mayo 2, 2026

Opinión

Presidente Duque sanciona Ley de Inversión Social

El Presidente Iván Duque Márquez sancionó este martes la Ley de Inversión Social, que se constituye en la más grande transformación social del país, y con la que se garantizan $15,2 billones para la atención de los más vulnerables, la reactivación económica y la estabilidad de las finanzas públicas. Noticia en desarrollo…

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Norte de Santander comparte su experiencia en atención a migrantes en Foro Internacional de Costa Rica

Norte de Santander se destacó como un referente a nivel nacional en gestión y articulación con entidades del Estado yagencias de cooperación internacional para el manejo de una migración segura, ordenada y positiva. Este nuevo logro del Gobierno de las Oportunidades, en cabeza del gobernador Silvano Serrano, fue compartido en el marco del panel ‘Buenas prácticas, deudas y desafíos en los procesos de integración de la población migrante y refugiada’,  realizado el 14 de julio, tema para el cual fue delegado el secretario de Fronteras y Cooperación Internacional, Víctor Bautista.  El secretario compartió con los asistentes la experiencia del Departamento en la atención a población migrante y refugiada venezolana. El diálogo giró alrededor de los desafíos de ser un país receptor de población migrante. En su intervención, el secretario recalcó la implementación del Estatuto Temporal de Protección como mecanismo para la protección de los derechos, a través del acceso a serviciosesenciales, así como la caracterización de la población en el territorio y la toma de acciones por parte de los organismos de seguridad para proteger y controlar el flujo migrante. La participación de estos espacios, ratifican el trabajo de la Gobernación de Norte de Santander ante los retos por la crisis migratoria del país vecino y las acciones efectivas realizadas en relación a atención humanitaria y seguridad.  Cortesía de Gobernación de Norte de Santander. 

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Colombia se debate entre la pandemia y la pobreza

“Cuando usted apoya a una mujer, apoya a toda una familia, son ellas el centro de todos estos propósitos porque son ellas las mejores administradoras, las mejores maestras, las mejores enfermeras, las más arriesgadas y las que nunca abandonarán el barco ni en el peor de los momentos”.   La difícil situación que afronta nuestro país de las más fuertes en la última década: una pandemia y el aumento de la pobreza donde las mujeres han sido las más afectadas y son ellas quienes han tenido que asumir mayores responsabilidades con menos opciones y un sinnúmero de dificultades. La llegada inesperada del covid-19 que obligó al confinamiento de la ciudadanía incrementó la violencia intrafamiliar las mujeres y los niños han venido siendo víctimas de agresión física, sicológica, verbal y el aumento desbordado de los feminicidios no han sido la excepción. De igual manera, esta crisis de salud pública obligó a la gente a trabajar desde sus casas, los colegios debieron cerrar sus aulas y entonces llegó el teletrabajo y la educación virtual conjugada en un mismo sitio de encuentro, los hogares; haciendo imposible la convivencia. Y la situación se ve agravada por la pérdida de empleo de muchos colombianos (as) donde de manera desafortunada las mujeres vuelven a ser las más afectadas se agudiza la brecha laboral por género como lo demuestra el DANE que reportó en enero de 2021 una tasa de desempleo en las mujeres del 22.7% mientras que la de los hombres es del 13.4% y esto tiene una obvia razón y es que los sectores que sufren las consecuencias de tener que encerrar a la gente producto de la pandemia son entre otros el sector hotelero, gastronómico, educativo, salud, doméstico los salones de belleza, los spa y el comercio en general que mueve la economía en nuestro país y es el mayor empleador de nuestras mujeres; es decir, un panorama bastante oscuro y desalentador para los colombianos pero especialmente para nuestras mujeres que vemos un gran retroceso en los avances que hasta la fecha habíamos alcanzado en ir eliminando estas grandes brechas entre hombres y mujeres que agudizan una crisis social en el país. ¿Pero qué hacer es lo que hoy nos estamos preguntando para darle salidas reales e inmediatas a tan dura situación? ¿Cómo reactivar la economía en un marco de romper las desigualdades y de generar un mayor impacto? Y desde mi humilde opinión, lo primero que debemos abordar de manera agresiva es hacer un gran esfuerzo por acelerar la vacunación de toda nuestra población como un propósito nacional donde confluya el sector público y el sector privado haciendo uso de todas las herramientas económicas, científicas que estén a nuestro alcance debemos alcanzar la inmunidad ya, esto permite que sectores de la economía que hoy trabajan a media marcha puedan iniciar sus labores al 100% y por otro lado tomar las medidas pertinentes para apoyar a la pequeña y mediana empresa a los emprendedores (as) que ayuden a recuperar el ingreso de los colombianos (as) para que en poco tiempo podamos avanzar y tener otros resultados más positivos y para ello necesitamos del concurso de todos (as) del gobierno, del sector privado, financiero, industrial, comercial caminando del mismo lado para salir de este doloroso momento. Y concluyo haciendo la siguiente reflexión: cuando usted apoya a una mujer, apoya a toda una familia, son ellas el centro de todos estos propósitos porque son ellas las mejores administradoras, las mejores maestras, las mejores enfermeras, las más arriesgadas y las que nunca abandonarán el barco ni en el peor de los momentos.

