julio 20, 2024
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Tener a Margarita Cabello al frente de la Procuraduría es como tener a un ratón cuidando el queso I Columna de opinión de Esmeralda Hernández

  Esmeralda Hernández Senadora de la República Pacto Histórico   Cuando tuvimos el gran honor de asumir la responsabilidad de liderar esta curul en el Senado de la República, le prometimos a la ciudadanía que no sólo haríamos un trabajo propositivo a partir de proyectos de ley que ayudaran al país, sino que además seríamos inclementes contra la corrupción. Así lo estamos cumpliendo: aparte de haber aprobado iniciativas que defienden los derechos de las y los colombianos, y tener en trámite legislativo otras propuestas más que salvaguardan a los animales y el patrimonio ambiental del país, hemos avanzado con una acuciosa labor de veeduría, seguimiento y control político.  Precisamente en el marco de esta tarea, adelantamos durante meses una investigación a la Procuraduría General de la Nación, en cabeza hoy de Margarita Cabello. Los resultados son graves: irregularidades en la contratación de la entidad, nombramiento de personas cercanas a clanes políticos cuestionados y resultados negativos alarmantes del organismo de control que terminan en altísimos niveles de impunidad.  Uno de los hechos más controversiales del periodo de Margarita Cabello corre por cuenta de la creación, en plena pandemia y precampaña electoral, de más de 1.200 puestos, en contravía de un mensaje de austeridad propio del servicio público y de la crisis que vivía el país. El alto número de funcionarios en provisionalidad no ha podido proveerse en carrera administrativa previo concurso de méritos porque, según la entidad, se adolecen 15 de recursos para adelantar el concurso de méritos al cual está obligada.  Al no adelantar dicho procedimiento meritocrático se agudizaron dos fenómenos: la alta onerosidad en algunas Órdenes de Prestación de Servicio (OPS) y el elevado número de funcionarios en provisionalidad. Por ejemplo, en solo diez contratos de prestación de servicios profesionales del año 2023 la Procuraduría gastó 1.638 millones de pesos. Si se amplía a 14 contratos de OPS, la cifra supera los 2 mil millones de pesos. Si la entidad argumenta no tener dinero para el concurso de méritos y suplir los diversos cargos, ¿por qué sí lo tiene para derrochar en contratos de personas amigas y cercanas a la procuradora? La lista de casos que reflejan este favorecimiento a conveniencia es larga. Pero para poner tres ejemplos reveladores: entre los contratistas consentidos está Carvajalino García, que recibió en 2023 un contrato por 241 millones. Se trata de una firma familiar de la cuerda de una abogada que salvó a Margarita Cabello de dos demandas ante el Consejo de Estado. Ahí queda claro el pago de favores.  De la entrega a dedo de OPS con altos honorarios también se beneficiaron el ex procurador Edgardo Maya Villazón; la amiga de años de Cabello: Clara Cecilia Dueñas y el ex procurador Alejandro Ordóñez, con un contrato que recibió su yerno, Daniel Palis. Como si esto fuera poco, la procuradora tuvo 335 nombramientos a dedo y acumuló una planta que supera los 4.100 funcionarios. Pese a este evidente crecimiento burocrático, el organismo de control muestra cifras en rojo y alarmantes indicadores, algunos de ellos acentuados en el periodo de Margarita Cabello. Es decir, la Procuraduría obtuvo más puestos, pero para favorecer a aliados políticos, y no para dar propiamente resultados al país. A julio de 2023 Cabello había permitido caducar y prescribir más de 2.576 procesos. Además, ella y sus antecesores, tuvieron 540 condenas por procesos mal hechos de la entidad, lo que le ha costado al país 78.748 millones de pesos. Hay el riesgo de que el panorama empeore pues hay 600 demandas contra la Procuraduría por 126 mil millones de pesos.  Paralela a esta alarmante situación, hay otros episodios escandalosos como el nombramiento a dedo de personas cercanas a clanes políticos salpicados por corrupción como el de Oneida Pinto y del fallecido senador Mario Castaño. De igual forma, existen otros casos llamativos como el contrato directo que le entregó la procuradora Cabello a la Empresa de Recursos Tecnológicos S.A, ERT, para manejar temas informáticos del ente de control. Se inició pagando 5.700 millones por esos servicios, y con la ERT se subió a 17.499 millones y posteriormente a más de 26.000 millones con una adición que les otorgaron.  Es decir, cinco veces más recursos con una particularidad horrorosa: saltaron de una contratación pública con pluralidad, oferentes diversos y competencia, a una a dedo, pasándose por la faja la Ley 80. En total, en los tres años Margarita Cabello ha contratado a la misma empresa por fondos que superan los 48 mil millones de pesos. Como si fuera poco, la Procuraduría de Cabello ha pasado de agache con casos emblemáticos de corrupción: Reficar, Odebrecht, Ñeñepolítica, entre otros. Los invito a ampliar cada uno de estos y otros hallazgos en nuestra página web: https://esmeraldahernandez. com/. Allí podrán encontrar la totalidad de la investigación.  Justamente, estas evidencian ejemplifican que, mientras la procuradora Cabello se dedica a hacer política contra el gobierno del presidente Gustavo Petro, el ente se cae a pedazos, convirtiéndose hoy en una institución que está yendo en contravía de los intereses del país de preservar la moralidad pública, el cuidado de los recursos, el respeto por la Constitución, la democracia y la ciudadanía.  De allí, que radicaremos una denuncia con todas las pruebas y evidencias ante la Corte Suprema de Justicia que, en el caso específico de la Procuraduría, cumple la labor de juzgamiento penal y disciplinario. Del mismo modo, anuncio que citaré un debate de control político de cara al país. Si bien ningún congresista puede citar a la cabeza de un ente de control, por disposición normativa, sí se puede adelantar la invitación a la procuradora, al tiempo en que llamaremos a entidades como el Departamento Administrativo de la Función Pública, para que se explique qué medidas se allegarán a las instituciones que insistan en evadir los concursos de méritos, con tal de entregar la contratación y los recursos a dedo, como sucede en la Procuraduría.  Es hora de que la procuradora responda al país ante estos inquietantes hechos y qué mejor escenario que el epicentro natural

