junio 2, 2026

Estado

Gobierno expedirá paquete de decretos de meritocracia para contrataciones del Estado

El Presidente Duque explicó que la iniciativa busca fortalecer la selección transparente de los cargos directivos de las instituciones del Estado a nivel regional. En el marco de la presentación del Informe Nacional de Competitividad 2018-2019, evento que se realizó este jueves en Bogotá, el Presidente Iván Duque anunció la expedición de un paquete de decretos de meritocracia para la selección transparente de los cargos directivos de las instituciones del Estado a nivel regional, como parte de las medidas que el Gobierno Nacional implementará para mejorar la competitividad del país. De acuerdo con el mandatario, el objetivo de esta iniciativa es garantizar más transparencia en dichas gestiones y buscar que “todo el país pueda evaluar nuestro comportamiento”. Fortalecimiento de la SIC El Presidente también mencionó la intención de fortalecer la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), de modo que combine pedagogía con capacidad sancionatoria. “Yo creo en una Superintendencia de Industria y Comercio que combine la pedagogía también con las sanciones. Pero necesitamos que el marco sancionatorio sea mucho más transparente, y queremos que esa SIC se fortalezca, y fortalezca también la posibilidad de darles plenas garantías a todos los participantes en los procesos, justamente para prevenir las situaciones de juez y parte”, dijo el Presidente. A renglón seguido, citó el ejemplo de otros países que han logrado tener tribunales de competencia dentro de las mismas superintendencias. “Quizá ese sea un camino”, dijo. Y se refirió a la importancia de que dentro de los mismos procedimientos, se pueda “separar muy bien quién es el que está acusando y quién es el que está imponiendo las sanciones, con las debidas revisiones”. Esta iniciativa se une a otras medidas impulsadas por el Gobierno Nacional destinadas a combatir la corrupción y el contrabando, entre otras problemáticas, que ponen freno a la competitividad y al crecimiento y el desarrollo económico del país. El jefe de Estado hizo estos anuncios al recibir el Informe Nacional de Competitividad 2018-2019, documento que presenta las estrategias que el Consejo Privado de Competitividad recomienda priorizar en el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022, y que deberían materializarse en acciones de política pública de las entidades del Gobierno Nacional. Con información de la Presidencia de la República 

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Corte Constitucional convoca a audiencia pública sobre desplazamiento forzado

La audiencia se realizará en las instalaciones del Palacio de Justicia de Bogotá. La Corte Constitucional convocó a audiencia pública el 29 de noviembre en el marco del seguimiento a la Sentencia T-025 de 2004, por medio de la cual se declaró el Estado de Cosas Inconstitucional en materia de desplazamiento forzado, la Sala Plena. Su objetivo es identificar, a través del diálogo entre el Gobierno Nacional, las autoridades locales, los órganos de control, representantes de la población desplazada y los acompañantes permanentes del proceso de seguimiento, el estado actual de: – Los avances, obstáculos y retos en la garantía de los derechos de la población desplazada; – La forma, el ritmo, las metas y los mecanismos a través de los cuales el Gobierno Nacional avanzará en la garantía de los derechos de la población desplazada y, en consecuencia, se alcanzará un estado de cosas acorde con el orden constitucional; – El escenario de riesgos asociados al desplazamiento y la respuesta estatal para la protección de los derechos a la vida, la seguridad, la libertad y la integridad personal de la población desplazada y en riesgo de desplazamiento. En este contexto, la audiencia tendrá dos enfoques temáticos. El primero de ellos, tiene como objetivo precisar el contexto fáctico y las dinámicas actuales de desplazamiento forzado a nivel regional y subregional; así como la respuesta institucional dispuesta para mitigar las situaciones de riesgo que afrontan las comunidades y que inciden en su desplazamiento. El segundo enfoque se concentrará en los avances y resultados, así como los retos y condiciones necesarias para garantizar los derechos de la población desplazada, considerando la capacidad institucional, la articulación entre los niveles de gobierno, la capacidad presupuestal, la incorporación del enfoque diferencial y las obligaciones constitucionales y legales en relación con la garantía de los derechos de la población desplazada. Con información de la Corte Constitucional 

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Aída Avella solicita ser ponente del proyecto de ley de financiamiento

