septiembre 21, 2025

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Duque designa a Carlos Mario Estrada como director del Sena

Carlos Mario Estrada tiene una amplia trayectoria en el sector privado y público. El presidente electo, Iván Duque, eligió este lunes a Carlos Mario Estrada como director del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA). “He designado como nuevo director del SENA a Carlos Mario Estrada. Pertenece al Consejo Superior de la Universidad de Antioquia. Ha dedicado gran parte de su vida a ser docente universitario, a la administración y ejecución de programas sociales”, escribió el nuevo mandatario desde su cuenta en Twitter. Estrada estudió Administración de Negocios y cuenta con una especialización en Mercadeo de la Universidad Eafit. Actualmente es director de la Caja de Compensación Familiar Comfenalco Antioquia, cargo en el que estaba desde marzo de 2012. Se desempeñó como gerente de la Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías Colpatria, gerente comercial de Factoring Bancolombia, vicepresidente de Regional Noroccidente de Telefónica Móviles Colombia S.A – Movistar,  vicepresidente Regional del Banco AV Villas y gerente general Edatel. En el 2011 aspiró a la gobernación de Antioquia por La U y desde entonces ha sido muy cercano al expresidente Álvaro Uribe, aunque también han sido conocidas sus buenas relaciones y acercamientos con figuras afines al fajardismo.

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Transparencia de mi administración permitió visibilizar y combatir corrupción: Santos

Con el Estatuto Anticorrupción se duplicaron el número de sanciones penales y el Estado recuperó hasta 15 veces más recursos gracias a la imposición de multas.  El Presidente de la República, Juan Manuel Santos, enfatizó que la bandera de la transparencia que caracterizó a su administración permitió visibilizar y denunciar las acciones y los hechos de corrupción. Durante la instalación del foro Fortalecimiento de los Órganos de Control en Colombia aseveró que “las cifras hablan por sí solas”. “Duplicamos las sanciones, recuperamos 15 veces más de los recursos que han sido robados por corruptos; tenemos uno de los modelos de información y datos abiertos más sólidos del mundo; le hemos ahorrado al Estado más de 70 billones de pesos a través de diferentes iniciativas”, afirmó el jefe de Estado. En lo normativo Santos recordó que desde el año 2011 fueron expedidos más de 12 decretos que le dieron al Estado mejores herramientas y fortalecieron los organismos de control y el sistema judicial para investigar, juzgar y sancionar hechos relacionados con esa práctica censurable, entre las que destacó el Estatuto Anticorrupción. “Gracias a ese Estatuto hemos duplicado el número de sanciones penales, y recuperamos hasta 15 veces más recursos gracias a la imposición de multas”, agregó. El Presidente recordó que fue necesario liquidar varias instituciones estatales que “eran verdadera cuevas de corrupción”.  Tal fue el caso del Instituto Nacional de Concesiones, reemplazado por la Agencia Nacional de Infraestructura, que adelanta el proyecto de las autopistas 4G. Según el mandatario al día de hoy no hay ni una sola demanda contra los procesos de contratación que adelanta la institución. Santos expresó que además de fortalecer el marco normativo e institucional, se modernizó el Estado mediante sistemas de información como, por ejemplo, el Portal de Transparencia Económica, para que los ciudadanos consulten todas las inversiones y el presupuesto público. Por último hizo un llamado a los organismo de control para que promuevan “una estrategia conjunta para reducir los capitales ilícitos que criminales esconden fuera de del país”. Con información de la Presidencia de la República

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La Jagua de Ibirico, el despertar del campo