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Aprendizajes de una reforma tributaria fallida

“La reforma tributaria planteada por el gobierno en efecto se cayó, pero seguimos ante la necesidad de gestionar los más de 25 billones de pesos que, de acuerdo con las cifras oficiales, se requieren para sortear la crisis”     El país ha vivido días intensos y caóticos por cuenta de las jornadas de movilización social que se han llevado a cabo durante las últimas semanas. Cientos de miles de manifestantes continúan saliendo a las calles a exigir diversas reivindicaciones de justicia social que, seguramente y dada la intensidad de las protestas, moldearán la historia política reciente del país.   De hecho, gracias a estas movilizaciones que se han venido dando desde el pasado 28 de abril, de manera descentralizada y diversa en todo el territorio nacional, y ante la ausencia de respaldo de los principales sectores y partidos políticos, incluido el propio partido de gobierno, el Presidente de la República anunció el retiro del texto de su última reforma tributaria a tan solo unos días de haberla radicado en el Congreso.   Este fallido proceso de regulación normativa nos está dejando varias lecciones y aprendizajes. En primer lugar, las reformas tributarias no son simples reformas económicas que buscan aumentar los ingresos. También son reformas con un fuerte contenido político y social. De ahí que para su articulación sea necesario abrir canales amplios de interlocución y diálogo previo con los distintos sectores económicos y sociales del país. Solo de esta forma es posible construir consensos mínimos que permitan que las medidas adoptadas gocen de la legitimidad suficiente que garantice su implementación sin contratiempos en el futuro. Eso es todo lo contrario a lo que ocurrió con esta denominada ley de solidaridad sostenible.   En segundo lugar, este tipo de  reformas hechas a espaldas del pueblo y de los principales sectores políticos del país, por más bienintencionadas que sean, están condenadas al fracaso. Para que ello no ocurra es necesario comprender que la sociedad no debe ser tratada como una turba ignorante, manipulable y confundida que no entiende el contenido de las medidas que le impactan y que marcha porque no sabe o no entiende qué es aquello que le beneficia. Más bien todo lo contrario. Este tipo de reformas reclaman que la sociedad comprenda la relevancia y la necesidad de realizar en algunas situaciones, ajustes normativos profundos.   La reforma tributaria planteada por el gobierno en efecto se cayó, pero seguimos ante la necesidad de gestionar los más de 25 billones de pesos que, de acuerdo con las cifras oficiales, se requieren para sortear la crisis y superar el déficit presupuestal que tiene el Estado en estos momentos. Si la sociedad no conoce con precisión la gravedad de la situación, mucho menos se va a gestar un ambiente solidario a favor de cualquier medida que se adopte para atender la compleja situación económica que atraviesa el país.  

