Especiales Archivos - Página 4 de 8

ESSMAR: Gestión ética y eficiente

Caribe, Empresa, Especiales, Estado, Gestión / revistacg

José Rodrigo Dajud es economista de profesión, tiene tres especializaciones en gerencia de empresas comerciales, negocio de distribución, gerencia de mercadeo y un programa de alta gerencia en España. Registra una amplia experiencia de más de 20 años en la administración de empresas prestadoras de servicios públicos como Electricaribe y es actualmente el gerente de la Empresa de Servicios Públicos de Santa Marta -Essmar E.S.P. Desde su llegada a la administración de Essmar en Santa Marta, José Rodrigo Dajud se ha destacado por su compromiso y eficiencia, valores que lo han acompañado en su recorrido por las diferentes zonas de la ciudad para conocer de primera mano las necesidades de los samarios en cuanto al suministro de agua potable y la prestación de servicios públicos, un trabajo de grandes magnitudes considerando el déficit que enfrenta la población en esta materia. “Santa Marta tiene aproximadamente 500 mil habitantes, con unas épocas de crecimiento del consumo que son: Semana Santa, la época de vacaciones porque es un sector turístico y diciembre cuando la capacidad poblacional sube a 600 mil habitantes, eso lógicamente tiene unos puntos importantes de demanda de consumo de agua, a los que en estos dos meses hemos podido dar respuesta. Estamos trabajando con planes de choque que nos van a ayudar a dar solución permanente a este problema en el corto, mediano y largo plazo”, afirma. La empresa de servicios públicos de Santa Marta, es una compañía descentralizada de carácter estatal, comercial e industrial, que requiere de un cambio estructural para que puedan implementarse acciones de mejora en el puerto marítimo local. “Lo primero que le he pedido al Estado es que me permita instalar un gobierno corporativo. La única forma para que esta empresa, en mi concepto, funcione es a través de una junta directiva que sea compartida por la ciudad de Santa Marta y que la conforme el sector empresarial, un integrante de las comunidades y dos o tres miembros ilustres de la ciudad que se hayan destacado por su buen proceder en el tiempo. Lo que quiero implantar permitiría que Essmar, en dos años, sea una compañía del Estado para resaltar a nivel nacional y la segunda empresa en Colombia de carácter estatal, con visión privada y manejo organizativo que llegue a cumplir la prestación de los servicios públicos. De hecho es la primera en la Costa Atlántica que manejaría acueducto, alcantarillado, alumbrado público y aseo”. Acciones concretas La Essmar tiene 400 personas trabajando a favor de la ciudad, entre operarios de alcantarillado, acueducto, aseo y alumbrado público En materia de alumbrado público, se ha implementado con Essmar un mantenimiento general de la red, así como la reposición inicial de las lámparas que estaban apagadas en el Centro Histórico de la ciudad. “Santa Marta tiene 33 mil luminarias, de las cuales cinco mil ya fueron repotenciadas a una nueva tecnología y ahora vamos a introducir siete mil más para un total de 12 mil 300 repotenciadas, eso lo vamos a hacer entre octubre y diciembre de 2019, para lo cual se va a tomar toda la parte del Centro Histórico, El Rodadero y barrios como la Paz, Cristo Rey, Gaira, Taganga y Guachaca, entre otros, esto va a ser importante porque nos va a cumplir varios efectos: se va a optimizar más el consumo de energía, vamos a bajar los costos y estamos proyectando un proceso de cuatro años para que la tarifa de alumbrado tenga una disminución de cara a un mejoramiento en el esquema de iluminación”. Estrategias frente al déficit Jornada de limpieza urbana en el Centro Histórico de la ciudad, que incluye limpieza de pisos y monumentos, poda de árboles, corte de césped, entre otros. La empresa ha realizado importantes mejoras en el servicio de acueducto y alcantarillado de la capital del Magdalena para garantizar una cobertura del 100% a la poblacion. Y es que la capacidad instalada que tienen las plantas de tratamiento de Mamatoco (ubicada en el norte) y el Roble (localizada en el sur), es insuficiente, lo cual se suma a las fuertes olas de calor que han disminuido los caudales de los ríos que abastecen la región. “Tenemos tres proyectos que vamos a entregar a más tardar en diciembre: la construcción de una línea que conecta el norte de la ciudad con el sur, porque hay un norte con bajos caudales y un sur con buenos caudales. Vamos a incluir cinco pozos más y esto nos va a permitir pasar de 100 litros por segundo de agua. Eso va a cambiar la historia de la ciudad. Pero también, como una medida preventiva que nos ayude a flexibilizar el manejo de la distribución del líquido, habilitaremos cinco tanques importantes que tenían nueve años que no se utilizaban y al llenarlos le daremos continuidad al servicio a una mayor cantidad de barrios. La solución a largo plazo la estamos incorporando con el aumento de la planta de tratamiento del Roble de 350 a 550 litros por segundo, más un proyecto que todavía no es oficial y que busca traer agua del río Toribio hacia el sur de la ciudad, lo que nos va a permitir aumentar la capacidad de suministro en Santa Marta”. Y como solución definitiva al desabastecimiento de agua en la ciudad, está el montaje de la planta desalinizadora, que se estaría instalando en 18 meses, suministraría 1.000 litros por segundo y estaría terminada en menos de dos años. Con esta iniciativa se espera normalizar la prestación del servicio a los samarios y traer más inversión y mejoramiento de los programas habitacionales, pues una de las limitantes de la Vivienda de Interés Social (VIS) en Santa Marta, es que no se tenga un desarrollo igual al resto del país por el suministro de agua. Gestión eficiente Jornadas de oxigenación en la playa de la Bahía, adelantadas por la Essmar En 60 días de trabajo José Rodrigo Dajud, gerente de la Empresa de Servicios Públicos de Santa Marta -Essmar E.S.P, ha logrado con su equipo de trabajo cambiar la cara de la ciudad y devolverles la identidad a los samarios, todo esto en el marco de las campañas que abandera: ‘La Essmar se toma la Ciudad’ y ‘Un gerente en las calles’. Así se han

ESSMAR: Gestión ética y eficiente Read More »

Otro periodo de Yefer Vega en el Concejo Distrital: “DE CORAZÓN CON BOGOTÁ”