A la Alcaldía de La Jagua de Ibirico llegó hace más de dos años Yarcely Rangel Restrepo, cuyo liderazgo y planificación han sido determinantes en la solución de los problemas más apremiantes que afronta el municipio. Su sensibilidad social y su capacidad para potencializar las oportunidades le han permitido proyectar su región como un territorio sostenible ante los desafíos económicos y sociales que le esperan al país. Desde que estaba en campaña, Yarcely Rangel asumió el compromiso de ofrecer mejores condiciones de vida a sus coterráneos. Es así como al llegar a la alcaldía se propuso hacer un cambio de 180 grados a la economía de La Jagua de Ibirico para brindarle nuevas oportunidades laborales a la gente. “Desde que llegamos a la administración, nosotros empezamos a buscar la forma de hacer más sostenible el municipio y proyectar unas aguas sin carbón. Por esta razón, buscamos tres líneas en las cuales nos estamos enfocando: la reactivación del campo, el turismo y la industrialización de la región”, señala la mandataria, quien llegó al cargo, después de varios años de trabajo social, apoyando a diferentes fundaciones del sector. La alcaldesa se destaca como una gestora social en medio de su comunidad. La Jagua es una joya turística para el Cesar, por lo que se han desarrollado proyectos para embellecer la región. El despertar del campo La Jagua de Ibirico es un municipio cuya económica gira entorno a la minería, actividad que en cuestión de años dejará de generar ingresos para la región. “Nosotros antes de ser mineros, éramos netamente agrícolas y ganaderos”, recuerda la alcaldesa, quien se ha propuesto reactivar el campo, a través de acciones puntuales como la ejecución de un proyecto para llevar electricidad a cinco veredas del sector rural, lo cual permitiría que el 100% de su población cuente con el servicio. Así mismo, la administración ha elaborado un programa de repoblamiento bovino y de seguridad alimentaria, para que más de dos mil familias víctimas del conflicto armado, que están en un proceso de retorno al municipio, puedan cultivar distintos productos en sus fincas, como la yuca, el plátano y el maíz. El camino hacia la industrialización Pero la labor de reactivar el campo debe ir acompañada de un tema que ha sido fundamental para la alcaldía, como lo es la consolidación de una industria fuerte y sostenible que impulse la comercialización de lo producido en el municipio. “Hoy tenemos dentro de nuestra planificación la planta de beneficios, en donde vamos a sacrificar bovinos y porcinos, los cuales van a ser comprados a los ganaderos de la región”, explica la funcionaria. Se espera que para el año 2019, este centro empiece a funcionar y genere alrededor de 200 empleos directos. En esa línea de acción, se avanza también en las gestiones para la construcción de un parque industrial en el corregimiento de Boquerón, proceso que ya está en marcha gracias a una alianza público-privada con tres empresas mineras reconocidas, como la Drummond, Prodeco y Cener. “Lo que queremos es impulsar una nueva tecnología que conserva la fruta y la verdura con todos sus nutrientes. El gobernador del Cesar, Francisco Ovalle, le ha dado viabilidad al proyecto que generaría alrededor de dos mil empleos y que supliría la demanda a nivel nacional”. Para garantizar su éxito, la alcaldía está en un proceso de recuperación de las vías terciarias del municipio, de las cuales ya hay tres finalizadas, para facilitar la movilización de los productos hacia los puntos de venta y fortalecer el turismo local. Una puerta abierta para el turismo El municipio de La Jagua es una joya turística del departamento del Cesar y eso lo sabe muy bien su alcaldesa, que ya trabaja en proyectos para embellecer la región. “Teniendo vías terciarias vamos a darle la oportunidad a los visitantes de conocer los atractivos de nuestro municipio como las Cuevas del Indio. Por eso estamos haciendo toda la logística para acomodar el sitio. De igual forma, estamos organizando diez miradores desde las montañas para poder mostrar todo lo que es la minería, la fauna, la flora y los paisajes hermosos que tenemos acá”. Con un municipio por descubrir, la mandataria ha gestionado la construcción de un parque del café que funcione con energía alternativa en el corregimiento de La Victoria, donde se cuenta con 2.700 hectáreas para el cultivo del bebestible. Para conseguirlo, se cuenta con el apoyo de Prodeco, empresa que, según dice, “está muy comprometida con el proyecto”.

