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Lenguaje claro para acercar el Estado a los ciudadanos

Cultura, Estado, Gestión, Gobierno / revistacg

Por: Nubia López Morales Representante a la Cámara por Santander Partido Liberal Uno de los principales enfoques con los que he desarrollado mi trabajo legislativo hasta hoy, es el uso correcto del lenguaje dentro de la administración pública (nacional y territorial) como herramienta definitiva para el funcionamiento del Estado de Derecho, la confianza ciudadana en las instituciones y la participación social. Por ese motivo, mi primera apuesta en el Congreso de la República fue la presentación del proyecto de Ley No. 063 de 2018 Cámara – 255 de 2019 Senado, el cual pretende modificar parcialmente la Ley 1712 de 2014, es decir, la ley de transparencia y del derecho de acceso a la información pública nacional. La iniciativa parte de la tesis derivada en que la información pública no solamente debe ser accesible y publicable en páginas web, sino que también debe comprenderse, para que la ciudadanía se convierta verdaderamente en un sujeto activo e interactivo en democracia. Actualmente, el proyecto se encuentra en discusión en el Senado, después de que la Cámara lo aprobara en primer y segundo debate. Tengo la fe puesta en que más temprano que tarde contemos con una nueva Ley de la República. Estoy segura de los beneficiosque le traería tanto alEstado como a la sociedadcolombiana, la implementaciónde este proyecto, que busca,en últimas, afianzar laconfianza de los ciudadanosen las instituciones con lasque se deben hacer trámites Mi propósito es conseguir que la mayor parte de los documentos del Estado cumplan con estándares de lecturabilidad y legibilidad que le permita a cualquier ciudadano colombiano comprender las comunicaciones públicas, en esencia leyes, respuestas a derechos de petición, guías de trámites, actos administrativos, resoluciones, actas, etc. Se trata de una propuesta basada en la necesidad de promover el uso y desarrollo de un lenguaje claro, comprensible y accesible en los textos legales y formales. La intención es garantizar el derecho a comprender la información que determina nuestras vidas para orientar de mejor manera nuestras decisiones y satisfacer plenamente las necesidades cotidianas. Cuando un ciudadano no entiende lo que el Estado le comunica, le resulta imposible ejercer sus derechos y cumplir sus deberes. Desde hace algunos años, el Estado colombiano se ha venido preocupando por una estrategia que mejore la interacción con la gente, que reduzca los costos de transacción con la comunidad, que fomente la transparencia y facilite los procesos rendición de cuentas. Por esa razón, el trámite y la consecución de esta ley resultarán necesarios para potenciar los esfuerzos que hasta ahora existen por acercar el ciudadano a la actividad estatal y ponerlo en el lugar central de lo público. Esperamos que inicialmente, la “Guía de Lenguaje Claro para Servidores Públicos” elaborada por el Departamento Nacional de Planeación funcione como lineamiento general para entidades, funcionarios y colombianos en general. Y que, con el tiempo, otros organismos como el Departamento Administrativo de la Función Pública y el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, se sumen a esta iniciativa legal para fomentar una nueva cultura de servicio estatal que les facilite a las personas encontrar lo que necesitan, comprender lo que encuentran y usarlo de modo efectivo. Estoy segura de los beneficios que le traería tanto al Estado como a la sociedad colombiana, la implementación de este proyecto, que busca, en últimas, afianzar la confianza de los ciudadanos en las instituciones estatales con las que se deben hacer trámites. Con el uso de un lenguaje claro se acelerarían los tiempos de respuesta y se disminuiría la inversión en tiempo y dinero de los usuarios. Este proyecto ha sido propuesto pensando en el bienestar y comodidad de lo ciudadanos.

