abril 10, 2026

Política

Gobierno Nacional destinó más de $120.000 millones para infraestructura en educación en el Cauca

El Gobierno destinó más de $120.000 millones para infraestructura en educación básica y media y $100.000 millones adicionales en educación superior, con el fin de garantizar este derecho a niñas, niños y adolescentes del suroccidente del país. De acuerdo con el Ministerio de Educación, el departamento del Cauca contará con una inversión estratégica para fortalecer su infraestructura universitaria y comunitaria, que incluye: ·         Guapi: En un esfuerzo por fortalecer la educación superior en la región del Pacífico, dos proyectos educativos están en marcha en Guapi, beneficiarán a más de 2.000 estudiantes, con la transformación de infraestructura educativa y abrir nuevas oportunidades de formación superior para la comunidad. Se implementará la estrategia Educación Superior en tu Colegio con la adecuación de espacios en el Colegio Normal Superior con una inversión de más de $11.000 millones. Además, se construye la nueva sede de la Universidad del Cauca en Guapi, que incluye estudios, diseños y ejecución de obra para la edificación de un campus universitario moderno con una inversión de más de $20.000 millones. ·         La Vega: Se adelanta el trámite de creación de la Universidad del Macizo Colombiano, pero el Gobierno avanza en la instalación de ambientes modulares en el predio de la Normal Superior por un valor de $5.000 millones. ·         Popayán: Instalación de aulas modulares y dotación del edificio para la Facultad de Arte y Diseño de la Institución Universitaria Colegio Mayor del Cauca, que cuenta con una inversión de más de $8.000 millones y suministro e instalación de espacios modulares en el predio Benalcázar de la Universidad del Cauca por un valor de $5.000 millones. ·         Santander de Quilichao: Suministro e instalación de espacios modulares en la sede norte de la Universidad del Cauca por un valor de $5.000 millones. ·         Suárez: Se adquirió el inmueble, donde ya funciona la sede del nodo Suárez de la Universidad del Valle con una inversión de $52 mil millones que beneficiará a más de 4.000 jóvenes de los municipios de Suárez, Morales, Buenos Aires y López de Micay. ·         Argelia: En El Plateado, 100 jóvenes ya iniciaron su formación universitaria con la IU digital de Antioquia a través de la estrategia Educación Superior en tu Colegio, que incluyó una inversión de $250 millones en dotación, así como la instalación de un aula inteligente con Huawei. Según se indicó, en educación superior, el Ministerio ha fortalecido la base presupuestal de las universidades públicas del Cauca. Entre 2022 y 2025 los recursos asignados pasaron de $233.993 millones a $344.583 millones, lo que significa un crecimiento del 47%. La base presupuestal de funcionamiento de las Instituciones de Educación Superior publicas creció aún más: pasó de $171.995 millones en 2022 a $286.268 millones en 2025, con un crecimiento acumulado del 66%. Además, se han destinado recursos extraordinarios para la ampliación de cobertura y el fortalecimiento de la calidad: $17.136 millones en 2023, $21.247 millones en 2024 y $23.999 millones en 2025, lo que ha significado 2.500 nuevos estudiantes que han podido ingresar a la educación superior. Inversión en infraestructu​​​ra de preescolar, básica y media De manera complementaria, el Gobierno del Cambio ha entregado mejoramientos y/ o construcciones de 143 sedes en 33 municipios, con una inversión de $79 mil millones. Adicionalmente en ejecución se tienen 79 obras por un valor de $35.231 millones. Frente a dotación escolar los niños y niñas de 224 sedes de 25 municipios han estrenado pupitres, tableros, cocinas, menaje y comedores por valor de inversión $8.049 millones. El Gobierno aumentó los recursos del Sistema General de Participaciones para el Cauca pasando de $1,149 billones corrientes en 2022, a $1,796 billones en el 2025, lo que representa un aumento del 56%. Por el concepto de calidad educativa que se destinan directamente a las instituciones de educación Preescolar, Básica y Media del departamento del Cauca, en 2022 se giraron $17.643 millones de pesos corrientes, mientras que para 2025 esta cifra ascendió a $55.565 millones, triplicando los recursos en solo tres años.