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Gobierno anunció resolución para financiar equipos básicos de salud

En las últimas horas, el Ministerio de Salud publicó un borrador de resolución en la que se definen las condiciones y responsabilidades para la conformación, operación, recursos, monitoreo y seguimiento de los Equipos Básicos de Salud.  Según el documento, “estos equipos deberán garantizar el acceso a los servicios de salud conforme al principio de universalidad de acuerdo con lo definido en el artículo 49 de la Constitución Política de Colombia atendiendo a toda la población independientemente del régimen de seguridad social en salud o la Empresa Promotora de Salud a la que se encuentren afiliados”. El documento, también establece una definición de los Equipos Básicos de Salud, uno de los puntos importantes del proyecto de la reforma a la salud, como una estructura operativa de los prestadores para ejecutar acciones de cuidado integral de la salud bajo un enfoque de Atención Primaria en Salud (APS). Estos equipos serán financiados con un 5% de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) de los regímenes contributivo y subsidiado para este año 2024. Por ahora, estos equipos, como lo describe el borrador son una “estructura funcional y operativa de los prestadores de servicios de salud, con capacidad de ejecutar acciones de forma permanente y sistemática para el cuidado integral de la salud de las personas y familias por curso de vida en los diferentes entornos, bajo enfoque diferencial, intercultural, poblacional y territorial, en el marco de la estrategia de Atención Primaria en Salud”.

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Colombia en la 10° Conferencia de la UNCAC en Atlanta

Colombia participa en la Décima Conferencia de Estados Parte (CoSP) de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (UNCAC), que se celebra en Atlanta hasta el 15 de diciembre. Con la intervención de doce entidades del estado que participaron de forma presencial y virtual, la delegación colombiana ha reafirmado su compromiso inquebrantable en la lucha contra la corrupción, abordando este desafío de manera integral en todos los niveles del Estado. En el debate general, Colombia invitó a abordar la lucha contra la corrupción desde un enfoque centrado en las víctimas, reconociendo que los actos corruptos representan un obstáculo para el goce efectivo de los derechos ciudadanos. Se subrayó la importancia de empoderar a las víctimas para lograr la justicia y se enfatizó la necesidad de que los denunciantes de corrupción lo hagan sin temor a represalias. La intervención concluyó con un llamado a la corresponsabilidad global en la lucha contra este flagelo.  Colombia reafirma su compromiso inquebrantable en la lucha contra la corrupción, trabajando para fortalecer la integridad y la transparencia en todas las esferas de la sociedad.   Tomado de Cancillería 

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SuperTransporte impone medida administrativa de cumplimiento inmediato a Avianca para garantizar los derechos de los usuarios

