junio 2, 2026

Estado

Procuraduría solicita acciones frente a relleno de “Doña Juana”

El Ministerio Público solicitó que se tomen una serie de acciones que permitan mitigar los impactos ambientales generados por el relleno sanitario de “Doña Juana”, donde se vierten al día unas seis mil toneladas de desechos y basura que se recogen en la capital colombiana. En una comunicación, el procurador delegado para Asuntos Ambientales, Gilberto Augusto Blanco, reclamó a la Alcaldía actuaciones definitivas, al igual que a la Superintendencia de Servicios Públicos y a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), para el manejo adecuado del relleno sanitario. El funcionario fundamenta sus preocupaciones en los acontecimientos del 2 de octubre de 2015, cuando se presentó un deslizamiento en los predios de “Doña Juana”, lo que causó el desplazamiento de 750.000 toneladas de residuos tóxicos, poniendo en riesgo la salud de los habitantes del sector. La solicitud de la Procuraduría se conoce luego que el Alcalde Mayor de Bogotá, Enrique Peñalosa, anunciara la prolongación de la vida útil del relleno sanitario por 37 años y prometiera que las afectaciones generadas en las zonas aledañas serán cosas del pasado. En el oficio, el Ministerio Público resalta el mal funcionamiento del sistema de transporte y recolección de lixiviados, las quejas de la comunidad frente a los olores y la proliferación de vectores (individuos transmisores de enfermedades). Por último, la dependencia advierte que para el año 2022 se estima que el relleno alcance el nivel máximo autorizado por la licencia ambiental.

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Reclusos intoxicados están fuera de peligro

Tras la denuncia de familiares de los reclusos de la Cárcel Municipal de Pasto, donde 175 internos fueron atendidos por una posible intoxicación alimentaria, la Alcaldía de Pasto informó este miércoles que ya se encuentran fuera de peligro. “Todos los internos que presentaron la sintomatología fueron atendidos dentro del área de sanidad y no se ha requerido el traslado de pacientes a instituciones médicas de mayor complejidad”, indicó la secretaria de Salud, Diana Paola Rosero. Tras la toma de muestras de superficies y alimentos a diferentes reclusos afectados, se ordenó el monitoreo de la situación con el fin de dar un parte definitivo de tranquilidad a la comunidad penitenciaria y sus familiares. *Con información de la Alcaldía de Pasto

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Pedro Pablo Jurado, nuevo director ejecutivo de Cormagdalena

Por 16 votos, la Junta Directiva eligió por unanimidad este martes al barranquillero Pedro Pablo Jurado como nuevo Director Ejecutivo de la Corporación Autónoma Regional del Río Grande de la Magdalena, Cormagdalena. Jurado es profesional en Derecho de la Universidad Externado de Colombia y cuenta con más de 15 años de trayectoria laboral en importantes compañías nacionales tanto públicas como privadas. Hasta la fecha venía desempeñándose como delegado del Presidente de la República en la Junta Directiva de Cormagdalena y, así mismo, como asesor del Despacho de la Ministra de Transporte, Ángela María Orozco. Entre los principales retos que deberá asumir el nuevo director de la corporación, está la adjudicación del nuevo Proyecto de Asociación Público Privada para la recuperación del Río Magdalena (APP) y el emprendimiento de iniciativas estratégicas en el cumplimiento de la agenda de competitividad del país, como el fortalecimiento portuario y el desarrollo del transporte multimodal. Jurado dijo tener claro todo lo que representa el río para los pobladores, industriales, empresarios, navieros y portuarios. “He concurrido con un enorme interés de aporte y servicio a todas las entidades que hoy están trabajando para que Barranquilla tenga un canal de acceso libre de cualquier tipo de condicionamiento que garantice niveles de navegación, que tenga 10 metros de profundidad durante los 365 días del año”. Durante la sesión No 144 de la Junta Directiva realizada este martes en las instalaciones del Ministerio de Transporte, los miembros de la misma destacaron la valiosa labor del director saliente, Lucas Ariza, quien estuvo como encargado al frente de la Corporación en estos últimos meses. Jurado Durán tomará posesión de su cargo mañana miércoles ante la Ministra Ángela María Orozco. La junta directiva de Cormagdalena está integrada por 17 miembros. Quien la preside es jefe de Estado, Iván Duque, y su suplente es Pedro Pablo Jurado (escogido como nuevo director de la entidad). También hacen parte los ministros de Transporte, Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, Agricultura y Desarrollo Rural, Minas y Energía, Comercio Industria y Turismo y el presidente de Ecopetrol. En representación del Alto Magdalena está el gobernador de Cundinamarca, el alcalde del Gigante (Huila) y el alcalde de Ambalema (Tolima). Por el Magdalena Medio está el gobernador de Santander, el alcalde municipal de Yondó (Antioquia) y el alcalde de Río Viejo (Cesar). Por el bajo Magdalena está la gobernadora del Magdalena, el alcalde de Córdoba (Bolívar) y el alcalde de Salamina (Magdalena). Adicionalmente hay un representante de los gremios.

