mayo 25, 2026

Violencia

“No podemos aceptar los llamados a la anarquía ni a la violencia”: Presidente Duque

Al afirmar que la protesta social es “un mecanismo de expresión, contemplado en la Constitución” y que en la democracia son permisibles las diferencias, los reclamos y las exigencias, el Presidente Iván Duque Márquez puso de presente que lo que el país no puede aceptar son los llamados a la anarquía ni a la violencia. El Jefe de Estado hizo la reflexión al intervenir este miércoles en la conmemoración de los 100 años de la Cámara de Comercio Internacional (ICC), evento en el que resaltó la importancia de la reunión de este martes con la Comisión Permanente de Concertación de Políticas Laborales y Salariales. “Valoro que ayer, centrales obreras como la CGT (Confederación General del Trabajo) o la CTC (Confederación de Trabajadores de Colombia) manifestaron el rechazo absoluto a la violencia y a la incitación de la violencia, porque los que quieren convertir la protesta social en un mecanismo de violencia, de pandillaje o de vandalismo son los que pretenden exacerbar sentimientos de odio en la sociedad; y eso no lo podemos permitir como sociedad”, aseveró el Mandatario. Agregó que los gobernantes deben analizar las expresiones de inconformidad y tomar correcciones “si es el caso, pero no podemos dejarnos llevar a la destrucción, cuando hemos visto cómo en algunos países han acabado lugares de trabajo de la gente y han destruido mecanismos de transporte de los más necesitados”. Hizo énfasis en que “somos un país que reconoce el derecho constitucional a la protesta pacífica, pero también tenemos un Estado de Derecho que tiene que ser siempre implacable con quienes quieran apoyar la violencia o a la transgresión de la ley para pretender doblegar las instituciones”. No se han presentado reformas laboral ni pensional En ese sentido, el Jefe de Estado reiteró su rechazo a quienes “pretenden incitar a la violencia sobre la base de mentiras” y resaltó que el Gobierno Nacional “no ha presentado ninguna reforma pensional y no ha presentado ninguna reforma laboral”. Aseguró que cualquier discusión sobre estos temas se debe adelantar “en el marco de la Comisión de Concertación como el mecanismo tripartito (Gobierno, sector privado y centrales obreras) para el debate de las políticas salariales y de empleo en la sociedad”. Aseveró que en la citada Comisión “dejé muy claro que no solamente estoy en desacuerdo, sino que rechazo la idea de algunos de reducir el salario mínimo. Este Gobierno rechaza esa sugerencia”. También señaló que su Gobierno “rechaza la idea de pagarles a los jóvenes por debajo del salario mínimo, porque sería pauperizar el trabajo los jóvenes”. El Presidente, de la misma manera, dijo categóricamente “que nosotros no estamos proponiendo aumentar la edad de pensión ni aumentar la cotización. Lo que sí necesitamos es que, pensando en la equidad en Colombia, tengamos mayor cobertura”. En este contexto enfatizó: “No puede ser que en Colombia, solamente uno de cada cuatro mayores de 65 años tenga acceso a una pensión”. Información tomada de la Presidencia de la República

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Duque reforzará la seguridad en el departamento de Cauca con 2.500 uniformados

