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La Procuraduría General de la Nación ha comenzado una indagación previa para investigar la posible existencia de una presunta inhabilidad por parte del recién posesionado alcalde de Tunja, Boyacá, Mikhail Krasnov, que podría afectar su capacidad para asumir el cargo. De acuerdo con una denuncia por parte el Ministerio Público, Krasnov habría suscrito contrato para dar cátedra en la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, UPTC, sede Tunja, firmado el 6 de diciembre de 2022, menos de un año antes de que resultara electo como alcalde de la capital boyacense el 29 de octubre de 2023, lo que, de acuerdo con la ley, se constituye en causal de inhabilidad para ejercer el cargo. Además, se está llevando a cabo una investigación sobre la validez de los procedimientos realizados por el alcalde, de origen ruso, para obtener la nacionalización como ciudadano colombiano. En el marco de esta indagación, la Procuraduría ha solicitado diversas pruebas, que incluyen la copia del contrato mencionado y los estudios previos para su ejecución, la certificación del periodo de ejecución, el acta de liquidación, el certificado presupuestal que demuestre el origen de los recursos, la certificación expedida por el supervisor y las órdenes de pago, entre otros documentos. Adicionalmente, la Procuraduría ha requerido al Ministerio de Relaciones Exteriores la copia del acta de naturalización del alcalde como colombiano, así como la certificación de si ha renunciado a su ciudadanía de origen. Es importante destacar que la Procuraduría, en el ejercicio de su función disciplinaria, se encuentra comprometida en asegurar que los funcionarios públicos, incluso aquellos de elección popular, cumplan de manera íntegra con sus deberes ante la ciudadanía.​

El programa ‘Conservar Paga’ del Ministerio de Ambiente ha llegado al Pacífico colombiano con el propósito de otorgar incentivos económicos para impulsar estrategias que fortalezcan las economías locales. Este programa, con una inversión de más de 8.000 millones de pesos, beneficiará a alrededor de 2.300 familias pertenecientes a las comunidades afro del Consejo Comunitario ‘Bajo Mira y Frontera’ en el municipio de Tumaco, Nariño. La iniciativa busca apoyar a comunidades que llevan a cabo acciones de preservación o restauración del bosque en el mencionado municipio. La Ministra de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Susana Muhamad, destacó que el lanzamiento del capítulo Pacífico de la campaña ‘Conservar Paga’ es fruto de un esfuerzo conjunto entre instituciones como Cenit (compañía filial de Grupo Ecopetrol), el Ministerio de Ambiente y la comunidad, que han alcanzado un acuerdo para una inversión total durante dos años. El objetivo principal del programa en esta región es proteger, restaurar y preservar un total de 1.300 hectáreas del Distrito Nacional de Manejo Integral Bajo Mira y Frontera. Esta estrategia integral involucra a las comunidades locales y la Corporación Autónoma Regional de Nariño. En cuanto a la distribución de incentivos, se asignará el 30% para la adquisición de materia prima, asistencia técnica y respaldo económico en la producción de cacao, otro 30% para el fomento de la producción pesquera, un tercer 30% para la mejora de infraestructuras, incluyendo instituciones educativas y centros de salud, y el restante 10% se dirigirá al fortalecimiento territorial organizativo. Este último aspecto abarcará capacitaciones en etnoeducación, educación ambiental para todas las edades, conocimiento de derechos propios y legislación étnica, promoción de la equidad de género, reforzamiento de la tenencia de tierra y conservación de los recursos naturales. Foto tomado de: Presidencia 

El alcalde de Santa Marta, Carlos Pinedo Cuello, ha adoptado la misma medida implementada en Bucaramanga, Medellín y Barranquilla, la cual consistente en restringir el consumo de sustancias psicoactivas en espacios públicos por donde transiten menores de edad. A través del Decreto 147, la alcaldía ha establecido normas que prohíben la posesión, consumo, oferta, facilitación y venta de drogas, incluyendo la cantidad destinada para uso personal. Estas restricciones serán aplicadas en áreas como parques infantiles, alrededores de instituciones educativas y plazas. La firma de dicho decreto tuvo lugar durante el evento de bienvenida a los estudiantes que regresaban a clases, con la participación activa del alcalde Carlos Pinedo liderando esta iniciativa. La Policía Nacional ha recibido la autorización para llevar a cabo labores de control en lugares de gran afluencia, como las playas, permitiéndose la incautación de estupefacientes y la imposición de multas a quienes violen estas restricciones. Esta medida, centrada en los entornos escolares, tiene como objetivo no solo prevenir el consumo de drogas, sino también combatir el microtráfico que representa una amenaza para la seguridad en Santa Marta. La prohibición integral se extiende tanto al consumo como a la comercialización de drogas en espacios públicos y sus cercanías, especialmente alrededor de instituciones educativas. “En el día de hoy, hemos tomado la determinación de prohibir de manera contundente la venta y el consumo de drogas en lugares públicos y en las proximidades de los colegios. Esto es fundamental para salvaguardar a nuestros niños. Si permitimos que esta situación persista, el microtráfico en Santa Marta se incrementará. Por ello, hemos tomado medidas claras en pro de la protección de todos los ciudadanos”, expresó el alcalde Carlos Pinedo.

