mayo 21, 2026

UNP

Para garantizar seguridad de candidatos a la presidencia y sus fórmulas, Gobierno invierte más de $1.000 millones mensuales

Así lo reveló el ministro del Interior, Armando Benedetti, en la reunión de seguridad y protección para los candidatos presidenciales y sus fórmulas vicepresidenciales que organizó la Procuraduría General de la Nación. En el encuentro, el titular de la cartera reiteró el compromiso del Gobierno del presidente Gustavo Petro con las garantías de seguridad para cada uno de los aspirantes a la presidencia, a fin de que puedan ejercer su labor proselitista con total tranquilidad. En este sentido, el ministro dijo que “gracias al trabajo articulado de la Comisión de Seguimiento Electoral (CORMPE), a la fecha, se ha dispuesto de 107 integrantes de la Unidad Nacional de Protección (UNP), 160 efectivos de la Policía Nacional, 29 vehículos convencionales, 39 vehículos blindados y 29 chalecos de protección, entre otras medidas”. Añadió que, precisamente para garantizar la labor proselitista, cada desplazamiento de los candidatos a la presidencia o vicepresidencia cuenta con un acompañamiento de, al menos, 40 efectivos de la Policía, incluyendo unidades motorizadas y personal de apoyo especializado. El ministro Benedetti reiteró que el Gobierno nacional reafirma su compromiso de continuar fortaleciendo las medidas de seguridad, con el fin de garantizar el normal desarrollo del proceso electoral y brindar al país unas elecciones tranquilas y seguras el próximo 31 de mayo.

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Recompensa de cinco millones de pesos por información sobre responsables de grafitis y panfletos intimidatorios en La Paz, Santander

El gobernador de Santander, MG (R) Juvenal Díaz Mateus, anunció una recompensa de cinco millones de pesos por información que permita identificar a los responsables de los grafitis y panfletos alusivos a un grupo subversivo encontrados en el municipio de La Paz, Santander. El anuncio se hizo luego de un consejo extraordinario de seguridad en esta población santandereana, al cual asistieron autoridades de la Fiscalía, Policía, Ejército, alcaldes y otros representantes civiles y militares. “Es fundamental localizarlos, ya que se trata de un delito que no podemos permitir quede impune, pues podría generar una escalada de actos hostiles contra la población civil. Vamos a hacer todo lo posible para esclarecer los hechos, determinar quiénes fueron los responsables y evitar que esto sea el inicio de una organización criminal, un grupo armado organizado de las disidencias de las Farc, o el comienzo de procesos de extorsión basados en estos panfletos”, expresó el gobernador. Además, el mandatario santandereano anunció que el Gaula de la Policía, el Ejército y la Fiscalía llevarán a cabo operativos en la zona para garantizar la seguridad en la provincia de Vélez, con especial atención a los mandatarios locales y la población civil. “El Ejército tendrá una unidad desplegada en la zona durante unos 20 días. Según la inteligencia de la Policía, el documento no proviene de ninguna de las estructuras que tienen identificadas a nivel nacional. Sin embargo, esto no descarta la posibilidad de que se esté gestando una organización criminal que empiece a extorsionar. El panfleto contiene amenazas contra los alcaldes, lo cual ha sido informado a la UNP. En casos como estos, donde se emite una amenaza directa contra una persona, considero que la UNP debe actuar de oficio”, añadió Díaz Mateus. Asimismo, el gobernador destacó que se está cumpliendo con la función de mantener el orden público en el departamento de Santander. “Según la información que hemos recibido, un grupo de personas en motocicletas se desplaza por diferentes lugares, pintando y distribuyendo los panfletos. Esto no es un juego. Estas regiones son muy valiosas, pues aquí reina una tranquilidad absoluta, y no podemos permitir que la población quede desprotegida. Queremos darles confianza, asegurarles que no están solos, y que tenemos las herramientas necesarias para manejar esta situación”, concluyó.

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Gobernadora del Chocó fue víctima de ataque y la UNP reconoce deficiencias en su esquema de seguridad

