exterior de Colombia (Bancoldex), Javier Díaz, y un representante del Fondo Nacional de Garantías (FNG). Como primera medida, se definió que el horario para sesionar serán los martes y jueves a las 10:00 a. m. Por otro lado, el jefe de la cartera de Comercio se refirió a tres temáticas clave en el marco de la emergencia sanitaria: “El componente central es preocupación por las vidas humanas, que se garantice el sistema hospitalario y no colapse ante la respuesta sanitaria. Se ha hecho una inversión de casi 12 billones de pesos en el sector de la salud para buscar liquidez y recursos para compensar a  los funcionarios del sector salud”. “La prioridad actual del gobierno es el aprovisionamiento de bienes básicos, productos agropecuarios, productos de higiene y aseo, en conjunto del Ministerio de Salud y Protección Social  y el Ministerio de Agricultura. Además, se creó una línea de alivio temporal para reducir el “arancel a cero”, en los que se incluyen medicamentos y químicos para la potabilidad del agua, también, dispositivos médicos. Se restrigen las exportaciones con productos básicos en salud, en el marco de lo que permite la Organización Mundial del Comercio”, indicó Restrepo. El ministro igualmente habló sobre el decreto 507 de 2020, que lucha contra la especulación y el acaparamiento durante esta época de emergencia sanitaria, donde se estableció una lista de 26 categorías de medicamentos, que permite al DANE llevar un informe, cada cinco días para regular el precio de esos medicamentos. Como tercer punto, se discutió el empleo, especialmente en los sectores de hotelería, eventos, restaurantes y  aviación, por lo que como respuesta frente las crisis el Gobierno Nacional creo el fondo “Unidos por Colombia”, el cual tendrá tres componentes para generar recursos y garantizar liquidez. Recursos en garantía de crédito para el pago de nómina por $12 billones. Capital de trabajo con una destinación de $3 billones para el sector empresarial de pequeñas y medianas empresas, con un mínimo de 6 meses de gracia para un crédito nuevo. La línea que busca apoyar a independientes por un monto de $1 billón con una cobertura del 80%, por medio de sistema financiero colombiano. Finalmente, se tocó el punto de “Colombia Responde Para Todos”, que incluye todos los sectores de la economía, y se avanzó en el decreto de arrendamientos, que contemple un contrato voluntario y sin posibilidad a  desalojo en los meses de la emergencia. “Resalto el apoyo del Gobierno Nacional para favorecer el sector turístico, el aplazamiento de algunos impuestos, sin embargo, la situación ha evolucionado. El sector hotelero que genera 110.000 empleos en el país no tiene como paga la nómina el próximo 30 de abril. Cerca del 90% del gremio esta conformado por pequeñas y medianas empresas, que viven de las pequeñas temporadas que logran sostener sus negocios durante todo el año. El llamado es aplazar los términos los créditos y subsidiar los nominas por los próximos meses”, indicó el presidente de Asociación Hotelera y Turística de Colombia (Cotelco), Gustavo Toro. Por su parte, el público presentó sus dudas ante las medidas que han adoptado las alcaldías que no respeten los decretos del Gobierno Nacional, así mismo, las incertidumbres de las entidades suspendidas hasta término indefinido. Entre algunos de los comentarios y solicitudes de los asistentes virtuales, se hizo presente la “Oficina Acoltés”, quienes han enviando peticiones al Gobierno Nacional para que el Transporte Terrestre Especial sea tenido en cuenta con alivios económicos. La incertidumbre del sector turístico se une a la crisis que viven los artesanos indígenas en el sur del país, en donde su sustento se basa en la circulación de visitantes.  Su vocero, el senador Manuel Bitervo Pachulgan, presentó una lista de peticiones sobre los alivios económicos e hizo un llamado sobre las comunidades indígenas. La plenaria dio paso a la intervención de los senadores quienes en diálogo con el ministro de Comercio, desarrollarán nuevas estrategias para responder a la crisis del sector turístico.       

