mayo 25, 2026

Violencia

Al término del Consejo de Seguridad, realizado en la ciudad de Florencia, departamento del Caquetá, la viceministra para el Diálogo Social del Ministerio del Interior, Lilia Solano, a nombre del Gobierno Nacional reafirmó el rechazo a los lamentables hechos de violencia ocurridos en este territorio en el que fueron asesinados cuatro menores de edad de comunidades indígenas del pueblo Murui a manos de grupos armados ilegales.

Gobierno anuncia medidas contundentes y articuladas en caso del asesinato de los cuatro jóvenes indígenas en Putumayo

Al término del Consejo de Seguridad, realizado en la ciudad de Florencia, departamento del Caquetá, la viceministra para el Diálogo Social del Ministerio del Interior, Lilia Solano, a nombre del Gobierno Nacional reafirmó el rechazo a los lamentables hechos de violencia ocurridos en este territorio en el que fueron asesinados cuatro menores de edad de comunidades indígenas del pueblo Murui a manos de grupos armados ilegales. “No vinimos aquí a hacer un diagnóstico. Vinimos porque tenemos ya la información recabada de los testimonios, vinimos porque el conjunto del Estado que a lo largo de los años en mucha medida abandonó estas comunidades. Esto viene desde hace mucho tiempo, entonces hay que responder con acciones articuladas contundentes con la comunidad internacional para ponerle fin y que esto no sea, digamos, reiterativo, tal como tú lo estás señalando”, manifestó Solano durante su intervención. La viceministra, quien por instrucciones del ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, viajó a la capital caqueteña para participar en el Consejo de Seguridad realizado con autoridades nacionales y locales, de orden administrativo y judicial, así como de la Fuerza Pública, señaló la necesidad de una investigación completa y contundente con miras a esclarecer estos sucesos que afectan la seguridad, la integridad y la convivencia de las comunidades afectadas por estos detestables sucesos. Solano sostuvo que frente al asesinato de cuatro menores de edad pertenecientes al pueblo Murui, en el Caquetá, la Fiscalía General de la Nación, destinó un grupo especial de fiscales e investigadores para esclarecer lo ocurrido en articulación con las entidades de la región, al igual que con representantes de las comunidades y sus territorios a fin de preservar la autonomía de los pueblos ancestrales, sin dejar de lado la responsabilidad que se tiene como Estado de garantizar las medidas pertinentes que logren ubicar los responsables de los hechos que hoy enlutan al país entero. “La Fiscalía ya ha anunciado no solo esta investigación, sino que se hará justamente teniendo el respeto por las comunidades, por sus costumbres”, precisó la alta funcionaria del Gobierno. La viceministra aseguró que, desde el Ministerio del Interior a través del Dirección de Asuntos Indígenas, Rom y Minorías, se trabajará en aspectos de protección de derechos fundamentales: “Habrá una respuesta en temas de planes de vida, en los temas de la inversión que los territorios necesitan, el fortalecimiento a las guardias indígena. Porque reconocemos que este drama del reclutamiento forzado tiene que ser respondido con las entidades en su conjunto, se necesita que estos territorios y estas comunidades, que han sido abandonadas a lo largo de la historia en este momento, sean justamente levantadas, que haya inversión, que haya esa presencia integral del Estado”. Agregó que otro de los puntos claves es la concertación frente a la articulación de las instituciones.  “Este trabajo conjunto que además está acompañado por las decisiones del presidente de la República, y en mi caso ministro del Interior, serán todas, como ya anuncié, articuladas”. Tomado por Ministerio del Interior 

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Las Mesas directivas de Senado y Cámara, junto con la Comisión Legal para la Equidad de la Mujer, presentaron a los medios de comunicación un protocolo bicameral, que busca mecanismos de protección, prevención y orientación sobre la violencia de género.

