Minjusticia Archivos - Revista el Congreso

MinJusticia benefició a 607 personas y abrió nueva oficina para asesorar legalmente a privadas de la libertad en Norte de Santander

Actualidad, Minjusticia, Norte de Santander / Erika Baute

La nueva oficina de orientación jurídica beneficiará a privadas de la libertad en la capital de Norte de Santander y especialmente a más de 149 mujeres que cumplen requisitos de la ley de utilidad pública en Cúcuta. Este espacio brindará asesoría en ley de utilidad pública, alternatividad penal, trámites judiciales y procesos de resocialización con enfoque de género. En el departamento, 149 mujeres cumplen los requisitos para acceder a este beneficio. La apertura se realizó en el marco de la estrategia ‘Minjusticia con la Gente’, desarrollada en Norte de Santander entre el 24 y el 27 de marzo, y que contó con la presencia del ministro Jorge Iván Cuervo. Durante la visita al establecimiento de reclusión, el ministro recorrió los talleres productivos, la comunidad terapéutica y la orquesta del centro, e instaló una mesa de trabajo con jueces y defensores sobre la ley de utilidad pública. Durante su agenda en Norte de Santander, el ministro también participó en el Comité Departamental de Justicia, un espacio clave de articulación institucional en el que se revisaron los principales avances y desafíos en materia de acceso a la justicia en el territorio. En este escenario se destacaron resultados como la priorización de 12 municipios para el fortalecimiento de los Sistemas Locales de Justicia, así como la consolidación de diagnósticos territoriales que permiten identificar las principales conflictividades, necesidades jurídicas y rutas de atención existentes. “Estos comités departamentales son muy importantes para nosotros, porque son un mecanismo de articulación entre todas las autoridades que nos permite conocer de primera mano las necesidades del territorio. Además, facilitan el diálogo entre autoridades para superar barreras como la baja presencia institucional y las dificultades geográficas y económicas que enfrentan los ciudadanos para acceder a la justicia”, afirmó el ministro. El ministro también visitó el Centro de Atención Especializada (CAE) de Los Patios, donde sostuvo un Círculo de la Palabra con jóvenes del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes (SRPA). Norte de Santander cuenta con 9 unidades del sistema, 203 cupos y 334 usuarios, 71 de ellos en ese centro. Allí se desarrollaron actividades pedagógicas, talleres de derechos humanos y muestras artísticas. La cartera de Justicia, en articulación con la Alcaldía de Cúcuta y la Policía Nacional, también se realizó la Feria de Servicios de Minjusticia con la Gente, la cual permitió atender a 607 personas, realizar 86 conciliaciones, 15 atenciones en equidad, 10 mediaciones y recibir 42 nuevas solicitudes de conciliación, con el apoyo de entidades nacionales y territoriales. Asimismo, durante la jornada en el departamento se desarrollaron espacios formativos para la comunidad: mediación escolar con 140 estudiantes, taller de género con 120 mujeres, actividades con 100 adultos mayores y un encuentro de comisarías de familia con 44 representantes municipales. El ministro Cuervo reiteró el compromiso del Gobierno con una justicia más humana, cercana y restaurativa, y con fortalecer las capacidades institucionales en los territorios.

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‘En Medellín yo no subí delincuentes a las tarimas sino personas presas en rehabilitación: presidente Petro sobre evento en Medellín

Actualidad, Antioquia, Colombia, Gobernación, Medellín, Presidencia / Erika Baute

