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Salud Total, entidad promotora de salud (EPS), denunció el lunes 29 de enero que durante los últimos dos días sus canales digitales han sido víctimas de un ataque cibernético, lo cual estaría afectando la disponibilidad de información clave para su funcionamiento cotidiano. La EPS informó que “la plataforma tecnológica de la entidad fue objeto de un ataque informático externo, lo que ha provocado una indisponibilidad en parte de la información relacionada con la operación”. Según la entidad, este grave incidente ha llevado a tomar medidas de urgencia para proteger los datos y restablecer los servicios afectados. Entre las medidas más urgentes se encuentra la habilitación de la línea nacional 018000 114524, disponible las 24 horas del día y los siete días de la semana en cada ciudad, para que los afiliados puedan llevar a cabo los trámites correspondientes. Además, anunciaron que sus centros de salud en el país estarán abiertos de 7 a.m. a 5 p.m. para recibir a los afiliados de forma presencial. “La EPS está garantizando la atención, entrega de medicamentos, realización de laboratorios, entre otros, a través de su red de prestación de servicios y urgencias, sin afectación en la atención al usuario”, puntualizó la entidad. También afirmaron que están tomando las acciones necesarias para que la investigación sea asumida por la Fiscalía General de la Nación. La Supersalud declaró: “Desde la Delegada para Entidades de Aseguramiento en Salud se están llevando a cabo acciones en campo para identificar los elementos de los planes de contingencia y continuidad de la EPS Salud Total que garanticen la seguridad de la información y la prestación de los servicios de salud y administrativos que se requieran, mientras se lleva a cabo el plan de recuperación y la activación de todos los servicios”. Foto tomada de: Freepik 

En la mañana de este martes, Curí, exdiputado del departamento y familiar de la gobernadora de Chocó, Nubia Carolina Córdoba, quien fue secuestrado entre la vía Tadó y el corregimiento del Tapón, fue liberado en las horas de la mañana de acuerdo con el comunicado de la Policía Nacional.  La desaparición tuvo lugar en la mañana del pasado lunes 29 de enero. De acuerdo con relatos de la comunidad local, indicaron haber observado al familiar de la gobernadora abandonar su residencia a las 7:00 a.m., momento en que fue interceptado por un grupo armado mientras se movilizaba en una motocicleta por la carretera. En la noche del mismo lunes, el gobierno nacional había solicitado de manera explícita a la delegación del ELN en Cuba, encabezada por alias ‘Pablo Beltrán’, que confirmaría si la organización estaba vinculada al secuestro del exdiputado del Chocó. Hasta ahora, no ha habido pronunciamiento por parte del grupo guerrillero al respecto. Con el fin de lograr la liberación del pariente de la gobernadora, las autoridades pusieron en marcha rápidamente un plan candado para obtener información adicional de rastreo sobre la ubicación de Curí Perea. Aunque el exdiputado fue liberado esta mañana, actualmente el grupo armado involucrado no ha proporcionado una respuesta acerca de su participación en el incidente. El Gobierno, por otro lado, aguarda la activación de los procedimientos de consulta en las áreas bajo su influencia, especialmente en la región donde opera el frente Cacique Calarcá, correspondiente a la zona donde desapareció Curí. Foto tomada de la cuenta de X Carolina Córdoba

