mayo 30, 2026

Cámara: Cámara de Representantes

Una mujer que llega para renovar el Congreso

Jennifer Arias, representante electa a la Cámara por el Meta, es una líder femenina y juvenil que personifica el trabajo duro, la disciplina y la paciencia de quienes aspiran entrar al mundo de la política. La joven legisladora llegará al Congreso de la República para darle un nuevo aire a la institución con propuestas que van desde asuntos de familia hasta un riguroso control a las políticas públicas para garantizar bienestar a la población. Pocos días antes de las elecciones al Congreso, la representante electa a la Cámara por el Meta, Jennifer Arias, visitó una comunidad indígena del departamento del Vaupés, donde le quedó grabada en su memoria una frase plasmada en la entrada de una escuela que decía: “La mejor educación es el ejemplo”. Desde entonces, la convirtió en el lema de su trabajo parlamentario, que espera transmitir desde el Legislativo, no solo a los jóvenes, sino también a las mujeres que aspiran a incursionar en la política colombiana, un espacio que sigue siendo limitado para el segmento femenino. “Creo que la mejor forma de empoderar a las mujeres es mostrando que yo lo logré y que, así como yo hay muchas otras que también han podido. Si nosotros nos lo proponemos, lo logramos”, señala la nueva congresista, quien, pese a no pertenecer a una familia con ascendencia política, alcanzó la mayor votación individual en el departamento del Meta, de donde es oriunda. Su caso es un ejemplo de que sí se está abriendo un espacio en los cargos de poder y decisión para alternativas “frescas”. “Las limitantes muchas veces no están por fuera, sino dentro de uno mismo. Hacer política en general es difícil, pero hacerlo siendo mujer joven lo es más, aunque no imposible. Es algo que toma tiempo, paciencia, disciplina, perseverancia y mucho trabajo”, añade. Una mujer trabajadora y convencida Jennifer inició su trayectoria política desde los 22 años y lo hizo convencida de que desde esa actividad era la mejor forma de poder ayudar a sus compatriotas. “Yo creo que la política si se hace bien hecha es la mejor forma de transformación social, a través de la formulación de programas y políticas públicas que nos permitan desarrollarnos, educarnos y crecer como sociedad”, señala. Como abanderada del pensamiento del Centro Democrático, partido por el cual aspiró a la Cámara y del que se declara fiel seguidora, lleva nueve años de trabajo y servicio a la comunidad de su región. “He sido siempre coherente en la forma como pienso y estoy absolutamente convencida de mis ideales. En política es importante ser congruente porque, cuando uno está como una veleta de un lado para el otro, la gente no le cree, por eso hay que estar siempre en una misma línea, sin importar si pierdes una y otra vez”, agrega la nueva parlamentaria, quien asumirá funciones el 20 de julio próximo en Bogotá. Un programa fiel a sus raíces Como congresista, Jennifer Arias tiene claro a qué le apuntará en su gestión durante los próximos cuatro años. Su trabajo estará concentrado en construir las condiciones necesarias para el progreso de su departamento. “Siento que el Meta va a ser la clave para el desarrollo que el país necesita en los próximos 20 años”, afirma. De esta manera, la representante electa priorizará cinco temas, los cuales hacen parte de la propuesta que hizo en campaña para ganarse la confianza de los cientos de votantes. “La gente no confía en los políticos y creo que hay que empezar a recuperar la institucionalidad de nuestro país a través del seguimiento a asuntos como los subsidios y a lo que tiene que ver con la infraestructura vial, entre otros”, agrega. Para la futura parlamentaria, es indispensable trabajar de la mano del Gobierno Nacional en el desarrollo del sector agropecuario y el tema tributario, “el cual ha afectado de sobremanera al país”. En su agenda también figura la abolición de la dosis mínima de droga, la cadena perpetua para violadores y asesinos de niños, además del apoyo al deporte como estrategia para cerrar brechas sociales en el país. “Vamos a impulsar la propuesta de llevar al departamento los juegos nacionales, los cuales no se celebran desde 1985 en la región”, asegura Arias, quien recuerda que “los escenarios deportivos que tenemos hoy fueron desarrollados gracias a eso”. La nueva congresista es una abanderada del pensamiento de su partido Centro Democrático.