La Superintendencia de Transporte impone esta medida debido a que fue posible evidenciar que no hay información clara, veraz, oportuna y verificable por parte de Avianca a los usuarios, sobre las demoras y/o cancelaciones en los vuelos en el Aeropuerto El Dorado de Bogotá y los aeropuertos en donde la aerolínea tiene operación. Mediante Resolución 10893 del 1 de diciembre de 2023, la Superintendencia de Transporte en aras de proteger los derechos de los usuarios y frente a las demoras y/o cancelaciones en los vuelos en el Aeropuerto El Dorado de Bogotá y demás aeropuertos emite una orden administrativa a la aerolínea Avianca en donde le impone una serie de obligaciones: Implementar en el término de 24 horas un plan de atención inmediata al usuario dentro de las instalaciones del Aeropuerto El Dorado y los demás aeropuertos en que tengan operaciones, con el propósito de solucionar la contingencia por la demora y/o cancelación de los vuelos, y garantizar los derechos de los usuarios. Suministrar de forma inmediata a los usuarios información completa, clara, contundente, veraz, transparente, oportuna, verificable, comprensible, precisa e idónea sobre el estado de sus vuelos, las condiciones y restricciones de las compensaciones que sean otorgadas, cuando haya lugar a esto, brindar soluciones inmediatas dentro del aeropuerto y no dirigiéndolos a un call center donde los usuarios no son atendidos oportunamente. Disponer de canales de atención al usuario que sean eficaces y efectivos para lograr la reprogramación de los vuelos afectados. Garantizar el servicio de transporte público de todos los pasajeros, en el sentido de realizar las gestiones que sean necesarias para que puedan ser transportados por Avianca S.A. o mediante endosos con otras aerolíneas, a la mayor brevedad posible. La SuperTransporte considera que se deben ofrecer y garantizar soluciones reales y efectivas para los usuarios que se encuentran en el Aeropuerto El Dorado y en los demás aeropuertos del país en los que Avianca desarrolla sus operaciones, por lo que se decreta la medida administrativa de manera inmediata. Por último, cabe resaltar que la medida administrativa en mención se decreta sin perjuicio de las demás medidas de carácter administrativo y/o sancionatorio que puedan imponer o adelantar otras entidades, principalmente la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil, como autoridad competente de la operación aérea. Tomado de: MinTransporte

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Escuelas del Valle le apuestan a la construcción de paz en los entornos educativos

Con actividades que aporten a la construcción de paz en los entornos escolares y capacitaciones que incluyen a la comunidad educativa en general, el Valle del Cauca avanza en la capacitación para que niños, niñas, jóvenes y adultos cuenten con las herramientas necesarias para hacer valer sus derechos. “En esta ocasión estamos reunidos en Buga para desarrollar el séptimo Foro Departamental de Derechos Humanos por la Construcción de Paz en la Escuela como  un elemento fundamental que nos convoca a construir ciudadanía y a construir democracia desde la escuela a través de los programas de resolución pacífica de conflictos, de mediadores escolares y a formar los maestros para que podamos atender las múltiples situaciones de violencia y agresiones en el entorno escolar”, dijo Ana Milena Ortiz, subsecretaria de Calidad Educativa del Valle. El espacio contó con la ponencia de asesores del viceministerio de Educación, así como expertos de Educapaz y rectores de instituciones educativas, donde temas como la educación de calidad para la libertad y la dignidad, la construcción de paz desde la vida escolar, y educar desde una paz cotidiana y para una paz grande, fueron los ejes centrales.   “Definitivamente la nueva educación nos llama a un reto que es la construcción de la paz, defender los derechos humanos, el enfoque de género que es fundamental, y empezar a romper todos esos estereotipos que desde las regiones tienen y creen que el enfoque de género es algo secundario y no, lo necesitamos porque es prioridad en todas las escuelas”, indicó Joel Rodríguez, docente de la Institución Educativa Jorge Eliecer Gaitán en Sevilla. Por su parte, Mecías Mestizo, docente de la Institución Educativa IDEBIC, indicó que, a través de “estas escuelas, se podrá de alguna manera dejar la semilla y seguir fortaleciendo esos escenarios donde se reconozca al otro, donde se dé la participación y se vaya cambiando esa política de discriminación”.   Este es el séptimo Foro Departamental por los Derechos Humanos y Construcción de Paz en la Escuela que se adelanta en la región. Tomado de: Gobernación del Valle del Cauca 

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Con inicio de obras de infraestructura educativa en Cesar, Nariño y Vichada, MinEducación cumple con acuerdos de la Cumbre Agraria