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Renuncia ministro de Defensa Guillermo Botero

El ministro de Defensa, Guillermo Botero, renunció este miércoles a su cargo, en medio del escándalo generado por el bombardeo a un presunto campamento de las disidencias de las FARC, donde murieron siete menores de edad y cuatro adultos.   Su salida del ministerio se produce un día después que sectores políticos exigieron la renuncia del funcionario por la ineficiente respuesta del Gobierno ante el incremento de la violencia en el sur occidente del país, donde varios líderes indígenas han sido asesinados en los últimos días. Según el senador Roy Barreras, el ministro de Defensa, guardó información sobre  la  muerte de siete menores de edad durante bombardeo a grupo subversivo en San Vicente del Cagúan, el pasado mes de septiembre.  Durante un debate de control político en el Congreso, Botero respondió que cuando esta operación se hizo no se sabía de la presencia de niños. “Mantenemos una lucha continua en contra de cultivos ilícitos, el secuestro, la extracción ilícita de minerales y otros delitos”, agregó.  El general Luis Fernando Navarro, comandante de la Fuerzas Militares, fue encargado de la cartera por el Presidente Iván Duque. Este fue el comunicado con el que el funcionario renuncia a su cargo: Es mi deber como ciudadano, como servidor público y en particular como Ministro de Defensa Nacional hacer el mayor esfuerzo porque la sociedad en su conjunto y el Congreso en particular conozca y entienda que aquí están en juego los instrumentos con que cuentan la sociedad y el Estado para protegerse de las graves amenazas que nos acechan y que estamos en la obligación de combatir. Más allá de la coyuntura política, lo que debe contar es la legitimidad y los instrumentos jurídicos para combatir estas amenazas. Este debate debe darse con toda la rigurosidad y responsabilidad. No puede un debate político lleno de imprecisiones y partes a medias ser la última palabra en este asunto. Respecto a la operación donde murió el señor Flower Trompeta el Ministerio de Defensa se permite informar a la opinión pública que: 1. Una vez se reporta la muerte del señor Trompeta, se informa a las autoridades de policía judicial competentes para que adelanten los actos urgentes. 2. El Ministerio de Defensa Nacional ha prestado toda la colaboración a las autoridades judiciales para que se adelante la investigación que en derecho corresponda. 3. Son las autoridades judiciales las competentes para evaluar, según los resultados de la prueba técnico científica, las circunstancias de ocurrencia de los hechos y la presunta responsabilidad de miembros de la Fuerza Pública. 4. La información publicada hasta la fecha señala que Medicina Legal ha indicado que “No hay señales de tortura”. 5. En todo caso, las investigaciones continúan y el Ministerio de Defensa está atento a los resultados de las mismas, los cuales acata y respeta. Ahora bien, en relación con la operación en contra del cabecilla de la estructura del GAO R 7 identificado como José Marín Ramírez alias “Gildardo” o “El Cucho”, este Ministerio se permite informar a la opinión pública lo siguiente: 1. Todas las operaciones militares están precedidas de una fase de planeamiento denominada “proceso militar de toma de decisiones”. Este proceso está acompañado en todas sus fases por el asesor jurídico operacional, figura que se implementó en todas las Fuerzas Militares desde 2008, por mandato de la Política Integral de Derechos Humanos y DIH del Ministerio de Defensa Nacional. A ese acompañamiento fue al que me referí en la Plenaria del Senado del día de ayer. 2. Todos los resultados reportados en el marco de operaciones militares son de conocimiento de la Fiscalía General de la Nación. 3. Una vez se reportan los hechos se procede a realizar los actos urgentes que comprenden las primeras diligencias de levantamiento de cadáver y las necropsias que corresponden a la labor técnico científica que debe orientar las investigaciones. Estos actos urgentes siempre son realizados por funcionarios con atribuciones de policía judicial. 4. Desde el primer momento en que se inician los actos urgentes, la competencia del manejo de la información corresponde exclusivamente a las autoridades judiciales y todas las diligencias están amparadas por la reserva sumarial. 5. Las labores de identificación de cadáveres corresponden exclusivamente a Medicina Legal que reporta a la autoridad judicial de conocimiento del caso los informes técnicos científicos para la valoración que en derecho corresponde. 6. La Fuerza Pública pone a disposición de la autoridad judicial todo el soporte operacional con el fin de que lo valore a la luz de las normas penales, del Derecho Internacional Humanitario y del Derecho Internacional de los Derechos Humanos. 7. Respecto a este caso, el Ministerio de Defensa Nacional no ha recibido, a la fecha, solicitud de información por parte de la Fiscalía General de la Nación en relación con posible responsabilidad de miembros de la Fuerza Pública. En cualquier caso, es directriz de este Ministerio prestar permanente colaboración a las autoridades judiciales que lo requieran.  

