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Fajardo anuncia qué ni por Duque ni por Petro. Votará en blanco

Actualidad, Estado, Gobierno, Política, Presidencia / revistacg

Yo, Sergio Fajardo, voy a votar en blanco. En la campaña dije una y otra vez que ni Duque ni Petro, y no lo hice como una artimaña estratégica. El excandidato a la Presidencia, Sergio Fajardo, anunció este jueves por medio de un comunicado que no votará ni por Iván Duque y ni tampoco por Gustavo Petro. Mi voto será en blanco para la segunda vuelta del 17 de junio, dijo. Lea aquí el comunicado oficial de Sergio Fajardo “Quienes votaron por nosotros son ciudadanos libres, serenos, atentos, pensantes, críticos. No siguen simplemente órdenes. Para nosotros el voto no es una obligación, es una convicción. Es un acto de confianza que se refrenda libremente en cada elección. Creemos que la confianza es el resultado de actuar coherente y consistentemente ante la ciudadanía. Por eso dijimos y decimos que nadie debe estar donde no quiere estar. Creemos en el valor de la palabra, en el respeto por las personas. Creemos en el poder de la pedagogía para explicar y atraer a nuestros votantes. Estamos convencidos de que la forma como se hace la campaña define la forma como se gobierna”, aseguró Fajardo en un mensaje a sus seguidores. El exgobernador de Antioquia se convirtió en la sorpresa electoral de la primera vuelta presidencial del domingo al obtener 4.589.696 votos en todo el país, más de un millón 200 mil de ellos en Bogotá, por lo que los dos candidatos le “coqueteaban” para conseguir su apoyo de cara a una segunda ronda. Pese a que Fajardo informó de manera personal que votará en blanco, el partido Polo Democrático que hizo parte de la Coalición Colombia con la que se postuló el exalcalde de Medellín a la Presidencia , anunció que votará por Gustavo Petro. Las directivas de la Alianza Verde, movimiento que también respaldó a Fajardo, se reúnen este jueves para definir si dejan en libertad a sus electores o apoyan a uno de los dos candidatos para la segunda vuelta. El senador de esa colectividad , Antonio Navarro Wolff, anunció en su cuenta de facebook el apoyo a Petro.

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La seguridad ciudadana

Columnistas, Estado, Fuerza Pública, Opinión / revistacg

Víctor Correa Representante a la Cámara, Polo Democrático Alternativo Existe en nuestra sociedad por efecto de reiteración la idea de que las posturas alternativas y de izquierda son enemigos de la fuerza pública, idea que se ve reforzada por los controles constantes que se realizan desde este espectro político al cumplimiento de las funciones encomendadas a la misma. Esta idea ha desdibujado el rol del control político para hacerle parecer como un ataque a la institucionalidad, que a lo sumo ha tenido por respuesta las causas humanitarias en las que solo se capta el efecto de superficie, indicando que no se está en contra de la institución si no que nos oponemos a la violación de derechos humanos, a la corrupción y a la afectación desmedida de derechos ciudadanos, entre otros. El énfasis en estas respuestas defensivas ha dejado en la oscuridad las propuestas que se tienen en torno a cómo comprendemos la seguridad, desde la compleja escala de seguridad nacional a las preocupaciones inmediatas del ciudadano relacionadas con la seguridad personal, todo comprendido bajo el concepto de seguridad humana. “Es precisamente en los temas de seguridad ciudadana donde el control político ha planteado una serie de propuestas insuficientemente expresadas” El concepto de seguridad humana es acuñado por primera vez en el informe de 1994 del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) donde se enuncian los cuatro principios básicos que componen la seguridad humana; la universalidad, la interdependencia de sus componentes, su carácter personal y enfocado en la prevención. Estos principios deben orientar las acciones institucionales alrededor de los ámbitos relacionados: seguridad económica, alimentaria, de la salud, del medio ambiente, personal, comunitaria y política. Debido a la frecuencia con la que nos referimos a los cuatro primeros ámbitos relacionados; no es difícil adivinar la línea base que compone las acciones que se deberían tomar respecto a cada uno según la postura política, no obstante, escasamente logramos expresar de manera clara las propuestas que giran en torno a los tres últimos componentes. Es precisamente en los temas de seguridad ciudadana donde el control político ha planteado una serie de propuestas insuficientemente expresadas; concebimos la seguridad ciudadana “como una condición necesaria para el desarrollo humano de las personas. Ésta es valorada como un bien público, cuya provisión es responsabilidad principal del Estado” y en esa medida cobra especial relevancia el control a las acciones desplegadas desde la institucionalidad. Antes de continuar, es pertinente distinguir la dimensión objetiva y la subjetiva de la seguridad ciudadana. La dimensión objetiva de la seguridad ciudadana se relaciona con el delito y la violencia, cifras e incidencia cuantificable del mismo. “La dimensión subjetiva depende de la percepción de inseguridad que se manifiesta en sentimientos de temor y vulnerabilidad. Aún más, la percepción de la inseguridad o “dimensión subjetiva” de la seguridad ciudadana tiene importancia en cuanto el temor, el miedo o la desconfianza pueden tener consecuencias reales en el desarrollo humano de las personas.” Bajo esta lógica, crear nuevos delitos o aumentar las penas de los mismos solo intimida a quien no tiene la capacidad de corromper la institucionalidad o a quien no tiene una motivación de necesidad o altamente ideológica de cometerlos. Según estas características, es un sector cada vez más limitado de la sociedad sobre el que surte efecto la prohibición, la cual tiene además una complejidad adicional en el sistema legal colombiano, saturado de normas que conllevan a la incertidumbre respecto a las conductas prohibidas.

