Judicial

Este miércoles el Ministerio de Justicia, en cabeza de Margarita Cabello Blanco, emitió el decreto 546 de 2020, que especifica las medidas de detención y prisión domiciliaria que cobijarán a la población privada de la libertad con mayor vulnerabilidad ante el contagio del virus SARS-Cov2, que produce la enfermedad del Covid-19. Con respecto a este tema, el Presidente de la República, Iván Duque, aclaró que “estas medidas son necesarias para combatir el hacinamiento carcelario y prevenir y mitigar el riesgo de propagación del virus, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica”. Por su parte, el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) explicó que con respecto a los condenados se remitirán los listados a los juzgados, y para los sindicados, es decir, quienes tienen medida de aseguramiento de detención preventiva, “el Instituto enviará los listados al Consejo Superior de la Judicatura, que realizará el reparto ante el juez competente para que se proceda a hacer efectivo el beneficio sin necesidad de audiencias y a través de un auto escrito notificable. La defensa también podrá hacer la petición”, se lee en el documento. El decreto beneficiará a más de 5.000 internos que se encuentran bajo las siguientes condiciones:  Personas de 60 años en adelante. Madres gestantes o con hijos menores de tres años. Personas que padezcan cáncer, VIH e insuficiencia renal crónica, diabetes insulinodependiente, trastorno pulmonar, hipertensión, anticoagulación, hepatitis C, hemofilia, artritis reumatoide, enfermedades tratadas con medicamentos inmunosupresores, personas con trasplantes y enfermedades autoinmunes. En este punto se tendrá en cuenta la historia clínica del interno y la certificación del médico de la cárcel. Personas con movilidad reducida por discapacidad debidamente acreditada, de conformidad con la historia clínica del interno y la certificación expedida por el personal médico del establecimiento carcelario.  Quienes estén condenados a penas de hasta cinco años de prisión. Quienes estén condenados o con medida de aseguramientos por delitos culposos. Quienes hayan cumplido el 40% de la pena privativa de la libertad. La estrategia que tendría una duración de seis meses, aún se encuentra bajo supervisión y está sujeta a cambios por parte de las entidades sanitarias y el progreso del plan de mitigación de la emergencia del nuevo coronavirus. Cuando se cumpla el térmico, “la persona deberá presentarse directamente en el establecimiento penitenciario en el que se encontraba antes de ser beneficiada por la medida”, afirmó el Inpec en un comunicado. Además, establece que los jueces, defensores públicos y delegados de la Procuraduría General de la Nación, de ser necesario, contarán con libre circulación para ir a los despachos judiciales. También aclara que si el privado de la libertad comete cualquier delito posterior o incumple las obligaciones del acta de compromiso, se le revocará el beneficio y volverá a detención intramural. Ya se realizaron las coordinaciones pertinentes entre el Consejo Superior de la Judicatura y el Inpec para dar un trámite ágil a las medidas anteriormente mencionadas. Preguntas y respuestas, Decreto 546 de 2020 aquí: [pdf-embedder url=”https://revistaelcongreso.com/wp-content/uploads/2020/04/Decreto546-V4.pdf” title=”Decreto546 V4″]