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Hay que afrontar le reto

Diplomacia, Estado, Gestión, Gobierno, MinDefensa / revistacg

Hay que afrontar le reto Nancy Patricia Gutiérrez Castañeda Ministra del Interior Las mujeres tenemos la obligación de contribuir en la misión de construir país, desde el lugar en el que nos desempeñamos, bien sea en el sector público o privado. La doble misión de trabajar y ser esposa y madre, no es nada sencillo. El reto es encontrar el equilibrio entre ser el soporte de la familia y desempeñarse con dedicación y compromiso con las actividades laborales o profesionales. Las mujeres marcamos senderos. En las organizaciones comunitarias, en la iglesia, en escuelas y colegios, en organizaciones sociales, sindicales y en todo espacio de participación, el liderazgo femenino es notorio. Siempre estamos dispuestas a dar lo mejor para lograr resultados de beneficio común. Lamentablemente en los niveles decisorios en los que el pulso por el poder es más fuerte, los espacios se van cerrando; y esto ocurre tanto en en el Estado como en las empresas privadas. Bajo esta realidad son bienvenidas las iniciativas que promueven medidas que abren oportunidades a través de la educación y de la formación académica, pues tal como dice Michelle Obama, abogada y ex primera dama de Estados Unidos: “No tengas miedo. Empodérate con una buena educación y utiliza esa educación para construir algo que valga la pena”. Realmente es el mecanismo para nivelar los derechos entre hombres y mujeres. La diferencia de sexo no debe ser excusa para tratos diferenciales negativos o discriminaciones que lesionan una sociedad. Una visión de equidad Las comunidades raizales e indígenas, en el foco de los planes del Ministerio. El ejemplo que ha dado nuestro presidente Iván Duque, al haber designado por primera vez en Colombia un gabinete paritario, en consonancia con la novedad de la vicepresidencia en manos de una mujer como Martha Lucía Ramírez, es una visión de equidad e inclusión que da ejemplo al país. Estoy segura que esa decisión de haber buscado ministras y altas funcionarias para el Estado, bajo la premisa adicional de que se cumpliera con formación, capacidad y experiencia, deja profunda huella en las y los jóvenes que entenderán que no hay barreras entre hombres y mujeres, cuando se trata de construir entre todos. A mí me tocó ser la primera mujer ministra del Interior. Cómo agradezco al Presidente esta oportunidad. Ha sido maravillosa. Liderar la relación política Gobierno-Congreso en un momento histórico para el país ha sido el más duro reto que he asumido. Pero vale la pena. Tantas mujeres que quieren participar en la política y en la vida pública, se animan, pues saben que es posible. Por eso doble esfuerzo: compromiso y disciplina permanente. Las mujeres en el Plan Nacional de Desarrollo Las etnias desempeñan un papel fundamental en el desarrollo social del país. El Plan Nacional de Desarrollo, PND, tiene un capítulo especial para la población femenina ‘Pacto por la Equidad de las Mujeres’, en el cual se destinan 5,4 billones de pesos. Su finalidad es “el empoderamiento económico, político y social de las mujeres para eliminar las inequidades en su contra y favorecer la eliminación de la violencia y pobreza que las afecta”. Lo que se pretende es reducir la brecha de ingresos entre hombres y mujeres, y que las mujeres ocupen el 50% de los cargos directivos en el Estado. Aunque la representación política de la mujer se ha incrementado, todavía no es suficiente y en esto radica la importancia de la implementación del Plan. En las elecciones al Congreso de 2018, se inscribieron 308 mujeres al Senado, de las cuales sólo 25 lograron una curul, dos escaños más que en 2014 y ocho más que en 2010.En la Cámara de Representantes, de 637 aspirantes mujeres solo 31 fueron elegidas, al igual que en 2014. La brecha laboral se mantiene Nancy Patricia Gutiérrez tiene la experiencia suficiente para sacar adelante iniciativas que contribuyan al desarrollo del país y al empoderamiento de la mujer colombiana. A pesar de que la Organización Internacional del Trabajo, OIT, señala que las empresas que cuentan con mujeres ejecutivas son mucho más productivas, la brecha laboral entre hombres y mujeres se mantiene. De acuerdo con la revista Dinero, la brecha salarial entre los dos géneros es del 30%. Esto significa que, si a un hombre le pagan $10.000.000 por cumplir determinadas funciones, una mujer, que ejerce las mismas labores, solo gana $7.000.000. En Colombia, hay muchos ejemplos de mujeres que sobresalen en diversos campos como el deporte, la música, las finanzas y el emprendimiento. Mujeres indígenas, comunales, afrodescendientes, palenqueras, raizales, líderes sociales, defensoras de Derechos Humanos. Todas tienen algo que decir y aportar en esta sociedad que cada día requiere resolver y proyectar al país con ojos de mujer. A pesar de que la Organización Internacional del Trabajo, OIT, señala que las empresas que cuentan con mujeres ejecutivas son mucho más productivas, la brecha laboral entre hombres y mujeres se mantiene.

