Judicial

Si bien en la recientemente aprobada Ley de Inversión Social, conocida como Reforma Tributaria, ya existía este beneficio, esta iniciativa lo que busca es extenderla a los jóvenes del país. “La idea es seguir estimulando la inclusión productiva de los jóvenes y fortalecer su inserción laboral formal”, aseguró la senadora ponente María del Rosario Guerra (Centro Democrático), quien recordó que “a raíz de la pandemia, las dos poblaciones que más sufrieron fueron los jóvenes y las mujeres. Hace un año, la tasa de desempleo juvenil llegó a estar cercana al 30%, lo cual es una tragedia social para los hogares colombianos”.  Cabe señalar que, según el último informe del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), si bien la tasa de desempleo juvenil se redujo al 21,5%, continúa siendo muy alta en comparación con el promedio nacional, que está en 13,5%.  Actualmente, este incentivo está contemplado en la Ley de Inversión Social para el año 2022. Por eso, dentro de las bondades de este proyecto de ley, cuya autora es la senadora Ruby Chagüi (Centro Democrático), está la posibilidad de que si después del año 2022, la tasa de desempleo juvenil se mantiene igual o superior al 15%, según el DANE, el Gobierno Nacional tendrá la facultad para extender este incentivo con base en la disponibilidad presupuestal. Otro dato que refleja la importancia de esta iniciativa es que para el trimestre de mayo a julio del 2020, la población de personas jóvenes que ni estudian ni trabajan, conocidos como los ‘NINI’, fue de 33%, cifra considerable si se tiene en cuenta que para el 2019 era del 22%, en el mismo trimestre. Cortesía del Senado. 

El Presidente de la República, Iván Duque Márquez, confirmó que desde este viernes 19 de noviembre comenzará la aplicación de la tercera dosis o de refuerzo contra el coronavirus, para los mayores de 50 años en todo el territorio nacional. “Es otra medida importante para seguir garantizando la protección de la vida y seguir acompañando la reactivación segura de nuestra economía”, declaró, al término de la 55 Convención Bancaria. El Jefe de Estado también respondió al interrogante de los medios de comunicación sobre qué postura tiene el Gobierno Nacional acerca del debate mundial sobre la obligatoriedad de la vacuna contra el covid-19. “Ya hablamos del tema lo suficiente el año pasado. ¿Qué dijimos nosotros? El principio del programa de vacunación contra el covid no se rige por la obligatoriedad, sino por la persuasión. Hoy, como colombianos, debemos sentirnos orgullosos de ver que ya se han aplicado 52 millones de dosis y que estamos próximos, en pocos días, a llegar al 70% de la población con una dosis puesta y el empuje final, de aquí a final de año, para lograr el 70% con vacunación completa”, precisó. Reiteró su llamado a los colombianos que tienen la primera dosis a que acudan a ponerse la segunda, así como a lograr que más jóvenes estén yendo a vacunarse. “Por eso, el certificado de vacunación es una medida de carácter persuasivo para que, si queremos estar en ambientes de amplia convivencia, de amplia interacción, debemos tener ese certificado. Y lo voy a decir de una forma muy clara: la vacunación es gratuita, segura y masiva. No existe un argumento para no vacunarse”, puntualizó. El Jefe de Estado confirmó que la emergencia sanitaria decretada en Colombia, y que finaliza el próximo 30 de noviembre, será extendida por tres meses más. “Mientras exista la declaratoria de pandemia a nivel mundial, la emergencia sanitaria en Colombia se mantiene”, dijo. Agregó que con la nueva ampliación se seguirá trabajando con alcaldes y gobernadores para acompañar las normas de orden público que trae esa medida y siendo rigurosos con la exigencia del carné de vacunación. El Presidente Duque también confirmó que será expedida una circular que cobijará a los servidores públicos para que cuenten con la vacunación y porten el carné o certificado. “Será una circular que estaremos emitiendo en los próximos días, porque hay que estimular desde la óptica del sector público a que todos los funcionarios estén vacunados y que lleguen a su lugar de trabajo con el certificado de vacunación. Hay que retomar esa presencialidad con la responsabilidad de tener los certificados de vacunación. Ese tiene que ser un propósito de país, porque ayuda a la reactivación y para tener un mejor entorno social”, concluyó. Cortesía de la Presidencia de la República. 