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SuperSalud refuerza vigilancia a gestores farmacéuticos

Para vigilar la entrega oportuna de medicamentos, la Superintendencia Nacional de Salud emitió una circular externa que establece instrucciones adicionales para el reporte de información por parte de los gestores farmacéuticos. Es la primera vez que la Supersalud expide una normativa técnica para reforzar las funciones de vigilancia, inspección y control sobre gestores, con miras a mejorar la oportunidad en la entrega de tecnologías en salud (medicamentos, dispositivos médicos y otros) a los afiliados del sistema de salud. Este nuevo marco regulatorio surge como una respuesta directa a una de las principales preocupaciones en el sistema de salud: la demora en la entrega de medicamentos y dispositivos médicos, que actualmente es el motivo número uno de peticiones, quejas, reclamos y sugerencias de los usuarios. A partir de la vigencia de esta circular los gestores farmacéuticos deberán reportar detalladamente a la Superintendencia, a partir de octubre de 2025, cuáles tecnologías en salud tienen dificultades para la dispensación y causas del problema. El Superintendente nacional de Salud, Giovanny Rubiano García, aseguró que “esta medida refuerza las acciones de inspección y vigilancia sobre los gestores farmacéuticos para solventar la laxitud con la que algunos de ellos venían operando desde su creación en 2019, y con ello, velar por la oportunidad en la entrega de medicamentos a los afiliados’. La medida impone a estos actores del sistema nuevas responsabilidades frente al reporte, mientras el Ministerio de Salud alista la regulación, así:   —Reportar la naturaleza de su operación como proveedor de tecnologías en salud, es decir, si es gestor farmacéutico, con la finalidad de establecer el universo de vigilados. —Informar el número de puntos de dispensación con los que opera, la capacidad de atención máxima de usuarios, el tiempo promedio de espera y el número de usuarios atendidos por punto de dispensación. —Informar a la Supersalud, periódicamente, el detalle de los contratos vigentes con las entidades responsables de pago, incluyendo el propósito (dispensación o distribución), si hay renovación automática y si existe exclusividad por tipo de enfermedad o medicamento, entre otros. —Proporcionar datos sobre cobertura municipal y población asignada. La Superintendencia Nacional de Salud, en cabeza de su Delegatura para Operadores Logísticos de Tecnologías en Salud y Gestores Farmacéuticos, busca con estas instrucciones garantizar que los actores del sistema suministren información con calidad, cobertura, pertinencia, oportunidad, fluidez y transparencia. El incumplimiento de estas directrices dará lugar a sanciones administrativas, sin perjuicio de otras responsabilidades legales. Esta iniciativa subraya el compromiso de la Supersalud con la vigilancia de la gestión farmacéutica, vital para la promoción, el mejoramiento y la preservación de la salud de los colombianos.

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¿Quién es Carlos Camargo? El nuevo magistrado de la Corte Constitucional de Colombia

