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El magistrado Alfonso Ocampo presentó una propuesta para modificar el reglamento interno del Consejo Nacional Electoral (CNE), con el objetivo de permitir que el periodo de los presidentes de la Sala Plena pueda extenderse por un año adicional. Si esta reforma se aprueba y entra en vigencia de inmediato, el magistrado Álvaro Hernán Prada, quien ha estado en el centro de diversas controversias, podría continuar en su cargo hasta 2026, coincidiendo con el final del actual periodo del CNE. Cabe destacar que tanto Ocampo como Prada forman parte del bloque del CNE que votó a favor de formular cargos contra la campaña presidencial de Gustavo Petro y que, en un futuro, podría respaldar una sanción. En este contexto, la situación de Prada podría complicarse aún más, ya que este año el CNE manejará el presupuesto más alto de su historia, cerca de 600 mil millones de pesos. Sin embargo, el CNE está luchando para aumentar esa cifra a un billón de pesos. Este presupuesto se destinaría principalmente a actividades relacionadas con las elecciones de 2026, aunque históricamente ha sido la Registraduría quien se ha encargado de estas funciones. Además de la propuesta para ampliar el periodo de los presidentes de la Sala Plena, Ocampo plantea una modificación adicional al reglamento del CNE, que cambiaría el procedimiento para asumir la presidencia de la Sala Plena en caso de una vacante temporal o absoluta. Actualmente, la norma establece que el cargo debe ser asumido por el primer magistrado en orden alfabético, lo que en este caso correspondería a Altus Baquero.

Un grupo de 20 congresistas, en su mayoría de la oposición, presentó una moción de censura contra el ministro de Minas y Energía, Andrés Camacho, ante la mesa directiva de la Cámara de Representantes. El representante Óscar Villamizar, del Centro Democrático, argumentó que el ministro debe rendir cuentas por la crisis energética que atraviesa el país y el aumento de los precios del gas. En este sentido, destacó que la moción se fundamenta en la difícil situación energética actual y, especialmente, en la crisis que se prevé para este año en relación con el gas. Villamizar recordó que el Gobierno había sido advertido sobre los riesgos de no firmar más contratos de exploración y explotación de hidrocarburos, lo que ha provocado, entre otras cosas, el aumento de las tarifas de gas. El congresista también criticó duramente al gobierno, acusando al ministro Camacho de mentirle a los colombianos al afirmar que el mercado del gas está siendo manipulado por especuladores y acaparadores, cuando en realidad el 80% del gas en el país proviene de empresas estatales. A raíz de esta situación, Villamizar exigió que el ministro se haga responsable, señalando que no ha sido capaz de gestionar adecuadamente ni las tarifas de energía ni las de gas. Además, solicitó que Camacho comparezca ante el Congreso para rendir cuentas sobre su gestión. En la moción de censura, los congresistas argumentaron que la falta de transparencia del ministro al no planificar de manera adecuada y al desoír las alertas sobre la crisis energética, ha contribuido al aumento de las tarifas para los colombianos. Asimismo, señalaron que la falta de claridad en sus declaraciones y sus posiciones contradictorias han generado desconfianza entre los sectores afectados. Por último, los congresistas que respaldan la moción aseguraron que Camacho está incurriendo en una falta administrativa, al afirmar que el problema de las tarifas se origina por una doble agenda de los funcionarios del Ministerio.