Tras la denuncia hecha por la gobernadora del Chocó Nubia Carolina Córdoba, luego de ser víctima de un ataque por parte de grupos armados, la Unidad Nacional de Protección salió al paso a estos hechos y reconoció falencias en el esquema de seguridad de la mandataria. Los hechos Se pudo conocer por cuenta de Córdoba que el pasado 12 de enero, su equipo de seguridad “fue hostigado por hombres de uniforme (no identificados) y fuertemente armados. Hubo intercambio de disparos y salimos ilesos del lugar”. La mandataria, también advirtió durante la denuncia pública que no cederá ante amedrentamiento de grupos armados de la región y que seguirá procurando la seguridad de sus ciudadanos “seguiré tomando las acciones por la seguridad de los chocoanos y denunciando las flagrantes violaciones a los derechos humanos contra nuestra población. Nuestro deber y nuestro trabajo seguirán su marcha. La paz como objetivo, la seguridad y el progreso como obligación”. UNP argumentó temas presupuestales Por su parte la Unidad Nacional de Protección (UNP) tras las graves denuncias hechas por la Gobernadora del Chocó asumió la falla en el esquema de seguridad de Córdoba y argumentó que esta situación se da en medio del cumplimiento del decreto 1066, que establece que los convenios de la seguridad con alcaldías, gobernaciones y otras entidades públicas dependen de temas presupuestales propios de cada entidad. Asimismo, establecieron que el equipo de protección Nubia Carolina Córdoba “no se había implementado totalmente”, debido a que “la gobernación no contaba con recursos para tal fin”. Ante lo ocurrido la UNP indica que el director de la UNP, Augusto Rodríguez, “ordenó a las áreas competentes de la entidad que se priorice la implementación de los esquemas de protección y después surtan los trámites necesarios para la normalización de los convenios, en concordancia con las instrucciones del señor presidente, Gustavo Petro, de que prevalezca la protección de la vida, sobre cualquier trámite o proceso administrativo”.

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Un muerto dejó intento de robo a esquema de magistrado de la Corte Constitucional

El vehículo del magistrado Juan Carlos Cortés González fue abordado por sujetos, en el barrio El Tejar, al sur de Bogotá. La Unidad Nacional de Protección (UNP) recibió el reporte de un intento de robo al esquema de seguridad del magistrado de la Corte Constitucional Juan Carlos Cortés González. Uno de los sujetos implicados resultó herido y fue trasladado a la Clínica de Occidente, donde falleció. De acuerdo con las autoridades, los desconocidos se movilizaban en un Kia, blanco. El conductor accionó su arma de dotación e hirió a uno de los hombres.  “El protegido no iba en el vehículo ni el esquema es de la UNP. El peritaje judicial muestra que tanto la persona muerta como el vehículo de los asaltantes están comprometidos en diversas acciones delincuenciales”, indicó la entidad a través de X.   

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Procuraduría formuló cargos contra escoltas de la UNP por uso indebido de camioneta

La Procuraduría General formuló cargos contra dos escoltas de la UNP por transgredir protocolos de uso de vehículos. Los agentes Álvaro Hernández Gil y Yecith Alejandro Sánchez Zabala deberán comparecer ante la Justicia por haber utilizado una camioneta para transportar personas ajenas al protegido y realizar diligencias sin la presencia del autorizado.  “El ente de control encontró que, no es permitido transportar a personas no cobijadas con la medida de protección y tampoco movilizarse en el automóvil para hacer diligencias sin la presencia del beneficiario del programa”, indica el comunicado. “Para el caso del disciplinado Sánchez Zabala se le acusa haber entregado el referido vehículo, el cual estaba bajo su responsabilidad, al escolta Hernández Gil para que éste hiciera las diligencias mencionadas. De esta manera, faltó así a las reglas que le impedían destinar o movilizar el automotor para fines ajenos al esquema de protección del beneficiario”, agrega.  El caso se suma a la reciente interceptación del Ejército de una camioneta de la UNP en Barbacoas, Nariño, que transportaba a un gobernador indígena y $200 millones en efectivo y al robo de otro vehículo de la misma entidad en Bogotá, perteneciente al Comando General de las Fuerzas Militares.   

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Le ‘cayó’ la Procuraduría a la UNP por caso de vehículos que transportaban disidentes

Ante el reciente escándalo tras la caravana que trasladaba a disidentes en el departamento de Antioquia, la Procuraduría general de la Nación efectuó una inspección a la UNP con la intención de recolectar documentos que permitan establecer la presunta responsabilidad de funcionarios de la UNP en un hecho que ha generado gran revuelo por la presunta utilización de medios del Estado para movilización de miembros de las disidencias. La entidad realizó la diligencia a la Unidad Nacional de Protección (UNP), con el objetivo de encontrar información sobre el caso de los vehículos que fueron usados para transportar disidentes de las Farc, en zona rural de Antioquia, además indicó que al parecer los esquemas son tercerizados, por lo que revisarán los procesos de contratación para establecer responsabilidades. “Encontramos que si bien es cierto la mayoría de los integrantes del esquema colectivo de protección son tercerizados, vamos a indagar los procesos de contratación y los manuales de funciones, lo que podría llevar a establecer responsabilidades en conductas”, aseguró la procuradora Lucila Mercedes Vidal. Vidal además expresó que debido a estas circunstancias se realizará una nueva inspección a la oficina de la Consejería para la Paz para determinar relaciones de los trámites para esquemas de seguridad con personas de organizaciones en diálogos con el Gobierno Nacional.