La operación desplegada para atender las emergencias derivadas del fenómeno de El Niño, en la que se ha utilizado 30 aeronaves y 3.800 personas (entre bomberos, organismos de socorro y unidades de la Fuerza Pública) ha permitido realizar 700 descargas de agua y apagar 443 incendios forestales en distintos puntos del país, 29 de ellos en las últimas 24 horas. El Presidente Gustavo Petro mencionó desde el Puesto de Mando Unificado (PMU), que “la capacidad que tenemos en todo el país para este tipo de operación es de 20.800 personas. De ellas, 11 mil personas tienen capacidades de especialidad. Es decir, nuestro personal en todo el país está disponible en un número muchísimo mayor que lo que hasta ahora hemos utilizado en los incendios. De 20 mil personas a 3.800 que hemos utilizado”. Además, ​informó que hay 117 municipios del país en “estrés hídrico, donde se necesita un tipo de asistencia al interior del municipio, al interior del departamento o nacional para que se pueda mantener el equilibrio entre demanda y oferta de agua potable”. El mandataría recalcó que se desplegarán 1.100 carrotanques desde los puntos de oferta a los de demanda de agua potable. Esta operación avanza ya en 40 municipios y el objetivo es ampliarla a otros 162, para garantizar el recurso hídrico a las poblaciones vulnerables. De acuerdo con los pronósticos disponibles, el Presidente advirtió que se prevé que en el mes de febrero los puntos de calor aumentarán en el Litoral Pacífico y la Amazonía y se reducirán en el centro del país. Indicó que, ante este riesgo, a través de la Cancillería, se ha pedido aplicar los protocolos internacionales en Naciones Unidas y otros países, “para que estemos todos listos para atender lo que podría ser una emergencia planetaria: la selva amazónica”. El Jefe de Estado anunció que tiene previsto hablar en los próximos días con el presidente de Brasil, Lula da Silva, en donde “vamos a activar el componente amazónico, es decir de los países que tienen soberanía sobre el Amazonas, para constituir, ojalá, con la ayuda de todos, un Puesto de Mando Unificado a nivel amazónico, que hoy se considera puede ser el punto de mayor peligrosidad no solo para Colombia sino para América Latina y, sobre todo, para la humanidad”, subrayó.  Foto tomada de: Presidencia 

La disputa entre el fiscal Francisco Barbosa y el presidente Gustavo Petro continúa intensificándose. A su regreso al país desde Estados Unidos, Barbosa, en una rueda de prensa realizada en el Aeropuerto El Dorado, respondió con contundencia a los señalamientos de Petro. Este último advirtió que “el fiscal, en su desespero, oculta algo y se burla de la constitución al ejercer una sedición”. Estas afirmaciones se suman a otras aseveraciones realizadas por el mandatario. En respuesta, Barbosa calificó las declaraciones de Petro como “absurdas”. Afirmó que la Fiscalía ha actuado de acuerdo con la Constitución y la ley al cumplir con sus competencias y funciones. Desestimó las acusaciones del mandatario, calificándolas como una “amenaza” hacia él, la rama judicial y la Fiscalía. Según Barbosa, Petro estaría intentando desviar la atención de los múltiples problemas que enfrenta. En un tono crítico, el fiscal puso en entredicho la gobernabilidad de Petro, señalándolo “como alguien que ha perdido el control de la seguridad nacional y que está angustiado por la investigación en curso contra su hijo por enriquecimiento ilícito y lavado de activos”. Barbosa también acusó al presidente de intentar favorecer al narcotráfico al enviar levantamientos de órdenes de captura de extraditables sin fundamento jurídico, sugiriendo desesperación por no lograr legalizar la cadena productiva del narcotráfico. Foto tomada de: Fiscalía 