Actualidad, Bogotá D.C., Especiales, Gestión, Personajes / revistacg

El concejal por Cambio Radical, Yefer Vega, es Comunicador Social y Periodista de la Universidad Central de Bogotá. Especialista en Negociación y Resolución, Magister en Gobierno y Políticas Públicas, ha sido subdirector de Capacitación y Cooperación Técnica en la Contraloría Distrital, director de Derechos Fundamentales en el Ministerio de Trabajo, subsecretario de Integración Interinstitucional, director de Inclusión e Integración de Poblaciones y asesor del Despacho de la Secretaría deEducación de Bogotá. Fue reconocido como el mejor concejal para el periodo enero-junio de 2019 por el programa Concejo Cómo Vamos. Actual concejal de Bogotá, Yefer Yesid Vega Bobadilla, aspira a un segundo período en el cabildo distrital, con el propósito de darles continuidad a temáticas que ha abanderado durante su gestión en beneficio de los habitantes de la ciudad. Los acuerdos y proyectos que ha liderado se relacionan con la protección del adulto mayor, las condiciones de los bicipersonas de la capital, la seguridad ciudadana, el cuidado ambiental y las garantías a la población de niños, niñas y adolescentes. Yefer Vega tiene como objetivo lograr la mayor votación al Concejo entre todos los candidatos a esta corporación pública. Gran parte de la gestión del concejal se ha concentrado en los derechos del adulto mayor Cerca de 1.200 líderes en todas las localidades replican el mensaje y el compromiso de Yefer Vega La reivindicación del adulto mayor es una constante por la que ha trabajo el concejal durante años. Usted cumple con su primer periodo en el Concejo de Bogotá, ¿en estos tres años cuáles han sido los logros de su gestión? Hemos entregado iniciativas que hoy son instrumentos normativos los cuales mejoran la calidad de vida de los bogotanos, por ejemplo, en el caso de las mujeres con la ruta única de atención para las víctimas de violencias y en riesgo de feminicidio establecida en el Acuerdo 676 de 2017 para que reciban información y orientación, atención en salud, medidas de protección y acceso a la justicia. Este Acuerdo honra la memoria de Yuliana Samboní, Rosa Elvira Pérez y miles de niñas y mujeres que mueren en Bogotá y en Colombia a causa de la violencia de género. Es una herramienta para protegerlas, cuidarlas, respetarlas, admirarlas y amarlas desde la construcción de políticas públicas destinadas a honrar y dignificar los múltiples roles que desempeñan en la sociedad. Hemos cumplido con Bogotá en una gestión que valora, respeta y honra a nuestras personas mayores. Por eso aunamos esfuerzos para que se cuente con los recursos financieros suficientes y elevar la calidad de vida de esos abuelos que viven en condición de pobreza extrema o indigencia, muchos de ellos abandonados y maltratados por sus propios hijos y sumidos en la tristeza o la depresión. Es a ellos a quienes beneficia el Acuerdo 669 de 2017 por el bienestar del Adulto Mayor. Por su parte el Acuerdo 708 de 2018, establece que en “bici” somos felices, es un instrumento que formula los lineamientos para construir la política pública de la bicicleta en el Distrito Capital y garantiza que quienes la elegimos como un medio alternativo de transporte, la podamos usar y disfrutar sin miedo a que nos la roben. También, haya conexión por donde circulamos y como actores viales seamos conscientes que debemos contar con medidas de protección (casco, chaleco, luces, etc.,) porque nuestro cuerpo es nuestro vehículo. Las personas con discapacidad y los adultos mayores requieren de alternativas que permitan definir su sustento económico. El teletrabajo se establece como una opción para generar empleo formal y digno a quienes requieren de cuidado permanente; este trabajo incluye a sus cuidadores y cuidadoras en el Distrito Capital. Eso lo establece el Acuerdo 710 de 2018. Por el teletrabajo para personas con discapacidad. El Acuerdo 718 de 2018 Para vivir una Bogotá inteligente, establece los lineamientos para la creación de la Red Distrital de Laboratorios Digitales, como mecanismo de investigación, desarrollo, incentivo y fortalecimiento a la innovación, tecnología y emprendimiento del Distrito Capital. Cinco lideresas estudiantiles, se convirtieron en voceras de los niños, niñas y adolescentes de todo el Distrito y lograron que se sancionara el Acuerdo 738 de 2019. Con este, se previene la explotación sexual de menores de edad en las instituciones educativas del Distrito Capital donde los infantes son captados por redes delincuenciales. Entre sus programas bandera está el trabajo por las bicipersonas, ¿qué tanto avance se ha hecho para beneficio de esta población? En Bogotá se registran diariamente 870 mil viajes en bicicleta y cerca de 30 por ciento de los residentes en la ciudad se movilizan en este medio de transporte, que resulta ser rápido, divertido y amigable con el ambiente. El gran reto de las autoridades y de los gestores de política pública está en garantizar que esos usuarios o bicipersonas estén respaldados por medidas de seguridad que garanticen su vida y, principalmente, estrategias para evitar que los ciclistas sigan encabezando el listado de fallecidos en accidentes de tránsito o por el hurto. Bogotá sufre a causa de la inseguridad y de la deficiencia del transporte público, ¿qué propuestas tiene en su programa para beneficio de los habitantes de la capital? La seguridad colaborativa es la opción que tenemos los bogotanos para cuidarnos, dejando la indiferencia a un lado y siendo solidarios con la protección del otro. El vecino, el amigo y el conocido deben ser partícipe de la prevención del delito y rescatar esa relación de tranquilidad y confianza con el policía. El comandante de policía debe vivir en la localidad donde trabaja para conocer de cerca la problemática de la comunidad que protege. Y su periodo debe ser igual al del comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá. Es clave fortalecer los programas de vigilancia inteligente en los que la tecnología de cámaras esté al servicio de la seguridad del ciudadano. Integrar los actores locales a la seguridad colaborativa teniendo en cuanta a las Juntas de Acción Comunal y los guardas de seguridad. En relación con el transporte público es fundamental dignificar el servicio. Crear políticas claras

Otro periodo de Yefer Vega en el Concejo Distrital: “DE CORAZÓN CON BOGOTÁ” Read More »