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“Mi compromiso es que el Cesar sea reconocido como un territorio de esperanza”

Como integrante del partido Alianza Verde, el futuro senador, Antonio Sanguino, impulsará iniciativas que correspondan a los ideales de la organización política, que con la lucha anticorrupción como bandera, se convirtió en la sorpresa electoral de los pasados comicios presidenciales.  Sus proyectos se concentrarán en la defensa del cuidado del medio ambiente, la oposición a la minería y el crecimiento económico y social del departamento del Cesar. En su ejercicio como legislador, Antonio Sanguino también hará una defensa permanente  de los acuerdos de paz que se firmaron en 2016, con un especial enfoque en el departamento del Cesar. Su propósito es convertir a la región caribeña, afectada por el conflicto armado interno, en un ejemplo de reconciliación. Como parte activa de una bancada que se ha declarado en abierta oposición al nuevo gobierno, el senador electo actuará con “sabiduría” en su labor de control político a los proyectos que no respondan a las verdaderas necesidades de las poblaciones marginales del país. Paz y reconciliación En un departamento donde la confrontación armada llevó el despojo de 197 mil hectáreas de tierras y al desplazamiento forzado de cientos de familias, la mayoría de ellas de la zona rural, el entendimiento y la reconciliación se vuelven una imperiosa necesidad. Es por ello que, desde el Congreso, Antonio Sanguino será un defensor constante de proyectos que ayuden a la reconstrucción de tejido social y a la consolidación del Cesar como territorio de esperanza y de paz. “Voy a tratar de acompañar el Plan de Desarrollo con enfoque territorial que se ha formulado en el norte del departamento, y a tratar de que la agenda de atención a los derechos de las víctimas se implemente sin ninguna dificultad” en esa región y demás zonas del país. Iniciativas como la ampliación de la Ley de Victimas que finaliza en el 2021, así como propuestas que contribuyan a resolver los obstáculos que se presentan en el proceso de restitución de tierras a campesinos, hacen parte de las acciones que emprenderá el futuro congresista, como aporte a la paz. El Cesar con una nueva economía El Cesar es un territorio reconocido a nivel nacional por su actividad minera. Con la llegada de un gobierno que está a favor del fracking, Sanguino se verá en la tarea de promover proyectos que propongan una alternativa al ejercicio de la minería como principal actividad económica  del departamento. “El fracking tiene efecto ambientales de una magnitud que quizás hoy no tengamos la capacidad de anticipar, tiene un efecto sobre las fuentes hídricas subterráneas y sobre la estabilidad en los suelos”. Por eso, el nuevo congresista evalúa la idea de convertir a Valledupar en un distrito naranja, donde la creatividad y la explotación de la cultura y del folclor que caracteriza a la ciudad y municipios vecinos, se vuelvan una fuente de ingresos inagotable. “La creatividad de los vallenatos no se agota, como sí ocurre con el carbón”. Es así como la propuesta también contempla la posibilidad de regresar a la actividad agrícola y de aprovechar los suelos fértiles que ofrece esta tierra del norte de Colombia, para empujar su crecimiento y desarrollo. Justicia climática En su campaña electoral, Sanguino habló de la justicia climática, que para el electo senador es otra manera de llamar la justicia social en Colombia. “Significa trabajar por una sociedad menos desigual, es atender los derechos sociales, económicos y ambientales de la población, teniendo en cuenta las condiciones del cambio climático y el calentamiento global”, explica. Por ello, buscará una revisión del nuevo contrato de concesión de la Drummond. Su función será velar por incluir cláusulas que garanticen el cumplimiento de estándares ambientales y de los derechos de los empleados, que según afirma, no se están aplicando. “Adicionalmente, con los trabajadores estamos comprometidos en promover un proyecto de ley que reconozca la minería como una actividad de alto riesgo”, puntualiza. El senador Antonio Sanguino ha trabajado arduamente para convertir al Cesar en un ejemplo de reconciliación y reconstrucción del tejido social. Antonio Sanguino Sociólogo de la Universidad Cooperativa de Bucaramanga, tiene una maestría en Administración y Planificación del Desarrollo Regional y cuenta con un doctorado en Gobierno y Administración Pública de la Universidad Complutense de Madrid, España. Ha sido investigador, docente universitario, consultor en temas de administración pública, políticas de paz y derechos humanos. Fundó la corporación Nuevo Arco Iris, donde estuvo como director y presidente de la Junta Directiva. También, ha tenido una participación activa en el partido Alianza Verde. Durante tres períodos consecutivos fue concejal por Bogotá. En septiembre del 2017, renunció al Concejo para lanzar su candidatura al Senado de la República. En las pasadas elecciones parlamentarias logró alcanzar los sufragios para ocupar una curul desde el próximo 20 de julio.

