revistacg

El Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) anunció la implementación de nuevos requisitos fitosanitarios para regular la importación de flor seca de cannabis proveniente de Canadá. Estas medidas, incluidas en un proyecto de resolución, buscan garantizar la seguridad sanitaria del país mediante un control más estricto sobre los productos que ingresan al territorio nacional. Sin embargo, el representante a la Cámara Alejandro Ocampo, presidente de la Comisión de Drogas del Congreso, expresó su desacuerdo con esta resolución del ICA. Ocampo destacó que, en lugar de facilitar la importación, Colombia debería centrarse en la exportación de cannabis. Aseguró que más de 3.500 empresarios colombianos en la industria del cannabis medicinal y textil enfrentan múltiples obstáculos para comercializar sus productos. Criticó la contradicción entre permitir la entrada de productos extranjeros mientras se dificultan las ventas de cannabis nacional. Colombia cuenta con amplias áreas de cultivo de cannabis y un ecosistema empresarial que ha invertido considerablemente en su producción y transformación. Por ello, Ocampo insistió en que el Gobierno debería enfocarse en abrir mercados internacionales para exportar cannabis medicinal, de uso adulto y como materia prima para diversas industrias, como la textil y la de calzado. En este sentido, exigió la anulación del decreto que permite la importación, señalando que, mientras los productores colombianos enfrentan barreras burocráticas, el mercado nacional se ve inundado con cannabis extranjero. Cabe recordar que Canadá, un actor clave en la industria del cannabis, mantiene una relación de largo plazo con Colombia en este sector. Desde 2016, cuando se legalizó el cultivo de cannabis medicinal en el país, empresas canadienses han invertido en proyectos agrícolas locales. Sin embargo, la llegada de flor seca importada desde Canadá representa un desafío adicional para los productores colombianos, quienes continúan enfrentando dificultades debido a vacíos legislativos y la falta de una regulación integral para el cannabis de uso adulto en el país.

Este lunes 17 de febrero comienzan oficialmente las sesiones del nuevo periodo legislativo en el Congreso de la República, un ciclo que será clave para el futuro de importantes reformas en Salud, el ámbito laboral y la ley de jurisdicción agraria. El gobierno ha dejado claro que estas reformas son sus principales prioridades para este semestre. Sin embargo, Ariel Ávila, presidente de la Comisión Primera del Senado, advirtió que, al ser un año preelectoral, será difícil para cualquier gobierno lograr las mayorías necesarias para aprobar las reformas. Además, destacó que el cambio ministerial será un factor crucial, pues la permanencia de los ministerios en manos de partidos como La U, el Partido Liberal y el Partido Conservador influirá directamente en el avance de las reformas. Por su parte, el congresista del Partido Verde subrayó que, debido al contexto preelectoral, la única esperanza para que el gobierno logre avanzar con las reformas será hacerlo antes de junio, ya que a partir de esa fecha arrancará oficialmente la campaña electoral. En este sentido, no prevé un panorama favorable ni fácil para las reformas. En una línea similar, Alfredo Mondragón, congresista del Pacto Histórico, señaló que el Congreso se enfrenta a una decisión clave, para avanzar con las reformas necesarias para recuperar los derechos sociales perdidos por el pueblo colombiano, o ceder ante los intereses de grandes empresas que aún operan en el país. Mondragón también advirtió que este semestre será particularmente agitado. Desde la oposición, el representante del Centro Democrático, Juan Espinal, alertó sobre la agitación que traerá este periodo. Según él, el gobierno parece inclinarse hacia un enfoque ideológico radical, y el nombramiento de nuevos ministros podría reflejar esta ideología o los acuerdos políticos que, a su juicio, Benedetti comenzará a liderar con vistas a las elecciones de 2026. Por otro lado, Julio César Triana, congresista de Cambio Radical, enfatizó la necesidad de priorizar el control político durante este semestre. Solicitaron a la mesa directiva de la Cámara que, al inicio de las sesiones, se enfoque en este tema, ya que el Congreso ha perdido su capacidad para evaluar a los ministros y al gobierno. Triana insistió en que, ante la situación actual del país, el Congreso no puede seguir en silencio ni mirar hacia otro lado. En cuanto al calendario, el periodo legislativo, según la Constitución, se extiende desde el 16 de febrero hasta el 20 de junio. Varios sectores coinciden en que este semestre será determinante para definir el futuro de las grandes reformas del gobierno, incluida una reforma tributaria que también se está preparando. Esto se debe a que, a partir de mitad de año, comenzará oficialmente la campaña electoral hacia las elecciones de 2026.

El Gobierno ha lanzado una convocatoria, vigente desde el 13 de febrero hasta el 5 de marzo, como parte de las medidas para enfrentar la grave situación de orden público en el Catatumbo. El objetivo de este programa es apoyar a las familias de la región que dependen de cultivos ilícitos, ayudándolas a transitar hacia economías legales. La directora de la Dirección de Sustitución de Cultivos Ilícitos, Gloria Miranda, presentó el programa “RenHacemos”, que tiene dos componentes principales. El primero ofrece un apoyo económico mensual a las familias que eliminen completamente sus cultivos ilícitos, aunque el monto no ha sido especificado. Este apoyo se brindará durante el periodo de conmoción interior y estará condicionado a la caracterización de los cultivos ilícitos en la zona, lo que permitirá su eliminación total. Para acceder a este beneficio, las familias deberán firmar un compromiso de desvinculación del circuito económico ilegal y comprometerse a transitar hacia una economía lícita. El segundo componente del programa se enfoca en ofrecer alternativas productivas sostenibles y responsables con el medio ambiente, como cultivos de café, cacao y aguacate, en el marco de cadenas de valor. Además, se dará prioridad a los núcleos familiares encabezados por madres cabeza de hogar. Las personas interesadas en postularse deben cumplir con las siguientes condiciones: Es obligatorio completar toda la información del núcleo familiaren el formulario de registro. No podrán participar en el programa las personas condenadas por delitos relacionados con el narcotráfico, según el Código Penal colombiano. Al finalizar el estado de conmoción interior, los predios inscritos deben haber eliminado por completo los cultivos de uso ilícito. Para participar en el programa, ningún miembro del núcleo familiar puede ser funcionario público, contratista del Estado ni manejar recursos públicos de ninguna forma. Las familias interesadas deben ingresar a la página de la Dirección de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito, donde encontrarán un enlace para realizar el prerregistro: https://preregistro.direccionsustitucion-pnis.gov.co/.