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“También podemos hacer política bien hecha”

La representante del departamento de Cundinamarca, Betty Zorro, llega de nuevo al Congreso de la República para continuar impulsando temas que para la parlamentaria son indispensables, como la protección de los derechos de la mujer, la familia y el medio ambiente. Con una trayectoria política de 25 años, repite curul para seguir empoderando al género femenino, de cara a los retos que impone el mercado laboral y la toma de decisiones para la construcción de un país con desarrollo y equidad social. La representante durante el 1er Encuentro Regional de Liderazgo en la escuela de Policía del Sumapaz. Desde hace más de dos décadas, Betty Zorro ha venido trabajando en el sector público para cumplir uno de sus grandes sueños: ver un país transformado, en donde primen los intereses de la ciudadanía sobre los particulares. Gracias a su esfuerzo y dedicación, retorna nuevamente a la Cámara de Representantes por Cundinamarca con la satisfacción de haber logrado triplicar la votación obtenida hace cuatro años y el enorme deseo de continuar poniendo su granito de arena para el desarrollo de su departamento. “Yo soy una mujer que no aparece cada cuatro años, sino que está constantemente trabajando en las actividades necesarias para ayudar a la comunidad. Con las votaciones que alcanzamos quisimos demostrar que las mujeres también podemos hacer la tarea política bien hecha”, afirma la legisladora, quien se ha caracterizado por su liderazgo dentro de cada una de las tareas que ha desarrollado desde que era muy joven para servir a la comunidad. Tomar la determinación de hacer política no fue fácil. Como ella misma reconoce, este es un medio difícil y machista, donde en muchas ocasiones las mujeres pasan a un segundo plano a la hora de asumir decisiones. “Cuando llegué al Concejo municipal de Soacha, en las 19 curules que había, yo era la única mujer, nada sencillo en una sociedad que aún conserva esas costumbres retrogradas, pero que hace 25 años era mucho más”, recuerda la parlamentaria. Pese a ello, Zorro se ha mantenido firme en su propósito de demostrar que el género femenino tiene mucho que aportar por su disposición, disciplina y compromiso en todo lo que emprende. En el parque principal de Soacha, apoyando campañas en protección de mujeres, niños, jóvenes y adultos mayores. Cuatro años de compromiso con su comunidad Un proyecto político incluyente Cuatro años de compromiso con su comunidad Su gestión en el último periodo legislativo estuvo centrada en defender los recursos que le corresponden a su territorio. Fue así como la representante acompañó la Comisión de Asuntos Económicos, desde donde consiguió apartar fondos para la recuperación de la deteriorada Laguna de Fúquene en Cundinamarca, una reliquia de la región, así como garantizar el dinero para desarrollar la segunda y tercera fase del Transmilenio de Soacha e impulsar un proyecto de 11.600 millones de pesos para saneamiento básico en su municipio; todo esto, gracias a un ejercicio realizado junto al gobierno departamental. “De igual forma en esta comisión, se determinó que 1,5 billones de pesos irían para la rehabilitación y creación de vías terciarias, porque en el país tenemos dificultades en este aspecto”, destaca Zorro. Con esos recursos, se espera promover un proyecto en el cual podrán participar abiertamente varios municipios del departamento, a través de un concurso para establecer el destino de cada inversión. Como representante de la población femenina, la legisladora también hizo un trabajo concienzudo en temas que buscan la defensa de los derechos de las mujeres. “Lo primero que hay que valorar allí es que un gran porcentaje de las congresistas, que hoy hacen presencia en el parlamento, nos dimos a la tarea de fortalecer la Comisión de Equidad de Género, que hoy es accidental, pero que se debe proyectar para convertirla en una legal”, agrega. Esta tarea arrojó muy buenos frutos, como la consecución del programa Más Mujeres, Más democracia, ejecutado por el Gobierno Nacional. Así mismo, se consiguió la creación de la dirección de la mujer rural en el Ministerio de Agricultura y el acompañamiento de las víctimas del conflicto en los acuerdos de paz que se firmaron con las FARC en 2016, en La Habana y Bogotá. “A través de este trabajo, hicimos también un seguimiento muy importante a las distintas leyes que allí se aprobaron en todo lo que tiene que ver con feminicidios, el ataque con ácido y la Ley de Natalia Ponce de León”, resalta la parlamentaria, quien también se ha desempeñado como rectora de un colegio en el municipio de Soacha. Un proyecto político incluyente Para Zorro, una mujer que también se desempeña en los roles de madre y esposa, el tema de la familia es un asunto de prioridad. Su sensibilidad social le ha generado una preocupación constante por la juventud y la perdida de los valores y principios. “Estamos en una sociedad bastante difícil, es un tema que me angustia y por eso considero que la mujer puede hacer mucho”, afirma la representante. Es por esto que la columna vertebral de su proyecto político para los próximos cuatro años está fundamentada en la recuperación del núcleo de la sociedad: la familia. Para ello, Betty Zorro propone una modificación a la Ley 715, en la cual se incluya un capítulo que aborde el tema de la enseñanza familiar. “Hoy tenemos que responsabilizar a los papás de sus hijos. Necesitamos fortalecer esta legislación para que el sistema permita a las instituciones que los padres asuman con responsabilidad el tema de la formación de los jóvenes”, advierte. De manera paralela, la legisladora se propone impulsar desde el Congreso la unificación de las normas del código de la mujer, las cuales se encuentran actualmente dispersas. “Hoy tenemos más de 23 leyes en distintas áreas. Se habla de maltrato, violencia, de empoderamiento, emprendimiento; por eso quiero plantear un código único”, subraya la parlamentaria. Zorro entiende la importancia de su rol y se esfuerza por demostrar que el trabajo duro sí da frutos. Por eso, llega de nuevo al Congreso para apoyar la creación del