Un presupuesto histórico para la población con discapacidad

Especiales, Personajes / revistacg

El balance de la Consejería Presidencial para la Participación de las Personas con Discapacidad es más que satisfactorio en este primer año de Gobierno del Presidente Iván Duque Márquez. Además de firmarse 14 pactos con alcaldías y gobernaciones para fortalecer las políticas públicas en esa materia en los territorios, se avanzó en su acceso a la educación desde su nivel de formación inicial hasta el bachillerato y grado once, como en su vinculación para el trabajo. Son 834 mil millones de pesos en proyectos y programas que serán ejecutados en este cuatrienio para este sector de la población. Como lo muestra el Plan Nacional de Desarrollo- PND, la inclusión laboral es prioridad para el Gobierno, que a través de la Consejería, trabaja junto a la Unidad del Servicio Público de Empleo con el objetivo de vincular a más de 6.000 personas con discapacidad para que puedan incluirse en el mercado laboral. El compromiso del Estado es total. Es así como el Departamento Administrativo de la Función Pública y el Ministerio de Trabajo, abrirán las puertas a 12 mil empleos, mientras el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) ofertó más de 30 mil cupos de formación para vincular a esta población específica a una actividad formal. Para el Consejero Presidencial, Jairo Clopatofsky, es aplaudible que por primera vez en Colombia el PND cuente con un capítulo específicamente dirigido a la participación y a lainclusión de personas con discapacidad (PcD), así como de sus familias. Según los informes preliminares entregados por el DANE, en el 2018 en el país se tenía un promedio de 7.5% mujeres y 6.8% hombres con alguna dificultad para realizar actividades diarias, porcentaje que tuvo mayor prevalencia en ciudades como Nariño, Cauca y Putumayo. Acciones del sector público El Consejero Presidencial para la Participación de las Personas con Discapacidad. Jairo Clopatofsky. La Consejería Presidencial para la Participación de las Personas con Discapacidad, integra, articula y coordina acciones con los diferentes Ministerios y Departamentos Administrativos encargados de ejecutar las políticas públicas sectoriales. “Venimos fortaleciendo los ejes prioritarios de vivienda, educación, inclusión laboral y productiva y generación de ingresos, impulsando la suscripción de pactos nacionales con el apoyo de los sectores público y privado, la cooperación internacional y la academia”, resalta Clopatofsky. En solución habitacional se avanza en el acceso a vivienda digna en igualdad de condiciones, logrando que sean tenidas en cuenta dentro de la población vulnerable que se beneficiará con el 20% de subsidios del programa “Semilleros de propietarios”. En el país hay más de 5 millones de personas con discapacidad, por ello el funcionario resaltó que trabajará desde varios frentes por esta población en el país. Los esfuerzos también incluyen la educación, para lo cual la Alta Consejería Presidencial trabaja en alianza con el Ministerio del área para que los jóvenes tengan todas las oportunidades laborales en condiciones óptimas. “Hemos venido trabajando en la hoja de ruta para que los niños y las niñas con discapacidad ingresen y se les asegure el proceso educativo desde prekinder hasta la educación media”, sostiene el funcionario. “LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD DEBEN TENER LAS MISMAS OPORTUNIDADES” Por primera vez en 50 años se otorgan altos recursos para el tema de la discapacidad. ¿Cuántos recursos son y en qué se van a invertir? Estamos aterrizando acciones concretas, tenemos inversión por más de 9.6 billones de pesos en lo social, es el Gobierno que en los últimos 50 años más inversión social ha hecho, por primera vez la Consejería tiene un presupuesto, a través de la articulación de todos los ministerios, casi un billón solo para personas con discapacidad Hay una iniciativa muy importante en el tema de inclusión y es la accesibilidad a las páginas web de las personas con discapacidad. ¿En qué consiste? Lo primero que estamos haciendo es que todas las páginas web de los ministerios, de los departamentos administrativos, de la de Presidencia y Vicepresidencia tengan accesibilidad, porque no es solo leer a través de textos auditivos, sino que los colombianos con discapacidad, tengan un verdadero acceso a esas páginas web con unos parámetros nacionales e internacionales que ya están. Es una iniciativa muy sencilla, pero con un enfoque diferencia ¿Qué retos tiene la Consejería en los tres años que restan de Gobierno? Esto es un trabajo en equipo y articulado con todos los ministerios. Por eso queremos dejar toda la ruta y el plan de acción, así como las bases cimentadas para que en los próximos años los siguientes gobiernos sigan lo que ya construimos. ¿Cuáles son los avances en materia inclusión y no discriminación para la población con discapacidad en Colombia? Lo primero que yo hice desde que llegué a la Consejería fue cambiar el chip a la gente, cambiar el lenguaje, que la gente no vea en esta población con discapacidad a un enfermo. Tenemos cinco millones de personas con discapacidad en Colombia y tres millones de adultos mayores, entonces es la parte actitudinal de la gente lo más importante, que entendamos todos que es una sociedad para todos y que todos queremos las mismas oportunidades ¿Qué mensaje se les puede dar a los ciudadanos para que comprendan la situación de discapacidad y las necesidades de este grupo específico? Lo más importante es generar una cultura, una educación entre todos nosotros, es algo actitudinal. Cada día más comprometidos con nuestro trabajo. El ideal es avanzar de la mano con las PcD. El desarrollo de un país empieza por el sector social y a eso le apuntamos, es nuestro gran reto.

Un presupuesto histórico para la población con discapacidad Read More »

El vía crucis del Metro de Bogotá

Actualidad, Bogotá D.C., Especiales, Gestión, Transporte / revistacg

El via crucis del Metro de Bogotá Hace más de 20 años, la capital colombiana sufre un serio problema de movilidad y para nadie es un secreto que enfrentarse a un trancón bogotano es un acto de fe. Se sabe a qué hora inicia su recorrido, pero no es seguro a qué hora termina. Ante la posibilidad de no llegar a tiempo a su destino como consecuencia del excesivo tráfico vehicular, muchos habitantes salen con antelación a cumplir con sus labores. La inexistencia de vías nuevas y la venta disparada de carros particulares, que anualmente crece de manera desproporcionada, han contribuido a que la situación de desplazamiento sea mucho más complicada. En 2018, tan sólo en Bogotá, la cifra superó los 83.000 automotores nuevos matriculados. Esto ha significado un incremento de los trancones, a tal punto que la capital ocupa el puesto número uno en el índice de ciudades del mundo donde sus habitantes pierden más tiempo en embotellamientos. Tranvía de Bogotá 1948 De acuerdo con un estudio de la empresa INRIX, los bogotanos perdieron en promedio 272 horas en trancones durante 2018, lo que equivale a 11,3 días. Desde 1942, cuando el tranvía prestaba el servicio de transporte público con una de manda promedio de 200 mil pasajeros/día, el alcalde Carlos Sáenz de Santamaría propuso la construcción del Metro de Bogotá, idea que han secundado sin éxito diferentes administraciones. Solo hasta 2019 en la segunda alcaldía de Enrique Peñalosa, ese sistema podría convertirse en una realidad para los más de ocho millones de personas que residen en la ciudad, luego de ser aprobados los recursos para ponerlo en marcha y abrirse la correspondiente licitación. Los consorcios Desde abril de 2019, la Alcaldía Mayor y la Empresa Metro de Bogotá anunciaron la lista de los seis consorcios que entrarán a la puja final para el desarrollo del proyecto. Serán al menos 24 empresas que demostraron tener la capacidad legal, la experiencia y un patrimonio neto superior a 1.750 millones de dólares para encargarse de la obra. Las cifras del metro Siete millones de habitantes circulan a diario en la capital, por lo que se necesita una alternativa que asegure la movilidad de los capitalinos. Se estima que para 2020 el Distrito dispondrá de un predio de al menos 32 hectáreas donde se construirá el patio taller, considerado el primer paso para este proyecto de infraestructura. En este espacio se realizarán las labores de mantenimiento y reparaciones a los 30 trenes que darán vida al Metro de Bogotá, así como su estacionamiento al final de la jornada. De acuerdo con la empresa, el patio tendrá capacidad para albergar hasta 60 de ellos. Cada uno de los trenes que operarán en la Primera Línea del Metro contará con seis o siete vagones con una capacidad para movilizar 1.800 pasajeros a lo largo de los 23,9 kilómetros de recorrido. Según las estimaciones que se tienen, en el trayecto se gastarán 27 minutos, a una velocidad de 43 km/h, conectando así la capital de sur a norte. 88% de los usuarios que se beneficiarán con este sistema de transporte pertenecen a estratos 1, 2 y 3. El metro se constituye también en una solución para los habitantes del sur y el occidente de Bogotá, zonas que presentan la mayor congestión vehicular en la ciudad, de acuerdo con estudios realizados por la Alcaldía. Los beneficios del metro para Bogotá En los planes y proyecciones que se tienen con la construcción del metro, aparte de la mejoría en materia de movilidad para la capital, se incluyen obras que buscan mejorar el entorno de los puntos donde se ubicarán las 16 estaciones de la primera línea, las cuales contarán con escaleras eléctricas, 10 de ellas integradas con el sistema de TransMilenio. Según han explicado las entidades encargadas de dar vida al proyecto, la puesta en marcha de la primera fase contará con 28 edificios de acceso, baños, ascensores y, además, servicios como los Centros de Atención Distrital Especializados (CADE), puntos de información y espacios destinados al comercio. La creación de troncales alimentadoras y la interconexión con TransMilenio y el Sistema Integrado de Transporte Público (SITP) de la capital, permitirán un fácil acceso a las diferentes estaciones ubicadas a lo largo de su trayecto. Un metro sostenible Otro de los beneficios, será la disminución en la contaminación atmosférica que ocasiona el alto flujo de vehículos de combustión, ya que será un sistema eléctrico el que opere, lo cual garantiza cero emisiones. La construcción de andenes más amplios y de un sistema de ciclorrutas de 19 km, así como la implementación de parqueaderos especializados en cada estación, permitirá a los usuarios llegar a pie a las mismas o utilizando medios alternativos de transporte como la bicicleta. Con relación al diseño de las estaciones, se contempla que sean totalmente en cristal para beneficiarse así de la luz natural. Otra mirada El concejal Juan Carlos Flórez, ha denunciado desde el principio las deficiencias del metro elevado propuesto por el alcalde Enrique Peñalosa. El proyecto del Metro de Bogotá ha sido el eje central de discusiones por diferentes factores como su financiamiento, construcción y licitación. Para el concejal del partido Alianza Social Independiente, Juan Carlos Flórez, resulta preocupante que la Empresa Metro de Bogotá anunciara su decisión de no entregar información de la licitación así como de los costos finales del proyecto, generando un manto de duda. “Entre más opaca es una licitación, más riesgos hay de equivocarse”, asegura el político. También advirtió sobre las complicaciones que podrían surgir de esta decisión. “En primer lugar, de que surjan imprevistos que luego no vamos a saber cómo manejar y en segundo lugar, el síndrome Odebrecht, porque en estas licitaciones públicas se meten empresas que las ganan, no por ser las mejores sino porque tenían la plata para sobornar; y en este proceso yo no veo mucha transparencia, la administración dice que tiene un procedimiento que no los obliga a entregar la información, entonces no sabemos en estos momentos exactamente cuánto nos va a

