junio 14, 2024
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Supersalud

Reacciones a polémica intervención de Sanitas por presunto incumplimiento de requisitos financieros

Tras la intervención de la EPS Sanitas por la Superintendencia Nacional de Salud, se ha desatado una serie de reacciones del sector público y privado, además de la preocupación ciudadana por la suerte que podrían correr los 5.790.578 de afiliados que a la fecha tiene la cuestionada empresa de Salud. Por su parte el superintendente, Luis Carlos Leal, al respecto indicó “la medida se ordena por un año, y está basada en el incumplimiento de los requisitos financieros de habilitación y otros factores analizados en el comité de medidas especiales desarrollado al interior de la Superintendencia”. ¿Cómo se maneja éste proceso? Ante las dudas que surgen desde diversos sectores ante esta intervención administrativa hay que destacar que la Supersalud designaría un funcionario interventor que durante el tiempo que consideren pertinente reemplace al gerente de la EPS y asuma la dirección de la entidad prestadora de salud. De igual forma la EPS continuará prestando sus servicios con total normalidad. Acesi Olga Lucía Zuluaga, directora de esta asociación que reúne a los hospitales públicos de Colombia, expresó “es algo necesario cuando definitivamente no se está garantizando la atención y el derecho a la salud. Lastimosamente, las quejas de Sanitas se habían incrementado de forma importante por la no entrega de medicamentos, por la dilatación de los servicios, lo cual obliga a que la Superintendencia actúe”. Acemi Desde la dirección de Acemi, asociación que agremia a las EPS, se emitió un comunicado en “rechazo por la medida de intervención forzosa para administrar decretada el día de ayer por la Superintendencia Nacional de Salud a nuestra afiliada Sanitas EPS”. “la medida se da en medio de la discusión política de la reforma a la salud y su posible hundimiento y a pesar de reiterados y múltiples solicitudes al gobierno nacional para adoptar las acciones requeridas para conjurar la crisis del sector”. Asociación de Usuarios de Sanitas Álvaro Molina, director de la asociación indicó en recientes declaraciones sobre este espinoso tema que “la intervención no es para mejorar. Cuatro EPS intervenidas por esta superintendencia demuestran que, en el proceso de intervenir, pese a que sean buenos interventores, el deterioro en la prestación aumenta. No es mejorar, es poner en riesgo la vida de los pacientes”.

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JP Hernández demanda nombramiento de Superintendente de Salud

El Consejo de Estado recibió una demanda interpuesta por el senador JP Hernández en contra del nombramiento del superintendente de Salud, Luis Carlos Leal quien es médico especialista en cirugía general de la Universidad Nacional de Colombia y candidato a Magister en Salud Pública de la Pontificia Universidad Javeriana, expresidente de la Asociación Nacional de Internos y Residentes (ANIR). La solicitud del polémico congresista exige desechar los cambios que sufrió el manual de competencia y funciones de la entidad, por medio de los cuales se consolidó el nombramiento de Luis Carlos Leal al frente de la Superintendencia. Asimismo, se pudo conocer que, Hernández, alega que dichos cambios al manual redujeron de manera significativa los requisitos mínimos exigibles para postularse al cargo de superintendente y que en ese sentido “No solo disminuyó los requisitos exigidos para el cargo directivo código 030 grado 25 contemplados en la Resolución 010450 de 2018 de la Superintendencia de Salud, sino que contraviene los requisitos mínimos o bases generales que dispuso el Decreto 1083 de 2015 (norma de rango superior)”, se lee en el auto del alto tribunal.

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Bancada antioqueña en el Congreso pide al Presidente Petro que se revierta la intervención forzosa administrativa sobre Savia Salud EPS