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Marta Lucía Ramírez: su camino a la Vicepresidencia

Especiales, Estado, Gestión, Gobierno / revistacg

Marta Lucía Ramírez: Su Camino A La Vicepresidencia Marta Lucía Ramírez, la primera mujer Vicepresidenta que ha tenido Colombia en toda su historia republicana, se ha destacado en la política nacional e internacional precisamente por eso: por haber sido la primera mujer en ocupar el segundo cargo más importante de la Nación. Aunque tiene méritos de sobra y una carrera brillante en el servicio público para destacarse en cualquier ámbito, ella siempre será recordada por haber sido la primera en más de una ocasión. Por eso, la Revista El Congreso quiso hacer un recorrido por su vida pública y responderse a la pregunta de, ¿quién es esta mujer y cómo llegó a la Casa de Nariño? Haciendo de su carrera una especie de reivindicación para las mujeres en Colombia, ella dejó claro su rol de liderazgo desde el día uno. “Me siento muy orgullosa de llevar la voz de 26 millones de mujeres colombianas. Tengo una gran responsabilidad de representarlas dignamente y a pesar de que no todas pensemos igual, sé que todas debemos tener iguales oportunidades y lucharé por que así sea”, dijo cuando Iván Duque fue designado como el presidente número 59 de Colombia. Y es que, tras haber sido seleccionada como fórmula vicepresidencial de Iván Duque, Marta Lucía Ramírez, una mujer de arraigados valores y tradiciones conservadoras, se convirtió en la alianza perfecta para un gobierno de centro derecha con una agenda programática cercana a la del Partido Conservador, colectividad a la que ella estuvo afiliada por años, con la que presentó su candidatura presidencial en el año 2014, pero a la que renunció en diciembre de 2017 por los escándalos de corrupción en los que se encontraban envueltos algunos de sus líderes y la falta de apoyo de esa organización política a su aspiración. En aquel entonces, Ramírez lamentó que la mayoría de su bancada en el Congreso hubiera sido copartícipe del “deterior que ha llevado a niveles de desfavorabilidad sin precedentes a las tres ramas del poder público (…) Es una triste ironía tener que retirarme del Partido Conservador para defender desde afuera los principios conservadores. 21 años después sigue teniendo razón Álvaro Gómez Hurtado cuando decía que en Colombia existe más conservatismo que Partido Conservador”, aseguró en su carta de renuncia. Si bien es cierto que esta decisión podría tomarse como el punto de partida de su carrera hacia la Presidencia de la República, su extensa trayectoria política fue un excelente trampolín para llegar a la Casa de Nariño. Con una formación profesional prolífica que se repartió entre la Universidad Javeriana, la Universidad de los Andes y un fellow del Centro de Estudios Internacionales de la Universidad de Harvard (Estados Unidos), Marta Lucía Ramírez comenzó su vida pública con la dirección del Instituto Colombiano de Comercio Exterior, Incomex. Al frente de la seguridad democrática Senadora, ministra, consultora jurídica, empresaria y presidenta de