Congreso de Colombia presenta protocolo de protección a las mujeres víctimas de todo tipo de violencia de género

Las Mesas directivas de Senado y Cámara, junto con la Comisión Legal para la Equidad de la Mujer, presentaron a los medios de comunicación un protocolo bicameral, que busca mecanismos de protección, prevención y orientación sobre la violencia de género. En su intervención el presidente del Senado, Roy Barreras calificó como alarmantes las cifras de abuso contra las mujeres y señaló que este motivo se buscan herramientas para contrarrestar los actos aberrantes que se vienen presentando en el país. “El machismo estructural de casi toda nuestra sociedad tiene, quizás, la expresión más indignante en el acoso laboral y en el acoso sexual y en la violencia contra la mujer, cuando eso ocurre en cualquier ámbito o institución, empresas universidades o el Congreso de Colombia, como se ha denunciado, nadie puede callar”, señaló el presidente Barreras. El Senador dijo, además, que los servidores públicos tienen la obligación de denunciar cuando se conocen estos casos. “Tenemos la obligación de proteger a las víctimas, quienes usualmente no denuncian por miedo a que las revictimicen y al estigma social. No podemos guardar silencio ante el abuso contra ellas, por eso les estamos ofreciendo este protocolo para que puedan denunciar sin miedos”, Insistió el presidente del Congreso. Entre tanto, el presidente de la Cámara de Representantes David Racero, anotó, “este es un esfuerzo mancomunado que se ha trabajado con información de la sociedad civil, expertos en temas de violencia basada en género, hemos recogido alrededor de 252 proposiciones para la consolidación del protocolo”. El Representante dijo que “el centro del protocolo es la mujer que es víctima de violencia en todas sus manifestaciones, machista, patriarcal, en donde la mediación principal es un ejercicio de poder que se tiene sobre cualquier funcionaria, servidora, contratista, dentro de las labores legislativas. Esperamos que con este instrumento podamos eliminar la violencia que genera ese machismo radical contra las mujeres”. La presidenta de la Comisión Legal para la Equidad de la Mujer María José Pizarro, por su parte, manifestó que con el protocolo se quiere enviar un mensaje muy contundente a los agresores contra las mujeres: “Este es un paso para superar las violencias basadas en géneros y para que las mujeres puedan denunciar de manera segura”. La senadora del Pacto Histórico explicó que el protocolo es integral, de prevención y orientación institucional frente a las conductas de violencia sexual en el ámbito laboral y contractual y está dirigido a senadores, senadoras, representantes a la cámara, servidores públicos, contratistas, funcionarios de las UTL, personal de la Policía y de seguridad, a pasantes en el Congreso de la República y a personal que trabaja en los servicios generales. De igual manera, Pizarro aseguró que se adoptarán mecanismos de prevención, como el pedagógico y se incorporará una cláusula en los contratos que comprometa a todos los contratistas a no incurrir en delitos sexuales dentro de la entidad, ni fuera de ella. Así mismo, dijo que se creará un grupo especializado para atender los casos de violencias basadas en género, “no debe revictimizarlas, necesitamos que las mujeres se sientan seguras, para poder presentar la denuncia” y afirmó que sólo el 3% de las víctimas de acoso y abuso sexual presentan denuncias, el resto no lo hace por miedo. Se garantizará la confidencialidad en el manejo de la información y la ruta de seguridad, para que finalmente, puedan presentar la denuncia”. La senadora Pizarro señaló como una gran oportunidad que estos casos hayan salido a la luz, para generar una conciencia colectiva, para acabar con esa cultura machista que atenta contra la integridad, dignidad y derechos humanos de las mujeres en el país. Y expuso: “Estamos actuando con celeridad y prontitud ante estas denuncias, con que sólo se condene a una persona poderosa, estamos sentando un precedente muy importante, para lograr eliminar y superar lo que estoy llamando el “tsunami” de violencia contra de las mujeres”. Los congresistas anunciaron la realización de un debate de control político sobre los hechos denunciados en el departamento del Guaviare, en donde más de 180 uniformados habrían estado incurriendo, presuntamente, en abusos contra niñas indígenas y simultáneamente se conformará una mesa de trabajo que adelante un   diagnóstico de lo que está sucediendo en los casos de abusos, acoso sexual, violencia basada en género en el ámbito laboral, tanto en el Congreso de la República como en el resto de la sociedad. Tomado del Senado de la República

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La representante a la Cámara, Lina María Garrido Martín, alertó al Gobierno Nacional por los hechos de corrupción que se vienen registrando en el departamento de Arauca por parte de la gobernadora encargada, Indira Luz Barrios Guarnizo, al entregarle más de 90 mil millones de pesos a la Asociación Regional de Municipios del Caribe, Aremca, pese a encontrarse sancionada por la Contraloría General de la República.

