El proyecto de reforma a la Ley 30 de 1992, conocido como el Acuerdo Nacional por la Educación Superior, dio un paso importante en su proceso legislativo, al ser aprobado en primer debate en la Comisión Sexta del Senado de la República. El ministro de Educación, Daniel Rojas, celebró esta aprobación y destacó que la iniciativa pasará a segundo debate en la plenaria del Senado.
El proyecto busca modificar los artículos 86 y 87 de la Ley 30, con el objetivo de transformar el esquema de financiación de las universidades públicas y del sistema universitario estatal, incluyendo también a los institutos técnicos y tecnológicos. Uno de los cambios más relevantes es la actualización del índice utilizado para indexar el presupuesto de estas instituciones, sustituyendo el índice de precios al consumidor (IPC) por el índice de costos de la educación superior, que refleja de manera más precisa las necesidades económicas del sector.
Rojas resaltó que esta reforma busca cerrar la brecha de financiación que ha crecido desde la promulgación de la Ley 30 en 1992. Según datos del Sistema Único de Información de la Educación Superior (SUE), las universidades públicas han dejado de recibir más de 19 billones de pesos, lo que ha afectado su sostenibilidad.
El ministro también destacó el respaldo del Ministerio de Hacienda, lo que garantiza la viabilidad fiscal del proyecto. En ese sentido, Rojas señaló que, tras varias reuniones entre el Ministerio de Educación y el Ministerio de Hacienda, el ministro de Hacienda ha expresado su compromiso con el aval fiscal para esta reforma, a pesar de que aún se deben definir algunos aspectos relacionados con las disponibilidades presupuestales.
Además, el proyecto de reforma contempla un enfoque contracíclico, lo que significa que, si el IPC supera los costos de la educación superior, será el IPC el indicador utilizado para ajustar el presupuesto, garantizando así que las instituciones puedan afrontar sus desafíos financieros de manera adecuada.
Rojas también informó que el Ministerio de Educación continuará con las audiencias públicas para explicar a los estudiantes la importancia de esta reforma. La próxima audiencia se llevará a cabo en la región de la Costa Atlántica, en un esfuerzo por involucrar a todas las comunidades educativas en el proceso.
Esta reforma representa un paso significativo hacia una educación superior más equitativa y sostenible en el país, y se espera que en los próximos debates se sigan consolidando las bases para su implementación.