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Con legalidad construimos país: SIC

Corrupción, Especiales, Estado, Gestión, Judicial / revistacg

Con legalidad construimos país: SIC Como cabeza principal de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), considerada una de las entidades más efectivas del Estado en su labor de proteger la propiedad industrial, la libre competencia y los derechos del consumidor colombiano, Andrés Barreto, ha buscado garantizar la legalidad y la transparencia, dos pilares fundamentales a la hora de administrar justicia. Pero tal vez uno de sus mayores desafíos, es darle seguridad al mecanismo de delación y estrechar la cooperación internacional para robustecer la capacidad de investigación de la entidad. Y es que desde que asumió el cargo de superintendente de Industria y Comercio, Barreto envió un mensaje claro al país sobre el trabajo que realizaría desde la institución para poner freno a la corrupción y la cartelización, prácticas que atentan contra la libertad de empresa y la competencia en Colombia. Para ello, se cuenta con herramientas que promueven la delación y permiten que sus actores confiesen su conducta. Pero ese no es el único eje sobre el cual la entidad ha enfocado su labor en estos últimos meses. También lo son la legalidad, que se impulsa desde el registro mercantil, y la equidad, para que a través de las buenas prácticas comerciales se logre recaudo tributario, formalización y emprendimiento. Barreto se aparta de quienes consideran que las medidas para evitar que se vulneren los derechos adquiridos por personas jurídicas o naturales, han sido débiles. “El registro marcario es muy reglado. Tenemos una altísima tasa de efectividad en reconfirmaciones del Consejo de Estado, que es quien las verifica judicialmente. En ese sentido el otorgamiento de marcas es elevado (al año se registran alrededor de 22.000), entonces es un trámite que tiene que funcionar porque tiene aparejado un costo, un procedimiento administrativo, y además de eso cualquier decisión es recurrible ante el Consejo de Estado”, explica. A ello se suma otra instancia, que es “la posibilidad de que se pueda hacer una oponibilidad ante el tribunal supranacional, que es el Tribunal Andino de Justicia”, agrega el funcionario, quien destaca los altísimos desarrollos jurisprudenciales que se han obtenido con gran éxito hasta el momento. Por eso no duda en afirmar que se “goza de buena salud en materia de protección de derechos de la propiedad industrial, que es de lo que se ocupa la Superintendencia”, bajo su cargo. Fortalecimiento del ámbito internacional Ese es tal vez uno de los frentes en los que más ha trabajado el superintendente de Industria y Comercio. Es así como la ciudad de Cartagena albergó en mayo pasado el evento más grande de autoridades de competencia del mundo, el cual contó con la presencia del Presidente Iván Duque Márquez. Más de 130 países se reunieron para discutir entre otros temas, la aplicación de la ley en casos de cartelización, los procesos de revisión de concentraciones empresariales y las conductas unilaterales anticompetitivas. Según Barreto, durante la conferencia la SIC compartió los avances que ha alcanzado en materia de vigilancia y control de la libre competencia en Colombia. Ad portas del ingreso del país como miembro de pleno derecho a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), la entidad también participa en dos comités (competencia y consumidor), lo que el superintendente califica como un acto relevante. Pero, además, Colombia lidera junto con los socios de la CAN (Perú, Ecuador y Bolivia) la renegociación de la decisión 608 relacionada con las n o r m a s para la protección y promoción de la libre competencia en la subregión. “Hemos detectado en el derecho comunitario andino algunas debilidades y por eso buscamos su renegociación”, asegura. Colombia, a través de la SIC, cuenta con convenios de cooperación que han sido efectivos en temas como intercambio de información, notificaciones, práctica y traslado de pruebas, así como mejora de técnicas de investigación y detección de conductas anticompetitivas. Otros avances de la SIC Adicional al trabajo que se realiza a nivel internacional, la SIC logró avances significativos en materia de investigación y sanción, y se enfoca fuertemente en el tema de prevención. “En ese sentido seguimos trabajando con el Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación (ICONTEC), la academia, los abogados y las empresas en la construcción de una norma de libre competencia que les dé una herramienta adicional, además de la ley, para entender como deben cumplir con altos estándares a fin de no ser objeto de sanción de esta entidad”. La Superintendencia también ha obtenido importantes herramientas como la implementación de la abogacía de la competencia, un requisito cuasi obligatorio para expedir cualquier regulación. “Creemos que hay que seguir trabajando en el tema sancionatorio, pero no solamente incrementando el nivel de multas, y que estas sean meramente economicas, sino que se nos permita imponer otro tipo de sanciones como por ejemplo, auditorías, programas de cumplimiento y seguimientos”, señala Barreto. Y es que la SIC es una entidad que funciona muy bien y que ha tenido un desarrollo importante en términos de estructura orgánica y capacidad institucional. Reforma a la Ley 1340 En el tema de sanciones, se está revisando la transformación de la Ley 1340, que ya cumple 20 años. “Quisieramos mirar si en el segundo semestre con el inicio de la nueva legislatura valdría la pena poder presentar algún tipo de reforma que nos permita crear otra delegatura u otra oficina que se encargue del tema de cumplimiento y de la manera de imponer las sanciones. Eso es un análisis que tenemos que hacer para ver si vale la pena”.

