julio 19, 2024
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ConflictoArmado

Así avanza la Gob del Valle en la atención a víctimas del conflicto

La Gobernación del Valle y la Unidad para las Víctimas adelantan nuevas acciones de reparación y diálogo. Gracias al Acuerdo de Subsidiariedad, la administración departamental y la Unidad para las Víctimas han atendido a por lo menos 100 víctimas del conflicto armado en el último año, así lo hizo saber la secretaria de Paz Territorial y Reconciliación del Valle, Camila Mantilla.  “En este momento el departamento del Valle del Cauca ha invertido recursos, principalmente en Buenaventura y en El Dovio, relacionados con la atención con ayuda humanitaria en situación de emergencia. También en Calima – El Darién, con un caso de una comunidad que está en un proceso de retorno y reubicación y unos apoyos especiales de auxilio funerarios para familias víctimas del conflicto armado, tanto en este municipio como en Sevilla”, indicó.  De acuerdo con la Directora Territorial de la Unidad para las Víctimas en el Valle del Cauca, Rosiris Angulo Herrera, la entidad continúa trabajando junto a la Gobernación en la atención a poblaciones en situación de vulnerabilidad, a través del sistema de alertas tempranas de víctimas del conflicto de los municipios.    “Este acuerdo con la Gobernación del Valle del Cauca busca articular y fortalecer acciones de forma conjunta para brindar una ayuda humanitaria inmediata a aquellas comunidades o en aquellos territorios que así lo requieran. Es por esto, que venimos realizando articulaciones para lograr dar respuesta a los entes territoriales que hayan vivido emergencias humanitarias y que requieran este apoyo subsidiario”, destacó Rosiris. Asimismo, la Unidad para las Víctimas avanza en la entrega de indemnizaciones en Buenaventura. Los recursos destinados a este programa ascienden a los $13.625 millones. “Deseamos que estos dineros aporten al restablecimiento de muchos proyectos de vida que se vieron truncados por causa del conflicto”, expresó Rosiris,  

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Defensoría del Pueblo lanza alerta por desplazamiento masivo en Buenaventura

La Defensoría del Pueblo lanzó alerta por el incremento del desplazamiento forzado en zona rural de Buenaventura. El escalamiento del conflicto armado ha provocado el desplazamiento masivo de las comunidades de la zona rural de Buenaventura. De acuerdo con la Defensoría del Pueblo, el Estado Mayor Central de las disidencias de las Farc y otros actores criminales han obligado a más de cien familias a huir; unas 60 familias de la comunidad afro Joaquincito Libre y otras 65 familias de la comunidad Joaquincito de la parte baja de Río Naya se encuentran confinadas por la violencia.  “El accionar indiscriminado de los integrantes de la Columna Móvil Jaime Martínez, del Bloque Occidental del Estado Mayor Central de las disidencias de las Farc, obligó al desplazamiento de unas 60 familias de la comunidad afro Joaquincito Libre perteneciente al consejo comunitario de la cuenca del río Naya— hacia la zona urbana de Buenaventura, Valle del Cauca. Otras 65 familias de la comunidad Joaquincito, la cual forma parte del resguardo indígena Epedara Siapidara —de la parte baja del río Naya—, debieron confinarse para salvaguardar sus vidas”, indicó la Defensoría. Asimismo, la entidad hizo un llamado al Gobierno Nacional para que acate las recomendaciones formuladas en su Alerta Temprana 039 de diciembre del 2023 e implemente las acciones necesarias para salvaguardar a las comunidades.  “Como entidad nacional de derechos humanos, la Defensoría reitera la necesidad de que las instituciones competentes acaten las recomendaciones formuladas en su Alerta Temprana 039 de diciembre del 2023. Adicionalmente, es urgente que el Gobierno Nacional, en coordinación con las autoridades del departamento del Valle del Cauca y del Distrito Portuario de Buenaventura, ponga en marcha acciones que protejan a la población afectada”, señaló. 