varias entidades financieras y gremios, la vicepresidenta de la República se ha sabido mover en los sectores público-privado con éxito y ha buscado llegar a la Presidencia de la República en más de una ocasión. Ministra de Comercio Exterior durante el Gobierno de Andrés Pastrana y embajadora de Colombia en Francia durante el primer semestre de 2002, Marta Lucia regresó al país para convertirse en la titular de la cartera de Defensa Nacional (en donde estuvo 19 meses) en uno de los años más convulsos en materia de seguridad. Como una fuerte apuesta del entonces Presidente, Álvaro Uribe Vélez, quien apenas la conocía, le entregó las llaves de una de las políticas más importantes del gobierno de aquel entonces: la seguridad democrática. Desde ese importante cargo, trató de modernizar el Ministerio, así como de crear unos indicadores de éxito diferentes para las Fuerzas Militares. Esto fue, lo que eventualmente, provocó su abrupta salida de esta dependencia. Así, convirtiéndose en la primera y única mujer en ostentar este cargo en la historia del país, en aquel entonces la actual Vicepresidenta abogó, como lo hizo desde el Congreso de la República, por el bienestar de los miembros de las Fuerzas Armadas, tema transversal en su carrera política. Pero no fue fácil. “Yo llegué a meterme en muchas áreas en donde no era tradicional que se metieran tanto los ministros civiles. El primer ministro de Defensa civil había sido Rafael Pardo no hacía mucho tiempo, entonces yo, civil, mujer… tenía claro que tocaba ejercer y no solo hacer un control civil”, dijo en su momento, tras reconocer que tuvo tropiezos con el General Mora, tropiezos que además, fueron evidentes para el país, a razón de que en su paso por la cartera de Defensa, ella buscó centralizar todas las compras que hacía este ministerio. Una carrera hecha a pulso Al haber sido designada por el entonces Presidente, Álvaro Uribe Vélez, como ministra de Defensa Nacional, a Marta Lucía Ramírez le dieron la titánica labor de ponerse al frente de una de las políticas más importantes para aquel gobierno: la seguridad democrática. Habiendo sido senadora por el partido de ‘La U’ entre el 2006 y el 2009 con más de 70 mil votos, podría decirse que a sus 63 años (nació el 4 de julio de 1954 en Zipaquirá, Cundinamarca) la Vicepresidenta de Colombia se ha sabido mover por varias ramas del poder público y el sector privado, en donde se desempeñó por más de 15 años como consultora jurídica, empresaria y presidenta de varias entidades financieras y gremios. Aunque ni en las elecciones presidenciales del 2014, ni en los comicios del 2018, Marta Lucía Ramírez logró conquistar la Presidencia de la República, es probable que lo consiga y que solo sea cuestión de tiempo. Alguna vez ella contó una anécdota en la que se estaba mirando al espejo-no tendría más de 24 años- y tras observarse detenidamente, se volteó y le dijo a su marido: “algún día seré presidente de este país”. Para entonces, ella trabajaba para la Superintendencia Bancaria y la habían nombrado Directora de Bancos. Ante el nuevo cargo alcanzado, su mamá, quien