“La humanidad ha establecido mecanismos de solidaridad, y ahora nos disponemos a activarlos. En este momento, países como Estados Unidos, Chile y Perú han respondido, y Canadá, con su vasta experiencia, se sumó en el último momento”, expresó el presidente Gustavo Petro.  Ayer, Petro anunció su intención de solicitar ayuda internacional para combatir los 31 incendios activos en Colombia y los que podrían surgir en los próximos dos meses debido al fenómeno de El Niño, que provoca altas temperaturas y sequías. Hoy, formalizó la solicitud de asistencia a la ONU y a la agencia de gestión de desastres de la UE, mostrándose confiado en que la ayuda internacional llegará pronto. En Colombia, 31 incendios forestales afectan a nueve departamentos y a Bogotá. Más de 900 municipios están en alerta roja, y 62 enfrentan estrés hídrico, según el último informe presidencial. Los incendios en los cerros orientales y el cerro El Cable en Bogotá son especialmente preocupantes, afectando la calidad del aire y las operaciones aéreas. Además, se destacan los incendios en Nemocón (Cundinamarca) y el páramo de Berlín (Santander), vital para el suministro de agua al noreste de Colombia. El gobierno declaró oficialmente la situación como desastre y calamidad, permitiendo la movilización de recursos presupuestarios para combatir los incendios, garantizando el acceso a agua potable y respaldando las operaciones aéreas. Colombia está llevando a cabo la “operación helicoportada más grande de su historia” con 600 efectivos trabajando para extinguir los incendios, utilizando todas las unidades aéreas disponibles. A pesar de estos esfuerzos, las autoridades expresan preocupación por la persistencia de los incendios durante los próximos dos meses, anticipando una mayor incidencia de El Niño y la posibilidad de más deslizamientos de tierra en áreas donde se esperan lluvias en lugar de sequías. En este contexto, el gobierno insta a las autoridades locales a utilizar canales oficiales para comunicarse con el Puesto de Mando Unificado y reportar cualquier percance que requiera atención urgente. Foto tomada de: El Tiempo 

Esta semana, se desató una intensa controversia en la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) tras una reunión entre el director, Luis Carlos Reyes, y algunos funcionarios. Durante el encuentro se abordaron las concesiones de permisos de fuero sindical otorgados a los representantes de los 19 sindicatos presentes en la entidad. La incomodidad entre los empleados de la Dian y Luis Carlos Reyes surgió cuando este último expresó la necesidad de revitalizar el movimiento sindical y modificar las dinámicas de las reuniones entre los trabajadores y la Dirección. Argumentó que estas reuniones afectan gravemente la calidad del servicio ofrecido a los ciudadanos. “Sin un movimiento sindical renovado, no podremos tener un diálogo unificado”, señaló Reyes. Afirmó que, aunque sigue siendo bienvenido un representante de cada uno de los 19 sindicatos en las reuniones sindicales periódicas, la situación actual no es productiva para los trabajadores. Tras estas declaraciones, los voceros sindicales acusaron a Luis Carlos Reyes de intentar eliminar estos movimientos dentro de la entidad, solicitándole que se retractara por insinuar la necesidad de rejuvenecerlos y calificándolo de “abusivo”, exigiendo su renuncia. Durante la reunión con los sindicatos, Reyes lamentó que los representantes no pudieran ingresar a la reunión, destacando que un representante de cada uno de los 19 sindicatos sigue siendo bienvenido para el diálogo. Además, mencionó la política de permisos y comisiones sindicales adoptada en diciembre, que asigna cinco comisiones permanentes a cada uno de los 19 sindicatos, totalizando 95 empleados dedicados exclusivamente a actividades sindicales. En relación con el incidente sindical, explicó que había invitado a los representantes de los 19 sindicatos a la inauguración de la nueva Escuela Dian para abordar sus desacuerdos sobre la política de comisiones y permisos sindicales. Foto tomado de: Sergio Acero / Portafolio  