Los partidos de la oposición celebraron la elección del ex defensor del pueblo, cuya experiencia incluye la Registraduría Nacional del Estado Civil, y la vicerrectoría de la Universidad Sergio Arboleda, conozca las reacciones aquí El Senado de la República eligió, este miércoles 3 de septiembre, al abogado Carlos Camargo Assis como nuevo magistrado de la Corte Constitucional, quien entrará en su nuevo cargo el próximo viernes 5 de septiembre, luego enfrentar una contienda electoral contra los juristas María Patricia Balanta, y Jaime Humberto Tobar. Camargo, quien fue presentado como el candidato de la oposición, estuvo respaldado por sectores de la política colombiana que incluyen al Partido Conservador, Centro Democrático, Cambio Radical y otros grupos afines, en contraposición a Balanta, quien fue directamente apoyada por el Pacto Histórico y otros sectores partidarios del oficialismo. ¿Quién es Carlos Camargo Assis? Carlos Camargo Assis se formó como abogado en la Universidad Sergio Arboleda, institución en la que también realizó una maestría y un doctorado en Derecho Administrativo. Del mismo modo, también cuenta con estudios de derechos humanos y Derecho Internacional en la American University de Washington D.C. La experiencia de Camargo se remonta a Registraduría Nacional del Estado Civil, cuando fue jefe de oficina en el año 2007, entidad en la que más tarde fue designado como secretario general encargado y posteriormente como titular en el año 2009. Entre los periodos del 2014 al 2017, fue elegido como magistrado del Consejo Nacional Electoral (CNE), y en septiembre de 2018, pasó a ocupar la dirección ejecutiva de la Federación Nacional de Departamentos. Fue en 2020 cuando el presidente de Colombia, por aquel momento Iván Duque, quien también lo acercó a los escenarios la alta política, lo propuso dentro de la terna para la Defensoría del Pueblo, donde fue declarado como ganador de la contienda. La gestión de Camargo como defensor del pueblo ha sido criticada, por varios sectores políticos y colectivos civiles, debido a su postura frente a los abusos policiales ocurridos durante el estallido social del 2021. Reacciones del sector político ante la nueva elección María Fernanda Cabal Senadora del Centro Democrático y una de las opositoras más activas de panorama político, celebró la elección de Camargo como nuevo magistrado de la Corte Constitucional, asegurando que el resultado de la contienda electoral es un “triunfo para la institucionalidad”. “En medio de la amenaza populista de un gobierno que pretende someter la justicia a sus intereses, esta decisión debe servir para fortalecer la independencia judicial y proteger el Estado de Derecho”, declaró la senadora a través de su cuenta de X. Armando Benedetti Por su parte, el ministro del Interior, Armando Benedetti, felicitó en un primer trino a Carlos Camargo por su elección. Sin embargo, horas después subió un video a sus redes, denunciando Balanta quien, recordemos, era la candidata apoyada por el oficialismo, no fue elegida por, según palabras de Benedetti “discriminación por ser negra y de estratos bajos. “Felicitaciones a Carlos Camargo por su campaña y su elección como nuevo magistrado de la Corte Constitucional. Confiamos en que será un fiel guardián de la Constitución. Éxitos.”, comentó el ministro en su primer trino, horas antes de sacar el video en su cuenta de X. Cortesía: Redes sociales Armando Benedetti Carlos Fernando Motoa Senador del partido Cambio Radical e integrante de la oposición, Motoa se refirió a la elección de Camargo en su cuenta de X, asegurando que, desde esta organización política, se celebra el resultado de las votaciones por “garantizar la independencia del Alto Tribunal”. “Con su triunfo se reafirma la independencia del Alto Tribunal, se frustran los planes del Presidente cooptar a la justicia y se reafirma la separación de poderes como principio orientador de nuestra democracia”, destacó Motoa en sus redes sociales. Catherine Juvinao Juviano, quien es representante a la Cámara por Bogotá del Partido Verde, y miembro de los sectores independientes, se pronunció sobre los resultados en los que eligieron al nuevo magistrado, solicitándole a Camargo tener como principal prioridad, “la defensa de la constitución y la democracia”. “La plenaria del Senado ha elegido como magistrado de la Corte Constitucional al Dr. Carlos Camargo. Desde el Congreso esperamos de él el más alto compromiso con la Constitución y la democracia. El sistema de frenos y contrapesos es la salvaguarda del Estado Social de Derecho”, destacó Juviano.      

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‘Si invaden a Venezuela se triplican los migrantes ilegales a Colombia y se acelera la quiebra de Ecopetrol’: presidente Petro

