Víctimas Archivos - Página 3 de 4

Recursos para la salud mental de las víctimas del conflicto y población migrante de caldas

Los recursos para la salud mental de las víctimas del conflicto y población migrante de caldas aprobó la asamblea departamental, aprobó en segundo debate en plenaria el proyecto de ordenanza N°67 sobre la modificación al presupuesto de rentas y gastos de la presente vigencia. La iniciativa ordenanza consiste en traslados presupuestales por 900 millones de pesos y unas adiciones por 1.217 millones de pesos. Traslados presupuestales 600 millones de pesos de la Secretaría de Hacienda pasarán a la Secretaría Privada para cumplir con el programa de gobernanza y transparencia de la Oficina de Gobierno Abierto. “Es una forma de visualizar o articular todas las acciones que se ejecutan del Plan de Desarrollo de Caldas, así como la participación ciudadana”, afirmó el diputado ponente, Jhon Diego Villegas Marín. Además, la Secretaría de Desarrollo, Empleo e Innovación trasladará 300 millones de pesos de los recursos de infraestructura a los programas Sello Rosa y Viva la Noche, manifestó Villegas Marín. Para el secretario de Hacienda, Jaime Alberto Valencia Ramos, el programa Viva la Noche busca apoyar a todos los bares y negocios nocturnos afectados por la pandemia, los cuales requieren continuar con la reactivación económica. Adiciones El sector salud contará con una adición por 182 millones de pesos provenientes de Minsalud para la atención de urgencias de la población migrante del departamento. Este sector también percibirá 984 millones de pesos para la apoyo psicosocial a las víctimas del conflicto armado en 11 hospitales. Finalmente, se adicionarán 51 millones de pesos provenientes de seguros para la Secretaría General. Valencia Ramos concluyó que los 51 millones hacen parte del efecto de reembolso de unas pólizas de seguros que entran a la Secretaría General para gastos de funcionamiento. TOMADO DE GOBERNACION DE CALDAS

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Se requieren más de $301 billones para cumplirle a las víctimas a 2031: Contraloría

Actualidad, Contraloría, Posconflicto, Putumayo, Regiones / revistacg

Recursos por más de 301 billones de pesos se requerirán para cumplirle a todas las víctimas del país a 2031, estimó la Contraloría General de la República. “Los recursos ejecutados entre el 2012 y 2021, por 146 billones de pesos, los programados en el Conpes 4031 de 2021, por 142 billones de pesos, resultan insuficientes para la atención y reparación de las más de 9 millones de víctimas que hoy tenemos en Colombia”, dijo la Vicecontralora General (E), Lina María Aldana, luego de hacer esta advertencia en su intervención en la presentación, con la Procuraduría General y la Defensoría del Pueblo, de los informes de seguimiento y monitoreo a la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras y los Decretos Leyes Étnicos. El organismo de control considera que se requiere de un mayor esfuerzo fiscal del Gobierno Nacional para ejecutar las medidas contempladas en la Ley de Víctimas y los Decretos Leyes Étnicos y así mismo es necesario realizar los ajustes institucionales normativos requeridos para brindar una atención y reparación integral a las víctimas y a los pueblos étnicos, con oportunidad y eficiencia en el uso de los recursos públicos. En el costeo de la Contraloría se destacan los siguientes recursos requeridos para las medidas de reparación: Indemnización individual y colectiva: $74 billones. Vivienda: $53 billones. Generación de Ingresos: $15 billones. Y retornos y reubicaciones: $13 billones. Tomado de la Contraloría General de la República.

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Maduro le niega ingreso a la CIDH a Venezuela