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Santrich afirma que no tiene impedimento para asumir como congresista

El excomandante de las FARC, le pidió nuevamente al Fiscal General de la Nación revelar las pruebas en su contra. El excomandante guerrillero  ‘Jesús Santrich’ aseguró  este martes que no tiene ningún impedimento para asumir su curul como representante a la Cámara y que el Consejo Nacional Electoral (CNE) debe saber lo que le corresponde legal y constitucionalmente. No obstante, Santrich aseguró que la decisión de asumir como congresista no es solamente suya. “Es una decisión colectiva porque se trata de todas las curules del partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, que son las que están en peligro de ser decapitadas por todas estas trampas en que se ha convertido la jurisdicción colombiana”, dijo en declaraciones a RCN Radio. Desde la cárcel La Picota en Bogotá, donde regresó hace un mes, luego de permanecer varias semanas en la Casa Caminos de Libertad de la Iglesia Católica, el exjefe guerrillero insistió en que no permitirá que sea extraditado a los Estados Unidos, pues aseveró que se está violando la presunción de inocencia y lo principios esenciales del derecho universal. Consideró que el viaje a los Estados Unidos de Marlon Marín, sobrino de ‘Iván Márquez’ hace parte del “montaje” que se ha planeado en su contra. “No soy quien para juzgarlo, de todas maneras, él debe responder por lo que haya hecho, yo respondo por mis acciones que han estado a la luz de todo el mundo porque desde que pise Colombia he estado en manos de la Unipec, con un estricto control policial, la casa donde se dicen que se dieron los hechos, ha estado las 24 horas bajo control policial”,  concluyó.  

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Senador Iván Cepeda demandará cambios a la JEP

