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La Contraloría General evidenció que la aeronave tipo C-130 Hércules, matrícula FAC 1016, accidentada el pasado 23 de marzo de 2026 en Puerto Leguizamo (Putumayo), no contaba con póliza de seguro vigente al momento del siniestro. Esta situación limita la transferencia del riesgo y puede generar impactos sobre el patrimonio público, así como sobre la cobertura de eventuales indemnizaciones derivadas del accidente. Solo el 19 % de las aeronaves de la Fuerza Aeroespacial Colombiana se encuentran actualmente aseguradas, lo que evidencia una brecha significativa en la cobertura de riesgos. Aunque el presupuesto del sector defensa ha crecido en los últimos años, dicho incremento no ha sido suficiente para atender sus necesidades estructurales. La Contraloría General de la República informa a la opinión pública que, en el marco de las actuaciones adelantadas sobre el sector defensa, se evidenció que la aeronave tipo C-130 Hércules, matrícula FAC 1016, accidentada el pasado 23 de marzo de 2026 en el municipio de Puerto Leguízamo (Putumayo), no contaba con póliza de seguro vigente al momento del siniestro. Desde la perspectiva fiscal y de la gestión del riesgo, esta situación adquiere especial relevancia en la medida en que impacta los mecanismos de transferencia del riesgo y expone al Estado a asumir directamente los impactos económicos derivados del evento, incluyendo eventuales obligaciones indemnizatorias. En desarrollo del análisis sectorial, la Contraloría estableció que, si bien el presupuesto del sector defensa ha presentado una tendencia creciente en las vigencias 2024, 2025 y 2026, dicho incremento no ha resultado suficiente para atender de manera integral las necesidades estructurales del sector, particularmente en materia de modernización, mantenimiento de aeronaves, reposición de equipos y fortalecimiento de la gestión del riesgo. En este contexto, se observa una alta participación del gasto de funcionamiento frente al componente de inversión, lo que ha limitado el fortalecimiento de capacidades estratégicas y la adopción de esquemas robustos de mitigación de riesgos. Aunque en la vigencia 2026 se observa una recuperación del componente de inversión, se requiere que este comportamiento sea sostenido y responda a una planeación estructural orientada a garantizar la seguridad operacional, la protección del personal y la adecuada administración de activos estratégicos. De igual forma, en el marco de sus actuaciones de control fiscal, la Contraloría ha advertido riesgos estructurales que inciden en la sostenibilidad del sector defensa, entre los cuales se destacan el rezago en la inversión en tecnología e innovación, el riesgo fiscal asociado al régimen pensional de la Fuerza Pública, cuyos pasivos podrían superar los $140 billones, y la restricción de recursos del sector, frente a lo cual se ha reiterado la necesidad de adoptar decisiones que garanticen su disponibilidad oportuna. En particular, el análisis del aseguramiento de la flota aérea permitió establecer que únicamente el 19 % de las aeronaves de la Fuerza Aeroespacial Colombiana se encuentran actualmente aseguradas, lo que evidencia una brecha significativa en la cobertura de riesgos. Así mismo, en auditorías realizadas se han identificado debilidades en la gestión del riesgo asociadas al aseguramiento de aeronaves, entre ellas la subestimación del riesgo en aeronaves desplegadas en teatros de operaciones —con mayor exposición a eventos adversos— y, en contraste, la sobreestimación en aeronaves con menor nivel de exposición, lo que sugiere inconsistencias en la estructuración de las políticas de aseguramiento y en la asignación eficiente de los recursos. La Contraloría General de la República manifiesta su preocupación por las implicaciones que la ausencia de aseguramiento puede generar, frente a los mecanismos de compensación económica a favor de los tripulantes y demás miembros de la Fuerza Pública afectados por el siniestro. En consecuencia, desplegará acciones de especial seguimiento a las actuaciones que se adelanten en esta materia, en el marco de sus competencias. En ese sentido, este órgano de control hace un llamado a las entidades del sector defensa para: Fortalecer las políticas de aseguramiento de activos estratégicos, en especial de aquellas aeronaves con mayor exposición al riesgo operativo. Ajustar los modelos de valoración del riesgo, garantizando su correspondencia con las condiciones reales de operación. Incrementar de manera sostenida las partidas de inversión, priorizando mantenimiento, modernización, innovación tecnológica y gestión del riesgo. Adoptar esquemas de planeación que permitan un equilibrio adecuado entre el gasto operativo y la inversión de largo plazo. Adoptar medidas estructurales orientadas a mitigar los riesgos fiscales identificados, particularmente en materia pensional y de sostenibilidad presupuestal del sector defensa. “La adecuada gestión del riesgo en el sector defensa no es opcional, es una condición necesaria para proteger el patrimonio público, garantizar la seguridad operacional y salvaguardar la vida del personal. La ausencia de aseguramiento y las brechas identificadas evidencian la necesidad de adoptar decisiones estructurales que fortalezcan la sostenibilidad y la capacidad operativa del sector”. Finalmente, la Contraloría General de la República continuará con las actuaciones de control fiscal a que haya lugar, orientadas a evaluar integralmente los hechos asociados al accidente y a prevenir la materialización de riesgos fiscales en el sector defensa.