El Presidente Iván Duque pidió este miércoles no equiparar, utilizando “criterios sesgados”, las actuaciones de los miembros de las Fuerzas Militares y de Policía con el accionar criminal ligado al narcotráfico y el terrorismo, “como si se tratara de fuerzas equivalentes en una confrontación legítima”. En el acto de instalación del Encuentro Internacional de Justicia Penal Militar y de Policía, el Jefe de Estado manifestó que “al no ser equiparables, al no tener fundamento de comparación, no podemos permitir que sean tratados y evaluados o, siquiera, juzgados bajo los mismos prismas”. En el Club Naval Santa Cruz de Castillogrande, en Cartagena, donde se desarrolló el encuentro, el Mandatario expresó que “enfrentar la criminalidad irregular, dentro de todo el marco del Derecho Internacional Humanitario y de los Derechos Humanos, pone una exigencia aún mayor en la Justicia Penal Militar, para que su criterio objetivo y de apego a las mejores prácticas sea, también, un elemento donde el fuero de atracción natural sobre un acto del servicio no pueda ser vulnerado por razones políticas o por presión mediática”. En su intervención en el panel de apertura, el Presidente Duque enfatizó que en Colombia “hemos tenido que enfrentar a carteles de la droga y a grupos terroristas, que son narcoterroristas, que apelan a la mayor brutalidad posible, que son totalmente irregulares, que se mimetizan en la población, que ponen en riesgo a la población, que reclutan niños, etcétera, etcétera, y tienen que ser confrontados con la legalidad, la Constitución y la ley en la mano”. “Quiero ser muy claro con lo siguiente: en una democracia y en un Estado de Derecho no existe legitimidad para ninguna forma de violencia. No existe legitimidad ni para asesinar ni para secuestrar ni para intimidar ni para reclutar”, agregó. Igualmente, destacó que “hemos tenido una Fuerza Pública que se distingue porque a cualquier abuso del uso del uniforme, a cualquier abuso del honor militar o a cualquier conducta que sea censurable dentro de la competencia de la Justicia Penal Militar o que sea remitible a la justicia ordinaria, hemos tenido una Fuerza que, incuestionablemente, cumple con su deber”. Cortesía de la Presidencia de la República.

De los más de 40 artículos que hacen parte de la Ley de Garantías, lo único que modificó el Presupuesto General de la Nación, aprobado por el Congreso de la República fue el parágrafo del artículo 38 que impedía a las alcaldías y gobernaciones hacer convenios interadministrativos (contratos directos entre entidades estatales) durante los 4 meses anteriores a las elecciones. Cabe resaltar que esta modificación, que aparece en el artículo 125 del Presupuesto General de la Nación (PGN), es transitoria, es decir, solo aplica para las elecciones del año entrante. Dentro de las restricciones que presenta la ley de Garantías, que siguen vigentes, está la prohibición que los servidores públicos difundan, “propaganda electoral a favor o en contra de cualquier partido, agrupación o movimiento político”, también, “acosar, presionar, o determinar, en cualquier forma, a subalternos para que respalden alguna causa, campaña o controversia política”, entre otras. Sin embargo, la restricción más significativa que no ha sido derogada es la que señala el artículo 33, que precisa, “durante los cuatro (4) meses anteriores a la elección presidencial y hasta la elección en la segunda vuelta, si fuere el caso, queda prohibida la contratación directa por parte de todos los entes del Estado”. ABC de los alcances de esta modificación A.Las alcaldías y gobernaciones podrán celebrar convenios interadministrativos con entidades estatales. B.Las alcaldías y gobernaciones podrán celebrar convenios administrativos para ejecutar programas y proyectos consignados en el PGN, en el periodo electoral del 2022. C.La aplicación de esta modificación será únicamente para las elecciones del año 2022. ABC de las restricciones vigentes A. Queda prohibida la contratación directa por parte de entidades del estado, a partir del 29 de enero de 2022, es decir, cuatro meses antes de las elecciones presidenciales. B. Queda suspendida cualquier forma de vinculación que afecte la nómina estatal de la Rama Ejecutiva, también a partir del 29 de enero de 2022, es decir, cuatro meses antes de las elecciones presidenciales. C. Algunas de las excepciones que permiten la contratación directa o la vinculación que altere la nómina estatal son, por ejemplo, las destinadas a defensa y seguridad del estado, los contratos de crédito público y los contratos destinados a atender emergencias educativas, sanitarias y desastres. Cortesía del Senado.