El Gobierno nacional rechaza la situación de violencia intrafamiliar de la que fue víctima una adolescente de 17 años en una comunidad del pueblo indígena emberá, en el municipio de Pueblo Rico, departamento de Risaralda. Asimismo, articula acciones con organizaciones indígenas y entidades del orden nacional para garantizar la protección y salvaguardia de la vida, la integridad y los derechos de las mujeres en todos sus entornos. Las autoridades tuvieron conocimiento tuvo conocimiento de un degradante caso de maltrato infantil en el resguardo gitó dokabú, donde, al parecer, unas adolescentes fueron atadas y suspendidas de sus manos con el objeto de propinarles, por parte de unos adultos pertenecientes a la comunidad, azotes. La conducta es reprochable, trasciende el enfoque diferencial étnico y se debe evitar en cualquier ámbito. El Gobierno nacional reitera su profundo respeto por la diversidad cultural y los sistemas de justicia propios de los pueblos indígenas, y reconoce su autonomía y libre autodeterminación. Sin embargo, hace un llamado a seguir fortaleciendo la coordinación interjurisdiccional para garantizar la verdad, justicia, reparación y no repetición para las víctimas. Proyecto de ley La erradicación de las violencias basadas en género y las prácticas culturales nocivas son una prioridad en la medida en que son flagelos que afectan a todas las culturas y que requieren de la acción conjunta tanto del Sistema Judicial Nacional como de las autoridades indígenas, en el marco de la implementación de su Jurisdicción Especial Indígena. El Ministerio de Justicia radicó el proyecto de ley de Coordinación Interjurisdiccional (PL 287 de 2024S), que busca reglamentar el artículo 246 de la Constitución Política, estableciendo formas y mecanismos de coordinación entre el Sistema Judicial Nacional y la Jurisdicción Especial Indígena, siempre bajo las premisas del respeto al pluralismo jurídico, la libre autodeterminación de los pueblos y la colaboración armónica. La iniciativa incorpora jurisprudencia de las altas cortes para determinar el fuero indígena y –al promover el apoyo técnico y jurídico entre los sistemas de justicia– busca eliminar las barreras de acceso a la justicia de mujeres y niños indígenas. Esto incluye la garantía de mediación lingüística, la formación a autoridades indígenas y judiciales y el fortalecimiento de espacios de coordinación existentes y de escuelas de derecho propio, así como la promoción de la transformación de prácticas que vulneran los derechos fundamentales de las mujeres. Actuación de Mininterior El Ministerio del Interior realizó el seguimiento a la atención y el restablecimiento de derechos de la menor de edad, por parte de las entidades competentes, e instó a las autoridades territoriales para que, conforme a las normas de gobierno propio de los pueblos indígenas y en concordancia con los derechos fundamentales, se investigue y sancione a los responsables de este hecho de violencia. Mediante la intervención de la Dirección de Asuntos Indígenas, Rom y Minorías, el Ministerio del Interior desarrolló reuniones con las representantes de la Comisión Nacional de Mujeres Indígenas (CNMI), para avanzar en acciones, como los procesos de formación en derechos de la mujer, el acompañamiento en la activación de la ruta de acción para casos de violencias basadas en género y la construcción de la política pública de la mujer indígena; entre otras establecidas en el Auto 092 de 2010, emitido por la Corte Constitucional, para la protección y atención de las mujeres en situación de desplazamiento forzado.