El presidente Gustavo Petro respondió a las críticas que ha recibido el Gobierno nacional por la presencia en el evento ‘Pacto por la Paz Urbana en Medellín y el Valle de Aburrá’ de varios exjefes de estructuras ilegales que permanecen presos. Durante el consejo de ministros de este martes en la Casa de Nariño, el mandatario aseguró que “en Medellín se subieron (a la tarima) gente que estaba presa a mostrar en público, no debajo de una mesa, cómo hacer un pacto de paz en los barrios de Medellín”. Explicó que en la capital antioqueña nuevamente comenzó a subir la violencia urbana, de ahí la importancia de esa estrategia presidencial. “La realidad de Medellín que es que ha empezado a subir la violencia. Nosotros la bajamos, la bajamos a casi 10 homicidios por 100 mil habitantes, lo cual internacionalmente saca a cualquier ciudad de la lista de ciudades violentas”, afirmó. “Lo que hicimos en Medellín, frente al pueblo, fue hacer lo que hacían a escondidas, ¿cierto? Entonces, la gobernabilidad era una estrategia por medio de la cual las bandas en las calles y sus jefes en las calles negociaban votos con los políticos. Los políticos le decían ‘baje la tasa de homicidios y sigan’. Entonces, Medellín se volvió una ciudad bajo la extorsión”, aseguró el jefe de Estado. Agregó que lo atacan “porque las bandas saben la verdad, quiénes hablaron con ellos, quiénes los negociaron. En Medellín yo no subí delincuentes a las tarimas, con delincuentes hablaron alcaldes y otros”. El mandatario añadió que se olvidan de un principio universal de la justicia: El que está preso no es un delincuente, es una persona en rehabilitación. “Como aquí ven la justicia como venganza, entonces no ven la gente que está en las cárceles como gente en rehabilitación. Ah, que desde las cárceles manejan violencia, cierto. Pero yo les dije ‘hay que meterlos en las fragatas, quien reincida y maneje muerte desde la cárcel se va para las fragatas o a la cárcel de seguridad más alta que tengamos. No van a usar la cárcel como capital de la delincuencia, pero la gran mayoría de los presos son personas en rehabilitación”, insistió. Le dijo al ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, que hay que revisar la política de paz urbana “que hace agua por varias razones: una de ellas, porque no hemos podido extender el programa de negociación con las bandas. Lo hemos hecho Buenaventura, Quibdó, Medellín, ahora quiero abrir Barranquilla”, anunció. Mayor control a puertos y aeropuertos Igualmente, al referirse a las tasas de homicidios en Colombia, el presidente Petro dijo que si no baja la tasa nacional es porque no ha bajado en la capital del país, lo que significa un cambio en la estructura de la violencia. “En Bogotá, Barranquilla, Santa Marta, Buenaventura, Cartagena, etc., que son puertos, aumenta la violencia. En Bogotá también porque es un puerto y tiene dos grandes aeropuertos, uno controlado por la Policía y otro controlado por gente privada (aeropuerto El Dorado). Entonces, si no hay control de los aeropuertos, va a seguir subiendo la cocaína, producida cerca de Bogotá, ya sabemos que en la sabana de Bogotá hay laboratorios que son de la Junta del Narcotráfico”, afirmó. El presidente ordenó al ministro de Defensa, Pedro Sánchez, fortalecer el control sobre puertos y aeropuertos en el país, en especial en la terminal aérea de Bogotá.

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Ángela María Buitrago renuncia a MinJusticia y denuncia presiones políticas

Actualidad, Minjusticia / revistacg

La ministra de Justicia y del Derecho de Colombia, Ángela María Buitrago, anunció su renuncia al cargo por tensiones internas con el Gobierno Nacional, la cual será efectiva a partir del 1 de junio de 2025. La decisión, comunicada a través de una carta dirigida al presidente Gustavo Petro, se produce tras lo que calificó como una “profunda reflexión personal y profesional”. Dentro de su carta de denuncia, la ministra denunció presiones e intentos de interferencia política en su Ministerio, lo que pone en riesgo su compromiso con los principios de derecho y equidad. “Mis actuaciones no dependen de influencias, ni amenazas, persuasiones, ni interferencias o intereses políticos”, declaró la ministra en su carta de denuncia afirmando que han puesto en riesgo los principios de independencia y transparencia que guiaron su gestión. Durante su gestión, Buitrago lideró iniciativas como Entornos Seguros, Redes Justas, Casas de Justicia y programas en defensa de los derechos de las personas privadas de la libertad. Sin embargo, reconoció que recortes presupuestales limitaron el impacto de estas políticas. Posteriormente, en declaraciones a medios como Caracol Radio y Noticias Caracol, la ministra reveló que las presiones provinieron del ministro del Interior, Armando Benedetti, y de la directora del Dapre, Angie Rodríguez. Según su testimonio, ambos le exigieron el despido de un funcionario de la Unidad de Servicios Penitenciarios, entre otros. Benedetti negó categóricamente haber ejercido presión alguna. “Le juro que no tuve nada que ver con eso”, declaró a Blu Radio, desmintiendo cualquier intervención suya o de Rodríguez en los asuntos del Ministerio. La renuncia ha provocado una ola de reacciones. Con esta dimisión, Buitrago se convierte en la tercera persona en dejar el Ministerio de Justicia durante el actual Gobierno, en un nuevo capítulo que pone de relieve las tensiones dentro del gabinete y los desafíos de la administración Petro para mantener la cohesión interna.