El senador del Polo Democrático aseguró que los cambios con los que se aprobó la ley de procedimiento de la Jurisdicción Especial para la Paz ( JEP), son inconstitucionales.  Luego de la aprobación de la ley de procedimiento para la Justicia Especial para la Paz (JEP), con las modificaciones propuestas por el Centro Democrático, el senador Iván Cepeda anunció este jueves que demandará los cambios una vez el texto llegue a revisión de la Corte Constitucional. “Que el uribismo no se haga ilusiones: cambios que quiere introducir a la JEP son inconstitucionales y eso se hará valer ante la Corte Constitucional. La confrontación para defender la paz y el Acuerdo apenas comienza” advirtió el congresista. Cepeda confirmó a través de su cuenta en twitter que ya empezó a preparar la demanda contra los artículos incluidos por la bancada uribista , los cuales según dijo, debilitan la JEP y garantizan la impunidad. “Una ley ordinaria no puede modificar la Constitución”, recordó. Lea también: “La JEP ha perdido la orientación inicial”: abogado de las FARC El senador del partido de la U, Roy Barreras,  destacó también que lo aprobado este miércoles por el Senado de la República es una revictimización y discriminación a las víctimas del conflicto armado. “Además de la inseguridad jurídica para las FMMM, otra consecuencia del artículo del CD ayer en la JEP: Mientras los exguerrilleros empiezan a decir la verdad YA, las madres de la Candelaria tienen que esperar otros 18 meses? Revictimización.Discriminación. Indolencia con víctimas”, afirmó. — Roy Barreras U1 (@RoyBarreras) 28 de junio de 2018 Según las modificaciones, la JEP únicamente verificará que los hechos a los que se refiera la solicitud de extradición sean posteriores a la firma de los acuerdos de paz. “No podrá decretar pruebas. En ningún caso, la JEP podrá pronunciarse sobre el fondo del asunto, ni sobre la responsabilidad de sobre quien fuere solicitado en extradición”. Otro de los cambios tiene que ver con los procesos de los miembros de las Fuerzas Armadas de Colombia, los cuales iniciarán o continuarán su trámite una vez el procedimiento especial y diferenciado para su juzgamiento exista. Sin embargo, el compareciente podrá solicitar de manera expresa que el proceso continúe. Mientras mantengan los compromisos de sometimiento a la JEP, podrán mantener los beneficios del sistema y las medidas provisionales decretadas a su favor antes de la entrada en vigencia de la ley.  Podrán igualmente solicitarlos y les serán concedidos de acuerdo con los requisitos vigentes. El gobierno y el Congreso tendrán 18 meses para presentar y aprobar dicho procedimiento”, según el texto avalado por el Senado.

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“La JEP ha perdido la orientación inicial”: abogado de las FARC

“Con esta legislación ¿qué es lo que diferencia el sistema que se introdujo del ordinario?”: Enrique Santiago. El abogado de las FARC, Enrique Santiago, aseguró este viernes que las modificaciones aprobadas el miércoles por el Senado  en el marco de la reglamentación de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), cambian sustancialmente los acuerdos de paz. Lea también: Senado aprueba reglamentación de la JEP “Ya el sistema venía variando con la aprobación de la ley estatutaria. Lo que pasó con la ley de procedimiento es un método irreconocible, con diferencias muy importantes. La estructura ha perdido la orientación inicial, está abocado a provocar impunidad”, sostuvo Santiago en entrevista con Caracol Radio. Lea también: “Se está pervirtiendo la intención de lo acordado en La Habana”: Timochenko “Se vuelven a repetir estos mismos desastres supuestamente para combatir la impunidad cuando lo que se hace es crear sistemas ineficaces que desembocan en la impunidad”, añadió. El jurista calificó como lamentable las limitaciones en extradición para la Justicia Especial para la Paz (JEP) y considero que contradice lo establecido en la norma constitucional. “Una ley menor como es la de procedimiento dejaría sin efecto a una norma constitucional en la que se dice que la JEP evaluará la conducta, y para esto es necesario el conocimiento de documentos y observación de los materiales que se adjuntan a la solicitud de extradición”, explicó.  

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Senado aprueba reglamentación de la JEP