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Superintendencia del Subsidio Familiar una entidad al servicio ciudadano

Actualidad, Economía, Estado, Gestión, Gobierno, Personajes, Trabajo, Vivienda / revistacg

Bajo la administración de José Leonardo Rojas, la Superintendencia del Subsidio Familiar ha trabajado para mejorar las condiciones sociales y económicas de los trabajadores colombianos, mediante la vigilancia y control de la operatividad de las 43 cajas de compensación familiar en todo el país. Una labor en la cual se ha tenido como prioridad velar por los derechos de la comunidad. Las Cajas de Compensación Familiar reclaman el permanente acompañamiento de la Superintendencia del Subsidio Familiar con le fin de garantizar una excelente prestación de sus servicios a los trabajadores afiliados. En estos dos cuatrienios, la Superintendencia del Subsidio Familiar ha tenido un cambio ostensible en cuanto a la ampliación de la cobertura del sistema de subsidio familiar y la calidad de los servicios que prestan las 43 cajas de compensación de todo el país. Para el superintendente José Leonardo Rojas, la gestión que ha desarrollado la entidad se ha convertido en un pilar trascendental para el equilibrio social por la eficacia con la que ha operado. Hoy por hoy, la Supersubsidio cuenta con una planta mucho más capacitada, que durante los últimos años ha podido hacerle, sin excepción, control y vigilancia a todas las cajas de compensación. “Antes se visitaban un promedio de 20 o 25 o a lo sumo 30 cajas, no porque antes la inspección fuera mala, era porque el recurso humano no existía y era muy limitado su presupuesto. Pasamos de tener 62 empleados a tener hoy alrededor de 149 de planta”, sostiene el funcionario. Para el superintendente, el Presidente Juan Manuel Santos “le cumplió al sistema de compensación, fortaleciéndolo y realizando una reestructuración administrativa al interior de la entidad”, lo que permitió la solidificación del sector. “Queremos poder proponerle al sistema de compensación alternativas para sus programas de inversión, pues contamos con el respaldo del Gobierno Nacional”, asegura. Su plan de trabajo Familias beneficiadas La importancia de fortalecer estrategias ante la corrupción Su plan de trabajo Los resultados del sistema del subsidio familiar se califican como un éxito. Según Rojas, gracias al trabajo mancomunado con el Ministerio del Trabajo para impulsar políticas públicas del sector en pro de la ciudadanía, se ha implementado un programa para verificar que la situación administrativa de las cajas esté acorde con los parámetros establecidos en la ley y en las circulares de la Superintendencia. En cuanto al aspecto legal, se hace un monitoreo mensual y trimestralmente a través de una plataforma del Ministerio para verificar que la cuota monetaria que se paga mes a mes por parte de la caja se esté haciendo dentro de los requisitos legales y parámetros establecidos.Las cajas de compensación tienen más de 14 objetos sociales, aunque su misión principal es pagar la prestación económica del subsidio familiar, una cuota monetaria que se cancela mensualmente de acuerdo a lo establecido por la ley. Igualmente, a los beneficiarios del Crédito Social de las Cajas