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Gobierno expide protocolo sobre protesta social

El acta garantiza el ejercicio de la protesta pacífica como un derecho legítimo. El ministro del Interior, Guillermo Rivera, firmó la Resolución 1190 que ordena a las autoridades locales y a la Fuerza Pública adoptar el protocolo de las marchas pacíficas. “Es una compilación de las normas vigentes y la jurisprudencia aplicable que servirá de guía metodológica para la actuación de autoridades civiles y de policía durante las protestas pacíficas”, anunció el ministro desde su cuenta en twitter. El protocolo establece la creación de nuevas instancias para proteger los derechos de la ciudadanía en medio de las manifestaciones como participantes o espectadores, desarrollando el numeral 2,2,2 del Acuerdo de Paz firmado con las FARC en 2016. “El uso de la fuerza debe ser considerado el último recurso de la intervención de la Policía Nacional”, se rescata del documento publicado por Rivera. El Ministerio del Interior será el encargado de difundir, orientar, coordinar y brindar la asistencia técnica que requieran las distintas entidades para la implementación de la resolución. Los gobernadores y alcaldes del país se habían opuesto a la expedición de este protocolo, argumentando que les quita autonomía para atender este tipo de eventos.

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La JEP, en el centro del debate político

Guillermo García Realpe Senador, Partido Liberal En los últimos días la ciudadanía de nuestro país y los medios de comunicación en particular han registrado la negativa de varios senadores y de senadoras que se han opuesto a la aprobación del proyecto de Ley por medio del cual se implementa la Justicia Especial para la Paz (JEP) . Es un pulso, así se ha manifestado, entre el actual Gobierno y los senadores afectos al nuevo Presidente, el doctor Iván Duque. Por supuesto, aquí también se han sumado antiguos miembros del Partido de la U, del Partido Conservador, Cambio Radical y algunos del Partido Liberal. Esta circunstancia agrava lo que hoy está demandando el país, claridad en los procedimientos de los tribunales de la Justicia Especial para la Paz, de sus magistrados. Ha habido mucha crítica de que el tema de Jesús Santrich, por ejemplo, no ha tenido la suficiente claridad y precisamente ese proyecto de Ley ayuda a dar claridad sobre las tareas de la JEP. Por eso, no se justifica lo que hoy están promoviendo algunos sectores en oponerse a la implementación del proceso de Paz. “…vivimos más de cinco décadas buscando la paz con la principal guerrilla colombiana y ahora que la tenemos no la valoramos” Tampoco se entiende la posición negativa o de ausentarse del debate de parlamentarios que apoyaron durante ocho años el proceso de paz, votaron por el Sí en el plebiscito, aprobaron los proyectos de ley o los proyectos de acto legislativo, por ejemplo, alrededor de participación política de los desmovilizados, del mismo proyecto o Ley Estatutaria de creación de la Justicia Especial para la Paz; siempre apoyaron y ahora no quieren hacerlo con la reglamentación que prácticamente es un acto complementario y procedimental. Lo central fue la creación mediante acto legislativo y Ley Estatutaria que creó la jurisdicción, que hoy existe; han sido nombrados sus magistrados, están administrando justicia, lo que hoy demanda reglas de juego para el procedimiento hacia adelante. Ellos están dictando su propio reglamento y tienen competencia para eso, pero el Congreso debe dar una ley, marco de esos procedimientos. Entonces, hoy ya existe lo central que es la Jurisdicción Especial para la Paz, lo marginal o lo complementario es esta ley de reglamentación, por lo tanto, tampoco se justifican las negativas. Por un lado, como se manifiesta de alguien que apoyó política y jurídicamente en el Congreso durante ocho años para después empezar a negar el complemento. En segundo lugar, no hay razones jurídicas estrictas porque lo central está aprobado y está funcionando. Lo que debemos hacer los ciudadanos colombianos es levantar nuestra voz para que el Senado de la República le dé vía libre a la reglamentación de la JEP, porque la Cámara ya lo aprobó, es más, ese es otro argumento adicional, que la Cámara ya superó ese escollo. Ahora, está el espacio en el terreno del Senado de la República, por lo tanto, esa es nuestra posición, que debemos seguir implementando el proceso de paz para superar  la crisis que hoy tiene. En las últimas horas, el Presidente de la Corte Constitucional, Alejandro Linares, se pronunció de manera clara, manifestando que la reglamentación de la Ley Estatutaria puede hacerse de manera inmediata sin esperar que finalmente salga el análisis de constitucionalidad  de la Ley Estatutaria de la Justicia Especial para la Paz, con esto no hay ningún pretexto de tramitar en los próximos días en el Senado de la República la aprobación de la reglamentación de la JEP. No podemos retroceder ni un centímetro en lo que a temas de paz se refiere, vivimos más de cinco décadas buscando la paz con la principal guerrilla colombiana y ahora que la tenemos no la valoramos, por eso el gran reto es mantenerla en el tiempo de una manera integral, efectiva y duradera.  