Una eventual invasión militar a Venezuela podría generar varias afectaciones sociales en Colombia, como mayor migración ilegal y la inminente caída del precio del petróleo a 50 dólares/barril, lo que supondría acelerar la quiebra de Ecopetrol, la petrolera estatal de Colombia. Así lo advirtió el presidente Gustavo Petro al participar en el XX Conversatorio de la Jurisdicción Constitucional ‘En Defensa del Orden Constitucional y del Estado Social y Democrático de Derecho’, que se instaló este miércoles en el Teatro Colón de Bogotá. El mandatario, sin referirse a ningún país en particular, señaló que “si invaden a Venezuela, los números (de migrantes hacia Colombia) se triplican. Y si invaden a Venezuela, el precio del petróleo baja de 50 dólares y Ecopetrol quiebra; está demostrado técnicamente”, afirmó. De ahí la necesidad, insistió, “de que seamos capaces rápidamente de reemplazar el petróleo por energías limpias, si no vamos a ver la quiebra de Ecopetrol, que se acelera si hay invasión”. En su intervención, el jefe de Estado reiteró “el error” que cometió la administración del expresidente Iván Duque al endeudarse en US$5.600 millones con el Fondo Monetario Internacional, pagaderos en dos años con tres de gracia, que se cumplieron justo en el Gobierno del Cambio. “¿Para qué se endeudó Duque? Si la pobreza extrema y monetaria crecieron como un pico en el año del covid (2021). Ahora estamos bajando, pero venimos de arriba. ¿Dónde está el Estado Social de Derecho si la pobreza creció en los años pasados? ¿Y por qué? Porque se endeudó con el FMI, y los gringos no hicieron eso, y Europa no hizo eso, ni ningún país del mundo hizo eso. Ninguno. ¿Y para qué? Para subsidiar a las empresas más grandes de Colombia: Avianca, El Tiempo, RCN, Gilinsky, etc”, insistió el presidente Petro.​ Dirigiéndose al contralor general de la República, Carlos Hernán Rodríguez, y al gerente General del Banco de la República, Leonardo Villar, el mandatario sostuvo que “nos están pagando en impuestos lo que se les regaló del erario”. “El déficit fiscal de este año y del año pasado se llama volver subsidio la deuda del Fepc (Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles): son $70 billones, más que lo que gastamos en pensiones. ¿Y quién la hizo? Duque, porque le dio miedo subir la tarifa de gasolina por el estallido social, cuando los del estallido social eran los más pobres y no usaban gasolina. Pero los que usan gasolina es el 15% más rico de la sociedad colombiana, claro, algunos pobres. Entonces los señores de las camionetas cuatro puertas fueron subsidiados en 70 billones de pesos. ¿Eso es constitucional?”, se preguntó. Recordó el caso del exministro de Agricultura, Andrés Felipe Arias, condenado por el escándalo de Agro Ingreso Seguro. “La Constitución dice a quiénes se subsidia: grupos vulnerables. ¿Los usuarios de la gasolina son un grupo vulnerable? Se fueron $70 billones, les regalaron los impuestos a los más ricos, petroleros y carboneros, y encima se subsidió a los usuarios de la gasolina”, reiteró el mandatario. El presidente le dijo al Contralor General que “el déficit fiscal de hoy, de más de $80 billones, se llama subsidio de pagos a la gasolina, y debe devolverse, lo pagan los más ricos de Colombia, a quienes se subsidió en el covid con ese préstamo (al FMI); los más ricos es el uno por ciento, y ahí están los exportadores de carbón y de petróleo. O lo paga el usuario de la gasolina, y devuelve el subsidio, como quiso hacer Duque con el préstamo que dio a través de la Opción Tarifaria en la energía eléctrica, que los usuarios tienen que devolverlo”. El jefe de Estado se lamentó de que el Congreso no permitió convertir la Opción Tarifaria en deuda pública. “¿Dónde está la justicia social? ¿Dónde está? Porque los subsidios deben ir a quien no trabaja, y son pobres: las señoras madres cabezas de familia, en general jóvenes, los menores de edad, los viejos que no pueden trabajar. Discúlpenme, ¿los van a dejar morir de tristeza y de hambre en la pobreza extrema? ¡Por favor! ¿Eso se llama Estado Social de Derecho?”, cuestionó. Concluyó el jefe de Estado que, a pesar de la situación fiscal se logró bajar la tasa de mortalidad infantil por desnutrición en 55%, la tasa de mortalidad perinatal en 45%, la tasa de mortalidad materna en 44%, la tasa de mortalidad por enfermedades crónicas en adultos entre 30 y 70 años en 12%. “Y entonces, ¿qué es Estado Social de Derecho? ¿cómo lo construimos? El acuerdo no es solo de las buenas maneras de hablar”, dijo.