El proyecto de reforma a la Ley 30 de 1992, conocido como el Acuerdo Nacional por la Educación Superior, dio un paso importante en su proceso legislativo, al ser aprobado en primer debate en la Comisión Sexta del Senado de la República. El ministro de Educación, Daniel Rojas, celebró esta aprobación y destacó que la iniciativa pasará a segundo debate en la plenaria del Senado. El proyecto busca modificar los artículos 86 y 87 de la Ley 30, con el objetivo de transformar el esquema de financiación de las universidades públicas y del sistema universitario estatal, incluyendo también a los institutos técnicos y tecnológicos. Uno de los cambios más relevantes es la actualización del índice utilizado para indexar el presupuesto de estas instituciones, sustituyendo el índice de precios al consumidor (IPC) por el índice de costos de la educación superior, que refleja de manera más precisa las necesidades económicas del sector. Rojas resaltó que esta reforma busca cerrar la brecha de financiación que ha crecido desde la promulgación de la Ley 30 en 1992. Según datos del Sistema Único de Información de la Educación Superior (SUE), las universidades públicas han dejado de recibir más de 19 billones de pesos, lo que ha afectado su sostenibilidad. El ministro también destacó el respaldo del Ministerio de Hacienda, lo que garantiza la viabilidad fiscal del proyecto. En ese sentido, Rojas señaló que, tras varias reuniones entre el Ministerio de Educación y el Ministerio de Hacienda, el ministro de Hacienda ha expresado su compromiso con el aval fiscal para esta reforma, a pesar de que aún se deben definir algunos aspectos relacionados con las disponibilidades presupuestales. Además, el proyecto de reforma contempla un enfoque contracíclico, lo que significa que, si el IPC supera los costos de la educación superior, será el IPC el indicador utilizado para ajustar el presupuesto, garantizando así que las instituciones puedan afrontar sus desafíos financieros de manera adecuada. Rojas también informó que el Ministerio de Educación continuará con las audiencias públicas para explicar a los estudiantes la importancia de esta reforma. La próxima audiencia se llevará a cabo en la región de la Costa Atlántica, en un esfuerzo por involucrar a todas las comunidades educativas en el proceso. Esta reforma representa un paso significativo hacia una educación superior más equitativa y sostenible en el país, y se espera que en los próximos debates se sigan consolidando las bases para su implementación.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, afirmó este martes que narcotraficantes, aunque sin especificar cuáles, han planeado un atentado contra él utilizando misiles para derribar su avión. Según Petro, los delincuentes han adquirido al menos dos misiles y los tienen ocultos. “Me quieren tumbar rápidamente porque saben que estamos luchando contra las grandes mafias de Colombia”, declaró durante su discurso de posesión del nuevo director de la Policía Nacional. Además, añadió que ya conocen la identidad de los responsables. Esta denuncia se suma a varias que el presidente ha realizado desde su elección en 2022, sobre un posible plan para asesinarlo. En septiembre pasado, Petro reveló que la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA) le había informado sobre un complot que consistía en llenar un vehículo de carga con explosivos y hacerlo estallar durante un evento público al que él asistiera. Por su parte, el embajador de Estados Unidos en ese entonces, Francisco Palmieri, confirmó que existía una “preocupación real” sobre un posible atentado contra el mandatario colombiano. En su intervención de este martes, el presidente también hizo referencia, aunque sin mencionarlo directamente, al Ejército de Liberación Nacional (ELN), un grupo con el que las negociaciones de paz han avanzado lentamente. Petro lo calificó como “una de las grandes mafias de Colombia”. En el último mes, la violencia ha escalado debido a los enfrentamientos entre el ELN y otro grupo armado en la región del Catatumbo, en el noreste del país, lo que ha dejado más de 100 muertos y más de 80.000 desplazados. Ante esta situación, Petro decidió suspender los diálogos de paz, calificando las acciones del ELN como “crímenes de guerra”. El presidente también apuntó a los grupos disidentes de las FARC, en particular a la facción liderada por Iván Mordisco, conocido como el Estado Mayor Central. Según Petro, este grupo habría intentado asesinarlo mediante “francotiradores pagos”, en colaboración con mafias mexicanas y contrabandistas. Iván Mordisco rechazó las acusaciones y pidió que se presentaran las pruebas. En un comunicado de octubre, afirmó que, aunque es posible que intenten matarlo, no serían las FARC-EP las responsables. Por último, durante el Consejo de Ministros del 4 de febrero, transmitido en televisión, el presidente Petro hizo una nueva denuncia: “Hay gente que ha matado a nuestra gente y quiere matar al presidente de la República”, aseguró. Petro mencionó que se están utilizando nuevas tecnologías para llevar a cabo el ataque, y citó el hallazgo de un dron que volaba a solo dos metros de altura en el aeropuerto de Catam (Bogotá), el cual se estrelló accidentalmente con un avión de Avianca. “Ya sabemos que no es un cuento”, dijo. Sin embargo, a pesar de la gravedad de sus afirmaciones, que están siendo investigadas por el Ministerio de Defensa desde el año pasado, la oposición las ha calificado de incendiarias y falsas. Hasta el momento, el presidente no ha presentado pruebas que respalden su denuncia.