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“La justicia demanda una reforma desde abajo”

Estado, Fiscalía, Gobierno, Judicial, Personajes / revistacg

“La justicia demanda una reforma desde abajo” Para Néstor Raúl Charrupi Hernández, jurista de la Universidad Externado de Colombia, es indiscutible que la administración de justicia en este país requiere de una reforma urgente, pero no a través de una Asamblea Nacional Constituyente, como se ha propuesto recientemente. Convencido que la congestión judicial es el real y verdadero problema que afronta la rama judicial, Charrupi Hernández propone, entre otras cosas, fortalecer los mecanismos alternativos de solución de controversias, y realizar un serio y eficaz diagnóstico y análisis del exceso de litigiosidad que se aprecia en la cultura patria, evitando así que toda controversia, desacuerdo y disputa, encuentre su solución sólo en un estrado judicial. Y es que, de acuerdo con Charrupi, una reforma a la justicia a través de una Asamblea Nacional Constituyente como la que se está proponiendo en estos momentos, apuntaría a modificar sólo el funcionamiento de las altas cortes del poder judicial, cuando el país lo que realmente necesita, es una justicia que beneficie directamente al ciudadano, al hombre o a la mujer de a pie que tiene un problema con un vecino y necesita una solución pronta y efectiva del mismo. “Las últimas reformas a la justicia terminan en conocimiento de la Corte Constitucional, órgano que por obvias razones, no se va a dejar reformar ni va a dejar que le quiten poder. Los problemas de la justicia no se solucionan haciendo modificaciones en la cúpula, en las altas cortes, o definiendo si los magistrados de la corte pueden o no tener funciones electorales, o si deben ocupar sus cargos por corto o largo tiempo, o si debe o no subsistir el Consejo Superior de la Judicatura, o deben o no intervenir en la escogencia del registrador nacional, no, la solución a los males judiciales está en garantizar una pronta, efectiva e impoluta justicia que permita el rápido y eficiente acceso por parte de la ciudadanía”, señala. Un problema de idiosincrasia La terrible congestión a la que se ha visto abocado el sistema judicial en el país tiene según Charrupi, dos orígenes. Por una parte, la propensión a llevar toda controversia al escenario judicial, problema histórico, atávico y cultural, heredado de los españoles, y de ahí que nuestro sistema judicial tenga exceso de demandas y denuncias. “En ese sentido, por ejemplo, en Bogotá los Juzgados Civiles del Circuito de Ejecución de Sentencias Judiciales, tienen en su conocimiento alrededor de 60.000 expedientes, circunstancia que hace inviable cualquier ejercicio de oportuna justicia. Con ejemplos como éste, podríamos tener a las personas más competentes e intachables del país, y en todo caso, no habría manera o forma de atender y despachar esta ingente cantidad de casos. Por eso toca evitar que llegue tanto conflicto y litigio a la administración de justicia”. Malas herencias de la constituyente del 91 De acuerdo con el jurista, la congestión judicial es uno de los problemas más apremiantes que enfrenta el sistema de justicia colombiano, y por eso una de las soluciones que plantea para resolver este problema, es promover la conciliación. Y la otra causa por la cual el sistema de justicia se ha ensombrecido en medio de la congestión judicial, paradójicamente, tiene su origen en la propia Constitución de 1991, Carta Política que, aunque ha tenido muchos aciertos, particularmente en la rama judicial tuvo desaciertos. Por ejemplo, el Consejo Superior de la Judicatura, que nació allí, es un organismo que está politizado, y que no tiene estándares de eficiencia y calidad, por otro lado, la acción de tutela, que surgió como un mecanismo de protección de los derechos fundamentales del ciudadano, desembocó, lastimosamente, en una herramienta para desconocer providencias judiciales adoptadas en el seno de las distintas competencias de la justicia ordinaria, distorsionando su verdadero propósito, al permitir reabrir casos que han sido objeto décadas de estudio, análisis, práctica de pruebas y decisiones de jueces especializados en la materia. Adicionalmente, la centralización del sistema político y judicial, así como la urgente necesidad de tener una colegiatura de abogados, son otros de los problemas más apremiantes que Néstor Charrupi cree que tiene la justicia colombiana. “Hay que fortalecer los diferentes circuitos judiciales, darles mayor peso y autonomía, y dejar a la Corte Suprema sólo como órgano de cierre, que proceda a unificar, decantar y depurar la jurisprudencia en casos excepcionales que enmarquen debates de interés jurídico nacional. Las demás decisiones se le deben dejar plena y autónomamente a los Tribunales de Distrito Regional y a los Jueces de cada provincia que conocen de primera mano los problemas locales”, asegura el abogado. Este abogado de la Universidad Externado de Colombia, recibió el premio Polítika 2018 Gestión y Liderazgo por la labor desarrollada en beneficio del sector empresarial del país. Una reforma ideal Por último, Charrupi considera que Colombia debe explorar mecanismos alternativos de solución de conflictos, fortalecer la mediación, la amigable composición, las casas de justicia, la conciliación y la administración de justicia en cabeza de particulares, como mecanismos idóneos para evitar que toda disputa llegue a la administración pública de justicia, y otorgarle dientes a esos mecanismos para que no todo llegue a conocimiento de los jueces, excepto aquellos que si requieren de una decisión de un juez de la república. Para el connotado jurista, la mala y politizada escogencia de los administradores de justicia ha hecho que la ciudadanía no tenga confianza en sus jueces, “y no hay nada peor para una democracia, que una sensación de injusticia o impunidad porque ahí es cuando las personas deciden tomar la justicia por mano propia, generandose una conflictividad aún peor”. Este abogado de la Universidad Externado de Colombia, recibió el premio Polítika 2018 Gestión y Liderazgo por la labor desarrollada en beneficio del sector empresarial del país. “No hay nada peor para una democracia que una sensación de injusticia o impunidad, porque ahí es dónde se origina y gesta la desafortunada opción de hacer la justicia por mano propia, generandose una conflictividad aún peor”, dice Charrupi.