“A Arauca no solo la está afectando la violencia sino también la corrupción”: representante Lina María Garrido

La representante a la Cámara, Lina María Garrido Martín, alertó al Gobierno Nacional por los hechos de corrupción que se vienen registrando en el departamento de Arauca por parte de la gobernadora encargada, Indira Luz Barrios Guarnizo, al entregarle más de 90 mil millones de pesos a la Asociación Regional de Municipios del Caribe, Aremca, pese a encontrarse sancionada por la Contraloría General de la República. Reveló que Aremca no cuenta con un músculo financiero para ejecutar esos recursos, no está inscrita ante el Ministerio del Interior y no tiene ningún elemento común como identidad cultural, territorial, comercial o económica con el departamento de Arauca, situación que no solo no da garantía al territorio sino que además no le va permitir recibir alrededor de 10 mil millones de pesos por pago de impuestos ante la entidad territorial pues los recursos serán administrados desde otro Departamento.   Dijo la congresista Garrido Martín que los hechos han sido denunciados desde el 2 de julio ante los entes de control, donde ha instaurado 7 denuncias y a la fecha no ha recibido ninguna respuesta al respecto. A la fecha Arauca está ad portas de incumplir con las metas del plan de desarrollo departamental debido a que los más de 90 mil millones de pesos comprometidos provienen del Sistema General de Regalías y hacían parte de lo establecido para el bienio.  Tomado de Cámara de Representantes

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Se levanta toque de queda en el municipio de Arauca, así lo determinó el gobernador (e) Alejandro Navas

Con el propósito de seguir reactivando la economía en el municipio capital y teniendo en cuenta las recomendaciones dadas en el Consejo de Seguridad por parte de las autoridades y el alcalde de Arauca Edgar Tovar, este sábado 29 de enero el gobernador (e) Alejandro Miguel Navas Ramos deroga la medida de toque de queda a partir de la fecha, a través del Decreto 103 de 2022. De esta manera el gobernador junto a la Fuerza Pública estudió la cifra y el comportamiento de amenazas llegando a la conclusión que, “como gobernador encargado determiné suspender la medida del toque de queda para el municipio de Arauca, a partir del momento. Continuamos con la medida para los municipios de Arauquita, Tame, Saravena y Fortul”, dijo el mandatario. Navas Ramos agradeció a la ciudadanía del municipio de Arauca por el comportamiento que tuvieron durante los días en que duró la medida, así mismo el trabajo que está realizando la Fuerza Pública para contrarrestar el riesgo de hechos de inseguridad en el territorio. Este Consejo de Seguridad tuvo participación por parte de Alcaldes y Diputados, quienes siguen aportando en un trabajo institucional acciones que permitan la tranquilidad de la ciudadanía araucana.   Tomado de la Gobernación de Arauca. 

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Mindefensa anuncia creación de unidad especial para ubicar a autores de masacres

