junio 5, 2026

Actualidad

Magistrada Fabiola Márquez lidera alianza histórica en contra de la violencia política hacia las mujeres

En el marco del compromiso institucional con la garantía de derechos políticos y la participación democrática segura, la Magistrada Fabiola Márquez Grisales junto con el Presidente del Consejo Nacional Electoral, Cristian Ricardo Quiroz Romero, lideraron la firma del Acuerdo de Intención por la No Violencia Política contra las Mujeres, consolidando una alianza estratégica interinstitucional que marca un hito en la protección de los derechos políticos de las mujeres en Colombia. La jornada contó con la participación de actores estratégicos comprometidos con la erradicación de la violencia política de género desde diferentes enfoques y niveles de acción: -La Comisión Legal para la Equidad de la Mujer del Congreso de la República (CLEM), representada por Marelen Castillo y María Cristina Rosado Sarabia. -La Red Nacional de Mujeres Políticas y Sociales (RNMPS), representada por Luceidy Rodriguez Contreras. – La Federación Colombiana de Mujeres Concejales (FEMCOL), representada por Felipe Delgado Libreros y Silvia Cristina Ortiz Agudelo. – Consejo Nacional Electoral, representado por la Magistrada Fabiola Márquez Grisales junto con el Presidente del Consejo Nacional Electoral, Cristian Ricardo Quiroz Romero Durante el encuentro, la Magistrada Márquez reiteró que esta iniciativa fue concebida con el propósito de “crear puentes sólidos, garantizar coherencia normativa y fortalecer los mecanismos de implementación”, en cumplimiento de lo establecido por la Ley 2453 de 2025 y la Resolución 10946 de 2025 del CNE. Este espacio de articulación interinstitucional permite consolidar propuestas orientadas a la acción, reafirmando la voluntad del CNE de promover una cultura democrática basada en el respeto, la equidad y la protección efectiva de los derechos fundamentales de las mujeres en política.

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Bogotá anuncia medidas para garantizar atención tras cierres de IPS en la ciudad

La Secretaría Distrital de Salud (SDS) manifestó su preocupación ante la suspensión de servicios y el cierre de varias sedes de salud en Bogotá, derivado de una crisis de flujo de recursos financieros. Por lo anterior, Bogotá activa contingencia ante cierres de IPS y servicios de salud con el fin de garantizar los derechos de pacientes y ciudadanía en general. Varios centros de salud en Bogotá atraviesan una crisis operativa por problemas financieros derivados del incumplimiento en los pagos de las EPS a las IPS. Entre las instituciones afectadas se encuentran Clínica del Trabajador, Clínica Medical, Liga Contra el Cáncer y Clínica Juan N. Corpas. Además, durante 2025 también se registraron afectaciones en Clínica Ciudad Roma, Clínica de Occidente, Fundación Hospital San Carlos y Hospital San Rafael. Esta situación afecta la atención de miles de pacientes y pone en riesgo la continuidad de servicios esenciales en la ciudad. Ante la problemática, el secretario distrital de Salud Gerson Bermont expresó su preocupación por el panorama sanitario. “El sistema de salud de Bogotá está atravesando un momento de extrema tensión por cuenta de la falta de pago de las EPS hacia nuestras clínicas y hospitales. Es doloroso ver cómo instituciones de gran trayectoria se ven obligadas a restringir servicios por falta de recursos para su operación básica”, comunicó el funcionario. El Distrito aseguró que la atención en salud continuará mediante redes alternas de las EPS y anunció el fortalecimiento de la red pública con la apertura de nuevos servicios en el Hospital de Usme, incluyendo urgencias, hospitalización, cirugía y UCI. Además, se están reforzando los centros especializados en atención de trauma y se hizo un llamado al Gobierno Nacional, la ADRES y las EPS para garantizar el flujo de recursos y el pago de las deudas a hospitales y clínicas.