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Elecciones 2019: Registraduría abre inscripción de cédulas

Actualidad, Bogotá D.C., Estado, Gobierno / revistacg

De acuerdo con lo anunciado por el Registrador Nacional del Estado Civil, Juan Carlos Galindo Vácha, desde este lunes 8 de julio y hasta el próximo domingo 14 del mismo mes en el horario de 10:00 a.m. a 6:00 p.m. los colombianos podrán acercarse a cualquiera de los 10.737 puestos y registrarse para hacer parte de los comicios del próximo 27 de octubre. Según explicó Galindo, “es ésta una oportunidad para que los colombianos que deseen votar cerca a su casa el próximo 27 de octubre, puedan hacerlo inscribiendo fácilmente su cédula en los puestos cercanos a su residencia”. En el último reporte de datos entregados por la entidad, se evidenció que a la fecha 975.604 colombianos se han inscrito en las sedes de la Registraduría y en centros comerciales.

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Presidente le dice no a la convocatoria pública para definir el Fiscal

Actualidad, Estado, Fiscalía, Gobierno, Judicial / revistacg

Este viernes el Presidente Iván Duque tumbó el decreto 450 de 2016, firmado por el expresidente Juan Manuel Santos, según el cual se establecía el trámite para la integración de la terna de candidatos a Fiscal General de la Nación. De acuerdo con el mandatario, la designación del Fiscal debe realizarse conforme a lo establecido en la Carta Magna de 1991, “debe ser ejercida en los estrictos y precisos términos de lo consagrado en la Constitución Política y la Ley Estatutaria de Administración de Justicia, conforme a la regla especial de procedimiento allí prevista, sin que por vía reglamentaria pueda ser modificada ni sometida a reglas distintas de elección establecidas para la designación de otro tipo de servidores públicos”, explicó. El cargo de Fiscal General de la Nación en este momento se encuentra en manos de Fabio Espitia designado el 16 de mayo como Fiscal Encargado tras la salida de Néstor Humberto Martínez, a raíz de la decisión de la Justicia Especial de Paz (JEP) de dejar en libertad a Jésus Santrich, investigado por el presunto delito de narcotráfico.