también les ha cambiado mucho la vida porque en muchas regiones han podido salir de ser clientes de la fatídica costumbre de prestar dinero por encima de los intereses del 20%. Por eso cree que “en muchas partes del país los que prestaban “gota a gota” salieron de ese trabajo y ahora son clientes del crédito social, terminan de pagar su crédito y vuelve y se les renueva”, explica el funcionario. Familias beneficiadas Al cierre de la vigencia de 2017, el sistema cerró con 640 mil empresas afiliadas en el país, las cuales tienen a 9 millones de trabajadores adscritos que suman 21 millones de personas beneficiarias. Es decir, que dentro del sistema se encuentra alrededor del 50% de la población colombiana con algún tipo de beneficio, cuota monetaria, acceso a servicios de recreación, educación y subsidio de vivienda y desempleo. La importancia de fortalecer estrategias ante la corrupción Tal y como está definido en la política de la Superintendencia, la gestión permite fortalecer y crear vínculos sólidos que incrementen la credibilidad y la confianza de los usuarios en este sistema de control. Es por eso que su tarea es poder verificar que se cumplan las normas del mismo y que las inversiones realizadas por las cajas en otros sectores donde se hagan de manera legal sean bien invertidas y no se exponga el patrimonio de los trabajadores.José Leonardo Rojas reconoce la labor del Gobierno para generar una política pública del sistema de compensación. Esto, debido a que hay un equipo que lleva estabilidad y conoce los trabajos y los programas que se implementan. “La relación es excelente, pero en lo funcional es mucho mejor porque estamos articulados y trabajamos de manera mancomunada y coordinada con el Ministerio del Trabajo, para que esa política pública se cumpla”, afirma el superintendente.Según el último informe de Presidencia de la República y la Función Pública 2017, la institución más transparente del país fue la Superintendencia del Subsidio Familiar, atribuido al pacto que sobre esa materia se hizo con las cajas hace dos años y que tiene cuatro componentes: El primero es que se comprometen a modificar sus manuales de contratación; el segundo, a generar más prácticas de gobierno corporativo transparentes y ampliar las coberturas; el tercero, a reducir las tarifas de los servicios, y el cuarto, que ese pacto se articule con la Fiscalía, la Procuraduría y la Contraloría para efectos de permitir que todos los entes de control puedan estar. La Superintendencia del Subsidio Familiar vela por los intereses de los 20 millones de usuarios de las Cajas de compensación Familiar. Acto de instalación Encuentro de Protección al Usuario en Comfamiliar Atlántico. La inspección, control y vigilancia es la razón de ser de la Superintendencia del Subsidio Familiar a cada una de las 43 cajas del sistema del subsidio en Colombia. Un pacto que da resultadoDe acuerdo con José Leonardo Rojas, este pacto ha dado resultado, pues “las cajas siempre están proactivas y dispuestas a que se les vigile, ellas mismas reclaman más vigilancia y es por eso, que, esta se realiza a través de las visitas ordinarias”, lo que hace la operación

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La reforma electoral no da espera