El Senado aprobó el procedimiento de reglamentación de la JEP con las modificaciones propuestas por la bancada del Centro Democrático.  La plenaria del Senado aprobó en su totalidad con 31 votos a favor y 18 en contra el articulado del proyecto que regula el procedimiento de la Justicia Especial para la Paz, con varias modificaciones, que tendrán que ser conciliadas con la Cámara de Representantes para que la iniciativa pase a sanción presidencial. Inicialmente el senador Roy Barreras resumió el informe de la subcomisión, en donde se aprobó un bloque de artículos que no presentaron modificación, luego un segundo grupo con los cambios acordados  y finalmente quedaron pendientes dos más para ser dirimidos en votación por el pleno de la corporación. La mayor modificación se centró en el artículo 53 sobre extradición, presentado por la senadora Paloma Valencia en el sentido de que la Jurisdicción Especial para la Paz no practique pruebas “por cuanto una vez la JEP haya comparado fechas pasará a la Corte Suprema y ella las practicará  para avalar la extradición, porque nos parece excesivo que dos entes las practiquen”, dijo. Así mismo advirtió la congresista que “esto no perjudica a los que ya se hayan sometido. Lo que se busca es garantizar que aquellas personas que incumplan los acuerdos, que se mantengan en el delito, sean efectivamente extraditados y no tengamos dilaciones injustificadas. Sí se practicarán pruebas, pero las hará la Corte Suprema de Justicia”, explicó. Este artículo modificado fue aprobado con 31 votos por el Si, y 14 por el No, quedando así el texto definitivo: Art 53 Extradición. La Sección de Revisión verificará que los hechos a los que se refiere la solicitud de extradición sean posteriores a la firma de los acuerdos. No podrá practicar pruebas. En ningún caso la JEP podrá pronunciarse sobre el fondo del asunto ni sobre la responsabilidad de quien fuere solicitado en extradición. La siguiente modificación presentada por la senadora Paloma Valencia se refiere a un artículo nuevo que versa sobre seguridad jurídica de las Fuerzas Militares. La creación de una sala especial para juzgar a los integrantes de la fuerza pública. Según la legisladora, “los procesos de los miembros de las fuerzas militares efectivos y retirados iniciarán o continuarán una vez exista un procedimiento aprobado por la ley, mientras tanto los que se hayan acogido a la JEP seguirán contando con los beneficios. El Gobierno y el Congreso tendrán 18 meses para presentar y aprobar dicho procedimiento”. Este artículo nuevo fue aprobado con 27 votos por el si y 18 por el no. El texto de proyecto deberá ser conciliado con el aprobado por la Cámara de Representantes para unificarlo y poder ser enviado a sanción presidencial.   Con información del Senado de la República. 

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Reglamentación de la JEP sigue sin acuerdo

La subcomisión para la reglamentación de la JEP no llegó a un acuerdo tras su primera reunión.  El Ministro del Interior, Guillermo Rivera, y la subcomisión designada por el presidente del Senado, Efraín Cepeda, se reunieron en la tarde de este lunes para llegar a un acuerdo frente a la reglamentación del procedimiento para la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Sin embargo, el encuentro no arrojó resultados. “Concluimos reunión de subcomisión para normas de procedimiento de la JEP sin acuerdo, porque la bancada del Centro Democrático propuso un artículo que congela la comparecencia de miembros de la Fuerza Pública a esa jurisdicción. A nuestro juicio, dicho artículo es contrario a la Constitución”, aseguró Rivera en su cuenta de twitter. El partido del Presidente electo, Iván Duque, insistió en la creación de una sala especial en la que sean juzgados los militares ligados  al conflicto armado que ha vivido el país. La idea es que este constituida por magistrados diferentes a los ya existentes, además de brindarles una ampliación del plazo para comparecer sin que esto implique la pérdida de beneficios adquiridos, según medios locales. El congresista, Armando Benedetti, consideró inviable en este momento la petición de la bancada del Centro Democrático, porque se requeriría de una reforma constitucional. Argumentó que, de introducirse ese artículo, la Corte Penal Internacional tendría que intervenir en Colombia por inoperancia de la justicia en delitos de lesa humanidad. El ministro del Interior reiteró que las normas son esenciales para otorgar seguridad jurídica a quienes comparecen ante la JEP y garantizar así mismo los derechos a las víctimas.

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A la cárcel presunto coordinador de campaña electoral de representante a Cámara

La Fiscalía General de la Nación dictó medida de aseguramiento en centro carcelario en contra de Alejandro Cuartas Rodas, de 27 años de edad, como presunto responsable de los delitos de corrupción del sufragante y estafa agravada en modalidad de delito masa. Los hechos investigados están relacionados con supuestas irregularidades cometidas en la campaña electoral de la representante a la Cámara por Antioquia del partido Centro Democrático, Margarita María Restrepo, quien resultó elegida en los comicios del pasado 11 de marzo. De acuerdo con las denuncias formuladas por algunas víctimas, Cuartas Rodas, quien habría fungido como coordinador de la campaña, ofreció jugosos descuentos para la adquisición de televisores, tablets y paseos a destinos nacionales y extranjeros a quienes votaran por la candidata del partido señalado. También habría ofrecido subsidios hasta por $1’000.000 para la adquisición de viviendas de interés prioritario. Con la misma decisión también fueron afectadas Daniela Vélez Toro y Elizabeth Jaramillo Rico a quienes se les concedió el beneficio de la detención domiciliaria. Las dos trabajaban con Cuartas Rodas en la campaña y aparentemente participaron en las irregularidades. Por su parte, el investigado fue el único que se allanó a los cargos que la Fiscalía les endilgó. La medida restrictiva de la libertad fue impuesta por el Juzgado 40 Penal Municipal de Medellín, con funciones de control de garantías.   Tomado de la fiscalía General de la Nación.