Con una inversión de $34.000 millones, el Ministerio de Educación financiará 19 obras de infraestructura educativa que beneficiarán a estudiantes de comunidades étnicas de estos tres departamentos. Los mamos y autoridades del pueblo Kankuamo recibieron la visita de la ministra de Educación, Aurora Vergara Figueroa, que llegó a la comunidad de Chemesquemena, ubicada a dos horas de Valledupar, para dar inicio simbólico a 19 obras de infraestructura educativa para los pueblos étnicos de Cesar, Nariño y Vichada. Estos proyectos, que son fruto de los compromisos logrados por los líderes de la Cumbre Nacional Agraria del año 2014, tendrán una inversión de $34.000 millones por parte del Ministerio de Educación y serán ejecutados a través de Findeter en los municipios de Valledupar (Cesar), con 13 proyectos; Cumaribo (Vichada), donde se adelantarán dos obras; y El Charco y Tumaco (Nariño), con un proyecto cada uno, beneficiando en su conjunto a 3.845 estudiantes. La entrega de estas obras está prevista para el año 2024. “”Estamos cumpliendo los acuerdos de la Cumbre Nacional Agraria, Campesina, Étnica y Popular. Reconocemos el camino andado por los pueblos étnicos y organizaciones como ONIC y PCN, y hoy respondemos desde el Estado con estas obras de construcción, mejoramientos y dotaciones a años de lucha de los pueblos kankuamo (Cesar), sikuani (Vichada) y a las comunidades negras y campesinas de los municipios de Tumaco y El Charco (Nariño)”, afirmó la ministra Aurora Vergara. Por su parte, Jaime Luis Arias Ramírez, gobernador del pueblo Kankuamo, agradeció al Gobierno Nacional por reivindicar los derechos fundamentales de los pueblos y reconocer su conocimiento ancestral como una vía para convertir a Colombia en una potencia mundial de la vida. “La educación debe partir del principio de respeto por la vida y el reconocimiento de la madre naturaleza”, dijo. Al evento también asistieron representantes de las autoridades administrativas de las tres regiones beneficiadas, quienes destacaron la importancia que representan estas obras para el mejoramiento de las condiciones de acceso y permanencia de los niños, niñas y jóvenes que contarán con espacios adaptados a las necesidades geográficas y culturales. “Tener el apalancamiento del Gobierno Nacional para construir estas obras de infraestructura educativa en Valledupar ratifica que estamos cumpliéndole a las comunidades ancestrales afectadas por la violencia y que han pedido esta inversión por muchos años”, señaló el alcalde de Valledupar, José Castro González. Así mismo, el secretario de Educación de Nariño, Jairo Hernán Cadena, aseguró que “es placentero ver que el sueño de cientos de niños se hace realidad. Esta es una obra de gran envergadura que llega a lugares muy apartados”. Por su parte, Luis Solano, delegado de la secretaría de Educación del Vichada, destacó que “es una inversión necesaria que beneficia a nuestros estudiantes de la comunidad sikuani”. Para dar inicio formal a estos 19 proyectos de mejoramiento de infraestructura educativa, se realizó un acto simbólico de siembra de árboles que representan la conexión con la tierra y el saber. En el marco de este evento se honró la memoria del líder del pueblo Kankuamo Luis Fernando Arias, quien impulsó este proceso. Tomado de Ministerio de Educación

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La ministra del Trabajo Gloria Inés Ramírez, aseguró que ya se adelantan los últimos ajustes con el acompañamiento de las centrales sindicales y gremios de la producción para la presentación del proyecto de ley de Reforma Laboral ante el Congreso de la República, el próximo 16 de marzo. Según la titular de la cartera laboral el centro de la iniciativa será la estabilidad laboral y por esa misma línea los contratos a termino indefinido.

“Recorte de derechos no es la vía para generar empleo” Ministra del Trabajo, Gloria Inés Ramírez