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El gabinete de Duque

A cuenta gotas, el presidente electo, Iván Duque anunció los nombres de los ministros que lo acompañarán durante su gobierno en los próximos cuatro años. Un gabinete que a todas luces es más técnico que político, lo que representa para el mandatario un enorme reto frente a las expectativas que tiene el país y la necesidad de consolidar una coalición en el Congreso de la República, aún frágil, que le garantice gobernabilidad. Una tarea nada fácil para el nuevo Gobierno ante el inconformismo que existe en algunos partidos políticos, que respaldaron la candidatura de Duque en segunda vuelta, por la forma como se repartieron los ministerios. Según analistas, la “luna de miel” de la que goza el presidente en el inicio de su mandato dependerá en gran medida de los nombramientos que se hagan en los departamentos administrativos, institutos y embajadas. Por ahora, contará con un gabinete de corte empresarial, alejado de la política tradicional y con una alta presencia femenina, haciendo honor a su palabra de tener un equipo de trabajo conformado por el 50% de mujeres. Como candidato a la Presidencia de la República por el Centro Democrático, ya Duque había advertido que no aceptaría presiones ni exigencias burocráticas de ninguna clase por parte de las fuerzas políticas que decidieran apoyarlo en su aspiración por acceder al cargo más importante de la nación. Las conversaciones se harían, según dijo entonces, sobre la base de “un respaldo a una visión de país y no sobre repartijas burocráticas”. Se prevé, en consecuencia, que los partidos que no tuvieron representación en el gabinete actuarán con mucha más independencia en el Congreso. El Presidente electo Iván Duque junto a la futura vicepresidenta Marta Lucía Ramírez en una de las reuniones previas a su posesión. Lea aquí: Quiénes son los escogidos Lo que se piensa del gabinete Las voces a favor y en contra de quienes ocuparán los diferentes ministerios no se han hecho esperar. Para el senador del partido Polo Democrático Alternativo (PDA), Leónidas Gómez, lo que se está viendo es “la continuación de la política contra la clase media y los sectores populares de Colombia, pero mucho más agudizada”. El congresista cree que con el nuevo gabinete el país está a las puertas de más privatización, más confrontación y menos presupuesto para la educación, la salud y el deporte. La mirada que se tiene desde la oposición sobre el equipo de trabajo que acompañará al mandatario es muy distinta a la de los partidos políticos que serán sus aliados en el Legislativo. El representante a la Cámara por el Centro Democrático, Gabriel Santos, piensa que, con los recientes nombramientos ministeriales, Duque está enviando un mensaje significativo al país, como lo prometió en campaña, de contar con un cuerpo de asesores sustentado en “la experiencia y la tecnocracia y, lo más importante, sin recomendaciones políticas. Un gabinete que obedece ciento por ciento a sus capacidades y criterios”. Debe priorizarse lo social La congresista del Partido Verde, Catalina Ortiz, reconoce que Duque nombró a personas competentes y sin trayectoria política, para llevar a cabo las tareas que tiene en mente, lo cual es positivo para el país. No obstante, cree que se debe trazar una línea de trabajo en la que se profundice lo social. “Aunque es un gabinete técnico, debe ser capaz de entender la realidad actual de los colombianos y buscar los consensos para ejecutar políticas que beneficien a la gente del común”. Aunque resalta la experiencia académica y profesional de quienes fueron nombrados como ministros, el senador de Cambio Radical, Richard Aguilar, ve difícil que su labor esté al margen de la dinámica de la política, como se pretende hacer. “Son personas con todas las altas cualidades personales y profesionales y sin duda será un gabinete de lujo. Aunque vengan de la academia deben empalmarse con el mundo político. Estaremos desde el Congreso construyendo sobre lo construido”, sostiene. El Presidente Iván Duque acompañado de los futuros ministros del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez y de Defensa, Guillermo Botero.