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Acceso de colombianos a servicios públicos “a medias”

Actualidad, Atlántico, Bogotá D.C., Boyacá: Andina, Bicentenario, Caribe, Estado, Gobierno, Orinoquía / revistacg

El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) entregó este jueves los resultados del Censo Nacional de Población y Vivienda realizado en 2018, en el que se evidencia que el acceso de los colombianos a los servicios públicos aun está lejos de alcanzar el 100%. De acuerdo con lo presentado por el DANE, los servicios públicos siguen siendo una necesidad básica de los hogares colombianos que el Estado no ha podido solventar. Los resultados evidencian que el que menos cobertura tiene a nivel nacional es el gas natural domiciliario, alcanzando tan solo el 66,8%, mientras que el acceso a la energía eléctrica en el territorio colombiano alcanzó el 96,3%. Por otra parte, un indicador que llama la atención es la cobertura del Internet fijo y móvil en el territorio nacional, pues según la entidad, apenas alcanza el 43,4%, contrastando con la necesidad planteada desde el Gobierno Nacional de garantizarle a toda la población el acceso a Internet, en un intento de democratizar su uso, apoyado por iniciativas como los Kioscos Vive Digital del MinTic. Otros indicadores De acuerdo con el Censo, en Colombia actualmente hay 48.258.494 habitantes según las estimaciones. El DANE tan solo pudo censar de manera directa a 44.164.417 personas y el 8,5% restante hace referencia a personas que habitan hogares particulares. Respecto al total de viviendas, el DANE visitó un total de 13.480.729 de edificaciones, obteniendo como resultado que en el país hay 14.243.223 hogares. Esto evidenció que en promedio un hogar en Colombia está conformado por 3,1 personas. En cuanto a la distribución de los habitantes a lo largo y ancho del territorio nacional, el 84,2% viven en las zonas urbanas, mientras sólo el 15,8% habita en espacios rurales, lo cual deja en evidencia la necesidad de incentivar el desarrollo del campo colombiano. Por último, frente a la preocupación global ante el envejecimiento de los habitantes, el DANE mostró que los departamentos de Guainía, Vichada, Amazonas, Putumayo, Guaviare y Arauca poseen el mayor número de habitantes jóvenes, entre los 15 y los 29 años, mientras que los grandes centros poblados poseen una media de edad mucho más alta.

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Desaparición de Santrich es “una bofetada” para la paz: Procurador Carrillo

Actualidad, Congreso de la República, Corrupción, Estado, Fiscalía, Fuerza Pública, Judicial / revistacg

El Procurador General de la Nación, Fernando Carrillo, consideró la decisión del exjefe guerrillero de las FARC y congresista, Seuxis Paucias Hernández, mejor conocido como Jesús Santrich, de abandonar su esquema de seguridad, “una bofetada a quienes han creído y defendido la paz en este país”. También a la justicia que “le ha dado todas las garantías” en el proceso que se le sigue por su supuesta participación en el delito de narcotráfico. El jefe del Ministerio Público aseguró que el sistema no ha podido ser más garantista con Santrich, a quien se le han dado todos los beneficios. “Si Santrich quiere ser un sepulturero de la paz que siga en la clandestinidad, pero que no espere impunidad porque no va a doblegará la justicia”. De acuerdo con el comunicado emitido por la Unidad Nacional de Protección (UNP), el exguerrillero abandonó su esquema de seguridad en el Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación (ETCR) de Tierra Grata, corregimiento San José de Oriente, municipio de La Paz, Cesar. En la habitación que ocupaba el congresista fue encontrada una nota, aparentemente firmada por él, en la que manifestaba que pernoctaría con un hijo menor en la ciudad de Valledupar. Las autoridades están estableciendo la autenticidad y veracidad de dicho documento. De igual manera, la UNP solicitó al partido FARC colaboración para “reestablecer lo más pronto posible las medidas de protección que le corresponden al señor Santrich en su condición de parlamentario, que le permiten, a su vez, la plena libertad y movilidad por todo el territorio nacional”. Por su parte el Presidente de la República, Iván Duque, aseguró este lunes que, “ver a una persona con semejantes características, abandonar su esquema de seguridad, violando los protocolos de la UNP, violando los protocolos de seguridad de un ETCR, solo muestra que su deseo es eludir la justicia”.

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Las 23 acciones del gobierno para proteger a los ex-Farc