La ministra del Trabajo Gloria Inés Ramírez, aseguró que ya se adelantan los últimos ajustes con el acompañamiento de las centrales sindicales y gremios de la producción para la presentación del proyecto de ley de Reforma Laboral ante el Congreso de la República, el próximo 16 de marzo. Según la titular de la cartera laboral el centro de la iniciativa será la estabilidad laboral y por esa misma línea los contratos a termino indefinido. “También queremos empresas sostenibles, potentes y productivas, pero sin precarización laboral, por eso en la construcción del proyecto de reforma laboral llevamos al centro al ser humano, al trabajador y trabajadora para que sus derechos sean respetados y sus horas de trabajo, valoradas y remuneradas de manera justa”, aseguró la Ministra. Gloria Inés Ramírez, enfatizó en la importancia de recuperar los derechos de las y los trabajadores que fueron perdidos con la entrada en vigor de la ley 789 del 2002. “Los recargos nocturnos y las horas extras queremos que se les devuelvan a los y las trabajadoras, recordemos que la meta de esa ley era generar cerca de 600 mil empleos en un año sacrificando los derechos laborales y solo se lograron 240 mil puestos de trabajo, es decir que el objetivo no se cumplió, pero durante más de 21 años si ha existido un recorte de derechos”, puntualizó, la titular de la cartera laboral. En los próximos días las reformas pensional y laboral, serán concertadas en la comisión permanente de políticas laborales y salariales integradas por las centrales sindicales, empresarios y gobierno nacional. La ministra del Trabajo expuso los avances del proyecto de ley durante el foro: “logros y retos de las trabajadoras en Colombia”, organizado por la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), Confederación de Trabajadores de Colombia (CTC) y la Confederación General del Trabajo (CGT). Tomado de MinTrabajo

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Ante la Secretaría General del Senado de la República, el representante Juan Pablo Salazar, junto a la Ministra de Agricultura, Cecilia López y otros parlamentarios, radican el Proyecto de Acto Legislativo para que se reconozca al campesino como sujeto de derechos en la Constitución Política del país.

El reconocimiento de nuestros campesinos como sujetos de derechos será una realidad

Ante la Secretaría General del Senado de la República, el representante Juan Pablo Salazar, junto a la Ministra de Agricultura, Cecilia López y otros parlamentarios, radican el Proyecto de Acto Legislativo para que se reconozca al campesino como sujeto de derechos en la Constitución Política del país. De acuerdo con el representante Juan Pablo Salazar “Este acto legislativo es resultado de luchas campesinas de décadas, que por todo el país se han movilizado por ser reconocidos y poder contar con garantías para la vida campesina, su reproducción y su protección. Con este acto legislativo, y la ley que lo reglamentará, avanzaremos en el reconocimiento de nuestros campesinos, en sus dimensiones culturales, de organización propia, productivas y territoriales.”. Este Acto Legislativo es de mucha importancia para los campesinos colombianos, ya que busca resolver una omisión de la Constitución de 1991 en el que el sujeto campesino quedó desconocido y por fuera del andamiaje institucional que buscó proteger la diversidad y la interculturalidad que ha construido la historia del país. Además, esta iniciativa se alinea con la propuesta del gobierno nacional de construir una Colombia Potencia Mundial de la vida porque el campesinado colombiano y la agricultura familiar que sostiene son fundamentales para la producción de alimentos, para la creación, conservación y protección de bienes comunes. Según el congresista, el país conoce esta propuesta de reconocimiento al sujeto campesino para que se pueda avanzar como nación en la formulación de una política pública del campesinado, la visibilización de sus necesidades y objetivos en el Plan Nacional de Desarrollo, y en general, del desarrollo de las metas de democratización, protección ambiental y economías productivas de este gobierno.    

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¿Tributar para qué?

