Con Banco de Proyectos, el Minjusticia le gana terreno a las actividades ilícitas en Chocó
Más de $4.200 millones invertidos por el Ministerio de Justicia y del Derecho a través de la Dirección de Política de Drogas y Actividades Relacionadas. Cerca de 800 hogares de siete regiones estratégicas beneficiados con proyectos productivos, ambientales y de atención a población en condición de vulnerabilidad frente a mercados urbanos de drogas. Esta intervención se enmarca en la territorialización de la Política Nacional de Drogas materializando cuatro de sus ejes a través del Banco de Proyectos. Comunidades campesinas y étnicas del Chocó quienes representan a cerca de 800 hogares de 7 regiones estratégicas manifestaron que el Banco de Proyectos apoyado por el Ministerio de Justicia y del Derecho, mediante la Dirección de Política de Drogas y Actividades Relacionadas, se convierte en la mejor herramienta para mitigar la situación de vulnerabilidad del territorio. El anuncio se dio en el marco de la socialización del Banco de Proyectos realizada hoy en Quibdó, que contó con la participación del director de Política de Drogas, Alexander Rivera Álvarez; de la coordinadora de Enlace de Proyectos de la Oficina de la Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), Patricia Meléndez Cuéllar; autoridades locales, regionales, sociedad civil y comunidades de la región. Al respecto, Rivera Álvarez señaló que el ministerio a través de su dirección invirtió más de $4.200 millones para fortalecer proyectos productivos, ambientales y de atención a población en condición de vulnerabilidad frente a mercados urbanos de drogas. “El Banco de Proyectos hace parte de una estrategia integral para transformar los territorios afectados por economías ilícitas, promoviendo alternativas sostenibles que mejoren la calidad de vida de las comunidades y reactiven la economía de los territorios”, enfatizó el funcionario de la cartera de Justicia. La apuesta del Ministerio de Justicia y del Derecho por la sustitución de economías ilegales se traduce en proyectos agroindustriales, pecuarios y pesqueros, promoviendo alternativas de ingresos estables y sostenibles para las comunidades chocoanas. Entre las iniciativas más destacadas se encuentran: Producción avícola en Medio San Juan: 62 familias recibieron gallinas ponedoras, insumos y capacitación para fortalecer su autosuficiencia económica con un apoyo de $784 millones. Pesca artesanal en Acandí: se fortalecieron asociaciones de pescadores en Acandí y Capurganá, con equipamiento y capacitación para mejorar su productividad, con una inversión de $791 millones. Producción porcina sostenible en Condoto: un innovador modelo de cría de cerdos de pastoreo se busca garantizar la sostenibilidad de 75 beneficiarios en tres comunidades del municipio, con un respaldo financiero de $751 millones. Cultivo y transformación del plátano en Baudó: se invirtieron $710 millones en el desarrollo agroindustrial del plátano hartón, generando valor agregado y acceso a nuevos mercados. Fortalecimiento de la panela en Nóvita: con una inversión de $618 millones, se modernizaron trapiches y se capacitaron a los productores locales para hacer más eficiente su comercialización. Además de las iniciativas productivas, la Dirección de Política lidera estrategias de prevención y reducción de riesgos asociados al consumo y tráfico de drogas en las zonas urbanas. Entre los programas implementados se destacan: Centros de escucha en Quibdó y San José del Palmar: a través de la Fundación para el Desarrollo Social y Sostenible del Pacífico (FUDESOP), se invirtieron $407 millones en la creación de espacios comunitarios de atención y prevención del consumo de sustancias psicoactivas. Prevención del reclutamiento de jóvenes en Condoto: el proyecto FORHAVIDA, con un presupuesto de $181 millones, fortaleció las habilidades de vida de niños y adolescentes en riesgo de ser vinculados a redes multicrimen. Esta intervención se enmarca en la territorialización de la Política Nacional de Drogas materializando cuatro de sus ejes a través del Banco de Proyectos: tránsito a economías lícitas en zonas rurales y de manejo especial; cuidado ambiental de territorios afectados por la economía de las drogas ilícitas; atención a población en condición de vulnerabilidad frente a mercados urbanos de drogas y reducción de riesgos y daños.