Actualidad, Corrupción, Estado, Política / revistacg

El magistrado del Consejo Nacional Electoral (CNE), Armando Novoa, es partidario de reformar la institución para garantizar un funcionamiento transparente, eficiente e independiente. La experiencia que le da el haber sido parte por largo tiempo de la entidad, le otorga la autoridad suficiente para hablar sobre lo que la organización electoral necesita en el contexto colombiano. Armando Novoa Actualmente ejerce como magistrado del Consejo Nacional Electoral. Abogado de la Universidad Externado de Colombia con énfasis en Derecho Social. Se destaca por haberse desempeñado como Asesor de la Asamblea Nacional Constituyente de 1991 y por ser Embajador Plenipotenciario ante la Asamblea de las Naciones Unidas en Nueva York. En sus más de 20 años de experiencia, ha sido conjuez del Consejo Superior de la Judicatura de la sala disciplinaria y consultor del Banco Mundial. Novoa se ha destacado por ser un hombre crítico en sus comentarios sobre la gestión de la institución a la que pertenece. Sus posturas han sido firmes y sin titubeos, las ha dado a conocer a la opinión pública, lo que le ha generado enfrentamientos y a veces la censura de sus compañeros. Frente a la percepción que se tiene en el país sobre la institución, considerada por muchos sectores de la opinión pública como débil a la hora de tomar las decisiones, el magistrado cree que es urgente reformar la organización electoral para recuperar la confianza y la credibilidad. “Yo rescato los esfuerzos que han hecho algunos registradores y miembros del CNE, pero aquí no estamos hablando solamente de buena voluntad, sino también de buenos diseños institucionales”, afirma Novoa al defender su reestructuración. La organización electoral tiene un gran reto de cara a las elecciones presidenciales de este año. Garantizar autonomía es clave Y si de buenos diseños institucionales se trata, el también abogado colombiano ha considerado los aspectos que podrían otorgarle a la institución bases sólidas para su correcto funcionamiento. “Una reforma en la organización electoral implica fortalecer su autonomía, independencia, separar el origen de su integración de las injerencias partidistas, además de la modernización y la tecnificación”, señala. Aunque reconoce que su origen es político, ya que su postulación estuvo a cargo de la Alianza Verde, Polo Democrático y MIRA, el magistrado tiene claro que el ejercicio adecuado de sus competencias debe estar al margen de cualquier interés partidista. Por eso considera que el primer paso para una reforma es “separar a los partidos de la decisión política sobre la composición de la organización electoral”. Para Novoa, en cumplimiento de la democracia y su defendida Constitución Política de 1991, los ciudadanos también deben ser protagonistas de la política participativa y contar con las “garantías para ejercer su voto en condiciones de libertad y autonomía”. Fortalecimiento de la organización electoral Para el fortalecimiento de la organización electoral, el magistrado plantea controles externos a los propios operadores electorales, es decir, “una entidad o un sistema técnico que permita recomendar y advertir los problemas en los que se pueda incurrir”. Esto, a propósito del impasse presentado con la Registraduría Nacional del Estado Civil en las elecciones legislativas del 11 de marzo pasado, por la falta de tarjetones electorales en varias mesas de votación durante las consultas interpartidistas para escoger los candidatos presidenciales de los sectores de la izquierda y la derecha. Para Novoa es importante consolidar la organización electoral en su conjunto, a través de la implementación de un “sistema de auditoría especializada a los recursos y las políticas que esta entidad adopta para atender los procesos electorales”. Una de las razones fundamentales es porque el CNE depende administrativa, financiera y operativamente de la Registraduría. Cumplir con su tarea de inspección y vigilancia le resulta muy complejo a la institución por la falta de independencia para ejercer su función. “La organización electoral tiene una cabeza muy poderosa que está en la Registraduría, pero un cuerpo muy débil que es el CNE”, asegura el magistrado. La Registraduría puso en aprietos a los colombianos por falta de tarjetones el pasado 11 de marzo. La reforma buscaría garantizar independencia en las decisiones que se tomen. Una reforma que acabe el conflicto de intereses Pero la frágil institucionalidad de la que goza el Consejo Nacional Electoral no solo se debe a la falta de autonomía, sino a los intereses con los que son manejados los procesos de control, los cuales son provechosos para muchos sectores. Precisamente, por advertir sobre esos intereses, Novoa admite haber tenido muchas discrepancias con sus compañeros de sala. “Lo de Odebrecht (firma brasileña acusada de pagar sobornos a políticos y contratistas para acceder a obras de infraestructura vial en Colombia) fue un caso no cerrado aún, porque mis compañeros decidieron separarme de esa investigación”, sostiene. Sin embargo, el no hacer parte del proceso, le ha dado libertad para afirmar que hay un pacto de silencio dentro del CNE, con el fin de proteger las campañas de los entonces candidatos a la Presidencia, Juan Manuel Santos y Óscar Iván Zuluaga, las cuales, presuntamente, recibieron apoyo económico de la empresa extranjera para su financiamiento en las elecciones del 2014. “No se ha discutido el proyecto que se relaciona con el tema de la campaña del presidente Santos, ni en el 2010 ni el 2014; ni el recurso de reposición que presentó la Procuraduría General de la Nación con relación a la campaña del candidato Zuluaga en el 2014. Nadie en la sala se atreve a preguntar por esto, porque es un tema sobre el cual hay un acuerdo táctico de no hablar”, asegura el magistrado. Se necesita compromiso y voluntad Pese a la necesidad de una reforma que garantice el cumplimiento de las funciones de la organización electoral para elecciones futuras, es evidente que no se contará con una reestructuración en el corto plazo. La única manera de garantizar su buen funcionamiento, según Novoa, es con el compromiso del Consejo Electoral de comportarse de una manera “decorosa y abiertoa al control ciudadano”. Sin embargo, reconoce la buena voluntad de algunos de sus funcionarios. “No todo es malo, hay

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¿Qué Congreso le espera al nuevo presidente?