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¿Qué pasó con Álvaro Uribe? Liberación del expresidente desata reacciones del sector político

Personalidades de la política colombiana se pronunciaron ante la liberación del exmandatario, condenado por los delitos de fraude procesal y soborno en actuación penal, conózcalas aquí A raíz de la pena impuesta al expresidente Álvaro Uribe Vélez, condenado a 12 años de prisión domiciliaria por los delios de fraude procesal y soborno en actuación penal, el Tribunal Superior de Bogotá falló a favor de una tutela presentada por la defensa del exmandatario, dejándolo en libertad mientras se resuelve el estado de su sentencia en segunda instancia. La decisión tomada por la entidad de la rama judicial, lejos de causar indiferencia, desató una serie de reacciones en varias personalidades políticas de Colombia, tanto afines al círculo ideológico de Uribe, como detractores del mismo, incluyendo el pronunciamiento dos senadores estadounidenses. Sectores afines al expresidente celebran la decisión Marta Lucía Ramírez, exvicepresidenta de Colombia La funcionaria, que trabajó durante el gobierno anterior, se pronunció sobre el hecho, asegurando que la decisión del Tribunal de Bogotá demuestra que hubo, en sus palabras, comportamientos arbitrarios en el proceso contra Uribe. Gabriel Vallejo, director del partido Centro Democrático El dirigente de esta colectividad política, fundada por Uribe en enero del 2013, destacó que los derechos del exmandatario fueron vulnerados durante el proceso. “Es una gran noticia para el país, para el partido Centro Democrático y, sobre todo, para el presidente Álvaro Uribe, qué seguirá defendiéndose en libertad”, agregó Vallejo en un video publicado en sus redes sociales. María Fernanda Cabal, senadora del Centro Democrático La funcionaria, quien es una de las más destacadas simpatizantes de Uribe, afirmó mediante la red social X, que el condenado no puede ser cancelado, dado que cuenta con presunción de inocencia hasta el fallo de la segunda instancia. Detractores de Uribe responden ante la decisión Iván Cepeda, senador del Pacto Histórico Cepeda, quien es el principal impulsor de la investigación por la cual Uribe fue condenado, dio declaraciones ante varios medios de comunicación, agregando que tiene la certeza de que el expresidente está presionando a la justicia para lograr su libertad. “Siempre hemos respetado y acatado las decisiones judiciales, por supuesto respetamos esta, pero no la compartimos. Tenemos la plena certeza de que el condenado expresidente viene realizando numerosas acciones de presión a la justicia”, declaró Cepeda. Alejandro Toro, representante por el Pacto Histórico El representante a la Cámara por el departamento de Antioquia, Alejandro Toro, también se refirió a las intenciones del condenado, afirmando que Uribe no busca la libertad, sino privilegios para el desarrollo de su proceso. “Mientras los condenados en Colombia deben estar en prisión, él quiere saltarse hoy la ley. Hay algo que queda claro, su condena está en firme, por soborno y fraude procesal”, destacó el funcionario en redes sociales Claudia López, precandidata presidencial La precandidata presidencial y exalcaldesa de Bogotá, Claudia López, crítico las intenciones de Uribe y el abogado Diego Cadena, quien defendió al expresidente durante el proceso, recordando que hasta octubre se definirá el estado de la apelación. Senadores estadounidenses también celebran la decisión Los senadores estadounidenses del partido republicano, Bernie Moreno y Rick Scott, también se pronunciaron en redes sociales sobre el fallo del Tribunal Superior, felicitando al exmandatario, por lo que ellos califican con una “gran noticia para Colombia”. En el trino de Bernie Moreno se puede leer lo siguiente: “¡Gran noticia desde Colombia! Un alto tribunal de Bogotá ordenó la liberación inmediata de Álvaro Uribe Vélez. La democracia prospera cuando un país cuenta con instituciones sólidas. Esta decisión de hoy es una victoria tanto para Colombia como para la familia Uribe”.        

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En Barranquilla estamos cansados de la extorsión: alcalde Char hace llamado a Mindefensa y Gobierno nacional

Rodeado de la comunidad del barrio La Chinita, en el suroriente de la ciudad, el alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, hizo un enérgico llamado al Ministerio de Defensa Nacional a brindar garantías para erradicar la extorsión que ha afectado a decenas de comerciantes y emprendedores de las diferentes localidades. Durante una entrega de vías recuperadas, el alcalde Char señaló: “En Barranquilla estamos cansados de la extorsión. Esta alegría que se ve hoy en La Chinita se entristece todos los días, cada vez que a los papás de estos niños los extorsionan y le tiran hasta bala en sus negocios, pidiéndoles vacuna. No hay derecho que en cada esquina de Colombia haya una extorsión que quita la tranquilidad, que le quita el sueño a todos”. El mandatario distrital explicó que las familias crean sus emprendimientos con esfuerzo y la Nación no les brinda la suficiente seguridad para mantenerlo: “Las familias sacan plata de su bolsillo con mucho esfuerzo y hacen su negocio y al día siguiente los están extorsionando. No hay derecho que estén acabando con el sueño de nuestra gente. Desde aquí hacemos un llamado al Ministerio de Defensa, al Comandante de la Policía, al Ejército, que se pongan las pilas porque Barranquilla está hasta aquí de la extorsión”. El clamor del alcalde Alejandro Char es el de muchos ciudadanos que se han visto afectados los últimos meses, y que piden al Gobierno Nacional más seguridad para salir adelante y mejorar sus condiciones económicas.