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Ministerio de Justicia presentó LegalApp y Justifácil en Quibdó

Actualidad, Chocó, Regiones / Erika Baute

En una jornada liderada por el Ministerio de Justicia y del Derecho y apoyada por la Gobernación del Chocó, a través de la Secretaría del Interior, se presentaron en Quibdó las aplicaciones LegalApp y Justifácil, herramientas digitales diseñadas para facilitar el acceso a la información jurídica y a trámites judiciales de forma ágil y gratuita. ¿Qué es LegalApp? LegalApp es una herramienta electrónica para todos los ciudadanos que necesiten conocer cómo adelantar un trámite o hacer uso de algún servicio relacionado con la Justicia. Digitando palabras claves, esta herramienta orienta a las personas sobre qué hacer, la autoridad o institución a la cual puede acudir y la ubicación exacta en su municipio. Durante la actividad, se dictó una capacitación dirigida a estudiantes de consultorios jurídicos de la UTCH y la Uniclaretiana, funcionarios y ciudadanía interesada, con el fin de fortalecer el conocimiento sobre el uso de estas plataformas y su impacto en la vida cotidiana. Además, en el marco del encuentro, se socializó la Ley de Utilidad Pública y se discutió la posibilidad de establecer convenios con universidades que tienen presencia en el departamento. El objetivo es abrir plazas que permitan aplicar esta ley en beneficio de mujeres privadas de la libertad, muchas de ellas cabezas de hogar y en condición de vulnerabilidad, que actualmente se encuentran en centros penitenciarios fuera del Chocó.

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‘En un modelo de justicia restaurativa, EPA Colombia no debería estar en la cárcel’: presidente Petro

Actualidad, Colombia, Política, Presidencia / Erika Baute

Ante los alcaldes del país el presidente Petro se refirió al sistema punitivo imperante hoy en Colombia y criticó el hecho de que la reforma a la justicia no haya avanzado en el Congreso de la República. Al intervenir en el Congreso Nacional de Municipios realizado en Cartagena, el jefe de Estado expresó: “Los congresistas creen que ganan más votos aumentando las penas. Eso es un error. Eso se llama punitivismo. Eso no sirve para nada, porque las cárceles las llenaron con los jóvenes que protestaban y les pusieron la etiqueta de ‘terrorismo’, y eso no es excarcelable”. En este punto el mandatario se refirió al caso de la emprendedora e ‘influencer’ conocida como EPA Colombia: “¿Ustedes creen que EPA es terrorista? Cinco años presa. Vayan, miren a los asesinos de verdad, que salen primero que ella”. De acuerdo con el presidente, este caso “refleja los errores de un sistema judicial injusto”. Mientras tanto, la reforma a la justicia “que está en el Congreso en este momento, que busca otra concepción de acuerdo con la Corte Suprema de Justicia, no anda”. “A mí no me interesa tener gente presa, ni a la sociedad. Los delitos graves, obvio sí, pero no el delincuente que repara a la víctima o la restaura, como EPA Colombia. No digo que no sea delincuente, rompió un vidrio público, pero lo puso nuevo”, dijo. “En una justicia restaurativa esa madre no está presa”, manifestó y sostuvo que tampoco deben estarlo el campesino que cultiva hoja de coca porque es su único medio de subsistencia, ni el joven que protesta porque no tiene acceso a la educación. “Por eso tenemos hacinamiento en las cárceles, porque en las cárceles están quienes no deberían estar, en miles, y no están los que deberían estar, y eso amerita una reforma”, puntualizó el presidente de la República.

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Con Banco de Proyectos, el Minjusticia le gana terreno a las actividades ilícitas en Chocó