Al concluir el Consejo de Seguridad, realizado en el norte del Cauca tras el asesinato de 5 indígenas del resguardo de Tacueyó, el Presidente Iván Duque Márquez anunció, este miércoles, que en un término de 40 días debe iniciar operaciones en el departamento la Fuerza de Despliegue Rápido número 4 (Fudra 4), unidad que estará conformada por 2.500 uniformados. El Jefe de Estado aseguró que la Fudra 4 tendrá tres objetivos contundentes, entre los cuales destacó el desmantelamiento de los grupos criminales vinculados al narcotráfico que pretenden intimidar a las poblaciones de esa región del país. “La Fuerza de Despliegue Rápido número 4 va a traer 2.500 efectivos más de la Fuerza Pública, para cumplir los tres propósitos: control territorial, cerrar las rutas del narcotráfico empleadas por estas organizaciones y desmantelar esas organizaciones”, destacó el Mandatario en declaración a medios periodísticos, acompañado de la cúpula de las Fuerzas Militares y de la Policía. Explicó que la Fudra número 4 va a operar “de la mano de la estructura Atalanta, en la cual también participan todas las fuerzas y donde hay un gran insumo de inteligencia y de capacidad ofensiva de nuestra Policía Nacional”. Al hacer el anuncio del fortalecimiento de la Fuerza Pública en el Cauca, el Jefe de Estado condenó el acto de violencia del martes en el que murieron los cinco indígenas, entre ellos la Gobernadora del resguardo de Tacueyó, Cristina Bautista. “Aquí está el Estado unido para rechazar esos hechos execrables del día de ayer, hechos de violencia sanguinaria contra miembros de nuestras comunidades indígenas. Claramente, los asesinos y los responsables de este crimen son estructuras del narcotráfico, disidentes, residuales, que lo que han querido es mantener el negocio del narcotráfico y buscar con las armas acallar las expresiones de las comunidades y amedrentar a las comunidades indígenas”, afirmó el Presidente Duque. El Mandatario, al nombrar las estructuras criminales ‘Jaime Martínez’ y ‘Dagoberto Ramos’, las señaló como las responsables del narcotráfico y de los hechos violentos contra líderes sociales en el norte del Cauca “Aquí se ha dicho, por parte de la Fiscalía, cómo se avanza en el esclarecimiento de muchos de estos crímenes y, claramente, tienen un vínculo con esas estructuras del narcotráfico que han querido amenazar a líderes sociales, a miembros de las comunidades indígenas y a candidatos”, subrayó el Jefe de Estado, quien aseguró que estos grupos criminales también tratan “de capturar el poder territorial”. Finalmente, enfatizó que ante esa amenaza de los violentos, el Estado se encuentra unido “para enfrentarlos y decirles que no lo van a lograr”. Por su parte, el Gobernador del Cauca, Óscar Rodrigo Campo Hurtado, destacó el respaldo y el compromiso que el Presidente Duque ha demostrado con los caucanos, en medio de las circunstancias de orden público. “Quiero resaltar que el Presidente de la República nos visita permanentemente en el departamento; él está asumiendo directamente las distintas acciones del Estado para que los caucanos podamos sentirnos acompañados al enfrentar a estos enemigos comunes que, aliados totalmente con el narcotráfico, hoy golpean a nuestras comunidades”, aseveró el mandatario departamental. Calificó como “acto demencial” y de “desespero” el homicidio de los cinco indígenas en el municipio de Toribío, y resaltó el anuncio de la operación de la Fudra número 4 en el Cauca. “El Presidente nos apoya con esta Fuerza de Despliegue Rápido número 4 para poder enfrentar, de una forma definitiva, a estas dos disidencias, como lo son la Jaime Martínez y Dagoberto Ramos. Gracias, Presidente”, dijo el Gobernador. Por último, el Mandatario caucano recordó la recompensa que ofrece el Gobierno Nacional por información que permita ubicar a los cabecillas de estos grupos criminales. “Recuerdo que hay recompensa por alias ‘Mayimbú’, de mil millones de pesos, como bien lo informó el Presidente en una anterior visita, y también hay recompensas contra alias ‘Barbas’ y alias ‘El Indio”, aseguró el Gobernador. (Información tomada de Presidencia de la República).

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Asesinan a cuatros personas en Jamundí. Autoridades culpan a disidencia de las FARC

Tres hombres y una mujer fueron encontrados muertos en el municipio de Jamundí, Valle del Cauca, con varios impactos de arma de fuego en la cabeza. Según las autoridades de la zona, los cuerpos fueron hallados en la madrugada de este viernes en el interior de un vehículo. Aun no se conoce quienes son los responsables de este crimen, pero los primeros informes señalan a hombres de la disidencia de las Farc como sus autores. El alcalde del municipio de Jamundí, Edgar Yandi, aseguró que las autoridades realizan las investigaciones en el corregimiento de Guachinte, donde sucedieron los hechos.  “Lo que nos dicen es que las víctimas se movilizaban en un vehículo y los atacaron con arma de fuego”, relató. Entre las víctimas, se encuentra el hermano de uno de los funcionarios de la alcaldía de Jamundí y un conductor informal de la zona- Jamundí ha sido epicentro en los últimos meses  de varios hechos de violencia protagonizados por organizaciones armadas ilegales como el ELN, y la banda Los Pelusos. El Defensor del Pueblo, Carlos Negret, alertó sobre la presencia de carteles mexicanos en el municipio, donde  grupos al servicio del narcotráfico se han asentado para tomar control de algunas rutas utilizadas para llevar cocaína hasta México y de allí a Estados Unidos.