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Sesiones extras del Congreso comenzarán el 6 de febrero

El Congreso de la República será convocado a sesiones extras desde el 6 de febrero próximo para debatir y aprobar el Plan Nacional de Desarrollo “Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad”, el cual contempla las estrategias a ejecutar durante el Gobierno del presidente Iván Duque en materia de inversiones públicas en todas las regiones del país para el cuidado medio ambiental, la innovación y la competitividad. “Habrá sesiones extras a partir del 6 de febrero, que es el límite para presentar el Plan Nacional de Desarrollo y para que sea convocado el Congreso (de la República) para su estudio”, dijo la ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, según publicó este viernes la emisora RCN en su página web. Las iniciativas priorizadas en el PND contarán con el liderazgo del Departamento Nacional de Planeación y estarán dirigidas a construir un país de legalidad, emprendimiento y equidad, los tres pilares sobre los cuales girará el programa de Gobierno del presidente Iván Duque en este cuatrienio. El propósito “es remover los obstáculos y estimular factores que aceleren el cambio social”, según la directora de la entidad estatal, Gloria Alonso. Para caminar en esa dirección, el Plan de Desarrollo, cuyas bases aprobó el Consejo Nacional de Política Económica y Social (CONPES), tendrá una visión desde las regiones, plasmada en 10 capítulos especiales. “Es un pacto por la igualdad de oportunidades para todos los colombianos en condiciones de legalidad. Este plan le apunta a grandes metas como el aumento en la productividad, la transformación digital de la sociedad y el acceso masivo a la educación superior de jóvenes pobres y vulnerables y la sostenibilidad de un sistema de salud de calidad”, dijo recién el mandatario. El PND tendrá un Plan Plurianual de Inversiones que asciende inicialmente a $1.100 billones, de los cuales más de $520 billones, cerca del 50%, estarán dirigidos a programas y políticas para el logro de la equidad social. En estas sesiones extras también podrían ser incluidos otros temas como la ley de modernización de las TIC y una reforma al sistema electoral, según la fuente.

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Presidente Duque hizo seguimiento al cierre de la primera compuerta en Hidroituango

El Presidente Iván Duque hizo este miércoles un minucioso seguimiento al procedimiento de cierre de la primera compuerta de captación de agua en la casa de máquinas de Hidroituango. Desde la Casa de Nariño y en conexión directa con el Puesto de Mando Unificado (PMU) de la hidroeléctrica, el mandatario recibió el reporte minuto a minuto del Director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), Eduardo José González, y del gerente de Empresas Públicas de Medellín (EPM), Jorge Londoño de la Cuesta. “Se ha ejecutado en un 100 por ciento la maniobra de cierre de la compuerta dos. De todas formas, seguimos monitoreando cada uno de los sensores que componen y que le hacen monitoreo al proyecto”, reportó Londoño. Agregó que todas las variables se están monitoreando de forma permanente, con base en 500 indicadores, y que “no hay ninguno que presente en este momento alarma roja. A algunos de ellos los tenemos en alarma naranja, simplemente por el extremo cuidado que tenemos que tener de observación, pero la mayoría de ellos están en verde”. Una vez cumplido el descenso de la compuerta, se realizará una vigilancia minuto a minuto, durante seis horas, del comportamiento de la casa de máquinas y la montaña, así como de los caudales de salida del agua que empiece a llegar al embalse.. Se espera que Duque reanude la comunicación directa con el PMU para recibir un nuevo reporte desde Hidroituango.