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¿Llegó la hora de replantear relaciones?

Cámara: Cámara de Representantes, Congreso de la República, Especiales, Estado, Gobierno, Senado / revistacg

¿Llegó La Hora De Replantear Relaciones? Aunque para el Gobierno esta legislatura fue positiva porque se logró sacar adelante el Plan Nacional de Desarrollo (PND), considerado la hoja de ruta del Presidente Iván Duque Márquez en estos cuatro años, algunos congresistas creen que el balance no es el esperado, porque en su concepto, el Ejecutivo no ha logrado construir la gobernabilidad que se requiere para garantizar el trámite de iniciativas importantes como las reformas política y judicial. La postura de los partidos Liberal, Cambio Radical y La U -con las mayorías en el Legislativo- de distanciarse del Gobierno le restaron capacidad de maniobra al mandatario, quien se resistió a darles participación a las fuerzas políticas en su administración, como parte de su nuevo estilo de gobernar, en el que priorizó el nombramiento de ministros y funcionarios técnicos durante sus primeros meses de gestión. Analistas consideran necesario un replanteamiento en las relaciones con el Congreso de la República, pensando en los proyectos que se vienen y en la campaña electoral que se cruza con la próxima legislatura, en la cual estará en juego el poder regional. La ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, encargada de impulsar y coordinar las iniciativas y acciones del Gobierno ante los congresistas, admite que el esquema que se planteó era distinto, pero muy positivo para la democracia colombiana. “Creo que eso es constructivo para el país y eso es una relación sana de respeto entre el Ejecutivo, el Legislativo y la Rama Judicial. Es la separación real de poderes”, afirma. Y es que a pesar de las dificultades para conseguir el respaldo parlamentario, como se evidenció en la votación de las objeciones a la Ley Estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), el equipo gubernamental logró sacar avante el Plan Nacional de Desarrollo “Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad” en este periodo de sesiones. Según la jefe de la cartera de asuntos políticos, el PND era la gran apuesta oficial para este semestre y con su aprobación en el Senado y la Cámara de Representantes se legisló para los próximos cuatro años, luego de una concertación con las regiones y los sectores políticos, económicos y sociales del país. La reforma política se quedó sin aire Ante el poco ambiente en el Congreso para salvar la reforma política, que había sido modificada en sus partes sustanciales, la ministra del Interior desistió de continuar con su trámite. Las pocas probabilidades que existían de revivir las listas cerradas para las elecciones a corporaciones públicas llevaron a la funcionaria a darle sepultura a la iniciativa en esta legislatura. “Ante la imposibilidad de continuar con el trámite de la lista cerrada y la equidad en la representación de las mujeres, el Gobierno no insistirá en adelantar la reforma política”, escribió Gutiérrez en su cuenta de Twitter. Con el proyecto, se buscaba depurar el ejercicio de la política, eliminando el voto preferente con el cual obtienen una curul los candidatos que alcancen un mayor número de votos al interior de sus partidos, sin importar el orden en que aparezcan registrados en el tarjetón electoral. Ello ayudaría a evitar prácticas como el clientelismo o la compra de votos. La reforma, una de las promesas del entonces candidato Iván Duque, hacía parte del paquete de medidas anticorrupción anunciadas por el Ejecutivo para fortalecer los partidos, reducir los costos de las campañas y garantizar transparencia en la forma de hacer política en Colombia. Pero el Gobierno no se da por vencido y desde ya buscará el apoyo de las distintas bancadas para impulsar un nuevo proyecto a partir del 20 de julio. Un cambio necesario La ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, espera el apoyo de los partidos a la reforma política que se presentará en julio próximo. Para garantizar el trámite de los proyectos del Gobierno, incluida la reforma política que será presentada nuevamente en la próxima legislatura, es indispensable un replanteamiento de las relaciones entre el Ejecutivo y el Congreso de la República lo antes posible para poder avanzar en las iniciativas que aún están pendientes. Así lo considera el politólogo y académico, Fernando Rojas, quien ve poco probable que se mantenga el modelo con el que el Presidente Iván Duque Márquez ha querido gobernar por el costo político que le puede generar. “Le toca hacer un giro para lo que quiere, porque a pesar de las buenas intenciones, su estilo no le ha dado los resultados esperados”, señala. Aunque se logró la aprobación del PND, en el que se establecen los objetivos, programas e inversiones para el cuatrienio, el analista cree que el Gobierno “no logró encontrar el camino para sacar adelante los demás temas de la agenda legislativa (en este periodo de sesiones), ni tampoco generar confianza”. Por eso coincidió en que un acuerdo con las fuerzas políticas es el camino para destrabar los proyectos clave, como las reformas a la justicia y las pensiones o de lo contrario, habría dificultades para garantizar la gobernabilidad en lo que resta de gestión. Desde ya se rumora sobre una reestructuración de la relación con los partidos tradicionales que podría derivar en una crisis ministerial, así como en su participación en la administración, ad portas de cumplirse un año del ascenso del entonces candidato del Centro Democrático al poder. La gran pregunta que surge frente al nuevo panorama que se plantea, es si el partido oficialista estaría dispuesto a aceptar que otras organizaciones políticas tengan representación en el Gobierno, para contar con nuevos aliados en el Congreso. A pesar de las dificultades para conseguir el respaldo parlamentario, como se evidenció en la votación de las objeciones a la Ley Estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), el equipo gubernamental logró sacar avante el Plan Nacional de Desarrollo “Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad”. Lo que si se descarta es un revolcón. En caso de presentarse los cambios en el gabinete, estos se darían de manera gradual. La reestructuración habría comenzado con la salida de Gloria María Borrero