El jefe de la cartera de Defensa se pronunció frente a los homicidios que se han presentando en  Nariño, Cauca, Arauca y Antioquia.  Previo a un consejo de seguridad en el departamento de Arauca, el Ministro de Defensa, Holmes Trujillo, anunció la creación de la ‘Unidad Especial de Identificación, Ubicación y Judicialización de perpetradores de homicidios colectivos’ y aseguró que detrás de los casos de los últimos días está el narcotráfico. Reiteró la urgencia de reiniciar la aspersión de cultivos ilícitos en la lucha contra el problema mundial de las drogas. “Detrás de las masacres de los últimos días están los mismos masacradores de siempre y por las mismas razones. Ex Farc, ELN, grupos narcotraficantes y delincuentes de todos los pelambres. Todos ellos, luego de un periodo en el que creyeron que podrían tomarse el país bajo la total impunidad. Nosotros lo advertimos, la impunidad es partera de más violencia”, afirmó el Ministro de Defensa. Agregó que “mientras tanto hay quienes hacen politiquería con la muerte. Se expresan indignados por la violencia, pero al tiempo defienden la impunidad de los masacradores de ayer y se oponen a la erradicación, a la aspersión y a la acción en general de la Fuerza Pública para acabar con los cultivos ilícitos que financian a los masacradores de hoy”. El jefe de la cartera de Defensa cuestionó a quienes buscan desacreditar la labor y el sacrificio de los de soldados y policías por la seguridad de los colombianos y expresó que la Fuerza Pública “continuará cumpliendo su mandato constitucional y legal irrenunciable de proteger a la población y la integridad territorial y avanzando gracias a su heroica tarea en la erradicación”. El Ministro también advirtió que “la mano acusadora de la politiquería injuriosa y calumniosa se va contra el Gobierno y la Fuerza Pública cuando hay un crimen. Pero guardan silencio sobre el mal que le sigue causando al país el aumento de los cultivos ilícitos que es la caja de los criminales que están cometiendo masacres, debido a las políticas equivocadas que defendieron”. El jefe del Sector Defensa hizo énfasis en la necesidad de reiniciar la aspersión aérea para disminuir los cultivos ilícitos en el país. “Se trata de un asunto de seguridad nacional. Con la aspersión se erradican muchas más hectáreas diariamente -en promedio 400 -. Es más segura. Evita los muertos y los heridos y es más económica”. Finalmente, señaló que “los cultivos ilícitos y el narcotráfico son el principal enemigo de la paz en Colombia. La base del derecho a la paz es la vigencia de la Constitución y el ejercicio legítimo de la autoridad, no la justificación del crimen”. ‘Unidad Especial de Identificación, Ubicación y Judicialización de perpetradores de homicidios colectivos’ Desde Arauca, el Ministro de Defensa anunció la creación de la ‘Unidad Especial de Identificación, Ubicación y Judicialización de perpetradores de homicidios colectivos’. Se trata de una unidad especial “con características de élite, integrada por nuestros mejores hombres en las distintas fuerzas para efecto de identificar, ubicar y judicializar a quienes hayan participado en estos homicidios colectivos”. Agregó que los responsables de estos crímenes harán parte del cartel de los más buscados por ser perpetradores de homicidios colectivos y que se contará con un “programa de recompensas que movilice la colaboración de la ciudadanía para efecto de encontrar su paradero, lograr su captura y que las autoridades les apliquen con severidad todo el peso de la Ley”. Por su parte, el director de Seguridad Ciudadana de la Policía Nacional, general Jorge Luis Vargas, aseguró que esta unidad especial estará compuesta por investigadores del Grupo Antiterrorismo de la Dijín; expertos del Grupo de Homicidios de la Policía Nacional; funcionarios de la Dirección de Inteligencia de la Policía Nacional y del Centro de Análisis Criminal de la Policía. Además, aseguró que se está solicitando a la Fiscalía General de la Nación la designación de un Fiscal coordinador para esta nueva unidad especial y que las operaciones contra los responsables de los homicidios colectivos contarán con el apoyo de las Fuerzas de Tarea Conjuntas de las Fuerzas Militares y los comandos de la Policía Nacional. Con información tomada del Ministerio de Defensa.

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Masacre en Tumaco, Nariño, deja seis jóvenes asesinados

El nuevo hecho de violencia fue confirmado este sábado por el gobernador de Nariño, John Rojas.   “Se trata de seis personas jóvenes, que fueron asesinadas en el sector de La Guayacana. Ya están investigando qué fue lo que ocurrió. Esperamos acciones contundentes para establecer qué está pasando en nuestro departamento”, dijo John Rojas, en diálogo con BLU Radio.  La nueva masacre se conoce en momentos en que las autoridades se preparaban para asistir a un consejo de seguridad para analizar las recientes muertes ocurridas en la última semana en esa región. El ataque sucedió horas después de que se conociera de la muerte violenta de cinco personas en el departamento de Arauca. La Gobernación de Nariño informó a través de Twitter que otros dos jóvenes se encuentran desaparecidos.   A pocas horas del Consejo de Seguridad con Presidente @IvanDuque, se confirma nueva masacre en el municipio de Tumaco, dónde 6 personas habrían sido asesinadas y dos más desparecidas según información preliminar. #NariñoDefiendeLaVida pic.twitter.com/wlVoROY1Pw — GOBERNACIÓN NARIÑO (@gobnarino) August 22, 2020

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Trata de personas: la cruel compraventa por los servicios humanos