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Congreso dio vía libre a Ley de Financiamiento

La Cámara de Representantes avaló este miércoles el texto que había aprobado anoche el Senado de la República, lo que le permitirá al Gobierno recaudar cerca de 7 billones de pesos para cubrir el faltante fiscal. Entre los artículos que contiene la Ley de Financiamiento, figuran la renta para personas naturales, el impuesto a los dividendos y la penalización a los evasores. Como parte de lo aprobado, se destaca una sobretasa en renta de forma transitoria y por tres años, del 4% sobre las utilidades del sector financiero. Con este último gravamen se aspira a recaudar cerca de un billón de pesos que contribuiría a superar el déficit presupuestal para el 2019. También se avaló el artículo que busca la normalización de los activos que los colombianos tienen en el exterior para que se reinviertan en el país. Ellos tendrán una reducción en la base gravable hasta del 50 por ciento con el propósito de que regresen a Colombia y contribuyan a reactivar la economía nacional. De acuerdo con el texto avalado por el Congreso, habrá un régimen de transición de dos meses para la implementación del IVA plurifásico a gaseosas y cervezas. Se excluyó de la obligatoriedad de declarar como contribuyentes a los organismos de acción comunal. La oposición aseguró que el proyecto les está regalando a los más ricos más de nueve billones de pesos en beneficios tributarios, lo que a su juicio, le abre un hueco “tremendo” a la economía del país. La reforma  tributaria, que durante su trámite en el Congreso perdió su base principal (imponer IVA a la canasta familiar) pasa a sanción presidencial para entrar en vigencia en 2019.

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Consejo de Estado deja sin efectos suspensión de sanción fiscal contra Petro

El Consejo de Estado dejó sin efectos la providencia judicial por medio de la cual el Tribunal Administrativo de Cundinamarca había suspendido provisionalmente la sanción fiscal que la Contraloría Distrital de Bogotá le impuso al exalcalde Gustavo Petro. El senador había sido hallado fiscalmente responsable del detrimento de más de 217.000 millones de pesos que, a juicio del organismo de control, se produjo por la decisión de la administración de rebajar el costo de la tarifa por el servicio de transporte integrado masivo durante horas valle. “Me pueden poner un billón de pesos en multas por no seguir el programa neoliberal de los Odebrecht/Sarmiento , si el pueblo me elije su presidente, la pagaremos antes de la posesión con ayuda de la sociedad y esos recursos los llevaremos a la universidad pública”, escribió el congresista en su cuenta de twitter. El exalcalde interpuso una acción de nulidad simple contra esa determinación y solicitó la imposición de una medida cautelar consistente en la suspensión provisional de los efectos de los actos administrativos a través de los cuales se materializó la sanción. El Tribunal accedió al pedido del demandante y emitió un auto de suspensión provisional de los actos emitidos por la Contraloría Distrital, a través de una Sala Unitaria, es decir por el magistrado ponente. Contra esa determinación se interpuso recurso de súplica, que fue conocido por el despacho del magistrado de la Sección Primera del Consejo de Estado Oswaldo Giraldo López. El consejero revocó la determinación del Tribunal, por considerar que la Sala Unitaria del Tribunal no tenía competencia para emitir esa decisión. A su juicio, por tratarse de un organismo colegiado que conoce del caso en primera instancia, como el Tribunal, el estudio de la medida cautelar debe ser realizado por la respectiva Sala y no por el magistrado ponente. La decisión ha generado diversas reacciones, entre ellas la del senador Ritter López, quien consideró que sacar de la contienda política a Gustavo Petro “es contraproducente para la democracia, además de proyectar una imagen internacional lamentable. La oposición se derrota en las urnas, jamás en los tribunales”. Lo anterior, porque el artículo 229 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), permite que el juez o magistrado, en cualquier instancia del proceso, emita las medidas cautelares que considere necesarias. El consejero Giraldo López dejó sin efectos la suspensión provisional de la sanción y ordenó devolver el expediente al Tribunal Administrativo de Cundinamarca para que este emita la decisión que corresponda, de acuerdo a los artículos 125 y 243 del CPACA, que establecen las competencias de jueces y magistrados en torno a la expedición de providencias judiciales y cuáles de ellas son apelables. Con información del Consejo de Estado 