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#REFORMAPOLICIALYA

“Invitamos a la ciudadanía, organizaciones sociales y de Derechos Humanos, Policías en retiro y demás interesados, a defender la Reforma a la Policía que este país tanto requiere”   Desde la oposición radicamos el año pasado cuatro proyectos de ley en el Congreso de la República que tienen como propósito reformar la Policía Nacional. Ninguno ha sido priorizado en la agenda legislativa, así como tampoco han pasado por el primer debate. Estos proyectos buscan prohibir, regular y sancionar las actuaciones, tácticas, procedimientos policiales agresivos y que atentan contra la vida y los Derechos Humanos, así como prohibir también el uso de armas; fortalecer el carácter civil de la Policía Nacional y el control externo; dar impulso al Sistema Nacional de Participación Ciudadana entre otros. Quienes hemos venido insistiendo a través de denuncias, debates de control político y proyectos de ley, hacemos un llamado urgente al Gobierno y al Congreso para priorizar la inminente necesidad de transformar la Fuerza Pública en la agenda legislativa y del país, mucho más ahora que hemos llegado a una profunda ruptura entre la fuerza pública y la ciudadanía; esto producto de una serie de prácticas sistemáticas irregulares e ilegales que hemos identificado en el tratamiento de la protesta social en Colombia. Necesitamos de voluntad política, ahora más que nunca se requiere dar trámite a la Reforma a la Policía y el desmonte del Esmad. No podemos seguir permitiendo que continúe la violencia y sigan asesinando a nuestros jóvenes, como tampoco que continúe una confrontación entre colombianos, en donde miles, que son también soldados y policías, tienen que dar la cara, poner el pecho, afrontar la indignación y lidiar con la pobreza y con la crisis social que este Gobierno no ha combatido y sí ha intensificado. Esta política de Estado se ha convertido en una declaratoria de guerra a la juventud, que solo no le garantizan sus derechos, educación, trabajo, dignidad, sino que también son víctimas de persecución, masacres y empujados al sin futuro. A continuación, las iniciativas que hemos trabajado con los congresistas Iván Cepeda del Polo Democrático e Inti Asprilla y Antonio Sanguino del Partido Verde, las cuales han contado con una amplia participación de la bancada de oposición, y han sido concertadas con ONGs y la ciudadanía.   Proyecto de ley 038 de 2020 Regula la actuación de la Policía Nacional y el Esmad en manifestaciones públicas El proyecto construido junto con los senadores Iván Cepeda y Antonio Sanguino, establece que el uso de la fuerza tiene un carácter excepcional y solo podrá acudirse a este cuando otros medios resulten ineficaces o no garanticen de manera alguna el logro del resultado previsto. De esa forma, los miembros de la Policía o del ESMAD solamente podrán usar la fuerza legítima cuando sea estrictamente necesario para prevenir daños inminentes o graves a la vida del personal de policía o de terceros, y en la medida que se requiera, por grave alteración del orden público. También busca