La senadora pidió ser una de las ponentes del proyecto de ley de financiamiento, con el que el gobierno pretende conseguir los recursos necesarios para gastos de funcionamiento del Estado e inversión social. Según la congresista, el Gobierno sólo quiere con la ley de financiamiento que los colombianos “paguen IVA de 19% a todos los productos que hoy no pagan, incluyendo los de la canasta familiar, como huevos, arroz, frijoles, pan y leche a costa de reducirles los impuestos a los grandes empresarios”. La petición la realizó a pocas horas de que se radique en el Congreso el proyecto de ley, con el cual, según Avella, ”el Ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, pasará a la historia como el único que se atrevió a gravar los desayunos y almuerzos de los colombianos”. En concepto de la senadora opositora, el dinero para el déficit se encuentra en la eliminación de las exenciones impositivas a las multinacionales que invierten en Colombia y en “las venas rotas de los impuestos nacionales que salen todos los días para bolsillos particulares”. “Ese viejo cuento de reactivar la economía es la licencia para imponer reformas tributarias con sofisticados nombres, creyendo que el país no se da cuenta que quienes van a cargar con la ley serán los pobres, los trabajadores y la clase media”, concluyó la también presidenta de la Unión Patriótica.  

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Plenaria de la Cámara de Representantes negó moción de censura contra Carrasquilla

Con 120 votos en contra y 22 a favor, la Cámara de Representantes reunida este martes en plenaria, negó la moción de censura que promovía la oposición contra el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla. La moción de censura, una herramienta de control político que exige rendición de cuentas a los funcionarios públicos, fue pedida a raíz de la polémica generada por los llamados “bonos de agua”, que impulso Carrasquilla cuando era ministro de Hacienda en 2008. El bloque mayoritario consideró improcedente aplicar la figura en este caso y se declaró satisfecho con las explicaciones que entregó el ministro. Durante el debate, la oposición insistió en que los bonos de agua afectaron las finanzas de por lo menos 117 municipios de Colombia. El Senado de la República se había negado, por decisión de la mesa directiva, a darle trámite a la moción de censura contra Carrasquilla.

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Proyecto Lagos de Torca hará repuntar vivienda VIS y VIP en Bogotá: MinVivienda

El megaproyecto de alianza público – privada, por valor de 1,5 billones de pesos, contempla la edificación de 130.000 unidades de vivienda. “Proyectos de este tipo –como Lagos de Torca– son las puntas de lanza que permitirán tener victorias tempranas, haciendo que la realidad de la oferta de VIP y VIS de Bogotá cambie de manera definitiva”. Así lo afirmó este viernes el Ministro de Vivienda, Jonathan Malagón, quien acompañó al Alcalde Enrique Peñalosa en el anuncio sobre la consolidación de los recursos y el terreno del más grande proyecto urbanístico de esta naturaleza en la capital. El megaproyecto, que será ejecutado en alianza público – privada, por valor de 1,5 billones de pesos, contempla la edificación de 130.000 unidades de vivienda, de las cuales entre el 40 y el 60 por ciento serán VIS y VIP. El Ministro resaltó la importancia de la obra ante el déficit de Vivienda de Interés Social y Prioritario en Bogotá. “Yo creo que no hay más de 2.000 a 5.000 unidades de VIP para toda la capital; eso es a todas luces insuficiente y nosotros tenemos que lograr impulsar la oferta de VIP y VIS en Colombia. Tenemos un plan muy bien hecho. Hemos concertado con Camacol, donde no solamente habrá modificaciones de los topes tanto en VIS como en VIP en el corto plazo, sino que también tendremos planes ordenados de habilitación de suelo con los gobiernos subnacionales”, señaló el alto funcionario. Lagos de Torca espera contar con diseños conceptuales de la primera unidad funcional antes de finalizar octubre, y comenzar su construcción en junio del año 2019. El Ministro de Vivienda también resaltó la implementación del modelo de APP, la seguridad jurídica y la calidad urbanística, así como el desarrollo ambiental, económico y social de la construcción. El proyecto, que está ubicado entre las Calles 183 y Chía, y entre la Carrera Séptima y la Avenida Boyacá, contempla vías, una red de parques lineales, ciclorrutas y colegios. El Ministro Malagón dijo que además de supervisar la calidad de las viviendas, se dispondrá de los subsidios y programas del Gobierno para que los bogotanos puedan ser propietarios. “La forma en que estamos enfocando la política de vivienda con programas como ‘Mi Casa Ya’ y ‘Semillero de Propietarios’, ponen al ciudadano en el centro de la política, y eso les da la libertad de elegir. Nada puede ser más poderoso para garantizar la calidad de cualquier casa que se compre, que dándole al ciudadano la posibilidad que escoja”, puntualizó el jefe de la cartera de Vivienda. Por su parte, el Alcalde Peñalosa agradeció la presencia del Ministro de Vivienda, y calificó como vital el apoyo del Gobierno Nacional para hacer realidad el proyecto. “Este sector va a tener 38 colegios, y una tercera parte del proyecto de 1.800 hectáreas corresponderá a espacio público peatonal, con un parque central más grande que el Simón Bolívar y una red de parques lineales que lo conectan con los demás barrios; habrá ciclorrutas en todos los perfiles viales, acompañadas de amplios andenes. De manera que esta será una ciudad ejemplar a nivel internacional”, destacó. Con información de la Presidencia de la República