Actualidad, Estado, Gobierno, Judicial, MinDefensa / revistacg

Desde Bello, Antioquia, el Presidente de la República, Iván Duque anunció una serie de medidas que implementará el gobierno con el fin de proteger la vida de los exintegrantes de las Farc, que tras la firma del acuerdo de paz y posterior desmovilización, han sido víctimas de diferentes grupos armados ilegales. A la fecha ya van 113 desmovilizados asesinados. Las medidas anunciadas contemplan la creación de un Cuerpo Élite de la Policía para actuar en caso de amenazas, el fortalecimiento de los procesos de alerta temprana, así como la firma de un decreto de control de riesgos de seguridad que se ejercerá cuando concluyan, en agosto, las medidas relativas a los Espacios Territoriales de Reincorporación y Capacitación (ETCR). Estas son las medidas anunciadas por el Ejecutivo 1. Se pone en operación un Centro Integrado de Información, coordinado por el Ministerio de Defensa, para articular información de inteligencia y generar mecanismos de apoyo a la investigación judicial sobre amenazas y homicidios contra excombatientes de Farc. 2. Se generarán alertas para priorizar acciones diferenciales de reincorporación, protección y seguridad para los excombatientes en mayor vulnerabilidad y riesgo, según los perfiles de quienes han sido asesinados. 3. Habrá focalización y priorización de las acciones de las instituciones, con base en la información que suministre semanalmente el Cuerpo Élite de la Policía Nacional sobre departamentos y municipios más afectados. 4. Expediremos decreto para el control de riesgos de seguridad de la población en proceso de reincorporación una vez concluya la vigencia de las medidas relativas a los Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (ETCR). 5. Se desarrollarán las medidas para garantizar seguridad de candidatos de Farc en el período electoral de 2019, previstas en el Plan Nacional de Garantías Electorales. 6. Se intensificará el monitoreo, análisis y advertencia del riesgo para excombatientes de las Farc por parte de la Defensoría del Pueblo, a través del Sistema de Alertas Tempranas (SAT). 7. Serán depuradas las respuestas de la Comisión Interinstitucional para la Respuesta Rápida a las Alertas Tempranas (Ciprat), para asegurar la coordinación con las autoridades locales, por parte del Ministerio del Interior y la Defensoría del Pueblo. 8. Habrá remisión inmediata de las alertas tempranas a la Consejería para la Estabilización y Consolidación, para que esta apoye la gestión pronta de las mismas. 9. Se optimizará la utilidad de la información oficial sobre afectaciones a excombatientes Farc. 10. Se afinará la articulación entre la Unidad Nacional de Protección (UNP) y la Fiscalía, en la acción y seguimiento a las amenazas contra excombatientes Farc. 11. Serán reducidos los tiempos de atención de solicitudes de protección en la UNP. 12. Se fortalecerá la coordinación entre los esquemas de seguridad UNP y los enlaces de la Unidad Policial para la Edificación de la Paz (Unipep) para los desplazamientos de excombatientes. 13. Se realizarán jornadas de autoprotección y autoseguridad para excombatientes que cuentan con esquema de protección. 14. Se actualizará la metodología y el instrumento de análisis de riesgo para definir las medidas de protección a excombatientes de las Farc, en la Mesa Técnica de Seguridad y Protección de la UNP. 15. Habrá participación de la Defensoría del Pueblo en la Mesa Técnica de Seguridad y Protección de excombatientes de las Farc en la UNP. 16. Un grupo del Cuerpo Élite de la Policía Nacional tendrá la función exclusiva de la investigación de amenazas a excombatientes de las Farc. 17. Se destinarán 25 investigadores adicionales de la Policía Nacional (Dijin) para investigación criminal en terreno sobre las afectaciones contra excombatientes de las Farc. 18. En las zonas priorizadas será distribuido un manual de autoprotección para excombatientes. 19. Se reforzarán las acciones de prevención a cargo de la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN) y Unipep: a) para mitigar los riesgos de estigmatización y b) con campañas de autoprotección y seguridad. 20. También se reforzará la cultura de la legalidad. a) La ARN, la Unipep y la Oficina del Alto Comisionado para la Paz (OACP) articularán acciones para capacitar en territorios. b) La ARN y la UNP impartirán capacitación en cultura de la legalidad en las jornadas de reentrenamiento de los agentes que actúan como escoltas de los excombatientes Farc. 21. La Consejería para la Estabilización y la Consolidación convocará cada mes a una reunión para hacer seguimiento al avance de las medidas acordadas y cada 15 días habrá reuniones del nivel técnico. 22. En los municipios en los que se den alertas tempranas se van a promover con los alcaldes medidas como la prohibición de parrillero y jornadas de desarme. 23. La Fiscalía General de la Nación reasignará los fiscales itinerantes para focalizar los esfuerzos en los departamentos con mayor incidencia de afectaciones a excombatientes.