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Cámara aprueba procedimiento para elegir nuevo Contralor General de la República

La Cámara de Representantes acogió el informe de conciliación, aprobado también por Senado, en el que se establece el proceso de selección del nuevo Contralor General. De acuerdo a lo avalado por la corporación, el próximo Contralor General de la República será elegido, tras someterse a un proceso de selección que se iniciará en una universidad acreditada. Luego se pasará a una comisión bilateral, integrada por delegados de los partidos políticos representados en el Senado y la Cámara, que conformará una lista de diez elegibles, cuyos integrantes serán escuchados por las plenarias, para posteriormente en un solo cuerpo elegir al nuevo jefe del ente fiscal. El presidente de esta corporación, Rodrigo Lara, reconoció que alrededor de ese proyecto que brinda las herramientas para la escogencia del jefe del ente fiscal hubo una discusión álgida. “Nosotros siempre propusimos que hubiera un tercero, un actor externo que nos ayudara a hacer un filtro de la convocatoria pública para elegir al Contralor. Un filtro que garantice transparencia”. “A los colombianos que presenten sus hojas de vida debemos garantizarles que se hará una selección objetiva. La convocatoria pública no puede ser a dedazo. Por eso le pedimos a una universidad acreditada que nos mande 20 nombres y nosotros soberanamente haremos la selección del Contralor”, manifestó. El legislador del Polo Democrático, Germán Navas Talero, se declaró inconforme, porque según el parlamentario,  el Congreso no aprovechó la oportunidad para despolitizar esa elección. Según lo aprobado, el procedimiento de escogencia tendrá las siguientes etapas: convocatoria, inscripción, lista de elegidos, pruebas, criterios de selección, entrevista, conformación de la lista de seleccionados y elección.   Con información del Congreso de la República. 

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Fiscal destapa corrupción en elecciones al congreso