Actualidad, Estado, Opinión, Presidencia / revistacg

El ambiente legislativo que deberá atender el próximo presidente de la República según las opciones que tienen los electores para la primera vuelta del próximo 27 de mayo. ¿Entre quiénes se entenderán mejor? Y otras preguntas sobre la gobernabilidad. El carácter presidencialista del sistema político colombiano continuará siendo la marca que impondrá la ruta a seguir para una sociedad que hoy tiene entre sus prioridades, ni más ni menos, rescatar a la Nación de décadas de violencia y hacer realidad el sueño de millones de personas de vivir en paz y concordia. El pasado 11 de marzo se eligió a un diverso y esperanzador Congreso que legislará durante el período 2018-2022 y que desde ese día abrió un debate que culminará con la otra etapa electoral que vive el país: la elección del nuevo presidente de la República. Y desde todos los sectores se han emitido múltiples opiniones, cábalas y pronósticos sobre cómo llegarán a ser las relaciones entre el Congreso entrante y el candidato que gane las elecciones presidenciales. Lo seguro es que ninguno de los partidos que respalda directamente a cada aspirante a vivir, también por cuatro años, en la Casa de Nariño, tendrá la mayoría en el Legislativo. Esto abre una numerosa lista de opciones y escenarios para garantizar la futura gobernabilidad. Cualquier análisis debe partir, por supuesto, del resultado de las elecciones del 11 de marzo, es decir, de lo que deberá comandar, confrontar o a lo que tendrá que adaptarse el próximo presidente de Colombia. En las últimas votaciones para Senado y Cámara se registró una mayor participación de los electores y aunque la apatía electoral sigue estando por encima de 50%, lo real es que más gente votó en esta ocasión. Casi cinco puntos porcentuales más que hace cuatro años. Puede estar sucediendo que, ante un mayor espectro de partidos y propuestas y frente a grandes temas del país como la paz, la corrupción o las variaciones de la economía, las personas se hayan decidido a participar en este acto crucial de la democracia que es el ejercicio del voto. El nuevo Congreso se enfrentará a grandes retos en materia social y económica. Las curules del nuevo Congreso ¿Qué le espera al nuevo mandatario en el Congreso? Un Senado elegido con 17 millones 800 mil votos y en el que el partido Centro Democrático ocupará 19 curules, Cambio Radical 16, el Partido Conservador 15, el Partido Liberal 14, la U 14, la Alianza Verde 10, el Polo Democrático Alternativo 5, Decentes 4 y MIRA 3. En total ejercerán 107 senadores que incluyen cinco del partido FARC y dos de la Circunscripción Especial Indígena. Mientras, en la nueva Cámara de Representantes, también elegida por cerca de 17 millones 900 mil votos, 172 curules (con otras cinco de FARC, dos de la Circunscripción Afro, dos de consulados y una de indígenas), quedaron distribuidas así: Partido Liberal 35, Centro Democrático 32, Cambio Radical 30, la U 25, Partido Conservador 21, Alianza Verde 9, Polo Democrático Alternativo 2, Opción Ciudadana 2, Decentes 2, MIRA, Colombia Justa Libres, Coalición Alternativa Santandereana y MAIS, una curul por cada agrupación. En las dos cámaras el partido que más incrementó su participación fue Cambio Radical, que junto a la Alianza Verde repuntaron de forma notoria. Quizás estas sean las cifras y los colores que deba tener en cuenta el próximo presidente, a quien le corresponderá trabajar con un Congreso que cada vez se aleja más de posiciones bipartidistas y que hace más complejas las relaciones entre Ejecutivo y Legislativo. Se puede decir que las curules denominadas alternativas sobrepasan las 24 y que, por lo visto en anteriores votaciones de iniciativas originadas en el proceso de paz, no será fácil sacar adelante proyectos que, en buena cantidad, son propuestos desde la Presidencia, como ha sucedido en la historia reciente del país, reafirmando precisamente el régimen presidencialista que ha estado vigente por décadas. La FARC, un nuevo ingrediente Al panorama político nacional se suma el ingreso del partido FARC que, por los acuerdos de paz que se firmaron con el Gobierno del presidente Juan Manuel Santos, tendrá presencia con curules en cada una de las cámaras, lo cual será una novedad que por el momento permite prever fuertes debates debido a la polarización que se ha observado en el campo político y electoral de los últimos meses. Una agenda desafiante Importante para los próximos períodos legislativos que se avecinan será el trámite de los proyectos que tienen que ver con los acuerdos de paz firmados en La Habana (Cuba) y tal vez los que surjan de las negociaciones con el Ejército de Liberación Nacional (ELN). Corrupción, derechos, las propuestas de reformas en salud, educación, pensiones e impuestos estarán en la agitada agenda del Congreso de la República que entra en funciones el 20 de julio próximo. Todo en medio de la expectativa que hay sobre otra gran reforma política que se agregará a un Estatuto de Oposición que promete cambiar sustancialmente las gestiones y el trámite de lo legislativo. ¿Quiénes tomarán las banderas de la oposición? ¿Cuál será el comportamiento de las bancadas gobiernistas? ¿Habrá un campo específico para los independientes? Y, después del desenlace de las votaciones presidenciales, ¿qué pasará? Se prevé que con los ajustes en las normativas del propio Congreso, las minorías tendrán más espacio y poder de decisión. Quizás que las convicciones políticas y los argumentos pesen un poco más sobre el clientelismo, las manipulaciones o los fenómenos denominados como “mermelada”. De cara al Legislativo Así planteado, ¿cuáles son los retos para los actuales aspirantes a la Presidencia de Colombia y cómo lograrán jugarse exitosamente esa partida de ajedrez que significa armar una mayoría? De ganar las elecciones, el candidato del Centro Democrático, Iván Duque Márquez, la tendrá relativamente viable puesto que está precedido por la contundencia del resultado del 11 de marzo, tanto por la presencia que su partido consiguió en el Congreso como por la votación de la consulta interna en la que obtuvo la candidatura frente a