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Colombia fortalece reparación de víctimas con estrategias definidas en el II Congreso Nacional de Restitución de Tierras

El 2° Congreso Nacional de Restitución de Tierras que se desarrolla en el Caribe colombiano, se consolida como el principal escenario del país para articular al Gobierno nacional, la Rama Judicial, Ministerio Público, las comunidades y la cooperación internacional en torno a un objetivo en común: garantizar la reparación integral de las víctimas de despojo y abandono forzado a 2031.  Durante tres días, este espacio, liderado por la Unidad de Restitución de Tierras (URT), reunirá en Barranquilla a más de 180 actores claves para trazar el rumbo de la política de restablecimiento de derechos territoriales, posicionándola como un pilar fundamental de la paz, la justicia social y el desarrollo territorial sostenible. A través de 13 paneles, cinco conferencias y seis mesas de trabajo, estos actores definirán estrategias para dar impulso a la reparación integral de las víctimas en el país. Se abordarán desafíos como las soluciones duraderas, la restitución en ruta colectiva, el rol de las mujeres en el acceso a la tierra, la protección de los territorios étnicos y el uso de herramientas tecnológicas para fortalecer los procesos, entre otros aspectos para consolidar una política más efectiva y cercana a los territorios. “El 2° Congreso Nacional de Restitución de Tierras es un espacio crucial para tomar decisiones sobre cómo garantizar los derechos de miles de familias que han padecido el despojo y la violencia en distintos territorios de nuestro país, y que todavía esperan la reparación y el acompañamiento del Estado”, recalcó el mayor Giovani Yule, director general de la URT. Durante el Congreso se darán a conocer los hitos de la Unidad alcanzados en el Gobierno del presidente Gustavo Petro. Entre ellos, el impulso con cifras récord en restitución étnica, la implementación del Modelo 8 de Seguridad Humana para garantizar el acceso a los territorios, la nueva ruta para sujetos colectivos campesinos y el fortalecimiento de enfoques diferenciales que priorizan a las poblaciones vulnerables. Estos esfuerzos se reflejan en resultados concretos: hoy, el 60% de las hectáreas inscritas y el 61% de las hectáreas demandadas en toda la vigencia de la ley se han gestionado en este Gobierno, marcando un punto de inflexión en la protección de las víctimas. En este encuentro, Colombia avanzará en una articulación sin precedentes entre institucionalidad y territorios, integrando las voces campesinas, étnicas y comunitarias en la toma de decisiones.

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SuperIndustria sancionó a Corabastos por limitar la libre competencia en el mercado agroalimentario más grande del país

En su labor de proteger los derechos de los consumidores, en especial el acceso a productos agropecuarios, la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) sancionó con multas económicas a la Corporación de Abastos de Bogotá S.A., Corabastos, y a otras dos personas vinculadas a su organización. La entidad de control informó que, mediante la Resolución No. 32553 del 30 de abril de 2026 impuso multas por valor de $260.063.219 a la sociedad Corabastos, y de $71.288.570 a las personas naturales vinculadas. La SIC estableció que Corabastos y los dos particulares infringieron la Ley 155 de 1959 realizaron conductas orientadas a restringir el mercado de comercialización de bienes y servicios agroalimentarios, así como de servicios complementarios en sus instalaciones. La investigación administrativa demostró que la Corporación modificó, en 2022, su Reglamento Interno de Funcionamiento para impedir el ingreso de comerciantes con determinadas características conductas con las los que se impidió la participación de nuevos agentes y de excluir presiones competitivas que habrían podido traducirse en mejores condiciones de precio, calidad y variedad para minoristas, tiendas de barrio y consumidores que acuden a la central de abastos. En consecuencia, la entidad concluyó que se vulneró el derecho de la ciudadanía a elegir libremente entre diversas opciones de oferta de productos agroalimentarios. Además de las sanciones, la SIC ordenó a los sancionados eliminar de inmediato los elementos anticompetitivos identificados. En particular, ordenó a Corabastos ajustar su normativa interna para prevenir la reiteración de estas conductas, garantizando que su operación se sujete al régimen de libre competencia económica y que se asegure el acceso equitativo a esta infraestructura. La entidad de vigilancia y control recordó en su decisión que Corabastos es el mercado mayorista más grande del país, por donde pasa más del 30% del abastecimiento nacional de productos, según datos del Dane. Esto la convierte en una infraestructura estratégica para la seguridad alimentaria. La Superintendencia aclaró que la decisión está en proceso de notificación y, por tanto, no está en firme. Contra ella procede el recurso de reposición ante el Despacho de la SIC.