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Ceballos invita a Iván Márquez y a alias “El Paisa” a definir su permanencia en la legalidad

Este martes se llevará a cabo una reunión en la que la Comisión Accidental de Paz del Congreso de la República, la ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez y el Alto Comisionado para la Paz, Miguel Ceballos tratarán la carta enviada por los excomandantes guerrilleros. El Alto Comisionado para la paz, Miguel Ceballos, consideró este martes que los exjefes de las FARC, Iván Márquez y Oscar Montero alias “El Paisa” deben definir si van a permanecer en el marco del acuerdo de paz firmado en 2016, pues la carta que remitieron al Senado de la República no da respuesta alguna a este interrogante planteado por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). “La JEP sigue en espera de una respuesta que solicitaron frente a si ellos continuarán o no con el acuerdo de paz, porque esa carta no está dirigida al juez natural que es el tribunal especial, por consiguiente, no estamos seguros de sí una carta le basta a la JEP para considerar que ellos sigan en el acuerdo”, explicó el funcionario. En entrevista con medios locales, Ceballos exhortó a los excomandantes guerrilleros a anunciarles al país y a los organismos internacionales interesados, si ellos siguen perteneciendo al partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC) o no. “Nosotros como Gobierno vemos la voluntad de un partido que quiere darle impulso a los acuerdos firmados en 2016, que ya tiene posesionados ocho congresistas, quienes están comprometidos con todos los colombianos. Ya no estamos hablando de una guerrilla sino de personas políticamente activas”, agregó. El pasado lunes, Iván Márquez y alias “El Paisa” enviaron una carta a la Comisión Accidental de Paz del Congreso en la que reiteraron su desacuerdo con las “modificaciones al texto original convenido”, ya que según ellos se transfiguró el acuerdo de La Habana y se convirtió en un horroroso Frankenstein. “No se puede traicionar la paz de esa manera. Los acuerdos, que fueron firmados solemnemente, son para cumplirlos”, dice la misiva en la que también se refieren a la captura y posible extradición de Jesús Santrich. El comisionado aclaró que la extradición de Santrich es una decisión “autónoma” de la Rama Judicial. “Esa determinación la tomó el señor Fiscal General de la Nación (Néstor Humberto Martínez) antes de la posesión del Gobierno actual y frente a eso el Presidente Iván Duque ha sido respetuoso a las decisiones del ente investigador y de todas aquellas resoluciones anteriores al inicio de su mandato”. “La seguridad jurídica se les ofrece a todos los colombianos. Dentro de lo que Iván Márquez y los integrantes de la mesa de negociación diseñaron, se comprendió la posibilidad de que los delitos que se cometieran después de la firma del acuerdo contarían con un tratamiento distinto en el que incluso se contemplaba la extradición”, recordó Ceballos. “Es una carta que es positiva. Muestra unas preocupaciones evidentes que son preocupaciones objetivas, de todos; justamente yo estuve la semana pasada en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas expresando esas mismas preocupaciones”, aseguró por su parte la senadora del partido FARC, Victoria Sandino. Finalmente, el Alto Comisionado mostró su preocupación por el abandono del esquema de seguridad por parte de los excomandantes insurgentes, pues esto puede implicar un riesgo a su integridad física del que el Estado quedaría absuelto ya que según explicó el funcionario, el Gobierno está cumpliendo con su parte destinando los recursos humanos y económicos para la protección de los reinsertados.