El vía crucis del Metro de Bogotá Read More »

Una legislatura con reformas clave para el Gobierno

Actualidad, Cámara: Cámara de Representantes, Economía, Especiales, Estado, Gestión, Gobierno, Senado / revistacg

En la planificación de las estrategias que se pondrán en marcha en el segundo año de mandato, el Gobierno del Presidente Iván Duque Márquez definió como prioridad el impulso en el Congreso de la República de las reformas judicial y política, la primera para “modernizar la justicia y hacerla más cercana al ciudadano”, y la segunda para “defender la confianza de los colombianos en la democracia”. La agenda que estará a consideración del Legislativo, incluye el presupuesto de 2020, la eliminación de la casa por cárcel para los funcionarios condenados por corrupción, la cadena perpetua para violadores y asesinos de niños y los cambios al régimen pensional. Pero tal vez el mayor reto del Ejecutivo será comunicar mejor los logros de la Administración. Y es que en la legislatura que comienza, el Ejecutivo espera sacar adelante este paquete de iniciativas, como lo hizo en el primer año de Gobierno con otras 16 leyes, sobre la base de una relación con el Congreso, en la que prime el debate y la deliberación. Una tarea nada fácil, si se tiene en cuenta que los partidos independientes -Liberal y Cambio Radical- tendrán bajo su responsabilidad las Presidencias del Senado y de la Cámara de Representantes, a las cuales corresponde convocar, dirigir y presidir las plenarias donde se deben discutir y aprobar los proyectos de origen gubernamental. La legislatura que comienza será clave para sacar adelante las reformas política y judicial. Aunque en el periodo de sesiones que terminó el 20 de junio pasado, se evacuaron iniciativas como la Ley de Reactivación Económica, el Plan Nacional de Desarrollo, la Ley TIC, el Ministerio del Deporte, la Ley contra el Abigeato, la Ley de Vehículos Eléctricos y la ley que elimina la conexidad entre narcotráfico y secuestro con delitos políticos, se quedaron en el camino las reformas política y judicial, dos de las promesas de campaña del entonces candidato presidencial. Es por ello que el Gobierno insistirá en su trámite en este segundo semestre, para lo cual buscará los consensos necesarios frente a polémicostemas como la obligación a los partidos de presentar listas cerradas para acceder a corporaciones públicas. La ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, cree que en algún momento se tomará conciencia de que la lista cerrada es el mejor camino para el fortalecimiento de la democracia colombiana. “Estoy convencida de que el país la necesita y seguiremos adelante (con la propuesta)”. Proyectos anticorrupción Más de 11 millones de colombianos votaron en la consulta anticorrupción. El senador de la Alianza Verde, Antonio Sanguino, considera que antes que cualquier otro proyecto, se deben priorizar en el segundo periodo legislativo las iniciativas que respaldaron masivamente los colombianos en la Consulta Popular Anticorrupción celebrada el 26 de agosto del 2018, que incluía preguntas relacionadas con el salario y periodo de los funcionarios públicos, la contratación con el Estado y la rendición de cuentas, entre otras. “Esa es una tarea pendiente y fue un compromiso incumplido por parte del Gobierno Nacional y de su bancada en el Congreso de la República”, afirma el legislador opositor. Y es precisamente la lucha contra la corrupción uno de los temas sobre los cuales centrará su trabajo el Ejecutivo, ante la necesidad de una mayor transparencia en el manejo de los recursos públicos, así como de procesos visibles de contratación estatal. Según la vicepresidenta de la República, Marta Lucía Ramírez, el Gobierno le apostará a un nuevo paquete normativo que recoja los puntos más importantes de los proyectos que se han hundido y que incorpore elementos como “la facultad no solo en cabeza de la Fiscalía sino de la Contraloría y la Procuraduría de ejercer extinción de dominio por iniciativa propia o a solicitud de la Secretaría de Transparencia, recompensas y protección” a quienes entreguen información. Para ello hizo un llamado a conformar un frente común que garantice su aprobación. “Hay que entender que la lucha contra la corrupción no puede ser un simple anhelo sino que debemos trabajar todos los días en cumplir con este mandato ciudadano y entender el riesgo que la corrupción le plantea a la sostenibilidad de la democracia”. La reforma a la justicia, una necesidad Modernizar la administración de justicia para hacerla más cercana al ciudadano, a través de la digitalización y optimización administrativa, es otra de las metas del Gobierno. Además, el Ejecutivo buscará cambios estructurales que van desde la extensión del periodo de los magistrados de las altas cortes hasta las modificaciones al pénsum de estudio de la cátedra de derecho en la facultades universitarias. Según la ministra de Justicia, Margarita Cabello Blanco, serán varias las reformas que se presentarán a través de proyectos de ley ordinarios, proyectos de ley estatutaria y proyectos de reforma constitucional. Una de las propuestas tiene que ver con aumentar la edad para entrar a las cortes a los 50 años, así como establecer el requisito de 25 años como mínimo de experiencia en la rama judicial. La idea es extender de 8 a 12 años el período de los nuevos magistrados para lograr mayor estabilidad en la jurisprudencia, ante la preocupación que existe por la seguridad jurídica. “Cuando cambian los magistrados tan rápidamente, con ello se da la posibilidad de cambios de jurisprudencia, con la inestabilidad que eso pueda generar”, sostiene la funcionaria. Además de reformas procesales para agilizar los trámites, se trabajará en materia reglamentaria en una resolución que establezca los requisitos de alta calidad para los programas de derecho de las universidades. Ajustes a la JEP Los partidos de oposición votaron en contra de las objeciones presidenciales a la JEP. Pese a los reparos que el Gobierno Nacional le ha venido haciendo al modelo de justicia transicional, considera que la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) debe mantenerse, pero con ajustes en algunas de sus normas para perfeccionarlas. Por ello, seguirá impulsando las reformas que estime necesarias en el Congreso de la República. Se busca claridad sobre algunos temas que se previeron en los acuerdos de paz firmados con las FARC en 2016 en La Habana. “El Presidente anunció reformas de las cuales una, que se encuentra en curso en el Legislativo, está relacionada con los delitos sexuales contra menores