prohibir el uso de proyectiles de energía cinética, escopeta calibre 12, el lanzamiento directo de objetos a manifestantes, el porte de armas de fuego y el uso de la fuerza letal; así como implementar cámaras corporales para registrar en tiempo real las actualizaciones de los miembros de la Policía y Esmad, regular los traslados por protección y prohibir la disolución de facto de protestas pacíficas. Estado: Pendiente para discutir ponencia en primer debate en el Senado de la República.   Proyecto de ley 319 de 2020 Fortalece el carácter civil de la Policía Nacional Este proyecto, que fue construido por la mayoría de los integrantes de la bancada de oposición, y que promovido con el senador Iván Cepeda, busca reformar la Ley 62 de 1993 (Por la cual se expiden normas sobre la Policía Nacional) y la Ley 1801 de 2016 (Código Nacional de Policía y Convivencia), así mismo fortalecer el carácter civil de la Policía Nacional, prohibiendo que ejerza funciones propias de las Fuerzas Militares. En ese sentido, propone trasladar la Policía del Ministerio de Defensa al Ministerio del Interior. Prohíbe y regula tácticas y procedimientos policiales agresivos, prohíbe la utilización de armas de fuego, la tortura y los tratos crueles, establece lineamientos para la formación de los miembros de la Policía Nacional; crea una comisión de expertos para reestructurar y transformar la Policía Nacional, y otra para fortalecer las relaciones entre la ciudadanía y la institución. Estado: Pendiente para rendir ponencia en primer debate en el Senado de la República.   Proyecto de ley 411 de 2020 Previene y sanciona los abusos en la actividad de Policía Esta iniciativa del representante Inti Asprilla y miembros de la bancada de oposición, tiene por objeto dictar las medidas para prevenir y sancionar los abusos en la actividad de policía. Establece que el uso de la fuerza se desarrollará con arreglo a los principios de necesidad, legalidad, proporcionalidad y racionalidad; se prohíbe a los uniformados realizar maniobra de estrangulamiento en su actividad de policía; el uso del bastón tipo tonfa que tenga como finalidad golpear en la cabeza a los ciudadanos a los que pretenda controlar por medio del uso de la fuerza; el uso de armas cinéticas y el uso de dispositivos eléctricos, salvo que se trate de legítima defensa. Prohíbe además que la Policía manipule dispositivos propiedad de la ciudadanía, acceda a la información privada y/o la elimine; también las acciones que estigmaticen y afecten la dignidad de la ciudadanía, así como la retención y traslado de personas mediante el uso de vehículos no oficiales. De otro lado, crea una cátedra obligatoria sobre el uso adecuado de la fuerza. Estado: Pendiente para discutir ponencia en primer debate en la Cámara de Representantes.   Proyecto de ley 146 de 2020 Regula el sistema de ascensos de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional Tiene como fin regular el sistema de ascensos de los miembros de la Fuerza Pública para fortalecer el mérito, la ética profesional y el respeto a los derechos humanos y al derecho internacional