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Alcalde de Villavicencio pide al presidente Duque solución inmediata a cierres en la vía al Llano

El alcalde de Villavicencio, Wilmar Barbosa, pidió este sábado al presidente Iván Duque soluciones inmediatas al problema que se presenta en la vía que comunica a esa ciudad con Bogotá, cuyos cierres permanentes han dejado cuantiosas pérdidas a la economía de la región.   Durante su intervención en el taller “Construyendo País”, el mandatario local lamentó que siendo uno de los centros urbanos más afectados por el conflicto armado que ha vivido el país por más de cinco décadas, la ciudad no haya sido priorizada por el Estado colombiano en materia de inversión.   Recordó que Villavicencio ha sido receptor de la problemática de más de 65 mil desplazados por la violencia, y pese a apostarle a la paz, no se le tuvo en cuenta en la asignación de recursos adicionales para la puesta en marcha de proyectos sociales y de infraestructura, en la fase inicial del posconflicto. En la antesala del encuentro, la Consejera Presidencial para las Regiones, Karen Abudinen, destacó la importancia de la capital del departamento del Meta para el desarrollo integral de la región de los Llanos Orientales, especialmente su ubicación estratégica para potenciar actividades agroindustriales y de explotación de hidrocarburos, así como de necesidades y oportunidades en materia de infraestructura vial y conectividad. Los talleres abren un espacio de diálogo social en el que el Gobierno Nacional tiene la oportunidad de escuchar los problemas de la comunidad y trabajar de primera mano en la construcción de propuestas con los ciudadanos de cada zona de Colombia. Desde que iniciaron los encuentros, se han adquirido 219 compromisos por parte de la administración central, que ya se han empezado a cumplir. En Villavicencio, los llaneros han presentado al presidente propuestas en temas como educación, salud, seguridad, justicia, tecnología, cultura, deporte, turismo, infraestructura y víctimas.      

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Uribismo radica proyecto para unificar altas cortes

La senadora del Centro Democrático, Paloma Valencia, radicó un proyecto de ley por medio del cual se retoma la iniciativa de la bancada uribista de unificar las altas cortes. Sin embargo, la propuesta no tuvo gran acogida en el Gobierno Nacional, pues la ministra de Justicia, Gloria María Borrero, dejó en claro que “ese es un tema ya superado”. “No apoyamos la unificación de Cortes. Nosotros dijimos nuestras cartas cuando presentamos el proyecto del Gobierno”, indicó Borrero. Leer también: Reforma judicial descarta unificación de las Cortes Esta reforma se suma a las presentadas por Cambio Radical y el Gobierno Nacional, por lo que la ministra aseguró que el Congreso “ya tiene todo un paquete de ideas para mejorar la justicia” en Colombia. “El reto es ponernos de acuerdo en temas que son comunes y otros que son diferentes. Este proceso empieza ahora. Tenemos muy poquito tiempo, esperamos que nos pongamos de acuerdo”, dijo. “El primer tema que nosotros traemos es la eliminación de las altas cortes y la creación de un solo tribunal supremo de origen constitucional, que se encargaría de unificar la jurisprudencia de los tribunales y de conocer un recurso extraordinario de amparo constitucional”, explico Valencia. La eliminación de los fueros es otro de los puntos que trae la reforma presentada. Según la senadora, es “un sencillo procedimiento de desaforamiento por comisiones primeras y juzgamiento por tribunales ad hoc de tres jueces de circuito, y tribunales para la segunda instancia”.  Eso ayudará, en su concepto,  no solo a acabar con la impunidad, sino que devolverá la confianza de los colombianos en la justicia  al saber que “no hay una justicia para los altos funcionarios y otra para las demás personas”. “La escogencia del procurador y el contralor la hará el Legislativo con un procedimiento de examen y mérito”. Esta iniciativa les quitaría las facultades electorales a las Cortes, según lo propuesto.