Ayer, el presidente Petro aprovechó la coyuntura en la Casa de Nariño tras la muerte de Piedad Córdoba para dirigir un llamado a todos los miembros del Pacto Histórico. El mandatario expresó que el objetivo principal es ganar las elecciones legislativas y presidenciales de 2026. “Ante la figura de Piedad, que desempeñó un papel significativo en la historia del progresismo colombiano y latinoamericano, es esencial realizar una autorreflexión dentro del Pacto Histórico. Les propongo: convocar a una reunión de las 1.500 personas elegidas en 2023, el Congreso progresista”, escribió el presidente en su cuenta de una red social. Acto seguido, manifestó su interés en “configurar un único partido político” y hacer una convocatoria al Frente Amplio en cada municipio, departamento y a nivel nacional, con todas las fuerzas democráticas interesadas. El objetivo final es ganar las elecciones de 2026 y consolidar de manera irreversible la transformación democrática en Colombia, así como el Acuerdo Nacional para la justicia y la Paz. Diversos miembros del Pacto Histórico han reaccionado a la propuesta del presidente Petro a través de la misma red social. La senadora María José Pizarro respondió, expresando su disposición para organizar la mencionada reunión y llevar a cabo este año el Congreso Progresista y los encuentros municipales del Frente Amplio, subrayando la urgencia de actuar en este momento. Por su parte, la senadora Sandra Ramírez, del Partido Comunes, respaldó la propuesta del presidente Petro, afirmando: “¡Firmes, presidente Petro! Colombia merece seguir el camino de la paz con justicia social y ambiental”.  

Álvaro Leyva, ministro de Relaciones Exteriores, participó en la ceremonia de apertura de la tercera cumbre del sur G77+China realizada en Kampala, Uganda. Considerado el mayor grupo de negociación intergubernamental de países en desarrollo de las Naciones Unidas.  Durante este fin de semana, el canciller colombiano se reunió con el secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres, con el objetivo de coordinar la agenda del Consejo de Seguridad de la ONU durante su visita a Colombia en el próximo mes de febrero. Los representantes de los 15 Estados miembros del Consejo de Seguridad tienen previsto visitar el país durante tres días para informarse sobre los progresos y desafíos relacionados con la implementación de la Paz Total. Durante su estancia, se llevarán a cabo encuentros de diálogo con representantes del Gobierno del Cambio, los signatarios del acuerdo de paz y diversas organizaciones sociales, con el propósito de evaluar el estado de la implementación del Acuerdo de Paz de 2016 con las FARC y los avances en los diálogos de paz con el ELN y el Estado Mayor Central de las FARC (EMC-FARC). En el marco de este evento, el vicepresidente de Cuba, Salvador Valdés, formalizó la entrega oficial de la presidencia pro témpore del G77. Valdés expresó su satisfacción al haber presidido por primera vez el Grupo y entregó la presidencia a Uganda, señalando que es un motivo de gran orgullo y honor. En sus palabras, destacó la importancia del momento histórico que están viviendo y reconoció la necesidad de continuar trabajando para el bienestar y desarrollo de los pueblos.

El ministro de Justicia, Néstor Osuna, anunció que el Gobierno presentará el primer conjunto de proyectos de la reforma a la justicia a partir del próximo mes. Entre sus prioridades se encuentra el fortalecimiento de los sistemas judiciales. Osuna hizo este anuncio durante el fin de semana a través del programa “EntreVistas con Alma de País”, transmitido por el Canal Institucional y las redes sociales de la Presidencia de la República, donde también se refirió al plan contra la extorsión desde las cárceles. “Tenemos la decisión de comenzar a presentar los proyectos ahora, cuando el Congreso se reúna a mediados de febrero. Al referirme a los proyectos, quiero destacar que serán varios, no una multitud, y he pensado que serán unos tres o cuatro: uno en materia penal, otro en materia de familia, que se irán presentando a medida que estén listos, durante todo este año”, indicó. La reforma tiene como objetivo asegurar “más justicia” ya que “el aparato de justicia de nuestro país se ha quedado pequeño frente a las necesidades actuales”. Osuna explicó que en los últimos 30 años, la demanda de justicia ha aumentado en un 400%, mientras que el aparato judicial solo ha crecido un 33%. “Es necesario contar con más jueces, mejores equipos judiciales y más funcionarios. Esto, por supuesto, implica un aumento en el presupuesto y la necesidad de ser más eficientes en su gestión. Esta es una idea central de la reforma, la implementación de procedimientos más ágiles”, agregó. En su discurso, también anunció la inclusión de incentivos por información que facilite desarticular estructuras completas de corrupción. “Si logramos desestructurar, desmontar toda la estructura, seremos más eficaces. A aquellos que colaboran, les brindamos algún beneficio, no amnistía ni nada similar, pero sí algún reconocimiento por haber contribuido a desmantelar la red”, puntualizó. Además, reveló que se han llevado a cabo 500 traslados de reclusos por diversas circunstancias, de los cuales 28 corresponden a individuos que estaban extorsionando desde la cárcel. “Sostenemos una estrategia que hemos denominado ‘dominó’. Las personas que sabemos están cometiendo actos de extorsión desde una cárcel son trasladadas con frecuencia, cada 8 o 15 días, para evitar que establezcan familiaridad con sus compañeros de celda o con los guardianes del INPEC”, explicó.