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Opinión: “Un mea culpa, la necesaria integración de la educación superior colombiana” -Presidente ACIET

Por Hugo Alberto Valencia Porras Presidente Nacional de ACIET Rector Fundación Universitaria María Cano En los momentos más difíciles de las relaciones de pareja, o en los equipos de trabajo, es cuando se ponen a prueba los valores, el compromiso y las finalidades. Si estos no están bien cimentados, en vez de sumar, se resta, llega la separación y los caminos se distancian. Si, por el contrario, la confianza, el reconocimiento del otro o los otros y la valoración de sus capacidades priman, la unión será más sólida, nuevos proyectos aparecerán y llegar a la meta será mucho más rápido. Similar situación se presenta en nuestro llamado Sistema de Educación Superior, conformado por el Gobierno Nacional, las Instituciones de Educación Superior (IES) y los organismos de control y de fomento, entre muchos otros. Más allá de la diversidad propia de la academia, y del libre desarrollo que la ley, el mercado y la autonomía universitaria nos han permitido consolidar (universidades, instituciones universitarias, escuelas tecnológicas, instituciones tecnológicas, instituciones técnicas profesionales, principales y seccionales, públicas y privadas, acreditadas o no, presenciales, a distancia y virtuales, de capitales y de provincia, de vocación docente y de vocación investigativa, populares y de élite….), todas las IES, así como las asociaciones que las reúnen, y los funcionarios públicos al servicio de la Educación Superior Colombiana, tenemos el compromiso legal, profesional, moral y de país de trabajar en equipo para hacer de nuestra educación superior un sistema que apueste a alcanzar los objetivos definidos en la Ley 30 de 1992. Estos son: A. Profundizar en la formación integral de los colombianos dentro de las modalidades y calidades de la Educación Superior, capacitándolos para cumplir las funciones profesionales, investigativas y de servicio social que requiere el país. B. Trabajar por la creación, el desarrollo y la transmisión del conocimiento en todas sus formas y expresiones y, promover su utilización en todos los campos para solucionar las necesidades del país. C. Prestar a la comunidad un servicio con calidad, el cual hace referencia a los resultados académicos, a los medios y procesos empleados, a la infraestructura institucional, a las dimensiones cualitativas y cuantitativas del mismo y a las condiciones en que se desarrolla cada institución. D. Ser factor de desarrollo científico, cultural, económico, político y ético a nivel nacional y regional. E. Actuar armónicamente entre sí y con las demás estructuras educativas y formativas. F. Contribuir al desarrollo de los niveles educativos que le preceden para facilitar el logro de sus correspondientes fines. G. Promover la unidad nacional, la descentralización, la integración regional y la cooperación interinstitucional con miras a que las diversas zonas del país dispongan de los recursos humanos y de las tecnologías apropiadas que les permitan atender adecuadamente sus necesidades. H. Promover la formación y consolidación de comunidades académicas y la articulación con sus homólogas a nivel internacional. I. Promover la preservación de un medio ambiente sano y fomentar la educación y cultura ecológica. J. Conservar y fomentar el patrimonio cultural del país. Generalmente en las IES reunimos dichos objetivos y los planteamos en las apuestas formativas de nuestros currículos, pero claramente sólo podremos sentirnos satisfechos si, como Nación, contribuimos desde la educación superior a que en estos complejos momentos para nuestra querida Colombia la integración en medio del distanciamiento, la convivencia en medio de la diferencia, la paz en medio de la contrastación de opiniones y la concertación, no sean un anhelo sino una realidad. “Pero lamentablemente, hay que reconocerlo, la pandemia, y el conflicto social que vivimos, nos ha llevado, a las IES, a refugiarnos en nuestras instalaciones, olvidando dar a Colombia mucho más de lo que individualmente, o en pequeños grupos, le estamos dando”. Como rector y presidente de ACIET debo encabezar un mea culpa. Un año después de la pandemia no hemos logrado, como sistema de educación superior, articular para integrarnos y proponer soluciones de país. Mientras las IES públicas han recibido más apoyos del Estado, las privadas se rebuscan, como pueden, para sobrevivir en medio de la compleja situación. Las asociaciones hablan por sí mismas, pero debemos reconocer como sistema que hemos navegado en nuestras propias limitaciones: Defender intereses sectoriales, hablar por unas pocas y no por todas las IES, y buscar beneficios individuales más que colectivos. Algunas instituciones han dado ejemplo de resiliencia, de creatividad, de liderazgo y de unión, y eso debe servirnos de inspiración para integrarnos todos: Estado y particulares, IES grandes y pequeñas, y de los más diversos matices. En medio de la dificultad, de los problemas de acceso, conectividad e interacción en la pandemia por parte de miles de nuestros estudiantes y de serias dificultades financieras de cientos de IES, es hora de hacer un frente común, de sentarnos en la misma mesa con la señora ministra, María Victoria Angulo y el viceministro de Educación Superior, Maximiliano Gómez, así como con los presidentes y directores ejecutivos de todas las asociaciones de IES, funcionarios como el presidente del Icetex, responsables de departamentos y agencias de educación superior de las distintas ciudades, y rectores de aquellas IES que aún no están representadas en las asociaciones existentes. Debemos convertir esta dificultad histórica en una oportunidad única para demostrar que somos un sistema; que juntos podemos llegar a más colombianos; que las alianzas y la solidaridad no es algo excepcional sino propio de nuestras IES; que el Ministerio no es un agente de intervención sino de coordinación; que las IES privadas no son un obstáculo para la universidad pública sino, por el contrario, un complemento ideal para la diversidad educativa, la cobertura y la calidad; y que gracias a nuestros muy diversos matices, la inclusión, la calidad y la cobertura nacional, entre otros muchos beneficios de las IES y sus diferencias, pueden edificar, con la unión, la educación superior que Colombia merece.