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Los congresistas hablan “Sin Rodeos” sobre la reactivación del secuestro

Mientras los senadores del Centro Democrático atribuyeron la reactivación del secuestro a una falta de firmeza de parte del gobierno anterior, el representante a la Cámara, Mauricio Toro, pidió al Presidente Iván Duque claridad frente a la continuidad de los acuerdos de paz con el ELN, ante el vacío que se está presentando y que está aprovechando, según dice, esa organización. Los congresistas María del Rosario Guerra, Fernando Araújo, Gustavo Bolívar, María Fernanda Cabal y Mauricio Toro, hablaron con la revista El Congreso sobre la reactivación del secuestro en Colombia y que se buscaría con la retención de civiles y miembros de la Fuerza Pública en varias regiones del país. Las autoridades atribuyen gran parte de los casos reportados en las últimas semanas al Ejército de Liberación Nacional (ELN), por lo que el Presidente Iván Duque ha condicionado el reinicio de los diálogos de paz con ese grupo insurgente a la entrega de todos los secuestrados que se encuentran en su poder. El mandatario ha dejado claro que no aceptará presiones ni chantajes de ninguna clase para retomar la negociación. Según el Centro Nacional de Memoria Histórica y firmas encuestadoras, entre 1970 y 2010 se cometieron 39.058 secuestros, 18.410 de los cuales tienen como responsables a organizaciones rebeldes. Para la senadora del Centro Democrático, María Fernanda Cabal, la violencia actual es distinta a la del 2002 y por tal motivo es necesario que el Gobierno replantee la estrategia que hasta el momento se ha puesto en marcha para enfrentar este delito. “Hay que tener una política de seguridad que nos garantice a los ciudadanos que no vamos a volver al pasado”, precisó.

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Política fronteriza, el gran reto de Duque

Por Álvaro Erazo Paz Su primer acto de gobierno ejerciendo soberanía sobre la isla caribeña de San Andrés es un mensaje claro de que la política exterior, y en particular los problemas que arrastra Colombia con países fronterizos como Nicaragua, Venezuela, Panamá y Ecuador, estarán en primer orden en la agenda del presidente Iván Duque en sus cuatro años de gestión. Aunque todos ameritan la mayor atención, la crisis humanitaria generada por la llegada de miles de venezolanos que huyen de la situación política y económica de su nación, merecerá un capítulo especial para la nueva administración. Desde que estaba en campaña, Duque advirtió que acorralaría diplomáticamente al presidente Nicolás Maduro para que retornara la libertad y democracia en Venezuela, pero que su Gobierno les daría la asistencia humanitaria necesaria a quienes han cruzado la frontera en busca de mejores condiciones para vivir. Y es que la situación que viven departamentos como Norte de Santander, donde el éxodo de venezolanos ya desbordó la capacidad institucional, ha prendido las alarmas por las dificultades que está generando en algunas ciudades del país en materia de seguridad, salubridad y carga presupuestal. Un problema más que se añade al complejo panorama que presentan regiones como El Catatumbo, limítrofe con Venezuela, donde la ausencia del Estado colombiano ha contribuido al crecimiento de los cultivos ilícitos, y por ende a la presencia de grupos armados ilegales que se disputan su control. Esa es tal vez una de las razones que llevó al presidente a visitar, dos días después de su posesión, al municipio de Tibú, donde anunció mano dura para reducir de manera significativa el número de hectáreas sembradas con coca, y se comprometió a empujar el desarrollo económico y social de la población. Tanto con su desplazamiento al archipiélago de San Andrés y Providencia, por el cual Colombia mantiene un litigio marítimo con Nicaragua, como con su viaje a Tibú, el mandatario quiso enviar mensajes de soberanía y de presencia territorial. En lo que tiene que ver con Ecuador, Duque ya tuvo su primer encuentro con el presidente Lenin Moreno para hablar sobre el desarrollo de las zonas fronterizas y la lucha conjunta que deben librar los dos países contra el narcotráfico y la disidencia de las FARC, a la cual se atribuye el secuestro y asesinato de varios ciudadanos ecuatorianos en los últimos meses. La idea es establecer los primeros acuerdos que permitan fortalecer un gabinete binacional para avanzar en aspectos comerciales, cooperación en seguridad y conocer iniciativas en telecomunicaciones y educación. Previo a los actos de transmisión de mando, el jefe de Estado colombiano se reunió también con su homólogo panameño, Juan Carlos Varela, con quien dialogó sobre temas de interés mutuo, como la lucha contra el narcotráfico a través del Triángulo Sur (Panamá, Costa Rica y Colombia), la solución a las situaciones comerciales entre las dos naciones, el turismo y el combate coordinado al narcotráfico y el crimen organizado en la frontera. Primeros pasos que ha dado el presidente Duque, en el arranque de su administración, que marcan lo que será su política exterior en asuntos clave para el país y en los que todos debemos rodear al Gobierno, al margen de cualquier diferencia ideológica o interés político que pueda existir.

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