El país sin pasaportes: improvisación y vacíos en la transición a un nuevo operador estatal
Colombia enfrenta una situación crítica: a menos de dos meses de que expire el contrato actual de expedición de pasaportes, el país no cuenta con un operador preparado para continuar con este servicio esencial. La falta de planeación, las decisiones apresuradas y la ausencia de documentos oficiales agravan un escenario que podría dejar a miles de ciudadanos sin su pasaporte desde el próximo 1 de septiembre. Una transición sin ruta clara La Procuraduría General de la Nación, tras realizar una inspección preventiva a la Cancillería y a la Imprenta Nacional, concluyó que la implementación del nuevo operador estatal tomará al menos siete meses. Este lapso no ha sido arbitrario: lo establece la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), entidad que desde 2022 alertó sobre los tiempos mínimos requeridos para cumplir con estándares técnicos y de seguridad en la fabricación de pasaportes. Sin embargo, según explicó el procurador delegado para la Función Pública, Marcio Melgosa, ni siquiera existe hoy un contrato firmado que formalice la transición. En otras palabras: el Estado colombiano no tiene aún un acuerdo interinstitucional que garantice la continuidad del servicio a partir de septiembre. “Hoy no tienen la preparación para eso”, afirmó Melgosa al referirse a la Imprenta Nacional. “Hasta donde estamos enterados, no ha sido suscrito” el convenio con la Cancillería, agregó. Una decisión estratégica sin respaldo público Uno de los elementos más inquietantes es la aparición del Gobierno de Portugal como actor en esta transición. Aunque se ha mencionado que la Casa de la Moneda de ese país apoyaría técnicamente a la Imprenta Nacional, no existe hasta el momento documentación oficial que sustente la decisión, ni claridad sobre cómo ni por qué fue seleccionada esta alianza. Melgosa fue enfático: “Eso lo tiene que explicar la Cancillería”, dijo, al referirse a los criterios que llevaron a incluir a Portugal en este proceso. Esto ha encendido alertas sobre el cumplimiento de los principios de transparencia y responsabilidad en la contratación pública. Según Melgosa, desde enero de 2024 existían condiciones para adelantar una nueva licitación, pero esta fue cancelada sin mayor justificación. “Hay unas presuntas improvisaciones, una indebida planeación que no data de hoy, sino desde hace varios años”, subrayó. Más que un documento: un derecho fundamental en riesgo El pasaporte es mucho más que un requisito para salir del país. Para miles de colombianos es la puerta a oportunidades de trabajo, estudio, salud o reunificación familiar. Retrasar su expedición puede tener consecuencias personales, sociales y económicas profundas. La Procuraduría advierte que una interrupción del servicio vulneraría derechos ciudadanos y pondría en entredicho la capacidad institucional para responder a una función básica del Estado. “Lo más importante es garantizar la prestación del servicio para los colombianos”, subrayó Melgosa. El trasfondo: una cadena de improvisaciones Lo ocurrido en el proceso de contratación revela fallas acumuladas. Desde la licitación declarada desierta en 2023, pasando por decisiones unilaterales, hasta la intervención tardía de un operador estatal no preparado, el Estado ha actuado sin una hoja de ruta clara. Además, el informe disciplinario de la Procuraduría sugiere que podría haberse evadido lo establecido por el Estatuto General de Contratación Pública, lo que podría derivar en investigaciones y sanciones. El llamado: institucionalidad y garantías En medio de la incertidumbre, la Procuraduría anunció que hará seguimiento permanente al proceso para garantizar que el servicio no se suspenda y que los derechos de los ciudadanos estén protegidos. Colombia necesita respuestas claras. Es deber del Gobierno explicar con transparencia los acuerdos internacionales, acelerar la firma de los contratos necesarios, y asumir con responsabilidad técnica una transición que no puede poner en pausa los derechos de millones de personas. Este no es solo un tema técnico o contractual. La forma como el Estado resuelve (o agrava) esta crisis será un reflejo de su compromiso con la legalidad, la planeación pública y la garantía de derechos. En tiempos de transformación institucional, la improvisación no puede ser el camino. Tomado de: Blu Radio