Como resultado de las investigaciones adelantadas por la Fiscalía para garantizar la transparencia e integridad de las recientes elecciones al Congreso de la República, se encontraron serias irregularidades en distintas regiones del país. Entre los capturados se encuentran funcionarios de diferente nivel, así como más de dos mil (2.000) intermediarios que habrían favorecido a candidatos al parlamento. En todos los casos, los fiscales y los investigadores ponen al descubierto complejos entramados de corrupción creados con el propósito de alterar el proceso democrático, según informó este jueves el Fiscal General de la Nación Néstor Humberto Martínez. Operación “Casa Blanca” En el marco de la segunda fase de la “Operación Casa Blanca”, se descubrió una red de compra de votos para favorecer  a la candidata Aida Merlano, en la ciudad de Barranquilla y otras ciudades del Atlántico. Gracias al trabajo de más de 50 investigadores de la Fiscalía y de más de 2.112 horas de video y audios recaudados, se pudo establecer que, en realidad, se trataba de una organización delictiva que operaba como una empresa al servicio de campañas políticas. Las evidencias recaudadas mostrarían que esta operó desde 2015 durante las elecciones regionales y locales y actuó a fondo en el 2018, para los comicios al Congreso de la República. La red funcionaba al servicio de candidaturas que eran apoyadas por un grupo de dirigentes políticos regionales que, a su vez, contactaban líderes encargados de reclutar electores de sus mercados cautivos. Los votantes recibían dinero a cambio de su voto, como si se tratara de una mercancía, a partir de fuentes de financiación ilícitas, según la fiscalía. Casa Blanca en el 2018 Para las elecciones de Congreso en el 2018, esta organización criminal funcionó al servicio de otras campañas electorales y no solamente atendió a la senadora electa Aída Merlano. Las pruebas muestran que Casa Blanca también funcionó a favor de la candidata Lilibeth Llinás (número 107 en el tarjetón de su partido para la Cámara de Representantes por el Atlántico), quien no fue elegida. La organización tenía roles diferenciados así: Administradores: encargados del manejo de los recursos logísticos y financieros. Punteadores: encargados de revisar listas de líderes y votantes reclutados, así como los certificados electorales y contraseñas con códigos de barras. Pagadores: encargados de entregar contraseñas en la casa de los líderes. Coordinadores: entregaban contraseñas en casas de apoyo. Didactas: encargados de enseñar a votar en los tarjetones y se desempeñaban también como testigos electorales Cada líder estaba encargado de llevar a un centro de operaciones (casa de apoyo) un grupo de personas con un talonario en el que marcaba a los votantes, con fotocopia de la cédula y la huella. Todos se identificaban con corazones de colores. Allí, los punteros verificaban huellas y cédulas de los electores y hacían un proceso completo de capacitación para garantizar que el voto se marcara de forma correcta. Según la Fiscalía, para el día de elecciones arrendaron 187 terrazas. Antes de ir a las urnas, allí llegaban los votantes a presentarse. A esos sitios tenían que volver con el certificado electoral y los líderes recibían el dinero correspondiente a cada voto, para su entrega a los electores. Los electores correspondían, por lo general, a personas de bajos recursos y poca escolaridad. También se reclutaba adultos mayores quienes debían entrar a los puestos de votación acompañados de niños para garantizar la exactitud del voto por el candidato indicado. La estructura habría estado conformada por los siguientes dirigentes, servidores y exservidores públicos de elección popular, así: Candidatos al Congreso: Aida Merlano y Lilibeth Llinás Dirigentes políticos regionales: Jorge Rangel, Diputado del departamento del Atlántico Margarita Balén, Diputada del departamento del Atlántico Juan Carlos Zamora, Concejal del distrito de Barranquilla Aissar Castro Bravo, Concejal del distrito de Barranquilla Aissar Castro Reyes, exconcejal y padre del concejal Castro Bravo Vicente Támara, exConcejal del municipio de Soledad Líderes: Según lo evidenciado por la Fiscalía, la organización contaba con 2.323 líderes barriales y locales que habrían servido como mercaderes de grupos de electores en varias zonas. Estos se habrían encargado de la venta de “paquetes de votantes” para los candidatos., lo que constituye un delito nuevo. Financiación de la empresa criminal La red contaba con al menos dos fuentes de financiación: una pública y una privada, lo que pone en evidencia que este fenómeno de corrupción electoral constituye un problema sistémico. En la pública, habrían existido contratos de prestación de servicios con entidades de la región, cuyos beneficiarios eran personas que trabajaban para la “Casa Blanca”. En la privada, se identificaron cientos de cheques provenientes de varios particulares, que fueron cobrados por personas pertenecientes a la empresa criminal. Uno de ellos, Edwin Rafael Martínez Salas, ya capturado, quien durante el mes de febrero de 2018 cobró veintiún (21) cheques que superaron los mil millones de pesos ($1.000’000.000). Otro particular, por ejemplo, en un mismo día cobró en efectivo cheques por una cifra que superó los quinientos millones de pesos ($500’000.000). Dado el volumen de las sumas recaudadas, éstas eran depositadas en lugares estratégicos de Casa Blanca y hasta en la “bañera” de la edificación. Debe tenerse en cuenta que el monto máximo para gastos de un candidato al Senado se fijó por la autoridad electoral en la suma de novecientos millones de pesos ($900´000.000) (Resolución 2796 de 2017 del Consejo Nacional Electoral). Nuevos delitos Las situaciones fácticas referidas le han permitido al fiscal de conocimiento concluir que varios de los indiciados podrían haber incurrido en dos (2) de los nuevos delitos tipificados por la Ley 1864 de 2017: Violación de los topes o límites de gastos en las campañas electorales (artículo 396 B del Código Penal) Tráfico de votos (artículo 390 A del Código Penal) Imputados Fase I Durante la Fase I de la operación “Casa Blanca”, fueron capturadas en flagrancia cinco (5) personas a quienes se les imputó inicialmente el delito de corrupción al sufragante y posteriormente el delito de concierto para delinquir agravado, respecto de tres de ellos: Edwin Rafael Martínez Salas, ingeniero de sistemas. Jefferson Jesús Viloria Mieles, auxiliar de sistemas.

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