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Con la Ordenanza 213 de 2026, se modifica tabla de porcentajes de estampillas en el departamento de Arauca

Luego de la aprobación de la modificación de Estatuto de Rentas por parte de la Asamblea Departamental, promovido desde la Secretaría de Hacienda Departamental, se actualiza la tabla sobre el porcentaje del cobro de estampillas de acuerdo con el tipo de contrato, principalmente en consideración a las personas naturales que son contratadas por prestación de servicios. Por lo tanto, se modifica el artículo 286 de la Ordenanza 210 de 2025, en su parágrafo tercero, quedando los porcentajes así: para contratos de obra y sus adicionales 9,10%; para consultorías, asesorías, suministros y similares 6,10%; otros contratos 6,10%; compra de energía 4,0%. Para la prestación de servicios: de persona natural mayor a 35 salarios mínimos mensuales legales vigentes (SMLMV) 4,10%; de persona natural menor o igual a 35 SMLMV, 2,30%; de persona jurídica, 6,10%. CPS, igual o menor a 10 SMLMV 1,80%; de 10 SMLMV a 35 SMLMV 2,30%; y mayor a 35 SMLMV, 4,10%. Las estampillas vigentes con la ordenanza 213 son: Pro Desarrollo Departamental, Pro Cultura, Pro Bienestar del Adulto Mayor, Pro Desarrollo Fronterizo, Bomberil y Para la Justicia Familiar. El pago de las estampillas correspondientes para los nuevos contratos será para los CPS, , previo a presentar cada cuenta de cobro parcial, y de acuerdo al valor de la misma. La ordenanza completa con las modificaciones se puede consultar en la página web de la Gobernación, área de Transparencia y Acceso a la Información, en el link: https://arauca.gov.co/ordenanzas/#310-1595-wpfd-ordenanzas-ano-2026-ordenanzas

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En ‘Foro Economía para la Vida’, MinHacienda planteó cinco tesis para repensar el modelo económico

Durante tres días (2, 3 y 4 de mayo de 2026), en el Centro de Convenciones Ágora, en la capital del país, se dieron cita expertos internacionales y nacionales para analizar el actual modelo económico global.​ En el ‘Foro Economía para la Vida: Hacia un nuevo orden económico internacional’, organizado por el Ministerio de Educación Nacional, con apoyo de la Cancillería colombiana, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, la Internacional Progresista y el Centro de Pensamiento Vida, reconocidos economistas y académicos de América Latina, Europa, Asia y África, debatieron en torno a una inquietud universal: “¿Puede seguir funcionando un modelo económico que concentra la riqueza, profundiza la desigualdad y deja atrás a millones de personas?”. Al cierre del evento, el ministro de Hacienda, Germán Ávila Plazas, planteó la necesidad de repensar el modelo económico, basado en cinco principios: 1) La desigualdad; 2) el salario; 3) el papel del Estado; 4) la política monetaria, y (5) el crecimiento del PIB. El jefe de las finanzas públicas defendió sus tesis, así. 1. La desigualdad no es natural: El ministro explicó que la desigualdad es resultado de decisiones políticas, y no una consecuencia inevitable del crecimiento, ya que durante décadas ha sido evidente la concentración de los ingresos. Para el caso colombiano dijo que la estructura tributaria, con exenciones y deducciones, ha reducido la capacidad redistributiva del Estado.​ 2. El salario real como herramienta de redistribución: Según el ministro, el ingreso laboral es un mecanismo directo para mejorar el bienestar, mientras el debilitamiento del poder adquisitivo de los trabajadores ha sido consecuencia de decisiones de política, y que los periodos de mayor prosperidad han coincidido con salarios en aumento y negociación colectiva.​ 3. El Estado como motor del desarrollo: Ávila Plazas aseguró que el Estado no debe limitarse a intervenir en crisis, sino que debe asumir un rol activo en la promoción de la innovación, la inversión y la protección de sectores estratégicos. Agregó que el gasto público, en especial el social, debe entenderse como inversión y no como caridad. 4.La política monetaria tiene efectos distributivos: El ministro de Hacienda aseguró que, para evitar impactos desiguales de las tasas de interés, la política fiscal, monetaria y salarial debe ser coordinada, ya que la tasa de referencia no es neural, pues beneficia a quienes tienen activos financieros y afecta a quienes dependen del crédito.   5. El PIB es un indicador limitado:   Respecto de este indicador, el ministro sostuvo que el crecimiento económico no refleja completamente el bienestar de la población, pues la política económica debe tener en cuenta otros indicadores como la pobreza y el desempleo. De hecho, añadió, el nuevo orden económico debe centrarse en el bienestar de las personas, incorporar la economía del cuidado y reconocer el valor de los bienes comunes. También destacó la importancia de mantener independencia en la política económica y una gestión estratégica de la deuda pública. “Construir una economía para la vida no es un ideal abstracto, sino una decisión política que implica poner en el centro a las personas y no solo a las cifras”, aseguró el ministro en su mensaje final.