Un grupo de 24 congresistas antioqueños, entre senadores y representantes a la Cámara, suscribieron una carta dirigida al presidente de la República y a la Superintendencia Nacional de Salud, en la que solicitan que se reverse la intervención forzosa administrativa sobre Savia Salud EPS. “Como Congresistas de Antioquia, elegidos por distintos movimientos y partidos, queremos expresarle nuestro asombro y desacuerdo con la intervención forzosa administrativa de la EPS mixta SAVIA SALUD, materializada el 16 de junio. Nos preocupa que una determinación apresurada rompa la inercia de mejoría que se viene consolidando en la entidad”, señala la carta, que enumera argumentos que, a su juicio, dan lugar a revertir la medida. En primer lugar, destacan que “la EPS presenta un cumplimiento superior al 75% en los indicadores Fénix (indicadores que miden el desempeño de las EPS). En el año 2018, cuando inició la vigilancia especial por la Superintendencia Nacional de Salud se cumplían 9 de 19 indicadores, a la fecha se cumplen 14 de 19; y es importante anotar que en los 5 indicadores restantes hay una dinámica importante de mejoría y crecimiento y van, en algunos casos en porcentajes de cumplimiento del 80 y el 90”. Añaden que “si se mantiene la misma dinámica que la EPS trae, al final de este año se podría estar cumpliendo con un par de indicadores más; es decir se llegaría a cumplimiento de 16 indicadores y avances importantes en los otros 3, algo que está por encima de muchas de las EPS que hoy operan en el país y que no tienen ni siquiera medida de vigilancia”. Sobre las finanzas, la carta explica que “con corte al mes de mayo, SAVIA SALUD presenta una siniestralidad del 106% (de cada 100 pesos que recibe cuánto invierte en sus afiliados), mientras que al mismo período del 2022 era del 114%, situación que revela el mejoramiento no solo en la atención de los pacientes sino en el control financiero de la EPS”. “Resulta evidente, Señor Presidente, que se viene haciendo la tarea con rigor y disciplina, pensando en los más de 1.6 millones de afiliados de SAVIA SALUD, de allí que, como Congresistas, compartimos la preocupación de la ciudadanía antioqueña frente a una medida que a todas luces parece apresurada y poco sustentada”, añade. Finalmente, los firmantes destacan que “la Resolución 2023320030000357-6 del 27 de enero de 2023 contempla 6 meses de prórroga a la medida de vigilancia especial que había sobre SAVIA SALUD, plazo que se vence el 28 de julio de 2023 por lo que resulta aún más incomprensible la intervención sobre la EPS, un mes y medio antes del vencimiento de la medida, sobre todo, cuando resulta evidente que la realidad de SAVIA SALUD es de franca mejoría como puede verificarse en todos los indicadores”. Tomado de la Gobernación de Antioquia

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La Superintendencia de Salud ordena la liquidación de la EPS Saludvida

Finalmente, la Supersalud ordenó la liquidación de la EPS Saludvida  por deficiencias en la prestación del servicio a sus afiliados.  A causa de la difícil situación en que se encontraba la entidad,  este martes, la Supersalud ordenó la liquidación de la entidad a través de la resolución 8896 de 2019. “Encontramos unos pasivos superiores al billón de pesos, encontramos que muchos de los usuarios vulnerables ya estaban corriendo peligro, encontramos deficiencia en la atención de adultos mayores, madres gestantes, atención infantil, prenatal y baja detección del cáncer de mama. Por eso tomamos la decisión de liquidar esta EPS”, aseguró el superintendente nacional de Salud Fabio Aristizábal. La EPS, que cuenta con 1,1 millones de afiliados en todo el país, se encontraba bajo vigilancia especial desde el año pasado. Los usuarios que eran atendidos por la entidad, serán trasladados a otra EPS por el Ministerio de Salud y Protección Social a partir del 1 de noviembre, garantizándoles así el servicio. Ahora la Superintendencia Nacional de Salud tiene la lupa puesta en 18 EPS más que corren el riesgo de también ser liquidadas.

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SuperSalud tomó posesión de Cruz Blanca por presuntas irregularidades