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Autoridades reportaron el hallazgo de seis de las camionetas robadas de la UNP en Ciudad Bolívar

En las últimas horas y tras una exhaustiva búsqueda autoridades han reportado que hallaron 6 de las camionetas robadas en la localidad de suba y que pertenecen a la Unidad Nacional de Protección. Como es sabido estas 16 camionetas blindadas debían ser adjudicadas a la Unidad Nacional de Protección, pero a primeras horas de la mañana de este 19 de enero fueron robadas por al menos 20 hombres fuertemente armados en la ciudad Bogotá. El lugar donde se dio la recuperación de los vehículos es un parqueadero en el barrio Jackeline, de la localidad de ciudad Bolívar, al sur de Bogotá, los vehículos permanecían en un lote de una empresa de la localidad de Suba que también funciona como parqueadero de buses del Sitp. Por su parte Augusto Rodríguez, director de la UNP, indicó que los automotores iban a ser asignados a magistrados de la Jurisdicción Especial para la Paz JEP. Cabe destacar que cada vehículo, estaría avaluado en aproximadamente 500 millones de pesos, por lo que el robo asciende a un avalúo de $8 mil millones.

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Alcaldía de Santa Marta ya tiene su primera sede de Unidad Nacional de Protección (UNP)

Con el fin de brindarles garantías de seguridad  a los líderes sociales, defensores de Derechos Humanos (DDHH) y población vulnerable, la Alcaldía de Santa Marta, en articulación con la Gobernación del Magdalena y la Unidad Nacional de Protección (UNP), abrieron por primera vez una oficina para la recepción de denuncias sobre amenazas para el ciudadano que lo requiera.  Al respecto, la gobernadora Denisse Rangel, resaltó que para la ciudad y el departamento es una ventaja y es fundamental contar con este servicio de manera presencial. Agregó que “con esta oficina vamos a superar todos esos trámites. Esperamos contar con un proceso ágil, eficiente y oportuno para la comunidad”.   Por su parte, el secretario general de la UNP, Israel Franco, aseguró que en el Magdalena se contabilizan alrededor de 3.000 solicitudes de amenazas al año. “Esto nos impone una carga administrativa importante, pero esto nos va a llevar a que seamos más cercanos a nuestras poblaciones e involucrarlos rápidamente en nuestras rutas de protección dependiendo sus requerimientos”, acotó.   Finalmente, la Alcaldía Distrital seguirá trabajando articuladamente con la Policía Metropolitana, Ejército Nacional, Armada Nacional, Migración Colombia, Gaulas y demás autoridades, para garantizar el derecho a la vida de nuestros ciudadanos. Tomado de Alcaldía de Santa Marta.

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Lo que TIENE que saber para el día sin carro

El secretario de Movilidad, Nicolás Estupiñan, se refirió a la jornada del día sin carro y especificó qué tipo de vehículos pueden movilizarse y cuáles no. En diálogo con la FM, el funcionario rectificó que las motocicletas de vigilancia y seguridad privada, con la estatuilla adherida y visible a cada uno de sus vehículos y autorizada por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, no tendrán ninguna restricción para circular por las calles del país. A los autos que estén adscritos a cualquier empresa de mensajería, se les permitirá el traslado durante la jornada del día sin carro, exceptuando a las aplicaciones de domicilios como Uber Eats, Domicilios.com y Rappi las cuales solo podrán prestar sus servicios en bicicleta. Estupiñan, también manifestó que los carros blindados de la Unión Nacional de Protección (UNP) y los automóviles que sean parte del transporte de valores, también estarán dentro de los vehículos avalados para transitar libremente.  Además, los carros de transporte público, los que tengan indicativos de llevar a una persona en condición de discapacidad, las ambulancias o autos de emergencia, así como los que tengan capacidad para trasladar a más de 10 personas, tampoco están dentro de los vehículos restringidos.  La jornada empezará desde el próximo 6 de febrero de 5:00 a.m. a 9:00 p.m.  

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Otro líder social abandona sus tierras por amenazas de muerte

Leyner Palacios, líder social del Chocó, se vio obligado a abandonar su lugar de residencia por constantes amenazas, tras denunciar la presencia del ‘Clan del Golfo’ en el departamento. A pesar de las declaraciones del Presidente Iván Duque de aumentar el pie de fuerza y la inversión social en el Chocó; el asesor de Paz, Modesto Serna, informó que Leyner Palacios, otro de los líderes de la comunidad, tuvo que abandonar el departamento por constantes amenazas de muerte en su contra.  Pese al cubrimiento de la Unidad Nacional de Protección, las intimidaciones a Palacios lo obligaron a dejar el sector por temor a sufrir alguna lesión o atentando.  La denuncia alertó sobre la presencia de más de 300 miembros del ‘Clan del Golfo’ en tierras chocoanas, situación que le impide a los habitantes de la zona ejercer sus labores cotidianas por el enfrentamiento entre grupos ilegales en la región.  

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