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Revocatoria de visados: La factura de cobro norteamericana

Especiales, Estado, Gobierno, Internacionales, Judicial / revistacg

Revocatoria de visados: La factura de cobro norteamericana Las objeciones presidenciales a seis de los 159 artículos de la Ley Estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz, terminaron convirtiéndose en una lupa que magnificó todas las grietas que se han derivado de lo que se acordó con las FARC en La Habana en 2016. Permeando a la Corte Constitucional (que le dedicó un año y un mes a su revisión), y con un paso por el Congreso que lo único que dejó claro fue la evidente incapacidad para lograr consensos al interior del Legislativo, en mayo pasado el turno fue para las relaciones bilaterales Colombia-Estados Unidos. ¿Qué le está cobrando el país del norte al gobierno colombiano? La revocatoria de las visas por parte del gobierno de Donald Trump a varios miembros de la rama judicial se ha convertido en uno de los desplantes diplomáticos más significativos de los últimos tiempos. Sin mayores explicaciones por parte de la embajada norteamericana en Bogotá, el tema trató, en vano, de ser contenido, y hoy es claro que lo que se esconde detrás del mismo, tiene nombre y apellido: el aumento en los cultivos ilícitos y la extradición. Un antecedente vergonzoso En década de los años noventa, durante el gobierno del Presidente, Ernesto Samper Pizano, Estados Unidos, en cabeza de Bill Clinton, le revocó la visa al mandatario colombiano. Aunque no son casos directamente comparables, la mañana del 12 de julio de 1996, Colombia y el mundo se despertaron con un titular que ponía en entredicho la legitimidad y la transparencia del gobierno colombiano: Estados Unidos había hecho realidad su amenaza de cancelarle el visado al Presidente Ernesto Samper Pizano, por haber “participado a conciencia en negociaciones con el narcotráfico. Hay certeza de que entraron dineros de está procedencia en su campaña electoral. La sanción es personal, no contra el gobierno colombiano, y Samper no es bienvenido en Estados Unidos”. Dicha declaración, pronunciada por el entonces portavoz del Departamento de Estado en una rueda de prensa en Washington, fue el comienzo de un periodo vergonzoso para las relaciones diplomáticas bilaterales. Más allá de la desacreditación mundial del Ejecutivo colombiano, el margen de maniobra en la escena internacional por parte del Gobierno se disminuyó y si no fuera porque Ernesto Samper tenía la presidencia de Movimiento de Países No Alineados (Noal), su gestión y capacidad de operación en el exterior habría sido casi nula. En aquel entonces, la respuesta por parte de la Casa de Nariño fue corta y contundente: “El gobierno se manifiesta indignado por esta medida unilateral e intervencionista (…) y la sanción sienta un inaceptable precedente intervencionista en el que el Gobierno de Estados Unidos desconoce el sistema jurídico de Colombia”, fue el comunicado que emitió entonces la Presidencia en Bogotá. El caso del expresidente Samper es un buen ejemplo de cómo Estados Unidos ha recurrido en más de una ocasión a esta modalidad de presión a través de la cancelación de las visas por razones políticas. No obstante, en esta oportunidad hay un hecho sin precedentes para la historia de las relaciones bilaterales entre ambos países: históricamente y como lo ocurrido con Samper, el gobierno de turno norteamericano revocaba las visas a razón de acusaciones de narcotráfico o delincuencia, pero nunca se habían dado, como lo aseguran varias personalidades políticas, por diferencias de opinión en decisiones judiciales. La presión diplomática hoy A los magistrados de la Corte Constitucional, Antonio José Lizarazo (izquierda), Diana Fajardo (Centro), y al presidente de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, Eyder Patiño (derecha), se les revocó su derecho de entrada a Estados Unidos durante el mes de marzo, aunque a dos de ellos se les reestableció el visado poco después. Y es que lo que pasó durante los meses de abril y mayo, sí responde a una práctica usual de castigo y de presión diplomática que Estados Unidos siempre ha aplicado a sus vecinos del sur (hizo lo mismo contra los juristas del Tribunal Supremo de Nicolás Maduro), pero nunca por las razones que al parecer le está aplicando en estos momentos a los magistrados de la Corte Constitucional, Antonio José Lizarazo y Diana Fajardo, al presidente de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, Eyder Patiño y al representante a la Cámara, John Jairo Cárdenas, quien ha dicho que este es un claro mensaje del gobierno norteamericano al legislativo colombiano. Pero, ¿cuál es el mensaje? Y lo que es aún más relevante: ¿por qué ahora? Es cierto que un país tiene todo el derecho a decidir quién ingresa a su territorio, pero revocarle la visa a un magistrado, al parecer por haber sido ponente de la Ley Estatutaria de la JEP, y porque ello podría tener implicaciones opuestas a los intereses norteamericanos en procesos de extradición, es un hecho nunca antes visto. Al parecer lo mismo le pasó a la magistrada Diana Fajardo, quien hizo parte de los debates relacionados con el proceso de paz. En un escueto comunicado la delegación diplomática norteamericana en Bogotá dijo que los expedientes de visas son confidenciales, por lo que no se hacen comentarios sobre casos individuales. “El Departamento de Estado tiene amplia autoridad para revocar visas basándose en información, que salga a la luz en cualquier momento, que indique que el titular de la visa puede ser inadmisible en Estados Unidos, o no cumpla con los requisitos de visa. Todas las decisiones con respecto a la elegibilidad para una visa se basan en las leyes y regulaciones de Estados Unidos”. Ante este ejercicio de poder blando (aquella capacidad de un determinado actor político, como un Estado, para incidir en las acciones o intereses de otros actores valiéndose de medios culturales e ideológicos, con el complemento de medios diplomáticos), de acuerdo con el profesor de política exterior norteamericana y experto en seguridad hemisférica de la Pontificia Universidad Javeriana, Emerson Forigua, aunque aún no son claras las razones por las cuales Estados Unidos adoptó esa postura (las hipótesis se han limitado a la especulación