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Ocho patrullas fluviales reforzarán control sobre áreas ribereñas y navegables del río Magdalena

Seis de las embarcaciones cubrirán la zona antes de noviembre de este año y dos serán integradas al sistema de vigilancia antes de marzo de 2026, en lo que constituye “el incremento más alto que ha habido en control fluvial”, confirmó el ministro de Defensa. “La puesta en operación de las patrulleras fluviales permite mantener el control sobre el 75 % de toda el área navegable del río Magdalena y de la mayoría de sus afluentes”, añadió el funcionario. El refuerzo incluye la llegada de 14 investigadores judiciales, 30 hombres más para el Gaula Militar y 473 policías, con la proyección de sumar 86 en noviembre. Sánchez Suárez señaló que las llamadas Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada fueron declaradas grupo armado organizado (GAO), lo que habilita el uso de toda la fuerza legítima del Estado. También reiteró que se mantendrá la ofensiva contra otros actores como el ELN, disidencias de las extintas Farc y el cartel del Clan del Golfo. El esfuerzo en seguridad será complementado con 30.000 millones de pesos en vehículos, drones, patrullas fluviales, software y equipos para la Fuerza Pública y la Fiscalía, aportados por la Gobernación del Cesar para fortalecer el control territorial en esa región del país. El Gobierno nacional hizo una llamado a la comunidad para denunciar y prevenir el reclutamiento de menores en la zona, reiterando la necesidad de articular todos los niveles del Estado y la colaboración ciudadana.

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El Gobernador Fulberto Guevara dio inicio a la formulación del Plan de Desarrollo Departamental

El gobernador Fulberto Guevara dio inicio a la construcción participativa del Plan de Desarrollo Departamental Unidos Gana Vichada 2025–2027, el instrumento que guiará las decisiones, proyectos e inversiones del departamento durante su periodo de mandato. Este plan será el instrumento de planeación más importante del departamento, ya que definirá las líneas estratégicas, programas, metas e inversiones que guiarán la gestión pública durante los próximos dos años. Su construcción se fundamenta en el diálogo directo con las comunidades, la escucha activa de las necesidades territoriales y la priorización conjunta de propuestas. El punto de partida de esta ruta de participación será el municipio de La Primavera, donde se desarrollará la primera jornada de trabajo el próximo 7 de agosto . A partir de esa fecha, el equipo técnico de la Gobernación recorrerá los cuatro municipios del departamento para realizar mesas de trabajo en las que participarán líderes comunitarios, representantes de organizaciones sociales, sectores productivos, juventudes, comunidades indígenas y ciudadanía en general.  Cronograma de recorridos participativos : ·         La Primavera : 7 de agosto ·         Santa Rosalía : 8 de agosto ·         Comunidad indígena Raya : 10 de agosto ·         Cumaribo : 11 de agosto ·         Puerto Carreño : 15 de agosto “Queremos que el Plan de Desarrollo Departamental Unidos Gana Vichada refleje la realidad de nuestros territorios y las aspiraciones de nuestra gente. Por eso es fundamental que todos los sectores se sumen a este ejercicio colectivo”, expresó Marcos Pérez Jiménez , secretario de Planeación y Desarrollo territorial Departamental. Las propuestas recogidas en las mesas se integrarán al diagnóstico territorial y a la formulación técnica del documento final, que será presentado ante la Asamblea Departamental dentro de los tiempos establecidos por la ley.  Si deseas hacer parte de este proceso participativo, puedes registrarte en el siguiente enlace:  https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeJcV1KJzbabCjo0sMKHkMt1wfMUOcDaooI3hLmqd_Of2BJiA/viewform Con este ejercicio, la Gobernación reafirma su compromiso con la construcción participativa de políticas públicas y con una visión de desarrollo incluyente y sostenible.