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Presidente Iván Duque revela metas del Plan Nacional de Desarrollo

En el marco de celebración de los 60 años del Departamento Nacional de Planeación (DNP), el presidente Iván Duque presentó las bases del Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2018-2022, un pacto para construir una Colombia en la que impere la legalidad con seguridad y justicia, el emprendimiento como eje del desarrollo económico y social y equidad para que todos los colombianos tengan igualdad de oportunidades.      El documento, denominado ‘Pacto por Colombia, pacto por la equidad’, fue entregado al Consejo Nacional de Planeación (CNP) que lo analizará para hacer sus recomendaciones. “Este es un pacto por la igualdad de oportunidades para todos los colombianos en condiciones de legalidad. Este plan le apunta a grandes metas como el aumento en la productividad, la transformación digital de la sociedad y el acceso masivo a educación superior de jóvenes pobres y vulnerables y la sostenibilidad de un sistema de salud de calidad”, dijo el mandatario. El PND tendrá un Plan Plurianual de Inversiones (PPI) que asciende inicialmente a $1.100 billones de 2018, de los cuales más de $520  billones, cerca del 50%, estarán dirigidos a programas y políticas para el logro de la equidad social. Se implementará en todas las regiones del país para impulsar los proyectos e iniciativas priorizadas en el proceso participativo (talleres regionales y departamentales) que está adelantando el Departamento Nacional de Planeación por todo el territorio. La hoja de ruta de la administración Duque contempla estrategias encaminadas a avanzar en el cumplimiento de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y está en concordancia con las buenas prácticas de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Metas del PND a 2022 Una de las grandes apuestas de este Plan de Desarrollo es reducir la pobreza y la desigualdad y avanzar en la equidad. Por esa razón se prevé disminuir la pobreza monetaria del 26,9% en 2017 a 21,0% en 2022, lo que significa una caída de 5,9 puntos porcentuales y 2,9 millones menos de población pobre en el país. En pobreza extrema monetaria este Plan tiene proyectado bajarla de 7,4% en 2017 a 4,4% en 2022, lo que representa una variación de 3 puntos porcentuales, esto es 1,5 millones menos de pobres extremos. En el PND se contempla, además, disminuir la pobreza multidimensional de 17,0% en 2017 a 11,9% en 2022, para un descenso de 5,1 puntos porcentuales y una reducción en 2,5 millones de pobres multidimensionales. En crecimiento de la productividad, la meta del Plan es aumentar a 1,1 puntos porcentuales (0,45 pp adicionales) al finalizar el Gobierno Duque en 2022, mientras en inversión se busca subir de 22,3% a 26% del PIB. En empleo, crear 1,6 millones adicionales de puestos de trabajo en los cuatro años. En educación, la meta es alcanzar 2,2 millones de cupos en educación inicial y 840.000 adicionales en preescolar. Beneficiar a 336.000 estudiantes pobres y vulnerables con acceso a educación superior. También se abrirán 500.000 cupos adicionales en el programa Jóvenes en Acción. En vivienda, la apuesta es iniciar la construcción de 520.000 unidades VIP y VIS y apoyar de manera contundente los programas de mejoramiento de vivienda. Las metas en emprendimiento son la reducción al 50% de la tasa de informalidad laboral, y la racionalización de 1.200 trámites de alto impacto con el programa Estado Simple, Colombia Ágil. El Pacto por la legalidad, cuyos componentes son la justicia transparente y la seguridad efectiva para todos, le apunta a la disminución de los delitos, la lucha frontal contra las economías ilegales y organizaciones criminales, y el combate efectivo a la corrupción. La formulación de la Política Nacional de Convivencia y Seguridad Ciudadana, el aumento en el acceso a la justicia, la definición de una Política Integral de Fronteras y de una política de inclusión y participación ciudadana, son otras metas que se buscan con dicho pacto. Después de que el Consejo Nacional de Planeación (CNP) haga sus recomendaciones sobre las Bases del Plan se procederá a la redacción del proyecto de Ley que se radicará el 7 de febrero de 2019 en el Congreso de la República. El 7 de mayo de 2019 es el plazo máximo para la aprobación del Plan del cuatrienio 2018- 2022 ‘Pacto por Colombia, pacto por la equidad’. Entre noviembre y enero próximo se continuarán realizando por talleres y diálogos por todo el país.   Con información del DNP    