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¿Cómo salvar el proceso de paz?

Actualidad, Estado, Gobierno, Paz, Posconflicto, Presidencia / revistacg

La crisis por la que atraviesa el proceso de paz con las FARC, derivada de la captura en abril pasado del exjefe guerrillero Jesús Santrich, las denuncias sobre irregularidades en la ejecución de los recursos para el posconflicto y la demora en la implementación de los programas de reincorporación de los excombatientes, ha llevado a distintos sectores sociales y políticos, así como a la comunidad internacional, a plantear alternativas para salvar los acuerdos que permitieron la desmovilización en 2016 de la mayor y más antigua guerrilla de la región. Los recientes acontecimientos preocupan al mundo en general, especialmente a los países garantes de la negociación, que han pedido al Estado colombiano garantizar la protección del acuerdo final, con su estricto cumplimiento, incluidas las disposiciones relativas a la Jurisdicción Especial para la Paz, que fue diseñada y acordada para preservar la verdad, justicia, reparación y no repetición. Tanto Cuba como Noruega consideran que, ante el momento difícil que vive la paz en Colombia, se requiere acelerar las acciones dirigidas a asegurar la reintegración a la vida civil de los exguerrilleros de las FARC. Conscientes de que los múltiples obstáculos que se han presentado para la implementación de las reformas económicas, políticas y sociales pactadas en La Habana pueden dar al traste con los esfuerzos realizados para poner fin a un conflicto armado que ha dejado más de 230 mil muertos y alrededor de ocho millones de desplazados, sectores sociales y políticos han pedido al Gobierno Nacional y al naciente partido Fuerza Alternativa del Común perseverar en la consolidación de la paz. Captura de Santrich pone en riesgo curul del partido FARC en el Congreso Jesús Santrich, a quien Estados Unidos pide en extradición para que responda por el delito de narcotráfico Atrasos y malos manejos ¿Cómo salvar los acuerdos de paz? La oposición insiste en modificaciones Atrasos y malos manejos A la captura de Santrich, a quien Estados Unidos pide en extradición para que responda por el delito de narcotráfico, acusación que la antigua guerrilla de las FARC atribuye a un “montaje” de los enemigos del proceso, se suman los atrasos e incumplimientos a lo pactado en la mesa de negociación, como los proyectos productivos y las alternativas económicas para facilitar la reincorporación de los miles de excombatientes a la sociedad. A esta situación se agregan también las denuncias sobre malos manejos de los fondos para la paz, lo que ha llevado al Gobierno Nacional a una revisión profunda para garantizar transparencia en las adjudicaciones que se hagan. La Fiscalía General de la Nación descubrió la existencia de procesos para direccionar contratos de la entidad responsable de los recursos y alertó sobre la presencia de una red de intermediarios que estaría interesada “en la adjudicación de proyectos a determinados empresarios o contratistas a cambio de beneficios económicos indebidos”. No obstante, la confianza de la comunidad internacional en el proceso se mantiene. Países como Noruega, que sirvió de garante de las conversaciones de paz con las FARC, anunció que seguirá acompañando los esfuerzos para