Actualidad / Erika Baute

Más de $4.200 millones invertidos por el Ministerio de Justicia y del Derecho a través de la Dirección de Política de Drogas y Actividades Relacionadas. Cerca de 800 hogares de siete regiones estratégicas beneficiados con proyectos productivos, ambientales y de atención a población en condición de vulnerabilidad frente a mercados urbanos de drogas. Esta intervención se enmarca en la territorialización de la Política Nacional de Drogas materializando cuatro de sus ejes a través del Banco de Proyectos. Comunidades campesinas y étnicas del Chocó quienes representan a cerca de 800 hogares de 7 regiones estratégicas manifestaron que el Banco de Proyectos apoyado por el Ministerio de Justicia y del Derecho, mediante la Dirección de Política de Drogas y Actividades Relacionadas, se convierte en la mejor herramienta para mitigar la situación de vulnerabilidad del territorio. El anuncio se dio en el marco de la socialización del Banco de Proyectos realizada hoy en Quibdó, que contó con la participación del director de Política de Drogas, Alexander Rivera Álvarez; de la coordinadora de Enlace de Proyectos de la Oficina de la Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), Patricia Meléndez Cuéllar; autoridades locales, regionales, sociedad civil y comunidades de la región. Al respecto, Rivera Álvarez señaló que el ministerio a través de su dirección invirtió más de $4.200 millones para fortalecer proyectos productivos, ambientales y de atención a población en condición de vulnerabilidad frente a mercados urbanos de drogas. “El Banco de Proyectos hace parte de una estrategia integral para transformar los territorios afectados por economías ilícitas, promoviendo alternativas sostenibles que mejoren la calidad de vida de las comunidades y reactiven la economía de los territorios”, enfatizó el funcionario de la cartera de Justicia. La apuesta del Ministerio de Justicia y del Derecho por la sustitución de economías ilegales se traduce en proyectos agroindustriales, pecuarios y pesqueros, promoviendo alternativas de ingresos estables y sostenibles para las comunidades chocoanas. Entre las iniciativas más destacadas se encuentran: Producción avícola en Medio San Juan: 62 familias recibieron gallinas ponedoras, insumos y capacitación para fortalecer su autosuficiencia económica con un apoyo de $784 millones. Pesca artesanal en Acandí: se fortalecieron asociaciones de pescadores en Acandí y Capurganá, con equipamiento y capacitación para mejorar su productividad, con una inversión de $791 millones. Producción porcina sostenible en Condoto: un innovador modelo de cría de cerdos de pastoreo se busca garantizar la sostenibilidad de 75 beneficiarios en tres comunidades del municipio, con un respaldo financiero de $751 millones. Cultivo y transformación del plátano en Baudó: se invirtieron $710 millones en el desarrollo agroindustrial del plátano hartón, generando valor agregado y acceso a nuevos mercados. Fortalecimiento de la panela en Nóvita: con una inversión de $618 millones, se modernizaron trapiches y se capacitaron a los productores locales para hacer más eficiente su comercialización. Además de las iniciativas productivas, la Dirección de Política lidera estrategias de prevención y reducción de riesgos asociados al consumo y tráfico de drogas en las zonas urbanas. Entre los programas implementados se destacan: Centros de escucha en Quibdó y San José del Palmar: a través de la Fundación para el Desarrollo Social y Sostenible del Pacífico (FUDESOP), se invirtieron $407 millones en la creación de espacios comunitarios de atención y prevención del consumo de sustancias psicoactivas. Prevención del reclutamiento de jóvenes en Condoto: el proyecto FORHAVIDA, con un presupuesto de $181 millones, fortaleció las habilidades de vida de niños y adolescentes en riesgo de ser vinculados a redes multicrimen. Esta intervención se enmarca en la territorialización de la Política Nacional de Drogas materializando cuatro de sus ejes a través del Banco de Proyectos: tránsito a economías lícitas en zonas rurales y de manejo especial; cuidado ambiental de territorios afectados por la economía de las drogas ilícitas; atención a población en condición de vulnerabilidad frente a mercados urbanos de drogas y reducción de riesgos y daños.

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Ángela Buitrago, ministra de Justicia resalta la importancia de una justicia transicional

Justicia, PAZ / revistacg

Durante el “Encuentro sobre justicia transicional: avances, retos y perspectivas”, que se llevó a cabo en la Universidad Nacional, Ángela María Buitrago Ruiz, ministra de Justicia y del Derecho reitero en el papel de la justicia transicional en la reparación de las víctimas y las decisiones que son tomadas frente a los conflictos. Este evento tuvo lugar en el auditorio Camilo Torres de la Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá. Teniendo las puertas abiertas a expertos en justicia transicional provenientes de la academia, centros de pensamiento, organizaciones sociales, organismos internacionales y entidades del Estado. La ministra destacó, además, la labor de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y la búsqueda de un equilibrio entre la restauración, reparación y los acuerdos para la paz en Colombia. Anexó que dentro de la justicia transicional existen diversas complejidades y desafíos en favor de las víctimas del conflicto armado. “La JEP es un modelo de justicia que apunta a conocer la verdad del pasado para que no se repita en el presente. Debemos actuar de la mano, y a pesar de que tenemos un trabajo conjunto, debemos entender que abordamos temas complejos que debemos profundizar”, afirmó la ministra Buitrago. Por su parte, el magistrado Alejandro Ramelli, presidente de la Jurisdicción, señaló que el contexto global recuerda constantemente la importancia de aprender del pasado para orientar las decisiones hacia la paz y la justicia. “En la JEP, a lo largo de siete años, hemos dado cuenta de una nueva perspectiva a la hora de abordar hechos graves en contextos y circunstancias muy particulares. La multiplicidad de actores, las distintas dinámicas del conflicto, los patrones y modalidades de los hechos, los factores territoriales, étnicos, culturales y de acceso a la institucionalidad son retos que hemos abordado y tratado de superar paso a paso”, concluyó. Tomado de: MinJusticia.