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Existe la posibilidad de que paramilitares accedan a la JEP

Un Proyecto de Ley radicado por el senador del Partido de la U, Roy Barreras, busca ampliar el plazo para que empresarios, políticos, parapolíticos y civiles acudan a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), creada a partir del Acuerdo de Paz firmado con las FARC. Paralelo a este, existe otra iniciativa que busca abrir la puerta a los paramilitares dentro de este sistema, aunque el nuevo modelo de justicia no contemple la participación de exmiembros de estas agrupaciones ilegales. El proyecto del senador Barreras busca que terceros tengan más oportunidades de acceder a la JEP. A la fecha van 589 solicitudes por parte de ellos en la búsqueda de confesar su participación en el conflicto y de esta manera resolver su situación con la justicia. Adicional a estas solicitudes, existen 100 peticiones de agentes del estado para acogerse al sistema especial. De acuerdo con los magistrados de la Justicia Especial de Paz, pueden existir circunstancias excepcionales que permitan el acceso de paramilitares a la JEP, sin embargo, a la fecha se han rechazado 300 solicitudes de exparas para “contar la verdad” en este tribunal. Entre quiennes han buscado acogerse a la JEP están Salvatore Mancuso, Carlos Mario Jiménez, Pablo Hernán Sierra, Edwar Cobos Téllez, Jorge Iván Laverde, Iván Roberto Duque y Fredy Rendón Herrera, comandantes de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). La Ley de Justicia y Paz, a la que se acogieron los paramilitares en el proceso de paz que se puso en marcha en el Gobierno de Álvaro Uribe en 2005, tiene vigencia hasta el 2020, por lo que se piensa en extender esta normativa. No obstante, no se percibe la efectividad de esta justicia transicional, ya que en 35 sentencias solo se han fallado 5.401 delitos de más de 82 mil imputados por la Fiscalía, según un estudio realizado por la Contraloría en 2017. Por su parte el Presidente Iván Duque informó, en una reunión con la bancada del Valle del Cauca, que su intención es presentar un proyecto de ley que elimine la posibilidad de ingreso de los paras a la JEP. Entre tanto, el senador Barreras considera varias opciones, una de ellas permitir que los exparas actúen en condición de testigos y reciban algunos beneficios establecidos por esta jurisdicción especial.

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“¡Los debates tienen que hacerse de cara al país!”: oposición

Siete de los congresistas citados a evaluar el proyecto de Presupuesto General para la Nación de 2020 se opusieron a que la iniciativa se llevara a cabo, pues reclaman que este tipo de gestiones se tienen que realizar de cara al país, televisadas y en las salas del Congreso Nacional.    Aída Avella, Wilson Arias, Iván Marulanda, Katherine Miranda, Gustavo Bolívar, Sergio Marín y Jairo Cala, todos pertenecientes a partidos opositores, no asistieron a la cita impartida por parte del ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, para discutir los pormenores y las propuestas del Gobierno que tendrán que ser incluidas en el informe que se entregará a las comisiones económicas, las cuales serán tenidas en cuenta dentro de su primer debate.  “Las discusiones deben realizarse de cara al país, en los recintos del Congreso, con transmisiones públicas y no en los ‘oscuros salones del Ministerio’”, exponen los congresistas en el comunicado que dieron a conocer. De acuerdo con el documento que expusieron frente a Carrasquilla, los partidarios políticos afirman que los colombianos deben tener la posibilidad de conocer abiertamente las decisiones que se van a tomar respecto al Presupuesto de la Nación para 2020, pues son ellos quienes depositan sus tributos y confían en los congresistas para que este tipo de gestiones se ejecute en pro de la ciudadanía.  Según las declaraciones de Gustavo Bolívar, senador de la Lista de los Decentes, “el presupuesto público no se puede seguir manejando a puerta cerrada dentro de las oficinas del Ministerio. Si el Gobierno quiere contar con nuestra opinión debe de ir al Congreso a debatir el proyecto frente a la gente”, afirmando que de seguir así, ninguno de los ponentes asistirá a este tipo de debates políticos. 