Una legislatura con reformas clave para el Gobierno Read More »

La crisis de la justicia

Actualidad, Especiales / revistacg

La crisis de la justicia Senador Eduardo Enríquez Maya, Presidente Comisión Primera Constitucional del Senado Hace 28 años, el 4 de julio de 1991, la Asamblea Nacional Constituyente promulgaba una nueva Constitución. Con esta carta de navegación, como algunos la denominaron, se pensaba en grandes propósitos: paz, justicia, política, economía, descentralización. En relación con la justicia se crearon la Corte Constitucional, la Fiscalía General de la Nación, el Consejo Superior de la Judicatura, la Defensoría del Pueblo y los jueces de paz. Con el paso de los años, conviene preguntar, ¿cuál ha sido su resultado, cómo vamos? El 4 de julio de 1991, se promulgó la actual Constitución en la cual se sentaron las bases de un nuevo acuerdo político y social en el país. En la foto: Presidente de la República 1990-1994, César Gaviria Trujillo y su esposa Ana Milena Muñoz; presidentes de la Asamblea Nacional Constituyente, Antonio Navarro Wolff, Horacio Serpa y Álvaro Gómez Hurtado. Enseguida, planteo algunas respuestas: la Corte Constitucional fue creada para guardar la supremacía y la integridad de la Constitución, dentro de los límites previstos en el artículo 241, pero ha avanzado, de intérprete auténtico de la carta y de legislador negativo en términos kelsenianos, y se ha convertido en constituyente, fuente del derecho y autoridad administrativa. Por supuesto, prevalecen el reconocimiento de los derechos fundamentales y la acción de tutela para defenderlos. A propósito, el ex magistrado de la Corte Constitucional Manuel José Cepeda Espinosa, dijo en una entrevista: “la tutela es un puente entre la realidad y la Constitución que va más allá de un mecanismo jurídico, para convertirse en una fuente material de goce efectivo de derechos. Bajo estas premisas, la tutela, de la mano de la Corte Constitucional, se ha consolidado durante todos estos años como una herramienta ciudadana de transformación pacífica de la sociedad.” (Revista Semana del 6 de septiembre de 2011). La Fiscalía General de la Nación, establecida por la Asamblea Nacional Constituyente a iniciativa del ideólogo conservador Álvaro Gómez Hurtado, es un actor protagónico en la vida pública y, aunque ha logrado resultados en algunos casos puntuales, no sale bien librada. Al carácter polémico de algunos fiscales generales, se suman los cuestionamientos por la persistencia de altos índices de impunidad, congestión y corrupción. El sistema penal acusatorio copiado de otras latitudes, ha sido bautizado de sistema penal aplazatorio, con sinnúmero de audiencias hasta para la lectura de providencias que podrían enviarse por correo electrónico a los sujetos procesales y desperdicio de instrumentos muy útiles, como las medidas de aseguramiento no privativas de la libertad y el principio de oportunidad, partes funcionales de la justicia premial. Pero no todo es negativo Corte Constitucional en audiencia pública. Dos hechos conocidos últimamente permiten reconocer el trabajo de la Fiscalía General de la Nación: la captura de Popeye por el asesinato de don Guillermo Cano y la reconstrucción del asesinato de Álvaro Gómez Hurtado, ocurridos en los años 1986 y 1995, respectivamente. Vale la pena recordar que esta entidad tiene más de 25.000 funcionarios, cerca de cuatro billones de presupuesto y una universidad cerrada, lo cual impone una reforma urgente y a fondo. El Consejo Superior de la Judicatura fue creado en 1991 con dos salas: administrativa y jurisdiccional disciplinaria, sin ninguna relación funcional. La administrativa, cuyos magistrados lucen la toga para ordenar la compra de alimentos, útiles de oficina, vehículos y materiales de construcción, inclusive algunos salvan el voto, ahora por sentencia C-285 de 2016 de la Corte Constitucional, convertida en una corporación poderosa, omnímoda y cláusula pétrea. La Defensoría del Pueblo con el propósito de velar por la promoción, el ejercicio y la divulgación de los derechos humanos, dentro del Estado social de derecho, así como la divulgación y promoción del Derecho Internacional Humanitario. Para cumplir su función cuenta con 4.000 defensores públicos vinculados a través de un complejo sistema de contratación. Ellos tienen a su cargo entre 400 y 500 procesos cada uno, lo cual hace difícil plantear una defensa técnica adecuada y cada vez que se vence el término de los contratos, los asuntos quedan sin defensor. Este es otro de los factores que coadyuva a la congestión de la administración de justicia. Los jueces de paz son un mecanismo democrático y alternativo de solución de conflictos. La ley 497 de 1999 reglamenta los alcances de esta jurisdicción. A pesar de ser uno de los mecanismos que más han ayudado en otros países y comunidades con la finalidad de obtener justicia, no funcionó sino en algunas ciudades. Fuentes de la crisis La justicia colombiana afronta problemas que han generado crisis y restado legitimidad, los cuales demandan un tratamiento detenido, profundo y urgente. Pienso que, entre otros, se plantean los siguientes: Intervención de los medios de información y redes sociales en la administración de justicia, hasta el extremo de anunciar sentencias, condenatorias o absolutorias, anticipadas a la actuación judicial con menoscabo de la imparcialidad de los jueces y de una recta impartición de justicia. Incumplimiento de términos procesales Colombia presenta problemáticas sensibles en todos los frentes judiciales, una de ellas es el hacinamiento carcelario. A pesar de la legislación del 2012, por ejemplo, el Código General del Proceso contiene normas que imponen el cumplimiento de los términos procesales y agilizan el curso de los procesos, la congestión en los despachos continúa. Según indicadores internacionales, el tiempo de resolución de una disputa contractual en Colombia es de 1.288 días corrientes, mientras que en América Latina el tiempo promedio es de 768 y en los países de la OCDE de 582 días (Ámbito Jurídico No. 506, pág. 10). Casos de disfuncionalidad judicial. En el llamado cartel de la toga presentado en la Corte Suprema de Justicia y en la Fiscalía General de la Nación que reveló la exigencia de dinero, por parte de algunos magistrados y fiscales, a cambio de demorar o desviar procesos en contra de las víctimas de sus delitos. El juez jamás debe olvidar la sabia enseñanza de Sócrates: “Escuchar cortésmente, responder sabiamente, ponderar prudentemente y decidir