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MinDefensa “suspensión del cese al fuego en el suroccidente está en el nivel de alerta más elevado”

Iván Velásquez ministro de Defensa indicó recientemente que la fuerza pública se mantiene en óptima capacidad de reacción, estas, declaraciones las entregó el alto funcionario tras su participación en el consejo Gremial Nacional que se llevó a cabo en Cali, donde además explicó que es necesario que la institucionalidad trabaje de la mano con el sector empresarial y gremial a fin de consolidar las garantías necesarias de seguridad para el país. Velásquez dijo que, pese a que se han presentado ataques por parte del Estado Mayor Central (EMC) la fuerza pública tiene la capacidad de respuesta a estos hechos. “Hay presencia de hostigamientos, disparan luego hay retirada, pueden hacer un retén de dos minutos mostrando un aparente control del territorio (…) La suspensión del cese en el suroccidente está en un nivel de alerta más elevado (…) Tenemos una capacidad de reacción, los correctivos que se deben hacer, en estas condiciones, tiene que llegar a niveles máximos de precaución de control y de prevención de la fuerza pública”, aseveró. Asimismo sostuvo que no se reanudaría el cese al fuego con el Estado Mayor Central, mientras desde la organización se continúe atentando contra de las comunidades. “Aquí hay una decisión clara del Gobierno Nacional, nosotros no vamos a reanudar el cese al fuego, hay un comportamiento consistente de esa organización en contra de las comunidades y no lo permitiremos (…) Porque se sabe que lo que pretende en EMC es sembrar este estado d pánico en la comunidad, con el propósito de que las comunidades soliciten el cese” finalizó.

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Gobierno Nacional y ELN iniciarán séptimo ciclo de diálogos en Caracas, Venezuela

El gobierno del presidente Gustavo Petro se alista para el séptimo ciclo de negociaciones con la guerrilla del ELN,  que iniciará el próximo 12 de abril en la capital venezolana.  Ambas partes han mostrado su disposición para continuar con los diálogos, a pesar del poco interés de otras organizaciones armadas como las disidencias de las Farc en sentarse a negociar.  En el último ciclo de diálogos, llevado a cabo en La Habana, Cuba, entre el 22 de enero y el 6 de febrero, se acordó una prórroga del cese al fuego por seis meses, tiempo en que el ELN se comprometió a dejar de secuestrar con fines económicos.  También se anunció la creación de un ‘fondo multidonante’, que ayudará a financiar actividades relacionadas con la paz, es decir, de reparación a las víctimas, realización de mesas de diálogo, etc.  En este fondo podrán participar países invitados, instituciones, entidades y organismos internacionales interesados en aportar a la paz.  El séptimo ciclo de diálogos será vigilado por la comunidad internacional con la esperanza de continuar los puntos ya alcanzados y lograr nuevos consensos que contribuyan al fin del conflicto armado con esta guerrilla.   

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El Pacífico colombiano entre las regiones más afectadas por la violencia, según último informe

El Pacífico colombiano ha sido una de las regiones más afectadas por el accionar de grupos armados, de acuerdo con el último informe del Sistema Nacional de Desplazamiento Forzado (SISDHES), el cual mide los índices de afectación a los derechos humanos por parte de actores delictivos desde el inicio del gobierno de Gustavo Petro.  “Los departamentos más afectados son Nariño, Chocó y Valle del Cauca, y en particular las subregiones Pacífico sur, Telembí, Sanquianga, Buenaventura y el San Juan”, se lee en el documento.  De acuerdo con el informe, las políticas de ‘Paz Total’ del presidente Gustavo Petro no han logrado generar avances para disminuir la violencia. “En este sentido, se puede plantear que los cambios en las políticas de paz y seguridad del actual gobierno no han tenido efectos visibles en torno a la crisis humanitaria de DMM”, indica. Finalmente, destaca que las comunidades indígenas, y afrodescendientes han sido las más perjudicadas en medio del conflicto armado.  “En términos poblacionales, los datos muestran que el 66,9 % de las víctimas de dmm durante el primer año del gobierno Petro-Márquez pertenecen a los pueblos étnicamente diferenciados del país lo cual denota una continuidad del impacto desproporcionado contra estos pueblos. A su vez, las poblaciones más afectadas son las negras, afrocolombianas y afrodescendientes, con al menos 35 083 víctimas, lo que indica que aproximadamente 4 de cada 10 personas desplazadas en el país de forma múltiple y masiva hacen parte de estos pueblos”, señala.   