  De acuerdo con algunas irregularidades encontradas, SuperSalud tomó posesión de la EPS Cruz Blanca, debido a que estaba poniendo en riesgo la prestación del servicio a más de 336.000 usuarios en las ciudades de Antioquia, Valle, Cundinamarca y Bogotá. Esta decisión de la SuperSalud fue tomada para ver si la entidad puede garantizar las condiciones para desarrollar su objeto social después del aumento de quejas que ha tenido a lo largo de este año debido a su desequilibrio financiero, sus condiciones de solvencia y la pérdida progresiva de afiliados. Por lo tanto, se tomó, de igual forma, la decisión de cambiar su gerente Ana Leonor Arroyave por el agente especial Felipe Negret Mosquera. La misión de Negret será determinar, en lo próximos dos meses, la viabilidad financiera de la entidad para ver si puede tener continuidad dentro del sistema de salud o no. En caso de encontrar cualquier irregularidad económica, el agente especial deberá notificar a las respectivas entidades para evaluar este caso debido que Cruz Blanca cuenta con, apróximadamente, 14.412 quejas entre enero y julio del presente año. A continuación se presentará el comunicado de prensa oficial publicado por la SuperIntendencia de Salud:  Con el fin de salvaguardar la prestación de los servicios de salud, la Superintendencia Nacional de Salud ordenó la toma de posesión de bienes, haberes y negocios de la EPS Cruz Blanca, removió del cargo de gerente de la EPS a Ana Leonor Arroyave y designó como Agente Especial al doctor Felipe Negret Mosquera. El Agente Especial designado por la Supersalud, en caso de detectar alguna irregularidad o inconsistencia en la información contable relacionada con la gestión de la exrepresentante legal, deberá iniciar las acciones legales respectivas, ante las autoridades competentes. Con la medida adoptada por la Supersalud, a través de la resolución 8129 de 2019, se busca determinar si la EPS, que tiene medida de vigilancia desde el 2012, puede garantizar las condiciones para desarrollar su objeto social, teniendo en cuenta que existe una situación financiera crítica que pone en peligro la protección de los servicios dirigidos a sus 336.000 afiliados en Antioquia, Valle, Cundinamarca y Bogotá. De acuerdo con el acto administrativo, entre los hallazgos que obligaron a la toma de posesión se encuentran que: la EPS Cruz Blanca permanece en el primer lugar de Ranking de Peticiones, Quejas, Reclamos y Denuncias, entre las 15 EPS del régimen contributivo; no cuenta con activos suficientes para cubrir los pasivos y no presenta evidencias que permitan verificar la garantía en la prestación de los servicios para sus afiliados. Entre otros: Componente Técnico Científico El número de PQRD pasó de 10.563 de enero a julio de 2018 a 14.412 en el mismo periodo de 2019, es decir, 3.849 quejas más. Baja cobertura de red en los tres niveles de complejidad, así como deficiencias en el modelo de atención en salud. Deficiencias en el suministro de medicamentos. No cumple con la cobertura para los servicios de baja complejidad de laboratorio clínico y de alta complejidad como oncología pediátrica. Incumple con el 56% de los indicadores (9 de 16) del dominio de Experiencia en la Atención como: Tiempo promedio de espera para la asignación de citas médicas, tiempo promedio de espera para la asignación de cita de odontología general y tiempo promedio de espera para la asignación de cita de pediatría, entre otros. No cumple indicadores de efectividad en la prevención de mortalidad materna y en la tasa de mortalidad perinatal. Componente financiero Los pasivos de $354.255 millones superan los activos de $153.235 millones. Se evidencia incumplimiento de las condiciones financieras y de solvencia. Disminución de 258.250 usuarios entre diciembre de 2015 a junio de 2019, afectando directamente los ingresos por UPC. Existen diferencias entre los reportes que consolidan los saldos de la cartera por recobros, con los de la cartera “pendiente de radicar”. Persisten debilidades de control interno en los mecanismos de verificación de las reservas técnicas. Componente Jurídico Durante el segundo trimestre de 2019, fue notificada de 741 acciones de tutela por conceptos de salud. La tasa de tutelas por cada 10.000 afiliados viene en aumento, al presentarse una tasa de 5,20 en enero, febrero de 6,04, para el mes de marzo 5,46, en abril de 5,00, en mayo de 8,05 y para junio de 8,50. Durante el segundo trimestre de 2019, se notificaron en contra de Cruz Blanca EPS, 182 incidentes de desacato, presentándose el mayor número en el mes de junio al notificarse 71 incidentes. Presenta procesos jurídicos notificados en contra por cerca de $77 mil millones. Contra la resolución 8129, en la que se adoptó la medida, procede el recurso de reposición ante el despacho del Superintendente Nacional de Salud Con información tomada de la SuperIntendencia de Salud.  