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Armémonos de valor: no a la extorsión, denunciemos

“La extorsión, el delito que busca un aprovechamiento económico u otro tipo de beneficio a través del miedo” “El miedo es la angustia por un riesgo o daño real o imaginario”; así define la Real Academia Española de la Lengua, a esa emoción primaria del ser humano y arma de los extorsionistas. La extorsión, el delito que busca un aprovechamiento económico u otro tipo de beneficio a través del miedo, es un cáncer que ha hecho metástasis en nuestro país atacando a todos por igual, pues las víctimas van desde el gran empresario o político, hasta la más humilde vendedora informal.     De acuerdo a los reportes de la Policía Nacional, Grupo de Información de la Criminalidad, durante enero de este año se atendieron 533 denuncias por este delito, 67 casos menos con relación al año 2020. Si bien se presenta una disminución, estamos ante más de 17 casos diarios sin contar aquellos no denunciados, cuyas víctimas silenciosas permanecen en el anonimato presas del temor y la impotencia. La delincuencia común, los Grupos Armados Organizados (GAO), las mal llamadas disidencias de las FARC, el ELN, con sujetos que cambian de brazalete de un día a otro, en asocio con redes del narcotráfico nacionales y transnacionales, son los verdugos de este accionar criminal ante el cual los ciudadanos de bien, sin distingo social o político, debemos unirnos para combatir este flagelo apoyando y denunciando ante el GAULA del Ejército, y la Policía Nacional uniéndonos a la campaña #YONOPAGOYODENUNCIO. Sé que para muchos no es fácil tomar esta decisión; cada uno es dueño de sus temores y miedos, pero es una realidad que al pagar una vez una extorsión nos convertimos en víctimas recurrentes. Es necesario tomar medidas preventivas, especialmente en el uso de nuestras redes sociales sobre lo publicado por nosotros y por nuestro entorno familiar, puesto que los extorsionistas utilizan esta información para perfilar a la posible víctima. Las fotos de viajes, compras etc., aumentan la probabilidad de convertirnos en potenciales objetivos. De los 533 casos de enero, en 199 los delincuentes utilizaron llamadas telefónicas y en 190 lo hicieron en redes sociales, es decir que en conjunto un 72.94% utilizaron estos medios para sus fechorías. La llamada de un encuestador, de una supuesta empresa de servicios públicos, anuncios de premios, entre otras, puede ser el comienzo de las acciones de los ilegales para aumentar el miedo de la víctima. Estas llamadas en su gran mayoría provienen desde las cárceles donde el delincuente de una forma aleatoria con una información básica busca intimidar y obtener más información para dar mayor credibilidad a su historia.  Las antes llamadas, también son comunes llamadas informando de un familiar detenido o accidentado o haber contraído una deuda, exigiendo dinero para auxiliarlo. Caso distinto es una llamada en tono amenazante exigiendo altas sumas de dinero, en la que el bandido da información que solo usted conoce, ante lo cual deben tomarse todas las medidas de seguridad. Duele la extorsión que reciben propietarios de pequeños negocios, vendedores ambulantes y transportadores donde diariamente deben pagar una cuota para poder realizar su trabajo. No es justo que, en plena reactivación económica, este cobarde delito tome fuerza contra personas honestas, empresarios pequeños y grandes, quienes han sobrevivido a esta pandemia conservando y recuperando puestos de trabajo para muchos colombianos. Las prácticas extorsivas también llegan a la vida política donde algunos utilizan distintas formas de chantaje bajo la amenaza de desprestigiar el trabajo de hombres y mujeres en la labor pública con toda suerte de calumnias. Estas son armas de quienes carecen de argumentos y de capacidades.  Armémonos de valor, venzamos el miedo y denunciemos cualquier comunicación intimidante a las autoridades, dónde tendremos acompañamiento, orientación y protección en caso de requerirse. Mi llamado al ministro de Defensa Nacional, doctor Diego Molano, a fortalecer la inteligencia de nuestras Fuerzas Armadas en la lucha contra la extorsión.  Una reflexión final: cuando le decimos a nuestro hijo “Si no haces la tarea no te dejo salir con tus amigos o te quito el celular”, o la conversación entre dos niños: “Si no me das un dulce le digo a la profesora que usted no trajo la tarea”, ¿estamos incubando conductas extorsivas? Como padres de familia y educadores, ¿tenemos algún grado de responsabilidad en el abuso de condicionamientos en la formación de nuestros hijos para que en la vida adulta utilicen este método de una forma distorsionada para conseguir sus fines?  