poner fin a la confrontación armada en el país. “Estamos decididos a apoyar el diálogo tanto financiera como políticamente”, dijo la primera ministra noruega Erna Solberg, en su reciente visita a Colombia. ¿Cómo salvar los acuerdos de paz? Para evitar que los acuerdos fracasen, se creó un bloque de congresistas electos de la Alianza Verde, Partido Liberal y de la llamada lista de la Decencia, que buscará garantizar su implementación de manera participativa durante la legislatura 2018-2022. La estrategia contará con el acompañamiento de organizaciones sociales, agrarias y de derechos humanos que han venido trabajando en la defensa de las víctimas y el campesinado, la participación política y las garantías de seguridad requeridas. “Es necesario persistir en una bancada que consolide una nueva época que debe estar signada no solo por la convivencia y la democracia, sino también por buscar acabar con las causas sociales y económicas que ha tenido este conflicto”, señaló el senador del Polo Democrático, Iván Cepeda, quien explicó que el nuevo bloque defenderá el proceso de paz y “estará muy atento a cualquier intento de contrarreforma de los acuerdos” que se firmaron en 2016. La oposición insiste en modificaciones La congresista del Centro Democrático, María Fernanda Cabal, considera que los acuerdos de paz que alcanzaron el Gobierno y las FARC en La Habana deben ser modificados a fondo por quien asuma como presidente el 7 de agosto próximo. La legisladora opositora propone, por ejemplo, que los exjefes guerrilleros queden bajo la justicia ordinaria para evitar que incurran de nuevo en delitos, y que el Estado empodere a los organismos de inteligencia para garantizarle protección a los ciudadanos frente a las nuevas expresiones de violencia que han surgido. “El acuerdo de paz se salva con voluntad de las partes, así de sencillo, pero si los bandidos beneficiados quieren seguir delinquiendo, ¿quién es el culpable?”, se preguntó la representante a la Cámara. Su colega, el senador Alfredo Rangel, se inclina por hacerle ajustes a los acuerdos para que ganen legitimidad, confianza y credibilidad ante la opinión pública. En los cambios que se hagan será clave el trabajo del nuevo Congreso que se posesiona el 20 de julio próximo. “Eso es perfectamente posible, porque en Colombia, como en cualquier democracia, los órganos del Estado son independientes uno del otro. El documento de La Habana fue firmado por el Gobierno Nacional y no compromete ni al sistema judicial, ni al Congreso, que puede hacer las reformas que se necesiten en el tema del narcotráfico y la impunidad”, subraya el parlamentario. Senador Iván Cepeda Representante María Fernanda Cabal Senador Alfredo Rangel Representante Olga Lucia Velásquez Representante Angélica Lozano Representante Germán Navas Talero El Congreso tiene la palabra Desde el Congreso se han escuchado voces que reclaman el apoyo del Legislativo a las reformas que están pendientes para la implementación de los acuerdos de paz. La congresista liberal, Olga Lucía Velásquez, considera que aún hay tiempo para salvar los proyectos que se quedaron en el camino, en medio de

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Orden de evacuación se extiende a tres municipios de Sucre

Actualidad, Estado, Gobierno, MinAmbiente: Ambiente, Minas, Ministerios / revistacg