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La violencia en Cauca, incrementa el temor de la población

Durante las últimas semanas, se han evidenciado ataques en la región del Cauca a candidatos postulados a las próximas elecciones, como también a líderes sociales y de comunidades indígenas de este territorio. Los asesinatos y amenazas por parte de bandas criminales, especialmente en Toribio y Corinto, han incrementado el desplazamiento de la población por temor a nuevos hechos de violencia. El crimen de Karina García, la candidata a la alcaldía de Suárez, y los cinco acompañantes que viajaban con ella, mantiene en alerta a las autoridades. Y es que en lo que va transcurrido del año 2019, se ha cometido entre 22 y 23 asesinatos de líderes sociales en diferentes zonas del departamento. La violencia que se vive en la región del Cauca es un tema que no puede pasar desapercibido; además de la pobreza, por su ubicación geográfica, la zona es estratégica para los grupos armados, para el cultivo ilícito, el desplazamiento de las comunidades, y las crudas matanzas que se presentan en el territorio. Tras el acuerdo de paz firmado en 2016, se superaban las expectativas frente a la situación crítica que no solo vive el Cauca, sino otros departamentos colombianos que han sufrido masacres y atentados que se asocian con el conflicto armado. “Aunque no podemos hablar de una guerra en pasado, pues en nuestro territorio el conflicto armado sigue vigente con la presencia de grupos armados y las amenazas que seguimos  recibiendo, tenemos la esperanza de que la Comisión incluya nuestra verdad en su informe final y que reconozca que en medio del conflicto tenemos unas afectaciones particulares” Afirmo la líder social, Clemencia Carabalí.  

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Acusados por violencia sexual a menores podrían quedar en libertad

Al menos 2.875 personas acusadas de abuso sexual a menores de edad podrán quedar en libertad en los próximos cinco años por “pena cumplida”, según el Inpec.  La entidad tendrá la obligación de revisar y verificar si cumplen o no con los requisitos para recobrar la libertad, pues de acuerdo con cifras entregadas por la institución, 1.380 exconvictos son reincidentes de este delito, datos que preocupan a algunos sectores políticos y organizaciones sociales. Hasta el momento, 804 personas condenadas por violación sexual han sido beneficiadas con la ley de casa por cárcel, mientras que otras 840 son monitoreadas a través de sistemas de vigilancia electrónica.  Según informes oficiales, en el año 2018 abusaron de 22.794 menores de edad en el territorio nacional. Por lo tanto, para evitar este tipo de delitos, la representante a la Cámara por Bogotá, Ángela Sánchez, citó a un debate de control político en la Plenaria de Cámara de Representantes.  “Colombia es un país hostil para crecer, en donde los niños y niñas se encuentran expuestos a toda clase de vejámenes y tipos de violencia, situación que debe llamar la atención del gobierno nacional de manera urgente y prioritaria. Por ejemplo, la cifra de 22.794 niños violentados sexualmente equivale a que en Colombia son abusados cada mes 1. 899 niños, semanalmente 438, diariamente 64 y casi 3 niños cada hora”, reveló la parlamentaria. El debate coincidirá con la discusión que, sobre la implementación de la cadena perpetua a los asesinos y violadores de menores en Colombia, avanza en el Congreso.

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Así se busca prevenir la violencia contra la mujer en el transporte público

Estas actividades se realizarán en el marco de la conmemoración del Día Internacional por la Eliminación de las Violencias Contra las Mujeres. Arrancó en diferentes estaciones de TransMilenio una campaña para combatir la violencia contra las mujeres en la ciudad. Con gestores de convivencia y casas de justicia móviles se busca sensibilizar a los usuarios del sistema sobre este flagelo. La apuesta de la Administración del alcalde Enrique Peñalosa es garantizar los derechos de la mujer y construir espacios más seguros para ellas, especialmente en el Sistema de Transporte Masivo TransMilenio. Con el acompañamiento de los Gestores de Convivencia, el Distrito está sensibilizando a los usuarios de TransMilenio para crear conciencia de la importancia de denunciar cualquier agresión contra la mujer en el transporte púbico. Esta acción obedece a la estrategia Entornos Protectores que incorpora enfoques de género y diferenciales con el objetivo de mejorar la percepción de seguridad de las mujeres que usan a diario el transporte masivo de la ciudad. La Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia, ha insistido en que todo abuso contra la mujer se constituye en un delito y por esta razón ha programado el acompañamiento de las Casas de Justicia Móviles durante estas jornadas para facilitar el acceso a la denuncia de mujeres que sean víctimas de algún tipo de acoso, así como de los ciudadanos que quieran poner en conocimiento estos hechos. Con la presencia de las Casas de Justicia Móviles y de los Gestores de Convivencia en estos espacios, la Administración Distrital busca orientar a las mujeres con el propósito de salvaguardar sus derechos. Con información de la Alcaldía Mayor de Bogotá 

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Indolencia del estado frente a la violencia contra la mujer