La crisis de la justicia Read More »

Por una Constitución verdadera

Actualidad, Especiales, Judicial / revistacg

Por una Constitución verdadera Gloria Ortiz Delgado Presidenta de la Corte Constitucional Rememorar la historia de este país desde 1991 puede conducir a la nostalgia. Sin embargo, en ocasiones, puede originar sonrisas benevolentes. Mucho ha cambiado Colombia, ciertamente, en 28 años de vigencia de la Constitución de 1991. Pero en algo estamos de acuerdo: en que la Carta Polìtica cumple años, es justa y tiene vocación de permanencia para transformar la sociedad. La importancia de la justicia constitucional ha sido trascendental, tanto por su influencia determinante en el despliegue de la parte dogmática de la Constitución, en particular de los derechos fundamentales, como por su contribución a la configuración del Estado Social de Derecho. La justicia constitucional ha representado igualmente la principal y más eficaz respuesta del Estado a la exigencia de asegurar una tutela efectiva de los derechos fundamentales de las personas; es así como la jurisprudencia ha inclinado la balanza para proteger a los menos favorecidos, para avanzar en la vigencia plena de los derechos; ha garantizado una vida más amable a los ancianos, un mundo más justo para los niños, un ámbito más decente para los reclusos, un reconocimiento a los derechos de la mujer históricamente discriminada, un marco de integración y respeto para las comunidades indígenas y ha brindado una protección urgente para los inmigrantes. Los derechos fundamentales, en camino De particular relevancia también ha sido el avance en pro de la difusión, la generalización e implementación de los derechos fundamentales, con campañas de prensa desde la propia Corporación que ilustran, promueven y animan a la ciudadanía a conocer sus derechos y deberes y a comprender las vías judiciales para su correspondiente amparo. La acción cívica y didáctica sobre esta materia, mediante foros y presencia in situ, en colegios, en zonas donde la violencia azota a las mujeres, en resguardos indígenas amenazados en sus derechos al agua y a la salud, en cárceles con problemas de hacinamiento, en espacios hídricos abandonados a su suerte, para citar algunos casos ejemplares, ha sido también tarea de los jueces constitucionales, con lo cual se pretende no solo la protección reclamada, sino el fomento de una cultura ciudadana en aras del respeto y promoción de los derechos fundamentales. La jurisdicción constitucional ha contribuido de forma definitiva al reforzamiento de la conciencia social, en lo que respecta a la importancia de los derechos en un Estado Social de Derecho y ha caminado al compás de una Constitución que llenamos diariamente de contenido para asegurar la vigencia de los principios y valores del texto fundamental. Sea la ocasión para felicitarnos por esta Constitución que cumple un año más y que con el respaldo de todos los sectores del país mantendrá su integridad y supremacía. Derechos más demandados Además de su rol de guardiana de la Carta (art. 241) desde el cual ha depurado el ordenamiento y le ha cumplido al país en los últimos procesos en busca de la paz, datos revelan que la actividad más importante, en términos cuantitativos, de la Corte Constitucional en estos primeros 28 arios ha sido la acción de tutela. Hemos superado la tutela número 7.000.000 y las estadísticas realizadas por la Corporación, con corte a 30 de marzo del presente año, registran como derechos más vulnerados, los siguientes: Proporciones Los peticionarios han presentado las acciones de tutela en las siguientes proporciones:

Por una Constitución verdadera Read More »

Pacto por la legalidad

Actualidad, Especiales, Estado, Gestión, Gobierno / revistacg

Pacto por la legalidad El Plan Nacional de Desarrollo -“Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad” -ha sido construido sobre bases de pactos estructurales en los que hemos plasmado nuestras ideas para el ejercicio del Gobierno en los próximos años. En este plan, la legalidad se construye a partir de un matrimonio feliz e indisoluble entre la seguridad y la justicia; porque la seguridad garantiza o debe garantizar ausencia de violencia y la justicia debe encarnar la aplicación objetiva a cualquier persona que trasgreda la ley, quien debe responder por ello. La justicia es uno de los más importantes objetivos del Estado, porque sin ella no podremos materializar las palabras Libertad y Orden, contenidas en nuestro escudo. En la Casa de Nariño me acompaña la figura siempre ferviente y gloriosa de José Ignacio de Márquez; un gran jurista que acompañó al Libertador y que sobre sus hombros están los primeros visos de la institucionalidad jurídica de la Patria. De Márquez es un Presidente, que quizás no ha sido lo suficientemente estudiado por los historiadores, pero a quien siempre recuerdo cuando decía que “la Justicia es Justicia cuando realmente logra que la sociedad la cumpla y la aplique por el imperativo moral de hacer de ella un contrato social”. Por este motivo, tenemos que entender que la justicia no puede seguir siendo la cenicienta de las políticas públicas, por lo que hoy Colombia requiere un debate serio en materia de legalidad. La legalidad de nuestro país tiene que ser una conquista permanente en todo el territorio y mucho más cuando se ha olvidado por parte de algunos que han pretendido desde la criminalidad amenazar la institucionalidad. Debemos ratificar a diario que la legalidad no está sujeta a negociación y que es la propia Constitución la que nos exige hacerla cumplir en todo el territorio con el precepto de proteger la vida, honra, bienes y libertades de todos los colombianos. Por eso lo que tenemos que buscar todos unidos es que la legalidad triunfe. Y esto implica que entendamos que la discusión no es solamente sobre los derechos, sino también sobre los deberes. Imperio de la Ley Con el Pacto por la Legalidad, se busca recuperar la seguridad con autoridad y orden. Bajo la premisa de los derechos y los deberes, construimos el Pacto por la Legalidad, que busca la seguridad efectiva y la justicia transparente para que todos vivamos con libertad y en democracia, así como la consolidación del Estado Social de Derecho para garantizar la vida, honra y bienes de todos los colombianos. En este Pacto, manifestamos nuestras acciones decididas para recuperar la seguridad, con autoridad y orden, nuestra alianza contra la corrupción y la línea de acción sobre el imperio de la ley y la convivencia. Hemos destinado un presupuesto de 132,7 billones de pesos para esta línea, uno de los más altos entre los distintos sectores. Con estas acciones, buscamos que la dignidad humana y las libertades individuales y colectivas se garanticen de conformidad con la ley y una justicia cercana a la gente, moderna, efectiva y oportuna. Por ello, nuestros objetivos están enfocados en el fortalecimiento de la cultura de la legalidad para que los ciudadanos ejerzan sus derechos con apego a la ley, el mejoramiento de la gestión del Sistema de Justicia, el fortalecimiento de los mecanismos de defensa jurídica del Estado y la implementación de una política criminal integral coherente con la realidad nacional. En procura de lograr estos objetivos, implementaremos la Estrategia Nacional para la Garantía de los Derechos Humanos; avanzaremos en la construcción de modelos de justicia local y rural para lograr rutas de acceso; consolidaremos el Sistema de Defensa Jurídica del Estado; impulsaremos reformas para endurecer las penas contra los corruptos y disminuir la reincidencia en delitos y promover la resocialización de sus autores. Asimismo, fortaleceremos el Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes, en vía de prevenir el delito en nuestros jóvenes, especialmente en los más vulnerables. Nuestros avances Operativo de la Policía Nacional contra el microtráfico de drogas. El camino para el cumplimiento de estas metas ya se inició. Durante estos meses de Gobierno, por medio de la política ‘Ruta Futuro’, nos hemos ocupado de los problemas de consumo, lavado de activos, oferta de drogas, cultivos ilícitos, crimen organizado y transformación del territorio. Hemos alcanzado importantes logros en esta lucha contra el narcotráfico, como la erradicación de alrededor de 60.000 hectáreas de cultivos ilícitos y el decomiso de más de 3 millones de galones de insumos líquidos, el equivalente a casi cinco piscinas olímpicas. Más de 4.500 laboratorios y otras infraestructuras para el procesamiento de drogas ilícitas han sido destruidos así como unas 414 toneladas de clorhidrato de cocaína han sido incautadas por las autoridades. Con el Plan Cárceles hemos avanzado en el cumplimiento del Plan de Transformación y Humanización del Sistema Penitenciario y Carcelario. Hemos entregado más de 300 obras de mejoras en las cárceles. Además, el Ministerio de Justicia ha potenciado en este tiempo los métodos alternativos de resolución de conflictos: más de 120 mil casos para conciliaciones han sido registrados. El Ministerio de Justicia y del Derecho ha estrenado ministra: la doctora Margarita Cabello Blanco, quien tiene la responsabilidad de avanzar en todas las reformas necesarias para alcanzar una visión moderna del aparato judicial. También le hemos encomendado la tarea de continuar la implementación de la política ‘Ruta Futuro’ y de liderar todos los esfuerzos para combatir con efectividad el narcotráfico desde el punto de vista normativo. La justicia, como pilar de la legalidad, cuenta con nuestro firme compromiso que se materializa en el Plan de Desarrollo, en sus iniciativas y políticas y en su efectivo liderazgo sectorial.