La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres emitió hoy un comunicado en el que alerta y ordena la evacuación de varios municipios cercanos a la ribera del río Cauca. Desde el Puesto de Mando Unificado que se lleva a cabo en Bogotá, en donde se evalúa y se hace seguimiento a la contingencia presentada en la obra del proyecto Hidroituango, se ratifica la orden de evacuación preventiva emitida por Empresas Públicas de Medellìn (EPM) a las comunidades que habitan la zona de influencia del río Cauca, tales como Valdivia, Puerto Valdivia, Cáceres, Taraza, Nechí y Caucasia, así como las zonas bajas de San Benito Abad, Caimito y Guaranda en el departamento de Sucre, con el fin de salvaguardar y preservar la vida e integridad de las personas que habitan estos municipios. Igualmente se mantienen activos los equipos de respuesta del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo, Bomberos, Cruz Roja, Defensa Civil, Policía, Ejército, Fuerza Aérea y, Armada. Tambien se encuentran a disposición todas las capacidades del Centro Logístico Humanitario del departamento de Antioquia. El Puesto de Mando Unificado liderado por el ministro de Minas y Energía, Germán Arce, Zapata y, la directora de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, Claudia González, seguirá activo y en monitoreo permanente en conexión con el PMU instalado en Hidroituango, para evaluar la situación de la presa y el comportamiento del volumen y caudal del río Cauca. Con información de: http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/

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Un descuido o negligencia de la Registraduría afectaría comicios del 27 de Mayo

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Registraduría confirmó que no se dio trámite al cambio de logo de campaña de Petro En el mes de abril, la campaña presidencial de Gustavo Petro presentó una solicitud ante el Consejo Nacional Electoral (CNE) para cambiar el logo del partido Colombia Humana que aparece en el tarjetón electoral. la Registraduría Nacional comunico este jueves que el 9 de mayo puso en conocimiento de la Fiscalía General la actuación de una funcionaria de la entidad, quien por ocultamiento o falta de trámite no dio curso a esta información por lo que el cambio del logo no podrá ser incluido pues ya el tarjetón para las elecciones del 27 de Mayo se encuentra en impresión. “La funcionaria que recibió la comunicación no dio a conocer la información y tampoco le dio trámite, hecho considerado por el Registrador Nacional como una falta grave toda vez que atenta contra la transparencia del proceso electoral”, aseguró la entidad en un comunicado. Aseguró, además, que una vez se conoció la situación, el Registrador Nacional solicitó a la Fiscalía abrir investigación para determinar si la omisión de la funcionaria puede llegar a constituirse en un delito que atente contra el proceso electoral. “Igualmente se pondrá en conocimiento de los hechos descritos a la Procuraduría General de la Nación para que investigue la actuación de la funcionaria”, indicó el comunicado. Con información de la www.registraduria.gov.co

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No vamos a dejar descarrilar este proceso de paz: Santos

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El Presidente, Juan Manuel Santos, advirtió este martes que ante los avances de la paz, hay quienes quisieran que se descarrilara el proceso, pero advirtió que no permitirá que eso ocurra. “Como lo hemos dicho tantas veces, la paz no nos va a quedar grande. Esta paz no es del Presidente, no es del Gobierno; es de todos los colombianos. Todos tenemos que perseverar, para ir construyendo y consolidando esa paz” dijo el mandatario durante la posesión de los once miembros de la Comisión para el Establecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición. En el acto efectuado en la Casa de Nariño, el Jefe del Estado se refirió a los avances obtenidos en el proceso de paz y manifestó que “hay muchas personas que quisieran que eso no fuera cierto, que quisieran que el proceso de paz se descarrilara”. “Pero ese proceso no lo vamos a dejar descarrilar, va por buen camino. Por supuesto que hemos tenido obstáculos, que hemos tenido problemas, pero eso es producto de la complejidad y del detalle de un acuerdo de tanta envergadura”, afirmó. “Esta Comisión va a ayudar a algo muy importante, que es sanar las heridas”, expresó el Jefe del Estado, quien aseguro que hoy se esta dando un nuevo paso en la construcción de la paz y en el respeto del derecho de las victimas La Comisión forma parte del Sistema integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición que también incluye la Unidad para la Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas y la Jurisdicción Especial para la Paz. Los miembros son de la Comisión son el sacerdote Francisco de Roux, quien la preside; Alfredo Molano, Saúl Franco, Marta Cecilia Ruiz, Alejandro Valencia Villa, Lucía González, Carlos Guillermo Ospina, María Patricia Tobón, Alejandra Miller, Ángela Salazar y el español Carlos Martín Beristaín. Santos explicó que esta Comisión reúne economistas, abogados, sociólogos, filósofos y médicos que tienen en común que todos conocen a fondo el conflicto armado. Agregó que al final presentarán un informe para el esclarecimiento de los hechos, el reconocimiento por parte de la sociedad de los responsables de los mismos, y con recomendaciones para la convivencia y no repetición. Con Información de: presidencia.gov.co

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