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“No hay recursos suficientes para pagar sentencias contra la Nación”: Contralor General

El pago de sentencias judiciales representa el 35 por ciento del PIB. El Contralor Carlos Felipe Córdoba Larrarte aseguró este miércoles que no hay recursos suficientes para cumplir con las obligaciones por demandas que enfrentan las entidades públicas del orden nacional, durante su intervención en la instalación del Encuentro Nacional para el Fortalecimiento de la Defensa Jurídica de la Fiscalía General de la Nación. “En momentos en que se discute la estabilidad fiscal del Estado colombiano, los estudios de la Contraloría General de la República sobre las demandas que enfrentan las entidades públicas del orden nacional muestran un panorama desolador, con unas cifras de pagos completamente alarmantes”, agregó. Los estudios de la Contraloría indican que el pago de sentencias judiciales representa el 35 por ciento del PIB, donde a los 32 departamentos les corresponde $10,2 billones y a los 1.102 municipios $25,2 billones, indicó. Y mientras esto sucede, los intereses, exigibles a partir del décimo mes después de proferida una sentencia, siguen creciendo de manera desbordada. “Eso explica por qué, por ejemplo, de cada 100 millones de pesos que paga por condenas una institución como la Policía Nacional, 35 millones corresponden a intereses”, precisó. Córdoba Larrarte recordó que, al comenzar el 2018, el sector Defensa, Justicia y Seguridad -el más impactado por las condenas contra la Nación- debía exactamente 5 billones 407 mil 488 millones de pesos por concepto de sentencias y conciliaciones. Y, pese al monto de las obligaciones, equivalente a cerca del 40 por ciento de lo que el Gobierno aspira a recaudar con la Ley de Financiamiento que ha comenzado su trámite en el Congreso, el Presupuesto Nacional sólo apropió para esta vigencia $919.273 millones para todas las entidades afectadas por condenas y pretensiones, suma que solo serviría para atender el 17% de lo adeudado por el sector defensa. En el caso de las entidades de este sector, los intereses moratorios han estado bordeando los 2 billones de pesos y eso ha hecho que quede pendiente el total del capital, que era de $3,6 billones. “La perspectiva es necesariamente crítica si tenemos en cuenta que el Ministerio de Defensa encabeza la lista de las diez entidades del orden Nacional con mayores pretensiones registradas contablemente a diciembre de 2017, con $1.2 billones, que corresponden al 26% del total ($4,9 billones)”, finalizó el Contralor. Con información de la Contraloría General de la República

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Gobierno del presidente Duque radica nueva política nacional de vivienda