Este delito es una violación a los derechos humanos, asó como la vulneración de la autonompia personal. La tata de personas consiste en utilizar a un ciuadano con fines de explotación para obtener provecho propio o de un tercero. Algunas de las finalidades que han constituido este hecho son: prostitución ajena u otras formas de explotación sexual, trabajos o servicios forzados, esclavitud o prácticas análogas a ella, servidumbre, explotación de la mendicidad ajena y extracción de órganos. La Policía Metropolitana de Bucaramanga entre 2010 y 2016 reportó 15 casos registrados en el Sistema de Información Estadístico (Siedco) de los cuales el 80% de las víctimas fueron mujeres, y el 20% hombres. De los 15 casos notificados por el Ministerio del Interior y el Comité Departamental de Lucha contra la trata de personas, el 60% fueron trata trasnacional y el 40% restante trata interna. Entre los países de destino estaban Panamá, España, Arabia Saudita, China, Chile, México, Haití y Brasil. De igual forma, dentro de Colombia se registraron en las ciudades de Bogotá, Barrancabermeja y Bucaramanga. En Santander mediante el Decreto 0250 del 2008 se constituyó el Comité Departamental contra la Trata de Personas, esta entidad se ha encargado de generar acciones encaminadas en el fortalecimiento de la respuesta institucional al momento de identificar y atender el delito. De esta manera Santander fue pionero en Colombia al crear la Política Pública Departamental de lucha contra la trata de personas, gracias al apoyo de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc), mediante la ordenanza 076 de abril de 2013. Por lo tanto, el Gobierno Siempre Santander dentro de la estrategia definida en 2019, ha realizado procesos de formación y capacitación para los representantes institucionales encargados de la problemática, asimismo, se han creado 34 comités municipales que monitorean la situación en la región. La ruta específica de atención inmediata para víctimas inicia cuando una persona ha sido sometida a explotación: sexual, trabajos o servicios forzados, mendicidad ajena, matrimonio servil o extracción de órganos. Posterior a esto se cumplen los siguientes pasos: Se hace contacto con la Secretaría Técnica del Comité municipal o departamental de lucha contra la Trata de Personas, ellos son los encargados de activar la ruta y diligenciar los formatos: reporte de caso, consentimiento informativo y acta de inicio de la asistencia. Se informa a los entes competentes (Ministerio de Interior, Secretaría de Salud, Policía Nacional, Personería, Defensoría del Pueblo y/o Procuraduría, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Migración Colombia). En caso de ser necesario, se gestiona para la víctima el retorno de alojamiento temporal (de 5 a 10 días) que incluye: alimentación, asistencia médica, asistencia psicosocial, entrega de kit de aseso y asistencia en documentos. Vale la pena recordar que el Gobierno Departamental ha creado una cartilla informativa para el personal que desee instruirse sobre esta problemática en Santander. En el documento se encontrarán conceptos básicos, normatividad jurídica, asistencia a víctimas, participación de instituciones, ruta de atención, servicios, acciones y estrategias para la asistencia inmediata.   Con información tomada desde la Gobernación de Santander.  

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Cali completó 48 horas con cero homicidios

“Ese es el mensaje que queremos darle al país y ojalá pudiéramos tener muchos días del año con cero homicidios porque tenemos derecho a la vida, a protegernos, a trabajar y a gozar de un bienestar como caleños y caleñas que somos”, dijo el secretario de Seguridad y Justicia local, Carlos Alberto Rojas Cruz. Resaltó que este tipo de resultados positivos que ponderan el valor y el respeto por la vida, son reflejo de lo que él define como “uno de los mejores momentos” del trabajo coordinado de la Administración Municipal con la Policía Metropolitana y el Ejército. “La tarea más importante se centra en construir seguridad ciudadana con la ciudadanía, a partir de un mensaje de mucha fuerza por la vida”, expresó el funcionario. Agregó que en el marco del escenario generado por el covid-19, que implica retos inesperados frente a una pandemia, la respuesta de la institucionalidad se soporta en la creatividad e innovación “para llevar siempre un mensaje positivo de protección de la vida a la ciudadanía”. Según Rojas, gran parte de la ciudadanía viene respondiendo positivamente a las disposiciones adoptadas por la Alcaldía de Cali, sin dejar de reconocer que todavía es normal encontrar durante los operativos a ciudadanos que no acatan las normas dispuestas. “Poco a poco vamos encontrando ese punto de equilibrio que necesitamos”, añadió. Los operativos de control de las medidas de Toque de Queda y Ley Seca se desarrollan con el liderazgo de la Secretaría de Seguridad y Justicia de Santiago de Cali y el acompañamiento efectivo de Policía Metropolitana, Ejército Nacional, secretarías de Movilidad, Gestión del Riesgo y otros organismos del Municipio.   Con información tomada de la Alcaldía de Santiago de Cali.