La demanda que presentó el Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad, Dejusticia, contra el Estatuto tributario, Decreto 624 de 1989 y sus modificaciones, pone en la palestra pública el debate sobre qué tipo de tributación debe tener el país. Esta columna expone varias consideraciones sobre el tema, por las que creo se debe apoyar la demanda, algunas de las cuales coinciden con los argumentos que esta presenta. Para comenzar es necesario señalar que en materia fiscal la Constitución dicta, en el artículo 363, que el sistema tributario se fundamenta en los principios de equidad, eficiencia y progresividad. Con respecto a la equidad, el sistema tributario colombiano no la cumple. Las exenciones y beneficios cercanos a los 78 billones de pesos generan inequidades horizontales, lo que rompe con tal principio. Empero, es menester analizar las exenciones más que borrarlas todas, pues, por ejemplo, muchas corresponden al IVA y eliminarlas golpearía fuertemente el consumo de los sectores populares y medios –la mayor parte del país– que destinan la totalidad o una parte considerable de sus ingresos a los productos exentos o excluidos, atacando el principio de progresividad. El sistema tampoco es eficiente. Es costoso de administrar y es complejo por los distintos regímenes y beneficios, lo que favorece la evasión y la elusión, que generan inequidad y afectan la progresividad. Luchar contra estas también cuesta, por lo que se requieren más ingresos y una política penal que castigue con severidad a los evasores. Además, se debe tener en cuenta que si bien se pueden considerar “altas” las tasas tributarias nominales, el recaudo efectivo es irrisorio. Incluso, la tributación efectiva, en términos porcentuales, disminuye a medida que aumentan los ingresos y la riqueza, en especial en la parte más alta del decil más rico. Uno de los objetivos que debe tener la política fiscal es la redistribución. De ahí se deriva el principio de progresividad. Bello anhelo el de la Constitución que en un acápite del artículo 13 reza “El Estado promoverá que la igualdad sea real y efectiva”. Más allá de que la igualdad plena sea justa, –postura de la que discreparíamos muchos–, pocos aceptan como justa la distribución del ingreso y de la riqueza que hay en el país. La redistribución no se da, una variación mínima en el coeficiente de Gini tras la política fiscal es muestra de eso. Aunque no lo indique la demanda, en el fondo sigue latente la discusión sobre el papel del Estado, la función de su andamiaje y las formas en que se distribuye el producto del trabajo social. La lente liberal, y sobre todo sus implicaciones en la forma en que se aprehende la realidad, mantiene la discusión en términos de individuos libres e iguales –una robinsonada dirían por ahí–, que pierden recursos y bienestar en el costoso mantenimiento de un aparato opresor que vulnera el desarrollo individual y castiga el éxito. Tal postura desconoce la materialidad de las relaciones sociales, la forma en que se produce por el conjunto de la sociedad y como se concentra de forma particular. Hay un desperdicio de los recursos del país –una ojeada al desempleo da una idea–. Si se tienen en cuenta que el consumo jalonó el crecimiento económico el año pasado y la propensión marginal decreciente al consumo, una mayor progresividad debería impactar el crecimiento. Habrá que analizar la capacidad productiva del país para conocer el incremento de la producción al poner en marcha esos recursos ociosos y su efecto en la inflación; no obstante, eso requiere un estudio completo que excede el objeto de esta columna. Esperemos que la Corte, en ejercicio del control abstracto, acepte los argumentos empíricos y que un sordo formalismo no afecte a la realidad; pues, se constata que en los hechos se viola el artículo 363 superior.

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Proyecto de prisión perpetua para violadores y asesinos de niños, niñas y adolescentes fue aprobado por la Cámara de Representantes en sexto debate

Con 135 votos a favor y 22 votos en contra, la plenaria de la Cámara de Representantes aprobó, en sexto debate, el proyecto de acto legislativo que propone la cadena perpetua para violadores y asesinos de niños, niñas y adolescentes. La iniciativa, a la que solo le restan dos debates en la Comisión Primera y la plenaria del Senado, contó con el respaldo de la mayoría de las bancadas en la Cámara de Representantes, la cual, en una sesión virtual, le dio vía libre a la enmienda constitucional. Luego de su aprobación, la Ministra del Interior, Alicia Arango Olmos, destacó la decisión de la Cámara de Representantes y, a través de su cuenta de twitter, aseguró: “Gracias por dar un paso más hacia la protección integral de la niñez”. Durante la plenaria, un sector minoritario del Congreso radicó una ponencia negativa, que pedía el archivo de la iniciativa. No obstante, luego de un amplio debate, los congresistas negaron esta posibilidad con 130 votos en contra de este informe. Por tratarse de una reforma a la Constitución Política, este proyecto debe ser tramitado y aprobado en 8 debates de Senado y Cámara, en dos vueltas. Con el visto bueno, la iniciativa quedó solo a dos debates de convertirse en enmienda y deberá ser aprobada antes del 20 de junio próximo, cuando finaliza el periodo ordinario de sesiones. De no tener trámite, será archivado. El proyecto, que pretende la cadena perpetua para castigar estas conductas en contra de los niños, niñas y adolescentes, ha sido presentado en 13 oportunidades al Congreso, sin que hasta el momento haya tenido su aprobación. El Presidente Iván Duque Márquez ha manifestado su respaldo a esta iniciativa. De hecho, el pasado 27 de febrero, en Cartagena, el Jefe de Estado aseguró que “nos duele cuando vemos a una madre llorando una situación de esa naturaleza; le prometí a Colombia que íbamos a enfrentar ese problema sin titubeos. Ya concluyó una primera ronda en el Congreso de la República, y espero el respaldo de los alcaldes de Colombia para que sea una realidad la cadena perpetua a violadores y asesinos de niños en nuestro país”. Tomado de Presidencia de Colombia.   

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