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Ministro de Justicia chileno visita Colombia para conocer el sistema carcelario local

Actualidad, Colombia, Estado, Judicial, Justicia, Minjusticia, Política / Erika Baute

La ministra Ángela María Buitrago, acompañada por los directores del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC), coronel Daniel Gutiérrez, y de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (USPEC), Ludwing Valero, recorrerá con la delegación chilena las cárceles La Picota y El Buen Pastor, y la Escuela Penitenciaria Nacional en Funza. • Durante la estadía en Bogotá del MinJusticia chileno se discutirán aspectos relacionados con cooperación judicial y los avances en la incorporación en las respectivas legislaciones del Tratado de Extradición suscrito en 2021 por los dos países. Con el fin de abordar desafíos comunes de su gestión liderando el sistema penitenciario y carcelario e intercambiar experiencias y posibles soluciones a las problemáticas del sector, la ministra Angela María Buitrago Ruiz recibe este lunes y martes en visita oficial a su homólogo de Chile, Jaime Eduardo Gajardo Falcón y su delegación. La visita del alto funcionario chileno se produce en el marco de la iniciativa ´Bien Público Regional´ (BPR) para mejorar la gestión integral penitenciaria en América Latina y el Caribe del Banco Interamericana de Desarrollo (BID), destinada a brindar herramientas innovadoras a los países de la región y así abordar desafíos similares. En contacto con medios de comunicación, la ministra Buitrago indicó que “estos serán dos días de intercambio frente a los conocimientos que tiene Colombia en particular a la forma como el sistema carcelario está siendo manejado, pero, sobre todo, por los retos y desafíos que significa también entender que parte de la criminalidad de la sociedad se traslada a un núcleo pequeño como el sistema carcelario”. Por su parte, el ministro Gajardo aseguró que “es importante señalar que en la región tenemos desafíos comunes, entre esos el sistema penitenciario. Lastimosamente nuestro sistema ha estado olvidado y eso ha generado problemas para nuestras sociedades, porque hemos visto que se han anidado bandas del crimen de carácter trasnacional en nuestras cárceles que desde allí han surgido y se han fortalecido. Por eso, para enfrentar ese desafío es necesario compartir experiencias y fortalecer nuestras alianzas y por ende nuestras democracias”. Durante su permanencia en el país, el ministro Gajardo Falcón escuchará una amplia exposición de la ministra Buitrago sobre el panorama actual del país en materia carcelaria, manejo del hacinamiento, seguridad en los establecimientos de reclusión y programas de resocialización como Zasca Renacer, Ley de Utilidad Pública, Cultura para la Libertad, etc. Gajardo Falcón, por su parte, compartirá detalles de su gestión en el diseño, implementación y evaluación de las políticas penitenciarias tales como el modelo institucional y de gestión del subsistema postpenitenciario, así como el sistema de supervisión y control en medio abierto a través del monitoreo telemático, entre otras, los cuales fueron conocidos por la ministra Ángela María Buitrago en septiembre pasado durante la visita que hizo al sistema carcelario en Chile. En el encuentro de los ministros, se discutirán también aspectos relacionados con cooperación judicial para verificar los avances en la incorporación en las respectivas legislaciones del Tratado de Extradición suscrito entre Colombia y Chile en 2021 y la posibilidad de negociar un instrumento bilateral relacionado con el Traslado de Personas Condenadas. Este 3 y 4 de febrero, la delegación chilena, funcionarios del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) y de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (USPEC) y del Ministerio de Justicia de Colombia, encabezadas por la ministra Buitrago, visitarán las cárceles la Picota y El Buen Pastor, así como la Escuela Penitenciaria Nacional ubicada en Funza para conocer en sitio la aplicación de programas que le aportan capacitación, distracción y otras competencias a la población privada de la libertad. Jaime Eduardo Gajardo Falcón, es abogado de la Universidad de Chile, magister en Gobernanza y Derechos Humanos, máster en Derecho Constitucional y doctor en derecho de la Universidad de Madrid. En el ámbito profesional ha sido fiscal del Ministerio de Desarrollo Social entre los años 2015 a 2018, ha ejercido la docencia como profesor de derecho público de la Universidad Diego Portales y ha integrado, como especialista en participación política, diversas misiones de observación electoral realizadas por la OEA en países como Bolivia, Brasil, Perú, Ecuador y Guatemala. La delegación chilena que visitará Colombia está conformada también por Macarena Cortés Camus, jefa de la División de Reinserción Social Ministerio de Justicia y DDHH de Chile; Hugo Espinoza, asesor ministerial sobre materias carcelarias; coronel Helen Leal González, jefa del Departamento de Inteligencia Penitenciaria de la Gendarmería, y por el teniente segundo Cristian Morales, oficial de Gendarmería del país suramericano.