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Gobierno anuncia cierre de EPS por corrupción

Reconoció que el desequilibrio que presenta el sector salud está en las EPS corruptas. El viceministro de Salud, Iván González, informó que varias Entidades Prestadoras de Salud (EPS) perderían su habilitación tras la depuración que está realizando la Superintendencia de Salud. De acuerdo con el funcionario, el problema radica en las prestadoras “malas y corruptas”.  “Cuando habla con las buenas (EPS) todas dicen que la plata les alcanza, el desequilibrio está en los recobros”. En entrevista con Caracol Radio, agregó que el Gobierno está trabajando en tres ejes sobre el acuerdo de punto final, que incluyen: liquidez,equilibrio y acciones de no repetición. “Lo que se está planteado es tomar estas deudas y el saldo que nos queda de la liquidación de Caprecom para fortalecer el sistema y en este caso se está trabajando con seis EPS para depurar esas deudas”, dijo. González explicó que de la mano con el Presidente Iván Duque han venido liderando dicho acuerdo. “Es un tema complejo, pero le diría es que al sistema de salud le entran todos los meses inmensas cantidades de dinero, hay dos regímenes, todos los meses giramos $1.6 billones y todos los meses 1.5 para el subsidiado, es un sistema que recibe poco más de $3 billones”. “Hay nuevas tecnologías, y esas atenciones reciben un pago, lo que promete el ministro es tomar deudas que estimamos están en $2.5 billones, y un saldo que nos queda de $500.000 millones para hacer un fondo de $4.5 billones para la liquidez del sistema”, concluyó el funcionario.

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Supersalud denuncia mafias infiltradas en EPS y pide sanciones más severas

“Esperamos resultados oportunos de las investigaciones que tiene en marcha la Fiscalía”: Supersalud. El superintendente de Salud, Fabio Aristizábal, calificó de irrisorias las herramientas sancionatorias con las que actualmente cuenta el sector para atender los casos de corrupción y llevar a cabo la vigilancia y control de 16 Empresas Promotoras de Salud (EPS) que actualmente están en observación especial. “Me parece absurdo el nivel sancionatorio porque apenas se puede llegar a una sanción de $2.000 millones, cuando se necesitan medidas más contundentes”, sostuvo en entrevista con RCN Radio. En concepto del superintendente, es de vital importancia endurecer las medidas para castigar a quienes incumplan sus obligaciones. Por tal motivo, radicó un proyecto de ley desde el pasado 6 de noviembre para “mejorar las sanciones con el propósito de llegar hasta 8.000 salarios mínimos legales vigentes”. La iniciativa busca permitir que la Superintendencia de Salud pueda remover al gerente de una EPS y poner en marcha castigos más severos contra la inoperancia.  “Las acciones nuevas que pedimos en el proyecto le hacían falta a Colombia hace mucho tiempo”, aseguró. Aristizábal se refirió, además, a “las mafias” que, de acuerdo con él, están afectando el sistema. “La Fiscalía está haciendo unas averiguaciones ya. Yo lo que hago es dar resultados en las investigaciones cuando hay detrimento patrimonial”, puntualizó.

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Capturadas cuatro personas por presunta red de corrupción en el sector salud

“Con esta investigación queda probado que los corruptos hacen fiestas en el sistema de salud en detrimento de la integridad del servicio a los colombianos”: Fiscal General. El grupo de Trabajo Especial de Salud logró establecer la existencia de una presunta red delincuencial conformada por al menos cuatro personas quienes se habrían concertado para manipular el sistema de salud valiéndose de los altos cargos que ocupaban en entidades que vigilan ese sector. Las investigaciones adelantadas por el ente acusador permitieron determinar a través de copiosa prueba documental y más de 500 audios que para el 2016 la entonces superintendente delegada para la supervisión institucional de la Supersalud, Eva Katherine Carrascal Cantillo, habría utilizado su cargo para favorecer a entidades promotoras de salud (EPS) y cajas de compensación, a cambio coimas recibidas mensualmente a través de cheques y en efectivo, e incluso habría obtenido una participación accionaria en una EPS. A través del material probatorio recopilado se pudo establecer que presuntamente Carrascal Cantillo y varios exdirectivos y funcionarios de distintas instituciones vinculadas con el sistema de salud, además de funcionarios del Estado de la rama ejecutiva y legislativa del poder público habrían interferido en la toma de decisiones administrativas para supuestamente favorecer empresas del sector. Los análisis adelantados por los investigadores demostrarían como durante el segundo semestre de 2016 y todo el 2017, esta red habría permeado la administración de salud en Colombia mediante el acceso a información oficial privilegiada y el direccionamiento de trámites administrativos que cursaban en la Superintendencia. Unas de las irregularidades fue agilizar pagos de dinero que eran adeudados por EPS como Cafesalud y entidades territoriales y proporcionar información sobre trámites de inspección y vigilancia o de carácter financiero de EPS y cajas de compensación al grupo de particulares que integraban esta red y quienes terminaban asesorando a los sujetos vigilados. Con información de la Fiscalía General de la Nación 

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