Pacto por la legalidad Read More »

Relación de la justicia con la sociedad y papel preponderante de los medios de comunicación

Actualidad, Especiales, Judicial / revistacg

Relación de la justicia con la sociedad y papel preponderante de los medios de comunicación Margarita Cabello Blanco Ministra de Justicia y del Derecho En estas cortas notas resalto aspectos comunes y diferenciadores del papel de la administración de justicia y los jueces que la imparten, de un lado, y los medios de comunicación y los comunicadores del otro, en la construcción de una sociedad justa y pacífica, logros que creemos les son comunes. La sociedad tiene derecho a estar adecuadamente informada, lo que supone investigación exhaustiva y objetividad. En efecto, a ambos los motiva la búsqueda de la verdad objetiva: los primeros, para aplicar e interpretar el derecho al caso concreto de modo que se obtenga la mejor justicia posible. Y los segundos, para atender a ese derecho de la sociedad a estar adecuadamente informada, lo que supone imparcialidad, investigación exhaustiva, indagar y escuchar la otra posición, aspectos que, entre muchos otros, también son de inusitada importancia en la labor del juez. Ambos deben conocer la sociedad en la que interactúan. Deben estar conscientes de las debilidades y retos de aquella (desigualdad, exclusiones, violencia, necesidades básicas insatisfechas, heterogeneidad social, diversidad cultural); de su evolución (crecimiento de la clase media, urbanización acelerada, globalización, mayor y mejor acceso a la información, etc.); y de los fenómenos que en el ámbito colombiano la han redefinido, a partir de grandes cambios institucionales, registrados desde la Constitución de 1991, que influyeron, entre muchas otras facetas, en la manera como el juez debe dispensar justicia: no solo debe partir del conocimiento de la verdad objetiva, sino de que ha de abordar la interpretación de la ley de la mano de principios y valores constitucionales que congregan a los colombianos: la solidaridad, la búsqueda incesante de la paz, la justicia, la protección al débil; en suma, la protección de los derechos fundamentales. El comunicador debe ser guiado Estoy convencida de que también el comunicador debe ser guiado, en su labor de informar, por esos valores aglutinantes de los colombianos. Es que en la misma sociedad ambos hacen su loable tarea, con muchos puntos en común entre ellos, como lo hemos resaltado. Si ello es así, creo que también los periodistas y medios deben procurar entenderla cabalmente. En esa medida, si estos profesionales informan sobre asuntos de justicia, han de tener en cuenta aspectos cardinales de ese sistema: axiológicos, que propenden porque se imparta una mejor justicia, como la independencia y autonomía del funcionario y de la rama judicial de modo que en el caso concreto o en la administración del sistema, hallen sus servidores libertad y ejecución sin apremios o presiones distintas del continuo y célere cumplimiento de la ley; estructurales como la congestión y la mora judicial; coyunturales como la investigación y eventual sanción de algunos de sus funcionarios. En resumen, creemos que al lado del deber y el derecho de informar en forma veraz y objetiva, el comunicador social ha de actuar con conocimiento de causa, conociendo en detalle el entorno en el que la noticia judicial se produce, pero también permitiendo que el juez haga su tarea sin coacciones, en la mejor forma posible, para bien de la sociedad. En nada avanzamos si la justicia se imparte en los medios informativos, o que los jueces estén asediados por estos mediante el seguimiento, a la manera de una telenovela, de causas judiciales que, al fin de cuentas, son dramas padecidos por personas de nuestra sociedad. La ministra está convencida de que también el comunicador debe ser guiado en su labor de informar. El periodista debe conocer en detalle el entorno en el que la noticia judicial se produce. El medio por el cual el juez cumple su tarea es la sentencia: adecuadamente fundamentada, que da cuenta, no sólo del conocimiento de los hechos que investigó, sino de la forma como interpretó la ley; todo, con miras a ofrecer a los sujetos procesales y a la comunidad argumentos convincentes, persuasivos, porque, apoyado en la verdad objetiva, aplica el derecho al caso particular con la mejor justicia posible. Pero, teniendo en cuenta todas estas aristas, dichas de modo desordenado, hay que concluir que no es suficiente lo que los jueces y medios comunican sobre asuntos de justicia, sino que se diseñen vasos comunicantes transparentes, claros y eficaces entre los medios de comunicación y la administración judicial para que cada uno desde sus diversas ópticas y en cumplimiento de sus particulares tareas, al final del día, aporten a una mejor sociedad. Una comunicación efectiva También debe hacerse algo más. En lo que hace al sistema judicial, debe reconocerse que ha sido incapaz de comunicarse efectivamente. No basta producir sentencias enjundiosas, ni basta el compromiso, desconocido y enaltecedor, de la inmensa mayoría de sus componentes, si la sociedad a la que se debe no conoce de esa titánica tarea, si los medios tan solo dan cuenta de hechos, objetivamente noticiosos, pero lastimosamente escogidos en tanto su capacidad mediática sirva a propósitos válidos, como los económicos, pero insuficientes frente a la responsabilidad social que el medio tiene. Se echan al olvido otros hechos, esenciales, a mi modo de ver: lo que se hace bien y con esfuerzo. Eso también debe ser noticia. Por ello, creo que debemos construir un derecho de acceso a los medios de comunicación de cara a la justicia que apunte no sólo a informar con veracidad sino a reconstruir la imagen y confianza que los asociados debemos tener, todos, en el sistema judicial. Estimo que los medios y las formas de comunicación tradicionales sirven para verificar y reproducir las fuentes originales, las buenas sentencias y no solo las dudosas y reprochables conductas. Si los medios hacen la tarea de comunicar lo que sus servidores hacen, bien y mal, podrán tener los asociados más y mejores elementos de juicio para opinar con fundamento. Los medios y las formas de comunicación tradicionales sirven para verificar y reproducir las fuentes originales, las buenas sentencias, y no solo las dudosas y reprochables conductas. El sistema debe ser dotado