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Por primera vez escuelas de comunidades afrocolombianas y palenqueras tendrán un programa de alimentación con enfoque étnico

El Gobierno nacional, a través del Ministerio de Educación, presentó en la ciudad de Cali la Resolución 051 de 2025 que establece los lineamientos del Plan de Alimentación Escolar (PAE),? con enfoque étnico que reconoce el derecho de estas comunidades a una alimentación escolar construida desde su cosmovisión, sus saberes ancestrales, sus formas organizativas y su cultura alimentaria.  “La Resolución 051, más allá de ser un acto administrativo, permite que sean las comunidades negras, afrodescendientes y palenqueras quienes operen el programa de Alimentación Escolar en Colombia, en sus territorios. Esto es la revolución del PAE, atendiendo a las instrucciones del Presidente de la República, del Ministro de Educación. Esto es el Gobierno del Cambio en acción en los territorios”, aseguró Sebastián Rivera Ariza, director general de la UApA (Unidad Administrativa Especial de Alimentación Escolar Alimentos para Aprender), del Ministerio de Educación. En el lanzamiento de la Resolución también estuvieron presentes voceros de la Comisión IV del Espacio Nacional de Consulta Previa y la Comisión Pedagógica Nacional, y de los Ministerios de Educación Nacional, Interior e Igualdad y Equidad. Por su parte, Farides Margarita Pitre Redondo, asesora del despacho del MiniEducación, destacó que este acto administrativo “es la garantía para seguir mostrando al país la efectividad de la educación de calidad e igualitaria. Esta Resolución es una oportunidad de empoderamiento de las comunidades”. La presentación del PAE con enfoque étnico se realizó en la ciudad de Cali para destacar la identidad de la gastronomía de estas comunidades, y que se comparten en todas las regiones del país donde tienen presencia. “La Resolución 051 de 2025 marca un hito histórico en la lucha por la equidad, la dignidad cultural y la garantía de derechos fundamentales para nuestros niños, niñas y adolescentes. Este nuevo marco normativo reconoce que la alimentación no es solo un derecho, sino una expresión de identidad, cultura y territorio”, añadió Luz Aida Ibarra, delegada de la Comisión IV del Espacio Nacional de Consulta Previa. Durante los próximos días se realizarán mesas técnicas de trabajo para socializar los alcances de la Resolución 051 de 2025 y su implementación en los territorios, pues este acto administrativo constituye una apuesta por la dignidad, la autonomía, la cultura y el derecho a alimentarse con memoria.

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Posibles consecuencias políticas ante fallo judicial en caso del expresidente Álvaro Uribe Vélez