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Un control fiscal con participación de la gente

Estado, Gestión / revistacg

Un control fiscal con participación de la gente A través de las Contralorías Escolares, Patricia Bonilla Sandoval, Contralora General de Medellín, contribuye a formar personas con valores. Patricia Bonilla Sandoval es una abogada de la Universidad de Medellín, especialista en Derecho Administrativo, con cursos de postgrado en Derecho, Política y Criminología en España, fue elegida en 2016 como la contralora de la capital antioqueña. Se desempeñó como secretaria de despacho de Evaluación y Control del Municipio de Medellín (encargada), directora técnica de la Secretaría de Evaluación y Control del Municipio (comisión de servicio) y profesional especializada del Concejo en la Comisión de Presupuesto desde 1990. En su actual cargo ha defendido el ejercicio de control social como complemento del control fiscal. Luis Carlos Bonilla y Omaira Sandoval son dos caucanos que, por trabajo, formaron su familia en distintos municipios del país. Dos de sus hijos son caleños y Patricia nació en Bogotá. “Mi papá se desempeñaba en comercio exterior, lo trasladaban a diferentes municipios del territorio nacional, por eso mis hermanitos y yo, nunca tuvimos unos amigos estables; cada vez que teníamos unos en determinada ciudad, arrancábamos para la otra”, recuerda con nostalgia la hoy Contralora general de Medellín. La elección de esta paisa por adopción, en el Concejo de Medellín, estuvo cargada de los más honrosos adjetivos: dedicada, perseverante, esforzada, tenaz, leal, estudiosa, honesta, tierna y transparente. Mismos adjetivos que emplean los más de 300 servidores que la acompañan. Y es Patricia Bonilla es la segunda contralora de Medellín, en 69 años de existencia del ente de control fiscal territorial. La Contralora Patricia Bonilla dialoga con el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez. Durante sus más de 26 años de experiencia en el sector público estuvo al frente de proyectos de acuerdo relacionados con temas financieros, de presupuesto, de hacienda pública y los tributarios. Por ello dirigir el organismo encargado de ejercer vigilancia a la gestión fiscal de la administración y de los particulares o entidades que manejen fondos o bienes del Estado, es una tarea a la que ha sabido responder acertadamente. “En el Concejo pude conocer la ciudad, sus problemas, sus gentes, sus dirigentes y llegué aquí a mirarla desde otro punto de vista”, afirma la contralora y destaca que “ejercer este cargo es apoyar a la comunidad, optimizando los recursos públicos para que cada una de las entidades auditadas presten un mejor servicio a los medellinenses. Si se logran recuperar recursos y darles una buena destinación, el ciudadano va a ser beneficiado”. Quienes la conocen la destacan por su carisma y don de gentes. Es sensible ante el otro, conversadora, amigable y comprometida por el desarrollo y progreso de nuestra ciudad. Un control fiscal de la mano con la gente La política de gestión durante la administración de Patricia Bonilla Sandoval se basa en ejercer un control fiscal con la participación activa de la ciudadanía. Desde el 2016 la Contralora General de Medellín asumió dos grandes retos: lograr que el control fiscal genere valor a las entidades auditadas y proyectar la imagen y funciones de la entidad hacia el conocimiento de los ciudadanos, con el fin de que puedan tener confianza en la inversión de los recursos públicos y participen en la supervisión fiscal y en las inversiones que se realicen en sus barrios, comunas y corregimientos como veedores ciudadanos. Y una manera de hacerlo es a través de “Contralorías Escolares” un proyecto que toca el corazón de la señora contralora porque afirma que con él se “está ayudando a formar personas con valores, compromiso y voluntad para que nuestros niños y jóvenes den ejemplo en todos los escenarios en donde tienen incidencia” y de esta manera la Contraloría General de Medellín contribuye a crear conciencia, frente a los principios de responsabilidad, legalidad y transparencia por la adecuada planificación y uso de los recursos públicos y el medio ambiente. Hoy, a puertas de finalizar su administración, es posible afirmar que logró sus grandes propósitos. Su tarea estuvo focalizada en humanizar la Contraloría General de Medellín y ejercer un control fiscal con la participación ciudadana.

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La Gobernación de Córdoba: borrón y cuenta nueva