Relación de la justicia con la sociedad y papel preponderante de los medios de comunicación Read More »

El Código General Disciplinario

Especiales, Judicial / revistacg

El Código General Disciplinario Juan Carlos Novoa Buendía Secretario Ejecutivo del Comité Redactor del Código General Disciplinario y exprocurador delegado para la Sala Disciplinaria de la Procuraduría General de la Nación Decía el filósofo bogotano, don Nicolás Gómez Dávila, que “la sociedad moderna se envilece tan aprisa que cada nueva mañana contemplamos con nostalgia al adversario de ayer”. El anterior escolio fue escrito el siglo pasado, pero resume con gran mordacidad la realidad de nuestro tiempo, en donde lamentablemente la corrupción de hoy nos hace añorar la corrupción de ayer. Ese desaliento de nuestra sociedad se ve reflejado en recientes estudios sobre transparencia en la gestión pública de nuestro país. Para Transparencia por Colombia, la percepción de corrupción en el sector público en Colombia está en aumento según el Índice de Percepción de Corrupción (IPC) 2018 de Transparencia Internacional. En la más reciente edición de este índice el país cae de 37 a 36 puntos sobre 100 y desciende del puesto 96 al 99 entre 180 países cubiertos por la medición. Ese puesto 99 que compartimos con Tanzania y Filipinas, se ve reflejado en la dramática percepción que tenemos los colombianos sobre las instituciones públicas y sus servidores. En nuevas encuestas, se nos revela que el 71% de los colombianos cree que la corrupción está enquistada en el sector público, y especialmente en los órganos de control y de las Altas Cortes, en las que la alta imagen desfavorable siempre supera la baja imagen favorable. A lo anterior, subyace la pregunta de: ¿cómo luchar contra la corrupción en el servicio público? Al respecto, surgen múltiples respuestas, pero, a decir verdad, y sin la pretensión de abordar este álgido tema, creemos que existen dos posibles soluciones que no son incompatibles. Una es, por supuesto, la formación de normas que corrijan de manera eficiente y ejemplar los malos actos de los servidores públicos. Y la otra es la restauración moral de nuestra sociedad. El día que volvamos a comprender que el individuo no tiene libertad para todo, ese día la moralidad de nuestros funcionarios será la mejor norma que impida que sus conductas se desvíen del bien y caigan en la corrupción. Uno y otro remedio son indispensables para contrarrestar el descreimiento de la sociedad en sus instituciones. La confianza que requiere el cuerpo social sobre sus servidores públicos sólo se alcanza si se recupera la ejemplaridad de la vida pública, porque en ella, el bien y el mal, las virtudes y los vicios se divisan en grandes caracteres y constituyen modelos para las multitudes. La sociedad de hoy está ayuna de grandes hombres, de grandes servidores públicos que sirvan de grandes letras, para que el pueblo que sufre de “miopía axiológica”, pueda leer con claridad el camino hacia el bien, la verdad y la justicia. Es por ello, que el libertador Simón Bolívar, consciente de la importancia de la etnicidad de los funcionarios del Estado en el orden social y político de la República, pensó en el diseño de un órgano y de una clase de derecho que sirviera de catalizador moral y corrigiera el obrar de los servidores públicos. Este es el origen del Ministerio Público en cabeza de la Procuraduría General de la Nación, así como del derecho disciplinario. Tal vez el libertador no dimensionó el poder disciplinario como lo conocemos hoy día, pero sí estamos seguro que vaticinó la necesidad de un derecho especial que debiera disciplinar a los servidores de la nación que se apartaran de la legalidad. La moral y la ley deben ir de la mano para conjurar el mal de la corrupción que acecha a nuestro país. Así pues, debemos entender la importancia y la trascendencia del derecho disciplinario en el ordenamiento jurídico colombiano, que como decíamos no es la única solución a nuestro agudo problema de corrupción, pues se requiere de una política sería de restauración moral; sin embargo, sí estamos convencidos que mientras llega dicha restauración, las buenas leyes nos ayudarán enormemente a que la justicia vuelva a ocupar el lugar que le corresponde. En ese sentido, me propongo discurrir panorámicamente sobre los aspectos relevantes de la Ley 1952 de 2019, que en buena hora, el pasado 28 de enero, el señor Presidente de la República sancionó bajo el nombre de Código General Disciplinario (en adelante CGD), y será la nueva norma que regirá los principios y las reglas para enjuiciar la conducta de casi dos millones de servidores públicos, en aras de devolverle el tono moral al servicio público y la confianza a una sociedad agobiada por el envilecimiento de sus instituciones. Del Poder Disciplinario Contra los Servidores Públicos Elegidos Popularmente Así pues, empecemos por decir que el CGD reafirma que el poder disciplinario sí tiene la competencia para recortar los derechos políticos de todos los servidores públicos, inclusive de los elegidos popularmente, cuando estos cometen faltas disciplinarias. El 28 de enero de 2019, el Presidente de la República, Iván Duque, sancionó la Ley 1952 de 2019 bajo el nombre de Código General Disciplinario. Atrás ha quedado la cuestión de si el poder disciplinario por ser de corte administrativo es convencional o no. Claramente, la jurisprudencia colombiana, la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y el mismo Sistema Interamericano, son partidarias de que órganos administrativos, puedan con respeto al debido proceso, recortar los derechos políticos de los servidores públicos, incluso de los elegidos popularmente, cuando éstos se apartan de la legalidad. Al anterior argumento jurídico, añadimos que la sociedad colombiana no se puede dar el lujo de prescindir de un poder disciplinario que ha sido tan efectivo en la última década en la lucha contra la corrupción y que le ha permitido convertirse en uno de los principales referentes de justicia, incluso por encima de la penal. En definitiva, el poder disciplinario hace parte de las entrañas de la tradición jurídica del país que debe permanecer y, por tanto, debe protegerse de los intereses de algunos políticos de turno. De los Principios de Especialidad y Subsidiariedad Ha sido

El Código General Disciplinario Read More »