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Educación superior gratuita

“No sé de dónde sacan algunos dirigentes que pagarle a un joven la matrícula en la universidad es un acto populista. Dejar a un joven en la calle, sin estudiar porque no tiene recursos, es un acto miserable” Se predica que la educación es el primer instrumento de igualdad. Qué pena no aceptar esa hipótesis. La educación es una fábrica de desigualdades. La Educación no es el primer instrumento de igualdad, como tanto se predica. La democracia ha sido incapaz de construir educación para la equidad.  Los niños nacen iguales y a los 15 años, la educación los convierte en ciudadanos contrarios y desiguales. Poderosos unos y pobres o miserables otros. El más pudiente tiene buena educación; el menos pudiente mala educación, recibe los sobrantes de la educación. Quien no tiene buena educación no tiene buena patria. Tenemos educación de pobres para pobres. Y educación de ricos solo para ricos. La educación de todo niño pobre tiene que ser igual a la de los niños ricos. Con la pandemia, los campesinos de Colombia se quedaron sin educación porque no hay internet en los campos rurales colombianos. Es una vergüenza que esta indignidad ocurra con el silencio cómplice de la sociedad. Es señal de que a los campesinos se les trata como si no fuesen colombianos o no fuesen seres humanos. Adicional, la educación universitaria se ha quedado en los más pudientes. La Universidad Nacional recibe cerca de 70.000 solicitudes semestre y rechaza cerca de 63.000 bachilleres; la U de Antioquia recibe alrededor de 50.000 aspirantes y rechaza cerca de 45.000 cada semestre. Qué dolor, cada seis meses más de 100.000 jóvenes que quieren estudiar, son humillados y tirados al asfalto como si nada. A miles de jóvenes que aspiran a la Universidad, las universidades le tiran la puerta en la cara, y los ilegales se las tienen abiertas para ingresarlos al mercado de economía negra e ilegal. Con tristeza, muchos jóvenes caen en la ilegalidad por falta de oportunidades. Es más barato darle la oportunidad de estudiar a un joven en la educación superior que perseguirlo toda la vida como un ilegal. Colombia tiene que dar el paso de Declarar gratuita la educación superior. Ni la democracia es vigorosa, ni existirá estabilidad política ni crecimiento económico con un ejército de jóvenes frustrados y con un pie en la ilegalidad. El futuro de un país tiene el color de la Juventud. Si la juventud es ociosa, ignorante, sin saber laborar, el color del futuro del país es oscuro y vetusto. Con la educación digital, es el momento de recuperar la educación como la gran arma contra la inequidad. La educación digital forma mentes globales; ciudadanos del mundo; enseña en tiempo real; revoluciona la calidad del autodidacta; enseña la voluntad de aprender; crea estudiantes último modelo pues cada día son capaces de actualizarse. Es flexible que es lo que reclama la juventud y los ciudadanos. Los Digitales ven su futuro en todo el planeta y no en la provincia. La educación digital no tiene fronteras ni mentales ni espaciales. Y hay que derrumbar otro mito inútil: La nueva educación digital es más personalizada que la educación presencial. Es urgente emitir normas para que la educación acelere su camino a lo Digital. Cuando se hizo la ley 30 de 1992, de educación superior, no existía internet. No existe economía próspera con educación vetusta. Pocos imaginaron que la enseñanza universitaria se podría hacer por Internet. Con la pandemia, las universidades digitales se volvieron una opción para todas las universidades del planeta. Algunas van a regresar a cursos presenciales, pero es irreversible: cada día la virtualidad digital es superior.  Todo esto significa que las universidades podrán contratar profesores de cualquier lugar del mundo para que den sus clases a estudiantes de su país. Qué orgullo para los estudiantes tener un profesor digital de EEUU o de Europa o de otras latitudes. Y a su vez, los profesores y estudiantes colombianos o latinoamericanos pueden trabajar en cualquier entidad educativa del mundo. Tu colegio, tu universidad no es el edificio que está cerca a tu casa; tu educación puede provenir de cualquier lugar del mundo. El mercado laboral no es tu ciudad ni tu estado ni tu país; es el mundo entero. Es hora de que se decrete la Educación Superior Gratuita y ojalá obligatoria. Es hora de que el Gobierno cree de inmediato al menos 32 universidades digitales públicas, una por cada departamento para ampliar los cupos en más de un millón. Y comparar la eficiencia de los distintos estilos de universidad. Es hora de que el gobierno nacional decrete el pago del valor de la matrícula a los muchachos menos pudientes que no tienen como pagarla en las universidades públicas. No se de dónde sacan algunos dirigentes que pagarle a un joven la matrícula en la universidad es un acto populista. Dejar a un joven en la calle, sin estudiar porque no tiene recursos, es un acto miserable, de inequidad, de pensamiento elitista, inhumano, falto de misericordia. Atentar contra el futuro de la juventud es atentar contra el futuro de Colombia. En todos los países desarrollados le pagan a los jóvenes para que estudien; y no solo pagan la matrícula, también le donan dormida, alimentación y otras ayudas académicas. En Colombia pareciera que mantener la pobreza y la inequidad fuese la meta de los gobiernos. Si no evoluciona la educación presencial, las universidades se van quedando en el pasado. y lo peor, solo tienen la opción de defender el pasado, Como diría Orwel para qué construir un pasado que me glorifique. Hay que construir un futuro limpio, promisorio. Las mentes rebeldes construyen futuro, no botan sus energías buscando glorificarse en el pasado. Distraerse en el pasado, es darle espacio a los que quieren perpetuar un presente imperfecto. En el futuro hay retos; en el pasado culpables. Nunca se debe perder la alegría de inventar el futuro.

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Indulgencias con avemarías ajenas