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Santos será investigado por caso Odebrecht

Actualidad, Cámara: Cámara de Representantes, Congreso de la República, Estado, Gobierno, Judicial / revistacg

La Comisión de Acusaciones le abrió una investigación preliminar al expresidente de la República, Juan Manuel Santos, por la presunta financiación de su campaña por parte de la constructora brasilera. El presidente de la Comisión, Ricardo Ferro, anunció la apertura de la investigación contra el exmandatario, así como la citación a comparecencia ante el tribunal de Bernardo “El Ñoño” Elías, fijada para el próximo 17 de junio. La decisión se deriva de las declaraciones entregadas por Elías a Vicky Davila. “Como es de público conocimiento, la periodista Vicky Dávila entrevistó a Bernardo Elías quien hizo unos pronunciamientos con respecto al tema de Odebrecht. Frente a esas declaraciones un ciudadano interpuso una denuncia ante la Comisión de Investigación y es nuestra obligación darle trámite, por lo que hemos decidido abrir una investigación preliminar para entrar a determinar si hay o no lugar a proceder en una investigación formal”, explicó el representante Ricardo Ferro. Dependiendo de los resultado que arroje la audiencia contra Elías, se podría proceder a llamar a declarar al expresidente Santos.

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Desempleo disparado en Colombia

Actualidad, Economía, Estado / revistacg

El Departamento Nacional de Estadística (DANE) acaba de revelar su informe de mercado laboral para el mes de abril de 2019, en el que se evidencia un preocupante aumento en la cifra de desocupación en todo el país y una caída en la tasa de empleabilidad en las zonas urbana y rural. De acuerdo con el organismo, el índice de desempleo en las 13 ciudades y áreas metropolitanas, que incluye a Bogotá D.C., Medellín, Cali y Barranquilla fue de 11,1%, lo que significa un incremento de 0,8% frente a abril de 2018. A nivel nacional, la tasa se ubicó en 10,3%, lo que representa un aumento de 0,3% con respecto al mismo periodo del año pasado. En lo que se refiere a la Tasa Global de Participación -indicador de empleo en el país- se evidenció una fuerte caída del 2,4%, frente al mes de abril de 2018, que la ubica en el 62,2%. Esta cifra es la que preocupa a los diferentes sectores productivos colombianos, debido a que evidenciaría que la economía nacional no esta en capacidad de absorber el crecimiento de la población en edad laboral.