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Gobierno lanzó ABC de la reforma laboral para que trabajadores conozcan y ejerzan sus derechos

El Ministerio del Trabajo y la Escuela Superior de Administración Pública (ESAP) lanzaron la cartilla ‘Tu trabajo, tus derechos: ABC de la Reforma Laboral’, una herramienta pedagógica que busca traducir la Ley 2466 de 2025 a un lenguaje claro para que millones de trabajadores conozcan y hagan valer sus derechos. La iniciativa marca el inicio de una estrategia nacional de divulgación que recorrerá el país con el objetivo de acercar la reforma laboral a trabajadores formales, informales, cuidadores, jóvenes y ciudadanía en general, en un contexto donde más de 26 millones de personas trabajan en Colombia, muchas aún en condiciones de informalidad o desconocimiento de sus derechos. El ministro del Trabajo, Antonio Sanguino Páez, destacó el alcance de la estrategia: “Hoy damos un paso decisivo para que la reforma laboral deje de ser un texto y se convierta en una herramienta real de transformación en la vida de millones de colombianos. Con el ‘ABC de la Reforma Laboral’ estamos llevando los derechos directamente a la gente, para que cada trabajador y trabajadora conozca qué le corresponde, cómo exigirlo y pierda el miedo a ejercerlo”. La cartilla incluye explicaciones prácticas sobre situaciones laborales cotidianas como jornadas, horas extras, tipos de contrato, licencias, acoso laboral, discriminación y nuevas formas de empleo, como el trabajo en plataformas digitales. Entre los principales avances de la reforma laboral de 2025, el documento destaca la reducción de la jornada laboral a 42 horas semanales, el reconocimiento de licencias remuneradas, la protección frente al acoso y la discriminación, el fortalecimiento de la estabilidad laboral y la inclusión de trabajadores de plataformas dentro del marco de derechos. Por su parte, el director nacional de la ESAP, Jorge Iván Bula Escobar, afirmó: “Este es un ejercicio de democratización del conocimiento. Traducir la reforma laboral al lenguaje cotidiano significa acercar el Estado a la ciudadanía y permitir que las personas se apropien de sus derechos”. El lanzamiento en Dosquebradas es el punto de partida de una estrategia que se implementará a nivel nacional, con la formación de multiplicadores y acciones de pedagogía para promover una cultura laboral basada en el respeto, la equidad y la dignidad.

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Alcaldía de Bogotá presenta los resultados de Operación Espacio Público

La Alcaldía Mayor de Bogotá desplegó una intervención integral en el corredor de la avenida carrera 30, abarcando cinco localidades para lograr una recuperación significativa del espacio público, donde se recogieron grandes volúmenes de residuos. Esta operación dejó más 1.500 metros cuadrados de espacio público recuperados y 129 metros cúbicos de residuos recolectados.    La jornada de limpieza se desarrolló con la participación de las localidades de Chapinero, Barrios Unidos, Teusaquillo, Puente Aranda y Los Mártires, con el apoyo de múltiples entidades distritales, las alcaldías locales y la Policía de Bogotá. Danilson Guevara, asesor del Despacho de la Secretaría Distrital de Gobierno afirmó. “Hemos hecho una gran labor, recogimos más de 10 volquetas llenas de escombros y residuos voluminosos. Seguimos recuperando el espacio público y dándole garantías a las personas para que se encuentren seguras”.   Estas jornadas, enfocadas en puntos críticos como la carrera 30 y el canal Comuneros, no solo mejoraron el entorno físico mediante el retiro de 37 estructuras no convencionales, sino que también reforzaron la seguridad ciudadana con la incautación de 10 armas blancas y la activación de rutas de atención social. En resumen, una “limpieza profunda” que buscó devolverle el orden y la tranquilidad a sectores estratégicos de la ciudad.   Para concluir, más de 1.500 m² de espacio público recuperados y más de 129 m³ de residuos recolectados fueron realizados en el marco de la  Operación Espacio Público que consolida la presencia institucional en uno de los corredores más importantes de Bogotá, avanzando en la recuperación, el orden urbano y la seguridad para la ciudadanía.