“Quien hoy se quiere mostrar como salvador y redentor de la industria, fue su gran verdugo original” Cuando radiqué el proyecto de ley de cannabis medicinal, siempre hubo un enemigo férreo que hizo hasta lo imposible para que no se aprobara en el Congreso: el entonces senador Álvaro Uribe Vélez y su bancada del Centro Democrático. En sus propias palabras, estaba en contra de la iniciativa, entre otros motivos por su temor a “legalizar la trabada de la juventud”, un argumento contraevidente, carente de sustento científico, moralista e hipócrita.   Lo anterior lo menciono por lo sucedido en la última asamblea ordinaria de ASOCOLCANNA, donde sólo un día antes fue enviada la agenda -cuando debe ser comunicada con un mes de antelación- y en la que estaba en el orden del día el expresidente. En compañía de Samuel Hoyos y Paloma Valencia, en un discurso donde imperó el miedo y en el que les dijo a los miembros de esta asociación que la industria estaba saliendo adelante gracias al gobierno nacional. Justo cuando comienza la campaña electoral, intentan hacer olvidar que cuando no eran gobierno, buscaban implacablemente su hundimiento.   También anunció que la senadora Paloma Valencia radicará un proyecto de ley para crear el instituto nacional del cannabis, con el propósito de centralizar el control burocrático y económico de las licencias. Por eso le pregunto: ¿qué pasó con la congresista que estaba en contra de la creación de cualquier entidad que significara burocracia en el Estado? Recuerdo muy bien sus férreas posiciones en los debates de la Comisión Primera del Senado, donde se oponía con inquina al proyecto de ley. ¿Qué la hizo cambiar de posición? ¿Es esta la versión uribista del Estado “derrochón”? ¿La solución uribista para la industria de cannabis en Colombia es crear burocracia? ¿Por qué no expiden más bien la reforma al decreto 613 para darle un alivio y seguridad jurídica a la industria?   El sistema que existe entre los ministerios de Justicia, Salud, Agricultura e INVIMA, permite que las decisiones se tomen en un ámbito de discusión, en consenso, es decir hay un sistema de pesos y contrapesos entre las entidades. ¿Por qué quiere acabarlo? ¿Por qué no fortalecer el papel de Congreso en su función de control político sobre esta estratégica industria? ¿Para cuando un sistema de rastreo y trazabilidad que transmita confianza en médicos y pacientes sobre la calidad para desarrollar el mercado interno? ¿Por qué no hacer trascender el mero anuncio de que la industria de cannabis medicinal en Colombia es un PINE (proyecto de interés nacional estratégico)? ¿Por qué no agilizar las líneas de crédito desde Finagro y el banco agrario para pequeños y medianos productores? ¿Por qué no invertir en investigación científica y pedagogía para médicos y pacientes?

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Fortalecer el turismo es apuntarle a la reactivación económica

“Si bien la pandemia presenta desafíos, una de las ventajas será el incremento del turismo interno, lo cual nos permitirá mejores oportunidades en todos los pueblos del país” El sector turístico en Colombia ha sido el más afectado a raíz de la pandemia. Según el DANE, los ingresos de los hoteles disminuyeron 83,1 % durante septiembre de 2020, un panorama desalentador para los municipios que, gran parte de su economía, es representada por el turismo. No obstante, desde el 2014 venía en un crecimiento sostenido lo que significaba para los departamentos y municipios una oportunidad de crecimiento y de nuevas actividades. Es así como fortalecer el turismo ha sido una de las prioridades dentro de los planes de reactivación económica. Generar desarrollo económico y social en las regiones para convertirlas en una ventana ante el mundo, para mostrar la riqueza natural y cultural de Colombia, cada vez más enfocados a que el extranjero y el turista nacional se adentren más allá de los centros turísticos tradicionales y lleguen a los pueblos de Colombia. Con esta meta, se discutió y se aprobó la Ley de Turismo en el Congreso con importantes aportes del Partido MIRA, tomando en cuenta tres aspectos importantes y ejes fundamentales: el empleo, el emprendimiento y formalización. En este sentido, logramos incluir las propuestas que llegaron desde las regiones y comunidades en temas como: el manejo de residuos para la conservación del atractivo turístico, capacitación a guías de turismo con competencias y con énfasis en lenguaje de señas, fortalecimiento de las estrategias de protección de la infancia ante la explotación infantil, el fomento del turismo comunitario rural y el sello de acceso universal que promueve derechos para personas con discapacidad. Frente a este importante tema para el país, vemos cómo el Gobierno Nacional ha acudido al llamado de los departamentos para apoyar al sector turístico. Ahora nos resta a partir de su entrada en vigencia, comenzar el trabajo de la mano con alcaldes y gobernadores para desarrollar esas políticas locales que permitan potencializar e innovar en los distintos tipos de turismo, especializando a las comunidades en la recepción y promoción de sus atractivos. Si bien la pandemia presenta desafíos, una de las ventajas será el incremento del turismo interno, lo cual nos permitirá mejores oportunidades en todos los pueblos del país.  

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