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MinEducación rechaza la ocupación de las Instituciones Educativas por parte de actores del conflicto armado en Antioquia y en cualquier parte del territorio nacional. Ante los hechos presentados en el departamento de Antioquia, conocidos en las últimas horas, el Ministerio de Educación Nacional exige a los actores del conflicto armado respetar los entornos escolares y su neutralidad.

“Para construir paz, empecemos por lo mínimo: sacando a los niños y colegios de la guerra”, Alejandro Gaviria

MinEducación rechaza la ocupación de las Instituciones Educativas por parte de actores del conflicto armado en Antioquia y en cualquier parte del territorio nacional. Ante los hechos presentados en el departamento de Antioquia, conocidos en las últimas horas, el Ministerio de Educación Nacional exige a los actores del conflicto armado respetar los entornos escolares y su neutralidad. “Estamos comprometidos con la construcción de paz. Hemos reiterado que la educación y la paz, en últimas, son un mismo proyecto. Por eso, para construir paz empecemos por lo mínimo: saquen a los niños y colegios de la guerra”, Alejandro Gaviria. Los hechos acontecidos en los municipios de San Pedro de los Milagros, Campamento y Yarumal, Antioquia, actualmente son materia de investigación. Según testimonios, algunos grupos armados ilegales habrían incursionado en diferentes escuelas a través de acciones abiertamente violatorias del Derecho Internacional Humanitario, haciendo levantamiento de listados de estudiantes y docentes con la excusa de entregar kits escolares y adelantar “actividades lúdicas”. Situaciones que ponen en riesgo la vida, vulneran los derechos fundamentales y afectan la prestación del servicio educativo en la región. En momentos en que el Gobierno Colombiano está orientando su gestión educativa desde una visión que plantea que la paz y la educación son un solo proyecto, estas situaciones deben ser repudiadas y denunciadas por todos; el objetivo primordial de la sociedad debe ser proteger los entornos escolares y garantizar en todas las regiones del país el cierre de brechas y la vinculación al sistema escolar de todos los niños, niñas y adolescentes, materializando el derecho a la educación y edificando la paz. Es necesario recordar que el Estado Colombiano adhirió la Declaración sobre Escuelas Seguras, un instrumento político a través del cual los Estados del mundo buscan reducir significativamente el impacto de los conflictos armados sobre la educación y sus entornos. Desde el Ministerio de Educación estamos adelantando acciones, para hacer de la escuela un lugar seguro y entorno protector. Promovemos que todas las niñas, niños, docentes, directivos de las escuelas, madres, padres, miembros de la comunidad y los actores del gobierno local, participen activamente en la identificación, prevención, reducción y respuesta a los riesgos y amenazas que enfrentan los derechos de los niños y niñas en la educación. Por ello, el Ministerio de Educación reafirma su compromiso de consolidar las escuelas y colegios del país, como entornos seguros y protectores, centro de las comunidades y espacios de transformación de la sociedad. De igual manera, insta a directivos de las escuelas, madres, padres, gobiernos locales, a contribuir en la identificación, prevención, reducción y respuesta a los riesgos que ponen en peligro o amenazan los derechos de los niños y niñas a la educación. Tomado de MinEducación

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