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En Santa Marta se definió hoja de ruta para avanzar hacia un mundo libre de combustibles fósiles

Con cinco grandes conclusiones se clausuró la primera cumbre mundial ‘Más allá de los combustibles fósiles”, que sesionó durante seis días en la capital del Magdalena en medio de una amplia participación de 57 naciones y más de 1.500 asistentes. El encuentro internacional deja como principal resultado una plataforma práctica de cooperación para reducir la dependencia económica de los hidrocarburos y transformar la oferta y demanda energética a nivel global. Estos cinco hitos marcan un antes y un después en la diplomacia climática. Entre ellos se destaca la creación de un grupo de coordinación que garantizará la continuidad de estas conversaciones, integrando a líderes de transición como Reino Unido, Dinamarca, Brasil y las Islas Marshall, junto a los coanfitriones, Colombia y Países Bajos. Esta estructura busca evitar duplicidades y fortalecer los vínculos entre iniciativas internacionales existentes. Uno de los anuncios más destacados fue el lanzamiento del Panel Científico para la Transición Energética Global. Este organismo técnico tendrá la misión de apoyar a los países en el desarrollo de hojas de ruta alineadas con el objetivo de limitar el calentamiento global a 1,5 °C, abordando no solo los retos técnicos sino también las barreras legales y financieras que frenan el cambio. Durante el cierre, la ministra de Ambiente y Desarrollo Sostenible (e), Irene Vélez Torres, enfatizó en la voluntad política del Gobierno del presidente Petro: “Decidimos no resignarnos a una economía construida sobre la destrucción de la vida; decidimos que la transición ya no puede seguir siendo un eslogan, sino que debe convertirse en un esfuerzo concreto, político y colectivo”. Por su parte, la ministra de Clima y Crecimiento Verde de los Países Bajos, Stientje van Veldhoven, resaltó la fuerza económica del bloque reunido en Colombia, al señalar que los países participantes representan aproximadamente el 30% de la demanda energética mundial. “Hemos sentado las bases para una acción concreta. Este es un grupo capaz de generar un impacto significativo”, afirmó la alta funcionaria. Los resultados de este encuentro serán integrados formalmente en la hoja de ruta de la Presidencia de la COP30 en Brasil y se alinearán con la Agenda de Acción de la CO?P31. Asimismo, se establecieron tres líneas de trabajo flexibles para que más países se sumen a la identificación de formas concretas de cooperación técnica y económica. Finalmente, se confirmó que la segunda conferencia de este bloque se llevará a cabo a inicios de 2027, bajo la copresidencia de Irlanda y Vanuatu. Con este paso, Colombia se consolida como un actor fundamental en la coordinación de esfuerzos globales para enfrentar el desafío climático, uniendo a naciones de todos los continentes en un solo propósito: la vida.

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Gobierno logra fallo favorable en litigio internacional por licencia obligatoria de medicamento contra el VIH

El Ministerio de Salud y Protección Social informó que Colombia obtuvo un fallo favorable en la controversia internacional iniciada por las farmacéuticas ViiV Healthcare Company y Shionogi & Co., Ltd., relacionada con la licencia obligatoria del dolutegravir, un medicamento clave en el tratamiento del VIH. Según la información oficial, la decisión representa una victoria para el país al mantener la medida que permite reducir significativamente el costo del fármaco. Mientras las compañías buscaban limitar su acceso y mantener precios superiores a los 200 dólares, la licencia obligatoria permite que el medicamento se comercialice alrededor de los 6 dólares, facilitando el tratamiento para pacientes con recursos limitados o que dependen del sistema de salud pública. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina confirmó la validez de la licencia obligatoria otorgada en Colombia, respaldando las actuaciones de las autoridades nacionales y cerrando el litigio que había puesto en revisión las resoluciones expedidas sobre este tratamiento. La cartera de Salud destacó que el fallo sienta un precedente en la región, al avalar el uso de este tipo de herramientas para garantizar el acceso a medicamentos esenciales. Las farmacéuticas titulares de la patente habían cuestionado la legalidad de las decisiones adoptadas por el país, lo que dio origen a la controversia internacional. El caso se remonta a octubre de 2023, cuando el Ministerio de Salud expidió la Resolución 1579, mediante la cual declaró razones de interés público para avanzar en la licencia obligatoria sobre una patente relacionada con el dolutegravir. La medida se sustentó en la necesidad de fortalecer la respuesta del sistema de salud frente al VIH y el sida. Tras revisar las decisiones adoptadas entre 2023 y 2024, el tribunal concluyó que Colombia no incurrió en incumplimientos de la normativa andina, dejando en firme la licencia obligatoria. Con este fallo, se cierra la controversia en el ámbito regional y se ratifica la legalidad de las medidas adoptadas por el país, en lo que se considera un precedente clave para el acceso a medicamentos y la protección de la salud pública.

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