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Santos anuncia decreto que protege riqueza ambiental y cultural de la Sierra Nevada de Santa Marta

“Voy a firmar el decreto de la Línea Negra el lunes próximo, y quería hacer esa explicación porque ha habido demasiada tergiversación sobre el alcance de este decreto”: Santos. El Presidente de la República, Juan Manuel Santos anunció este viernes que firmará el decreto que delimita la denominada ‘Línea Negra’ en la Sierra Nevada de Santa Marta, en cumplimiento de la orden impartida por la Corte Constitucional a través del Auto 189 de 2013 y con el propósito de proteger la riqueza ambiental y cultural de un ecosistema altamente vulnerable al cambio climático y a otros factores sociales. El jefe de Estado explicó que el texto jurídico, discutido y elaborado durante cuatro años entre el Gobierno Nacional y los líderes ancestrales de la Sierra Nevada, busca “garantizar el acceso de las comunidades indígenas a los sitios sagrados para que puedan realizar sus pagamentos y prácticas mágico-religiosas”. Al respecto aclaró que la decisión crea una instancia de seguimiento y protección al territorio de la Línea Negra, conformada por el Gobierno Nacional, los gobernadores de Cesar, La Guajira y Magdalena, las CAR y las comunidades indígenas, en tanto que la Procuraduría participará como garante. Sostuvo que el decreto genera seguridad jurídica a través de la identificación de los hitos sagrados y previó que el IGAC brindará precisión sobre su ubicación. Sitios cobijados por el decreto no suman más de 350 hectáreas Frente a algunos rumores que han circulado en torno a la iniciativa, el Presidente precisó que esta resolución no es una imposición de culto, credo o religión para el resto de los colombianos. Señaló que no vulnera ni desconoce la propiedad privada, así como tampoco los derechos adquiridos de terceros y de las comunidades étnicas. “Todo lo contrario, se garantiza su protección y se busca armonizarlos con los derechos de las comunidades indígenas de la Sierra Nevada”, afirmó. Igualmente reiteró que a través del decreto no se reglamenta y no se modifica la consulta previa en la Sierra Nevada y señaló que las comunidades indígenas allí no se convierten en autoridades ambientales y tampoco pueden modificar el uso del suelo y subsuelo, todo lo cual “sigue en cabeza de las autoridades territoriales y ambientales”. Así mismo, destacó que la Sierra Nevada de Santa Marta tiene un millón 700 mil hectáreas, de los cuales los lugares cobijados por el decreto no suman más de 350 hectáreas. La Sierra Nevada, altamente vulnerable En su exposición del tema el mandatario citó un estudio del Centro de Ecología Funcional y Evolutiva, de Francia –publicado por la revista Science– que analizó más de 170 mil lugares y concluyó que la Sierra Nevada de Santa Marta es el lugar con la mayor concentración de mamíferos, aves, peces y anfibios amenazados de la Tierra. “Esto significa que se trata de un ecosistema irremplazable y que si se perdiera sería el lugar más difícil de reemplazar del mundo, lo que significa que cuidar y proteger la Sierra Nevada de Santa Marta es una obligación de todos los colombianos” dijo el Presidente. Además, resaltó que en la Sierra se han registrado más de 3 mil especies, de las cuales 49 están amenazadas, de acuerdo con la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. “Lo que estamos haciendo es proteger el futuro y proteger la cultura de unas comunidades que tienen mucho para enseñarnos. Hay intereses muy concretos que están en contra de este tipo de decisiones, pero la decisiones hay que tomarlas y la protección del medio ambiente, la protección de la Sierra Nevada de Santa Marta, por su importancia, por su valor, tanto en la parte de nuestra biodiversidad, de nuestro medio ambiente, como la parte cultural, me parece mucho más importante que defender unos derechos particulares”, concluyó el mandatario.