De ser aprobado el proyecto, el Gobierno Nacional facilitará el acceso de las familias a créditos para la financiación de vivienda a través de la simplificación de los parámetros e instrumentos bancarios. Con el propósito de profundizar el acceso de los hogares de menores ingresos a los subsidios y créditos de vivienda, el gobierno del presidente Duque presentó a consideración del Congreso de la República el proyecto de ley de Vivienda y Hábitat. La iniciativa fue registrada ante la secretaría de la Comisión Séptima del Senado de la República por el ministro de Vivienda, Ciudad y Territorio, Jonathan Malagón. En Colombia la cartera hipotecaria, que refleja las posibilidades de acceso de los hogares a créditos de vivienda, es de las más bajas de América Latina, ubicándose en un 6,4% frente al 10% de los países vecinos. En ese sentido se ampliarán los plazos y montos máximos de dichos créditos y se crearán figuras como la hipoteca inversa. “Necesitamos simplificar los créditos, modificar los parámetros, plazos y montos que hoy en día tienen muchas restricciones desde el punto de vista normativo.  De esa forma se podrán desembolsar mas créditos hipotecarios”, dijo el Ministro Malagón. La iniciativa gubernamental también creará un entorno normativo favorable para la implementación de programas de subsidio al arrendamiento, como el programa Semillero de Propietarios lanzado por el Gobierno Nacional. En segundo lugar, el proyecto de ley propone simplificar los trámites y disminuir los tiempos para el otorgamiento de licencias de construcción y compra de vivienda. Según el informe Doing Business 2019 del Banco Mundial, el país cayó seis puestos en el índice de competitividad frente a 2018, pasando del puesto 59 al 65 entre 190 países. En particular, el indicador que más decreció fue el de los permisos de construcción, bajando ocho puestos (del puesto 81 al 89). Uno de los factores que más afecta esta situación es la demora en la solicitud de las licencias de construcción, pues se deben surtir hasta 20 requerimientos dependiendo de lo exigido por las entidades territoriales. Buscando mitigar esta situación, una de las medidas propuestas será la creación de un Sistema de Información Transaccional que estandarizará los contenidos y procesos de planificación territorial para destrabar uno de los principales cuellos de botella en la ejecución de las políticas de vivienda. “Si nosotros logramos digitalizar y simplificar todos los trámites del constructor, el costo de la vivienda en Colombia puede caer por lo menos un 10%. Tendríamos viviendas más competitivas y  más acceso”, agregó el Ministro de Vivienda. Además, el Gobierno Nacional acompañará a las alcaldías en la actualización de los Planes de Ordenamiento Territorial, con el fin de que sean instrumentos fáciles, útiles y transparentes. Para esto contarán con incentivos y asistencia técnica del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y tendrán un plazo máximo hasta diciembre de 2025 para su actualización. “Este país no se merece tener 870 municipios sin POT actualizado, esto hace que sea muy difícil habilitar suelo urbano, habilitar suelo para construir vivienda de interés social y prioritario. Si tuviéramos los POT actualizados, la oferta de vivienda sería mucho mayor y, por lo tanto, las posibilidades de acceso serían más”, puntualizó el jefe de la cartera. Por último, el proyecto de ley mejorará la coordinación interinstitucional de la política de vivienda y hábitat. Para lograr esto, facilitará la coordinación para la elaboración de un plan de construcción de infraestructura social en zonas de expansión urbana, puesto que la política no se agota con la entrega de una vivienda; tienen que garantizarse equipamientos complementarios y acompañamiento social. La norma busca que se enlacen las diferentes entidades del Gobierno en la generación de oferta institucional, incluyendo Centros de Desarrollo Infantil, colegios, parques, Centros de Salud, estaciones de policía, bibliotecas públicas, entre otros. Además, se define como competencia del MVCT garantizar la coordinación de todas las entidades del Gobierno Nacional que implementan la política de vivienda. “Esta ley busca tener ciudades mucho más amigables para los ciudadanos y crear mayores posibilidades de convertir a Colombia en un país de propietarios”, concluyó. Con información del Ministerio de Vivienda 

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