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Fabio Raúl Amín, elegido vicepresidente de la Comisión Primera del Senado

Este martes, Fabio Raúl Amín Saleme, congresista del Partido Liberal, fue nombrado vicepresidente de la Comisión Primera del Senado de la República en el período legislativo 2019-2020. “Asumo una nueva responsabilidad en mi vida pública, gracias al reconocimiento del Partido Liberal y de mis compañeros de la Comisión quienes me eligieron. Gratitud a Dios y a quienes me han depositado su voto de confianza”, agradeció el congresista en el Capitolio Nacional, quien tomó juramento ante el recién elegido presidente de esa célula legislativa, Santiago Valencia, del Centro Democrático. Amín fue postulado para el cargo por su compañero Miguel Ángel Pinto, del Partido Liberal, y su nombre de inmediato recibió el respaldo de los voceros del conservatismo, la U, Cambio Radical, Centro Democrático, FARC y Polo Democrático, quienes destacaron su trayectoria como legislador y recordaron su labor como presidente de la Cámara, en el período 2014-2015. El nuevo vicepresidente de la Comisión Primera es natural de Lorica (Córdoba), abogado de la Universidad Javeriana y después de tres períodos como representante a la Cámara, en el 2018 fue elegido senador de la República. “Agradezco a Dios, al departamento de Córdoba y a ustedes, mis compañeros, esta designación y este reconocimiento. Grandes retos se nos vienen en esta Comisión”, concluyó.

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Cambio Radical busca la creación del Ministerio de la Familia

La bancada del partido Cambio Radical tiene como prioridad legislar a favor de los más necesitados y es por ello que radicó dos proyectos, uno para crear un Ministerio de la Familia y otro para promover la descentralización de las regiones. “Queremos verdaderamente que la creación del Ministerio de la Familia sea el brazo social y que se pueda suplir las necesidades de los colombianos de techo, vivienda, educación, evitar la desnutrición de los niños y priorizar, entonces en ese sentido que haya una eficiencia en los recursos del gasto social del Estado”, afirmó la senadora Claudia Rodríguez. En cuanto al proyecto de las regiones, el senador Richard Aguilar Villa aseguró que lo que se quiere con esta iniciativa es “fortalecer la descentralización, que también sea presupuestal y administrativa porque no está la autonomía plena y que tenga entidades propias del Estado, que puedan asumir los departamentos mediante convenios, mediante contratos, incluso departamentos limítrofes puedan firmar contratos con estados o departamentos de las otras naciones”.

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Lanzamiento Edición Justicia

Este lunes, en la rendición de cuentas del presidente de la Comisión Primera del Senado, Eduardo Enríquez Maya, en la ciudad de Pasto, fue exaltada la labor editorial y periodística de la Revista El Congreso Siglo XXI, publicación que realizó una edición especial dedicada a la justicia colombiana. Durante el evento, el director de la revista, Álvaro Erazo Paz, en compañía de Rolando Erazo Paz, presidente del medio de comunicación, hicieron entrega al senador de la portada de la “Edición Justicia” como reconocimiento al trabajo que realizó desde la Comisión Primera de la corporación legislativa, para hacer realidad este proyecto, que servirá de insumo para los futuros debates que se darán en torno a este tema. A lo largo de 134 páginas, las más altas autoridades y conocedores de la justicia en Colombia expresaron su punto de vista sobre las reformas que se deben hacer al sistema judicial colombiano para que recupere la confianza y credibilidad de la sociedad. Así mismo, en el evento la Alcaldía de Pasto exaltó la labor de todos los que han dado vida a esta publicación durante más de 25 años de historia, en defensa de la democracia y las instituciones colombianas. Durante el acto, se destacó la implementación de herramientas digitales para potenciar la labor periodística y el servir de puente entre los poderes centrales y las regiones para la solución de sus necesidades.  “La Revista el Congreso Siglo XXI, además de abordar temas asociados a la educación, salud, cultura, ambiente, obras públicas, transporte, justicia, entre otros; en sus artículos ha destacado el trabajo de alcaldes, gobernadores, ministros, embajadores y empresas privadas que a través de su gestión aportan al desarrollo del país”, señala el decreto 0525 del 15 de julio 2019 mediante el cual se reconoce la labor desempeñada por esta publicación.

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