Caribe, Estado, Gestión, Gobierno / revistacg

La Gobernación de Córdoba: borrón y cuenta nueva Cuando Sandra Patricia Devia Ruiz fue designada gobernadora del departamento de Córdoba, la tarea que tenía por delante no era fácil. Y no solo porque llegar en la mitad de un gobierno siempre genera fracturas institucionales, sino porque su gestión, que ya lleva un año y medio, debía comenzar por apagar incendios heredados de otras administraciones. Así, con la intención de mostrarle a Colombia que Córdoba es mucho más de lo que dicen los medios, sobre todo una tierra pujante y llena de potencialidades, la mandataria ha adelantado un trabajo que vale la pena conocer. Aunque para ella asumir la Gobernación fue una opción de vida y una decisión muy difícil de tomar, los avances que han mostrado una serie de obras que se encontraban estancadas, y el camino recorrido en la recuperación de la institucionalidad a través de un diálogo abierto con entidades de control como la Procuraduría, la Contraloría y la Fiscalía General de la Nación, han hecho que su apuesta valiera la pena. “Yo casi no acepto ir en la terna y sí fue una decisión difícil de tomar. Renunciar, tras 18 años, al Ministerio del Interior no era fácil, además porque era irse para asumir el riesgo de lanzarse al vacío, de ir a una tierra en donde fuertes casas políticas, de las cuales yo no pertenezco a ninguna, se disputan el poder territorial. Pero ha valido la pena y yo creo que al finalizar nuestra gestión podremos decir que cumplimos con buena parte de la tarea”, afirma Sandra Patricia Devia. Y es que, aunque el reto era grande ya que, como la misma gobernadora lo dice, el departamento de Córdoba siempre ha sido uno de los más visibles en materia política en el país, se enfocó en una serie de obras que “han generado muchísimas expectativas en la ciudadanía y que la gente ha esperado durante mucho tiempo” para mejorar sus condiciones de vida. Una gestión significativa La gobernadora se planteó una hoja de ruta para el desarrollo de la región denominada, “Pacto por Córdoba: por un departamento transparente, inclusivo, seguro, competitivo y sostenible al 2032”, en el cual están contempladas varias acciones para fortalecer la infancia. Es precisamente por eso que, en los siete meses que le quedan de gestión, la gobernadora quiere dejar entregadas varias obras, entre ellas los accesos del Puente Valencia, el puente vehicular El Asilo, el Hospital Materno, las adecuaciones que se le han hecho al Hospital San Jerónimo, y la importante y necesaria intervención a varios acueductos de la región, especialmente el costanero. “Este ha sido una obra en la que nos hemos enfocado porque ha tenido muchos problemas y escándalos de corrupción. Nosotros queremos subsanar la deficiencia de sus tuberías reemplazándolas (ya que son de hierro y al no tener un recubrimiento interno ha hecho que el agua no llegue en buen estado a zonas como Puerto Escondido y Los Córdobas). También queremos intervenir el acueducto San Jorge, por lo que estamos pidiendo el acompañamiento de organismos de control para ese proceso”, añade la mandataria. Durante los últimos 18 meses, la gobernadora se ha encargado de llevar a buen término una serie de obras de infraestructura claves para el desarrollo departamental pero que, por temas administrativos, se encontraban relegados. El departamento de Córdoba siempre ha sido uno de las regiones más visibles en materia política en el país, y el Presidente Iván Duque ha asistido en varias ocasiones a entregar varios proyectos, como por ejemplo uno de energías renovables. Luego de dedicarse en estos 18 meses a concluir y entregar obras, y a hacer un saneamiento fiscal, ante el déficit que venía de las últimas administraciones, el saldo ha sido positivo, según la gobernadora, aunque hay problemas que aún subsisten y gran parte del tiempo ha tenido que dedicarse al esclarecimiento del cartel de la hemofilia y los pagos en el sector salud. “Hoy esos procesos siguen vigentes y la situación no se ha resuelto ni subsanado del todo, pero si hemos redoblado esfuerzos en responderle a los mecanismos de control frente a todos los requerimientos que nos hacen. Yo estoy segura de que Córdoba tiene los mismos problemas que tienen todas las regiones del país, pero creo también que por una guerra local entre casas políticas de años, el departamento se ha hecho más visible y por eso estamos dedicando tanto tiempo a mantener un diálogo abierto con las entidades de control, para que vean que Córdoba puede tener otra cara política”, añade la mandataria. La gobernadora esta convencida de que con el “Pacto por Córdoba: por un departamento transparente, inclusivo, seguro, competitivo y sostenible al 2032”, cuyas bases y líneas sectoriales fueron construidas en la administración de Sandra Devia, se tiene una hoja de ruta que hará que este territorio “se focalice y sea precisamente transparente, inclusivo, seguro, competitivo y sostenible a largo plazo”.