Por, senadora Rosmery Martínez Rosales, Partido Cambio Radical Aunque en Colombia existen leyes tendientes a la sensibilización, prevención y sanción contra la violencia y la discriminación hacia las mujeres, como la Ley 1257 de 2008, de la cual soy coautora, los altos y preocupantes indices de impunidad continúan de forma vergonzosa incrementando los niveles de desconfianza en el sistema de administración de justicia, y transmitiendo el negativo mensaje de que se puede maltratar a la mujer. ¡Ya!, deberíamos tener claro que la respuesta a la violencia contra la mujer requiere los esfuerzos de todos, sin excepción alguna.   ¿Por qué la ley no llega a las personas? ¿Por qué su desconocimiento? Junto con el desarrollo normativo, se debe avanzar a nivel institucional y comunitario en estrategias pedagógicas contundentes que  sensibilicen  y socialicen la normatividad existente. Es necesario  romper los paradigmas de exclusión y de discriminación; vivimos condicionados por una estructura social enraizada en la desigualdad funcional entre mujeres y hombres, lo cual concibe efectos perversos de subyugación, como si las mujeres no fuesen seres humanos con anhelos, expectativas, creencias y valores. ¡Ya!, deberíamos tener claro que la respuesta a la violencia contra la mujer requiere los esfuerzos de todos, sin excepción alguna, debemos direccionar  el establecimiento de una política pública que articule todas las entidades nacionales, incluyendo los entes de control, como fórmula irrebatible para que se  garantice avanzar en la prevención de la violencia contra la mujer, fortalecer los mecanismos de atención, protección  y apoyo social, y ejecutar procesos judiciales eficaces para valorar los daños de tipo psicológico, sexual, físico o patrimonial generado. Uno mi voz a la voz de todas las mujeres que reclaman ser valoradas y reconocidas para que esta política pública se vuelva realidad y no quede reducida a un juego de palabras. Esta es una causa por la que hay que seguir luchando,  porque hoy solo se percibe la indolencia del Estado colombiano, quien parece  más familiarizado con la muerte y la agresión, como si no tuviera  consciencia de que la violencia contra la mujer ¡mata!, y no únicamente mata a la mujer, descompone la célula familiar y erosiona los cimientos de nuestra sociedad. Reitero, la atención  a la mujer debe ser comprometida, integral y coherente: esta es una obligación constitucional y un imperativo ético.

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Colombia: País peligroso para ser mujer

Por, senador Juan Manuel Galán, Partido Liberal Colombia puede ser uno de los países del mundo más peligrosos para ser mujer. Según cifras del DANE, en nuestro país las mujeres y las niñas son el 51% de la población. En 2016, de acuerdo con los últimos datos de la Corporación SISMA Mujer, ellas representaron más del 59% de los casos de violencia intrafamiliar; el 85,32% de los casos de violencia sexual y se convirtieron en el mayor porcentaje de víctimas de homicidios perpetrados por la pareja o ex pareja. Las recientes denuncias de mujeres líderes de opinión, sobre situaciones de abuso, maltrato y violación, vuelven a poner el tema sobre la mesa. Los informes nos muestran que este tipo de violencia no está concentrada en algunas regiones, sino generalizada en todo el país. Así lo indican el Instituto de Georgetown para la Mujer, la Paz y la Seguridad y el Instituto de Investigación de la Paz de Oslo, autores en el 2017 del primer índice de género en el que midieron el bienestar de las mujeres en relación con factores como la inclusión, la justicia y la seguridad. “En 2016, de acuerdo con los últimos datos de la Corporación SISMA Mujer, ellas representaron más del 59% de los casos de violencia intrafamiliar; el 85,32% de los casos de violencia sexual y se convirtieron en el mayor porcentaje de víctimas de homicidios.” Este índice nos muestra que la puntuación de Colombia cayó a 120 en la dimensión de seguridad, y que nuestro país obtuvo un ranking general de 96/153. En realidad, todos sabemos que hace falta voluntad del sector público y del sector privado para una verdadera promoción de la equidad entre mujeres y hombres y la garantía de su seguridad. Es cierto que nuestro país no está aislado en esta problemática. De hecho, según cifras de la Comisión Económica para América Latina y El Caribe (CEPAL), en promedio, al menos 12 mujeres son asesinadas cada día en Latinoamérica por condiciones de género. Sin embargo, esto no puede ser una excusa, pues por nuestras cifras internas, pareciera que hubiéramos desarrollado una alta tolerancia hacia este tipo de violencia y su crudeza. Las mujeres están pidiendo un cambio, y el país no puede seguir negándose a escuchar. Comparto las palabras del primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, que en su discurso de apertura del Foro Económico Mundial en Davos, esta semana, desafió a los líderes de las corporaciones más grandes del mundo y a la institucionalidad pública, a proteger a las mujeres y a potenciar su rol en el desarrollo de los países. Como bien lo dijo el Primer Ministro, el tiempo de escuchar y aprender ya pasó; ahora, es tiempo de liderar, tomar en serio cada denuncia y resolverla. En el caso colombiano, cada minuto cuenta.

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