Tras la intervención de la EPS Sanitas por la Superintendencia Nacional de Salud, se ha desatado una serie de reacciones del sector público y privado, además de la preocupación ciudadana por la suerte que podrían correr los 5.790.578 de afiliados que a la fecha tiene la cuestionada empresa de Salud.
Por su parte el superintendente, Luis Carlos Leal, al respecto indicó “la medida se ordena por un año, y está basada en el incumplimiento de los requisitos financieros de habilitación y otros factores analizados en el comité de medidas especiales desarrollado al interior de la Superintendencia”.
¿Cómo se maneja éste proceso?
Ante las dudas que surgen desde diversos sectores ante esta intervención administrativa hay que destacar que la Supersalud designaría un funcionario interventor que durante el tiempo que consideren pertinente reemplace al gerente de la EPS y asuma la dirección de la entidad prestadora de salud.
De igual forma la EPS continuará prestando sus servicios con total normalidad.
Acesi
Olga Lucía Zuluaga, directora de esta asociación que reúne a los hospitales públicos de Colombia, expresó “es algo necesario cuando definitivamente no se está garantizando la atención y el derecho a la salud. Lastimosamente, las quejas de Sanitas se habían incrementado de forma importante por la no entrega de medicamentos, por la dilatación de los servicios, lo cual obliga a que la Superintendencia actúe”.
Acemi
Desde la dirección de Acemi, asociación que agremia a las EPS, se emitió un comunicado en “rechazo por la medida de intervención forzosa para administrar decretada el día de ayer por la Superintendencia Nacional de Salud a nuestra afiliada Sanitas EPS”. “la medida se da en medio de la discusión política de la reforma a la salud y su posible hundimiento y a pesar de reiterados y múltiples solicitudes al gobierno nacional para adoptar las acciones requeridas para conjurar la crisis del sector”.
Asociación de Usuarios de Sanitas
Álvaro Molina, director de la asociación indicó en recientes declaraciones sobre este espinoso tema que “la intervención no es para mejorar. Cuatro EPS intervenidas por esta superintendencia demuestran que, en el proceso de intervenir, pese a que sean buenos interventores, el deterioro en la prestación aumenta. No es mejorar, es poner en riesgo la vida de los pacientes”.