El proceso judicial que hoy se está dando en contra del expresidente Álvaro Uribe Vélez ha marcado un hito en la historia política y judicial de Colombia. La expectativa nacional a medida que avanza la lectura del fallo final ha generado una profunda polarización, no solo en los sectores políticos sino también en la opinión pública, lo que nadie puede negar es que sea cual sea el veredicto, las implicaciones serán significativas para la estabilidad institucional, el rumbo de la derecha colombiana y la credibilidad del sistema judicial. Acá analizamos los diversos panoramas que podríamos encontrar, desde distintas posiciones. Un fallo a favor de Álvaro Uribe Vélez En caso de que la justicia absuelva al expresidente Uribe de los cargos relacionados con manipulación de testigos y fraude procesal, las reacciones políticas podrían dividirse en tres grandes bloques. Reivindicación del uribismo El Centro Democrático y sectores afines verían este fallo como una reivindicación política y moral. Argumentarían que Uribe fue víctima de una persecución judicial con motivaciones ideológicas, y utilizarían el resultado como bandera para fortalecer su discurso contra lo que denominan “la captura de la justicia” por parte de sectores progresistas. La narrativa del expresidente como víctima del “lawfare” se consolidaría, lo cual podría tener un impacto electoral positivo para su partido de cara a las elecciones legislativas y presidenciales de 2026. Desconfianza hacia la justicia Por otro lado, sectores de izquierda y organizaciones de Derechos Humanos podrían interpretar el fallo como evidencia de la impunidad de las élites políticas en Colombia. Podrían surgir movilizaciones sociales, llamados a organismos internacionales y un renovado impulso a reformas estructurales del sistema judicial. La legitimidad de la Corte Suprema y de la Fiscalía podría verse afectada ante los ojos de una parte del país que ha respaldado con fuerza la investigación contra Uribe. Reconfiguración del debate público Un fallo absolutorio también influiría en el tono y la dirección del debate público. Los medios afines al uribismo lo presentarían como el fin de una etapa de persecución, mientras que sus contradictores podrían denunciar una justicia desigual. En este contexto, las plataformas digitales, las redes sociales y los opinadores jugarán un papel central en moldear las percepciones colectivas. Un fallo en contra del expresidente Álvaro Uribe Si, por el contrario, el fallo resulta condenatorio, las consecuencias serían igualmente profundas y complejas. Sacudida al uribismo Una condena judicial a Álvaro Uribe Vélez implicaría un golpe sin precedentes para el movimiento político que él mismo fundó. El Centro Democrático enfrentaría un serio dilema: o reafirmar su lealtad a Uribe con el costo de cargar con el estigma judicial, o distanciarse progresivamente para sobrevivir políticamente. La figura de Uribe, hasta ahora centralizadora, podría empezar a fracturar su liderazgo y dar lugar a disputas internas por la sucesión. Fortalecimiento de la independencia judicial Una condena también sería vista, por sectores progresistas y defensores del Estado de derecho, como una señal positiva de que la justicia puede llegar incluso a las más altas esferas del poder. Se presentaría como un hito en la lucha contra la impunidad y como una oportunidad para reforzar la institucionalidad democrática. Sin embargo, este efecto positivo dependería en gran parte de la percepción de imparcialidad y solidez del fallo. Polarización y confrontación Las tensiones políticas podrían escalar. El uribismo probablemente denunciaría una persecución judicial, lo que podría derivar en llamados a movilizaciones, protestas o incluso propuestas legislativas para modificar el aparato judicial. Es posible que resurjan discursos de confrontación contra la Corte Suprema de Justicia, la JEP y otras instituciones, lo que pondría en riesgo la gobernabilidad y aumentaría la crispación política. En redes sociales, se intensificaría la batalla discursiva entre los sectores que celebran la decisión como un acto de justicia y aquellos que la condenan como un acto de “venganza política”. La polarización, lejos de disminuir, podría alcanzar nuevos niveles. Consecuencias institucionales a largo plazo Sea cual sea el fallo, este proceso marcará un precedente en la relación entre el poder político y el sistema judicial en Colombia. Si se percibe que el expresidente ha tenido un juicio justo, eso reforzará la credibilidad institucional. Pero si, por el contrario, se interpreta que el fallo ha sido parcial o injustificado, el costo será alto para el sistema democrático. Adicionalmente, el desenlace del caso Uribe podría influir en futuras reformas judiciales. Ya existen propuestas para modificar la forma en que se eligen los magistrados, la estructura de la Corte Suprema y la función de la Fiscalía. Un fallo polémico podría acelerar o bloquear estos intentos de reforma. Impacto electoral A corto y mediano plazo, el fallo también tendrá repercusiones en las elecciones de 2026. Si Uribe es absuelto, podría regresar con fuerza al escenario político, ya sea directamente o como figura central de su partido. En cambio, si es condenado, el Centro Democrático deberá buscar nuevos liderazgos y redefinir su estrategia electoral. Esta situación podría abrir espacio para otros sectores de derecha que buscan distanciarse del legado uribista, así como para candidaturas de centro o izquierda que apelen a un discurso de renovación. Capitulo Judicial Decisivo El proceso contra Álvaro Uribe Vélez no es solo un capítulo judicial; es un episodio decisivo en la historia reciente de Colombia. Más allá de las implicaciones individuales para el expresidente, el fallo será leído como una prueba de la madurez institucional del país. El reto será evitar que, cualquiera que sea el desenlace, se convierta en una fuente adicional de división o debilitamiento democrático. En este momento histórico, la responsabilidad de los actores políticos, los medios de comunicación y la sociedad civil será fundamental para garantizar que la justicia no sea un arma política, sino una herramienta de verdad, legalidad y reconciliación.

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