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No paran los crímenes contra líderes sociales

Actualidad, Estado, Judicial, Paz, Posconflicto / revistacg

El líder social, Luis Trujillo, fue asesinado el jueves en el departamento del Magdalena, en la vereda Los Linderos de la Sierra Nevada de Santa Marta. Hasta el momento las autoridades no han podido determinar el móvil del del crimen y se encuentran recavando pruebas para determinar sus responsables. Las asociaciones sociales de la región han alertado sobre la situación de violencia que se vive en la zona, la cual ya preocupa a los habitantes, que han pedido mayor protección. El secretario de Seguridad y Convivencia, Camilo George, aseguró que “estos actos cobardes no nos doblegarán. Más unión, fortaleza y acción que nunca”, dijo. Según un informe de la ONG Programa Somos Defensores, que había alertado sobre el crimen, 25 defensores de derechos humanos fueron asesinados entre enero y marzo de este año en el país, mientras en lo corrido del año la cifra ya supera los 66 líderes sociales muertos de manera violenta en Colombia. Trujillo era presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda Quebrada del Sol, jurisdicción del corregimiento de Guachaca, en zona rural de Santa Marta, una de las regiones afectadas por el conflicto armado interno.

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Otra líder social que pierde la vida en Colombia

Actualidad, Estado, Fuerza Pública, Judicial / revistacg

Concepción Corredor, líder social del Casanare, entró a engrosar la penosa lista de lideres asesinados en el territorio nacional en lo que va de 2019, ella es la número 63 de los que han sido reportados. De acuerdo con lo informado por la Defensoría del Pueblo del Casanare, “dos hombres que se movilizaban en moto, encapuchados y quienes habrían manifestado pertenecer al ELN, ingresaron a la vivienda, llevándose de manera violenta a la lideresa, manifestando que la necesitaban para hablar de algunos asuntos”. En la madrugada de este sábado, el cuerpo de Concepción fue hallado en un lugar cercano a su residencia con varios impactos de bala, de acuerdo con alguna versiones, sobre este se habría encontrado un panfleto de un frente desconocido del ELN. Concepción, militante del partido Alianza Verde, era líder social y campesina, realizaba labores con mujeres y fue presidenta de la Junta de Acción Comunal de La Pradera e integrante de la Comisión de Mujeres del partido.

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Comisión Presidencial de Excelencia Militar

Actualidad, Estado, Fuerza Pública, Orden Púbico, Presidencia / revistacg

El Presidente de la República Iván Duque anunció la decisión de conformar una Comisión Especial compuesta por tres juristas independientes, cuyo objetivo es revisar que los procedimientos de la Fuerza Pública se ajustan a normas de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario. El anuncio del Presidente llega tras las recientes revelaciones del diario New York Times, relacionadas con los lineamientos de las fuerzas militares y la posibilidad de que se reviva la política de los “falsos positivos”, ejecuciones extrajudiciales que marcaron el pasado de la Institución y el Estado colombiano. La intención del primer mandatario es que esta Comisión “haga un análisis riguroso de todas las órdenes, manuales y documentos operacionales” de la fuerza pública y que “evalúe con profundidad que se ajustan a las normas internacionales en DD.HH y DIH”. Los elegidos para conformar dicha comisión independiente serán, el exministro Hernando Yepes, el expresidente de la Corte Constitucional Mauricio González y el exfiscal Alfonso Gómez Méndez. Por último el jefe de Estado anunció que espera que la Comisión haga “todas las recomendaciones que considere al Gobierno Nacional, para que sigamos avanzando hacia esa excelencia indiscutible en la forma como opera la Fuerza Pública en nuestro país”.

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