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Más mujeres en la política, el reto

Cámara: Cámara de Representantes, Congreso de la República, Especiales, Estado, Gobierno, Senado / revistacg

Más Mujeres En La Política, El Reto En una época en la que la discusión sobre equidad de género va haciéndose cada vez más amplia en el mundo, es necesario que Colombia avance mucho más para garantizar y promover la participación de las mujeres en la política y, lo más importante, asuman un rol determinante en la toma de decisiones que marcan el rumbo del país. Ya los primeros pasos se han dado con una bancada femenina en el Congreso que busca empoderlas y fortalecer su presencia en los cargos de poder. La baja participación de las mujeres en la política colombiana ha sido una constante en las tres últimas décadas, pues si bien gracias a la aplicación de la llamada “Ley de Cuotas”, han aumentado su presencia en corporaciones como el Congreso de la República, esta sigue sin superar el 30 %. Aunque se ha logrado un avance significativo en el ámbito político, el camino sigue siendo largo. Es primordial elevar la presencia femenina en cargos de decisión y poder a un 50 %, para generar un cambio cultural sobre la labor que puede ejercer en ese campo. Antes y después de las mujeres en el Congreso Según un informe de la ONU Mujeres, su participación en el Congreso ha aumentado de manera importante desde la entrada en vigencia de la Constitución de 1991, que les permitió abrirse campo en la política, al pasar del 7,7 % (en ese cuatrenio) al 20,8 %, tal como se vio reflejado en las elecciones legislativas de 2018. El aumento en la cuota parlamentaria se debe, primordialmente, a la aprobación de la ley 1475 de 2011, que establece que en las listas compuestas por cinco o más candidatos deben incluirse al menos el 30 % de mujeres. “El mayor esfuerzo que tiene que hacer hoy cualquier corporación es conseguir al menos ese 30 % de mujeres. Se debe mostrar la importancia de que esta participe en política, porque los estudios han registrado que en la medida que la mujer tome posiciones de liderazgo, el entorno y la política pública mejoran”, expresa la senadora del Centro Democrático, María del Rosario Guerra. Esta situación ha hecho que Colombia esté en el puesto 22 en el ranking de participación política de las mujeres en el continente americano, cuyos primeros lugares son ocupados por Bolivia, Nicaragua, México, Argentina, Ecuador y Costa Rica, que cuentan con una legislación de paridad parlamentaria. Con el acceso de la mujer a cargos de poder y diplomáticos, se van derribando creencias culturales de que son espacios designados a los hombres. Propuestas para aumentar participación de mujeres Es claro que el trabajo debe empezarse en la legislación y continuarse con los esfuerzos de las agrupaciones políticas para crear confianza en sus capacidades. Como primera medida, tendría que aumentarse el porcentaje de participación del género femenino en las elecciones legislativas. “En la reforma política lo hemos intentado, pero fue imposible, hay resistencia absoluta a cerrar las listas y a llegar a la paridad” que se busca, afirma la senadora de la Alianza Verde, Angélica Lozano. Para Ángela María Robledo, excandidata a la vicepresidencia de la República, el actual Congreso sigue siendo muy patriarcal y ortodoxo. Por ello considera que “una reforma política que no toque de manera contundente la apertura para las mujeres, no tiene mucho significado porque ellas son fundamentales en la democracia”, agrega. Cualquier avance en ese sentido, requiere la voluntad por parte de todos los actores, principalmente del Gobierno Nacional y el Congreso de la República para que sea posible un cambio en las reglas de juego. El trabajo conjunto de instituciones como el Congreso y ONU Mujeres debe fortalecerse aún más. ¿Qué hace falta? Es necesario que la bancada de mujeres del Congreso impulse activamente proyectos que garanticen más participación del género en la política colombiana. Para conseguir la paridad representativa, es fundamental que los partidos también tengan voluntad política y se pongan en la tarea de atraer a las mujeres a la actividad proselitista, ya que ese es el principal obstáculo a la hora de fortalecer la presencia del género en los cargos de elección popular en Colombia. Según la senadora María del Rosario Guerra, su colectividad trabaja intensamente en preparar las mejores candidatas con talleres que las eduquen en el tema político. “Hay que tener ganas, capacidad de interlocución, dedicación y argumentación. Eso es lo que hay que promover para que las mujeres jóvenes se interesen”, subraya. La senadora Ana Paola Agudelo, del Partido MIRA, asegura que las listas de su organización política para el Senado siempre han estado encabezadas por mujeres y han preservado el equilibrio de géneros. Según la parlamentaria, se cuenta con una escuela de gobierno que capacita las lideresas de base. “Se han ido dando pasos, pero hay que avanzar más”, agrega. Por su parte, aunque reconoce que faltan mujeres en el Legislativo, la congresista de la lista Decente, Aída Avella, considera que quienes aspiren a ser candidatas a corporaciones públicas, deben ser eficientes, porque no se trata de poner “rellenos”. La senadora va más allá, al afirmar que “deben dar ejemplo de cumplimiento, honradez, estar siempre muy preparadas, no solamente en los debates, sino para dar ejemplo de vida”.

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