El Ministerio de Salud y Protección Social, Guillermo Alfonso Jaramillo, emitió un comunicado en respuesta a la denuncia realizada por Andrés Forero, representante del Centro Democrático acerca del vencimiento de más de un millón de dosis de vacunas pediátricas contra el COVID-19. Estas vacunas, cuya adquisición representó una inversión cercana a los 70.000 millones de pesos para el país. La cartera dirigida por Jaramillo afirmó que la entrega de 1.121.040 dosis a las entidades territoriales y a Bogotá comenzó en julio de 2023. Según se detalla en el texto, este proceso se llevó a cabo teniendo en cuenta “la capacidad de almacenamiento de cada región, con el objetivo de asegurar su administración a la población infantil en cada departamento y distrito”. A pesar de confirmar la caducidad de las dosis, el Ministerio de Salud aseguró que “en cada una de estas administraciones regionales y en el Distrito Capital de Bogotá, se presentó debido a la falta de aplicación con la debida diligencia”. Así, la entidad ministerial traslada la responsabilidad a las alcaldías y gobernaciones, incluida Bogotá. Además, indicó que algunos territorios declinaron recibir la totalidad de las vacunas previstas en el plan de distribución. En el comunicado se señala: “Algunos territorios rechazaron recibir la totalidad de las vacunas asignadas en el plan de distribución, como en el caso de la Secretaría de Salud de Bogotá, que recibió 78.750 dosis y no aceptó 33.480 dosis; de ello existe respaldo documentado”. Enrique Gómez, líder del partido Salvación Nacional, también reaccionó ante el comunicado: “Este Gobierno sorprenderá cuando asuma responsabilidad en alguna de sus actuaciones. Dejaron vencer 1.121.000 vacunas”. Andrés Forero, el congresista que expuso el caso, detalló que las vacunas permanecieron inexplicablemente en el almacén del Ministerio de Salud hasta mediados de julio, cuando se emitió la resolución para su distribución a los entes territoriales. “Perdieron 3,5 meses con el riesgo de vencimiento a la vista”, resaltó. Y añadió: “La resolución (1116 de 2023) es del 12 de julio. A partir de entonces, el Ministerio de Salud empezó a enviar las vacunas a los entes territoriales o departamentos, pero estas vencían el 16 de noviembre”. Según el congresista, “33.270 vacunas fueron enviadas a Bogotá a tan solo mes y medio de vencerse. Por mencionar otros casos, a Bucaramanga llegaron 3.080 dosis el 29 de septiembre, también mes y medio antes de vencerse, y en Antioquia la situación es similar, con 61.200 dosis”. “Como no hay plazo que no se cumpla, llegó el 16 de noviembre y ocurrió lo esperado: después de almacenar sin justificación las vacunas durante 3,5 meses en el Ministerio de Salud y sin llevar a cabo una campaña de vacunación, el 90 % de las vacunas vencieron. El informe del 22 de diciembre reveló solo 121.484 dosis aplicadas”, informó el representante por Bogotá. Foto de: Orlando Pelichotti

El presidente Gustavo Petro Urrego enfatizó que el Plan de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS) fracasó por incumplimientos en los pagos durante los últimos seis años, razón por la que es necesario construir una nueva economía que le permita al pueblo del Litoral Pacífico prosperar en paz y sin el miedo de la presencia de los grupos armados ilegales en sus territorios. El jefe de Estado expresó esta declaración durante el segundo día de la jornada de Gobierno con el Pueblo en el Colegio Liceo Nacional Max Seidel, ubicado en el municipio de Tumaco, Nariño. Durante este evento, se llevaron a cabo pagos atrasados a beneficiarios del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS). El mandatario afirmó que el PNIS experimentó un incumplimiento, señalando que los pagos dejaron de realizarse, y los fondos fueron entregados a grandes intermediarios que no cumplieron con su función. Destacó que, tras seis años, el programa resultó ser un fracaso. Además, mencionó que las familias que reciben recursos por cambiar los cultivos de coca deben destinar esos fondos, 3 millones de pesos, al pago de deudas de préstamos informales (“gota a gota”) o a la adquisición de alimentos. Enfatizó la necesidad de construir una nueva economía que incluya infraestructuras como vías, puertos, colegios, y servicios de salud, así como el acceso a conocimientos y créditos. Propuso la implementación de créditos y capital para que la población pueda ser propietaria de esta economía lícita y beneficiarse de sus frutos, promoviendo la prosperidad. El jefe de Estado subrayó la importancia de establecer los cimientos de una nueva economía y abogó por potenciar un modelo que permita que la población del Litoral Pacífico prospere en un entorno de tranquilidad y paz. Lamentó la existencia de la pobreza en el Pacífico colombiano, considerándola una excepción frente a la riqueza global presente en la región. Expresó la necesidad de superar esta situación, enfatizando que es responsabilidad del Gobierno colocar las primeras piedras y fundamentos que permitan el desarrollo del Litoral Pacífico nariñense dentro del contexto próspero que ofrece la región.