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Asesinaron en La Picota a Francisco Luis Correa, testigo estrella del crimen del fiscal Pecci

Actualidad, Bogotá D.C., Colombia, INPEC, Judicial, Minjusticia, Política / Erika Baute

Francisco Luis Correa, señalado de ser el ‘ejecutor’ intelectual del crimen del fiscal paraguayo Marcelo Pecci Correa y quien por su colaboración con la justicia en el esclarecimiento del hecho de sangre, había recibido beneficios, fue hallado muerto este viernes en una celda de la cárcel La Picota, de la ciudad de Bogotá. Sentenciado Como se recordará Correa, suscribió un acuerdo de colaboración con la Fiscalía, había sido condenado a más de seis años de cárcel, por su participación aceptada en el crimen del fiscal, ocurrido el pasado 10 de mayo de 2022 en las playas de Barú, Cartagena. Correa, además colaboró con las autoridades de investigación en la identificación del resto de presuntos involucrados en el crimen, como los hermanos Ramón Emilio y Andrés Felipe Pérez Hoyos, además de Margareth Chacón Zúñiga. En el documento de sentencia del hoy fallecido ‘cerebro’ del crimen de Pecci, se estableció que el hombre jugó un papel clave para idear la logística en el homicidio del infortunado fiscal. “Uno de los articuladores del homicidio, Francisco Luis Correa Galeano, concretó varios aspectos para materializar el asesinato del fiscal paraguayo”, indicó la Fiscalía en el texto. Tras su colaboración, la Fiscalía logró dar con la captura de varios de los implicados en el sonado crimen, incluyendo a Correa Galeano. Marcelo Pecci Pecci fue brutalmente asesinado en Colombia a los 45 años de edad, de dos disparos contundentes, según declaró su esposa, la periodista Claudia Aguilera. Ante los hechos Correa fue acusado por los delitos de homicidio agravado, porte de armas de fuego y amenazas.

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MinJusticia propuso a la JEP, Zonas de Restauración para excombatientes Farc

Actualidad, Colombia, DDHH, Estado, Judicial, MinDefensa, Minjusticia, PAZ, Paz, Política, REGIONALES / Erika Baute

El Ministerio de Justicia en cabeza de Ángela María Buitrago, presentó a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) un borrador en el que propone la creación de unas zonas especiales llamadas Zonas de Restauración, a estos territorios irían los excombatientes de las Farc. La propuesta incluye a los excombatientes Farc como candidatos para ir a las zonas especiales tras ser sancionados por el alto tribunal, por acciones cometidas durante el conflicto armado. ¿Qué son las Zonas de Restauración? Las llamadas Zonas de Restauración y Reintegración Comunitaria (ZRRC) tendrían características similares a los llamados espacios rurales ETCR, que serían destinados a su proceso de reincorporación. Buitrago dio a conocer en una reunión que tuvo con representantes de los firmantes del Acuerdo de Paz, la propuesta y destacó que apenas es un borrador primario que está en construcción. Cabe destacar que el lapso de esas sanciones, que impondría la JEP estaría entre los cinco y ocho años, y se pagarán a través de trabajos, obras y actividades con contenido restaurador y reparador. Por su parte la Jurisdicción Especial de Paz dictaminó que cuando se trate de miembros de la comunidad indígena, se le deberá reconocer el arraigo ancestral al sancionado ubicándolo en su determinada zona.

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