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ONU reconoce medidas del Gobierno colombiano para regularizar situación de migrantes venezolanos

La Organización de Naciones Unidas en Colombia (ONU) felicitó este jueves al Gobierno Nacional por la expedición del Decreto que regulariza la situación de más de 400 mil venezolanos que han llegado a Bogotá y otras ciudades colombianas, por la crisis política, social y económica que vive el vecino país. A través de un comunicado, el organismo internacional aseguró  que el Decreto 1288, promulgado el pasado jueves, permite el denominado Permiso Especial de Permanencia durante dos años para los migrantes, “lo que constituye un paso fundamental para garantizar los derechos básicos de la población venezolana que ha llegado al país”. El Sistema de Naciones Unidas, bajo el liderazgo de la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), indicó que “seguirá trabajando con las autoridades colombianas para ampliar la asistencia humanitaria, técnica y financiera que responda a las necesidades de los migrantes, así como las de los colombianos que regresaron del país vecino y sus comunidades de acogida”. Así mismo, reiteró su compromiso de apoyar al Estado colombiano para afrontar los retos humanitarios y desarrollar políticas de integración para que la población proveniente de Venezuela “pueda disfrutar de sus derechos en condiciones dignas”.

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Gobierno anuncia acciones para frenar amenazas y agresiones contra periodistas

Según la Federación Nacional de Periodistas (FECOLPER), en el último año se registraron en el país 276 amenazas y agresiones físicas a periodistas, con un total de 326 víctimas. El Gobierno Nacional,  la Asociación Colombiana de Medios de Información (AMI) y la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) rechazaron este viernes la creciente ola de amenazas y hechos violentos que “atentan contra la integridad física y moral de los periodistas” y convocaron a las autoridades públicas para “impedir que prospere este intento de limitar el ejercicio de la libertad de prensa y el derecho a la información en el país”. A través de un comunicado, la Fiscalía General y la Procuraduría, así como la Unidad de Protección y la entrante ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, aseguraron que para mejorar la respuesta del Estado a los casos de agresiones a los reporteros y medios de comunicación, se comprometen a impartir instrucciones a los delegados territoriales de los órganos de control y agencias del Estado, con el fin de “optimizar la ejecución de los mandatos misionales, además de garantizar el derecho a la vida y la integridad de los periodistas en todo el territorio nacional”. Además, hicieron un llamado a los comunicadores y medios para que activen las denuncias sobre cualquier tipo de amenaza o agresión, con el fin de que  se habilite “de manera prioritaria los canales que sean necesarios”.  

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