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Minsalud asigna $1.700 millones a atención de mujeres víctimas de violencias de género

El Ministerio de Salud y Protección Social emitió la Resolución 1255 a través de la cual se les asignan recursos por $1.700 millones de pesos a las entidades territoriales para financiar las medidas consistentes a alojamiento, alimentación, transporte y atención psicosocial a mujeres víctimas de violencias de género, sus hijos e hijas, en lugar diferente al de sus agresores. Óscar Javier Siza, jefe de la Oficina de Promoción Social, aclaró que la medida cubre también a hijos e hijas menores de 25 años con dependencia económica y a los mayores de edad con discapacidad, con dependencia funcional y económica. “Esta medida es temporal por seis meses, prorrogable hasta por seis meses más”, señaló. Siza explicó que una vez la autoridad competente otorgó este beneficio, “estas podrán implementarse bajo dos modalidades: casas de acogida, albergues, refugios o servicios hoteleros; o recibirán un subsidio monetario en los términos del artículo 19 de la Ley 1257 de 2008”. Asimismo, con el objetivo de dar cumplimiento a la responsabilidad que le otorgó el artículo 19 de la Ley 1257 de 2008 al Ministerio de Salud, el pasado 3 de abril de este año se expidió la Resolución 595 en la cual se determinaron los criterios para la asignación y distribución de los recursos disponibles de la Nación para concurrir en la financiación de estas acciones. “Se recibieron certificaciones de 14 de las 40 entidades territoriales del orden departamental y distrital del país, de las cuales siete (Atlántico, Bogotá, Cundinamarca, Buenaventura, Cali, Valle del Cauca y Cauca) fueron territorios que cumplieron con los criterios establecidos en la normatividad acreditando la capacidad de implementar y hacer seguimiento a las medidas de atención”, aseguró. Precisó Siza que las medidas de atención legal están contempladas también y estas serán implementadas posterior al otorgamiento de las medidas de protección y de atención bien sea con el comisario de familia, juez promiscuo municipal, juez civil municipal o juez de control de garantías. Finalmente, Siza pidió a las autoridades territoriales para realizar una nueva identificación de las casas refugio, casas de acogida o albergues existentes en sus territorios “con el fin de que puedan acreditar los requisitos de la Resolución 595 en un término no superior a 15 días y también puedan acceder a los recursos dispuestos por este Ministerio”, concluyó.     Tomado de Ministerio de Salud.

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MinSalud rechaza la violencia contra personal médico

Situaciones como amenazas, lesiones personales, control o restricción del tránsito de medicamentos y/o equipos, hurto de medicamentos y/o equipos, restricción y/o prohibición de la oferta de servicios de salud, forzar la atención en salud en condiciones inadecuadas y obstaculización de la atención de heridos o enfermos, son algunos de los incidentes que mayor ocurrencia tienen en el territorio nacional y que han tenido un incremente de 19.44% frente al año anterior. Es por esto que el Gobierno Nacional reitera su rechazo contundente e inmediato a cada acto de violencia contra la Misión Médica. “Atentar contra el personal sanitario debe ser investigado y sancionado categóricamente por las autoridades competentes. Así mismo, es deber ético, moral, social, constitucional y legal de cada residente en Colombia respetar y cuidar al ser humano que exponiendo su vida misma, se enfrenta diariamente a esta pandemia para salvaguardar la vida de sus pacientes”, señaló el jefe de la Oficina de Gestión Territorial, Emergencias y Desastres del Ministerio de Salud y Protección Social, Luis Fernando Correa Serna. La situación es preocupante dado que en lo que va corrido del año el país registra 85 eventos contra la Misión Médica, de los cuales 62 son incidentes y 23 son infracciones. Los departamentos que presentan mayor cantidad de afectación son Norte de Santander, Valle del Cauca, La Guajira, Huila, Arauca y Nariño. En este sentido, el Ministerio invita urgentemente a las autoridades municipales y departamentales a incrementar las acciones dirigidas a prevenir la violencia contra el personal sanitario y procurar su protección en los territorios. Adicionalmente, “solicitamos a la comunidad, los pacientes y sus familiares, así como los grupos al margen de la ley, que respeten la Misión Médica en el marco del Derecho Internacional Humanitario, así como del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, que establecen la salud como un derecho fundamental, por lo que heridos y enfermos deben ser asistidos en toda circunstancia y recibirán los cuidados sanitarios que requieran”, concluyó Correa. Tomado de Ministerio de Salud y Protección Social de Colombia. 

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