Actualidad / revistacg

Por orden del régimen de Nicolás Maduro fue impedido el ingreso de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a territorio venezolano. La misión anunció que se dirige a Colombia para un encuentro con las víctimas y organizaciones en la frontera entre ambos países. Delegados de la CIDH de la OEA, se dirigían a Venezuela desde Panamá, cuando agentes chavistas los abordaron y les prohibieron el ingreso al país. La visita estaba planeada desde este martes hasta el 8 de febrero. “La delegación de la CIDH tenía previsto observar en el terreno la situación de los derechos humanos en el país”, afirmó. Copa Airlines impidió el abordaje de la delegación de la #CIDH a la puerta del avión en Panamá. Todos con los bording pass en las manos. Informaron que recibieron instrucciones del régimen de #Venezuela de que no estábamos autorizados a ingresar al país. pic.twitter.com/a4CQ1z3vTu — CIDH – IACHR (@CIDH) February 4, 2020 En ocasiones anteriores, el gobierno de Maduro ya había advertido que la CIDH no era bienvenida, ni estaba autorizada para ingresar a Venezuela. En 2019 el régimen chavista retiró a sus diplomáticos de la OEA, por el desconocimiento de su legitimidad como mandatario y el apoyo al parlamentario Juan Guaidó, como presidente interino. Por otro lado, la diputada a la Asamblea Nacional por el estado Aragua, Venezuela, Adriana Pichardo, manifestó que se hará todo lo posible para trasladar a las víctimas hasta la frontera, “llevaremos a cabo todo lo referente a la comisión de la CIDH desde la frontera venezolana. Trasladaremos a las víctimas a la frontera para que se entrevisten con la comisión. Si tenemos que levantar las audiencias aquí, lo haremos”.

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En Comisión Segunda, oposición pide renuncia del Director del Centro Nacional de Memoria Histórica

Actualidad / revistacg

Los congresistas citantes al debate anunciaron que impondrán una queja ante la Procuraduría General de la Nación para que se investigue la conducta del Director del Centro Nacional de Memoria Histórica, Rubén Darío Acevedo, “por considerar que violó la Constitución y la ley en el ejercicio de sus funciones desconociendo, por acción y omisión, los derechos de las víctimas del conflicto armado”. Los senadores de la oposición integrantes de la Comisión Segunda de la corporación, Iván Cepeda, del Polo Democrático Alternativo, y Antonio Sanguino, de la Alianza Verde, así como la segunda vicepresidenta de la Cámara de Representantes, María José Pizarro, le pidieron la renuncia al director del Centro Nacional de Memoria Histórica, CNMH, Rubén Darío Acevedo, por considerar que su gestión es “grave amenaza para la memoria de las víctimas y la construcción de la propia historia contemporánea del país”. En ese sentido, los congresistas citantes al debate anunciaron que impondrán una queja ante la Procuraduría General de la Nación por considerar que Acevedo violó la Constitución y la ley, porque en el ejercicio de funciones desconoce y omite los derechos de las víctimas del conflicto armado en el territorio nacional. El senador Cepeda recordó que el solo hecho del Director del CNMH de negar que en Colombia hubiera un conflicto armado, cuestiona su labor en ese cargo y agregó que el funcionario tiene varias denuncias porque “ha censurado exposiciones sobre casos del conflicto armado en el país”. Por su parte, el legislador Antonio Sanguino dijo que “la memoria del paramilitarismo está en riesgo en el Gobierno del Presidente Duque y bajo la dirección del Centro de Memoria Histórica de Rubén Darío Acevedo, porque demora las publicaciones que tiene que ver con las operaciones de estructuras paramilitares. “Usted doctor Acevedo debe ponerse a un lado de la Dirección del Centro Nacional de Memoria Histórica y no pisotear la dignidad de las víctimas”, enfatizó el senador Sanguino. En el debate participó la representante a la Cámara María José Pizarro, también víctima del conflicto al haber sido asesinado su padre como candidato a la Presidencia de Colombia por el desaparecido movimiento M-19, y quien dijo que “las organizaciones de víctimas han sido estigmatizadas, negadas y se les ha negado sus derechos por parte de la institucionalidad colombiana” y añadió que “el Centro Nacional de Memoria Histórica antes era una plataforma y voz de las víctimas, pero ahora es una cachetada contra miles y miles de víctimas del conflicto en Colombia”. La senadora Paola Holguín, del Centro Democrático, asumió la defensa de la gestión de Rubén Darío Acevedo y dijo que pareciera que lo que se está juzgando al Director del CNMH es el “delito de libertad de pensamiento, de libertad de expresión y libertad de conciencia”. La senadora Holguín afirmó que “el Centro Nacional de Memoria Histórica no fue creado para validar una tesis fariana de ciertos sectores colombianos que buscan justificar el actuar criminal bajo el dogma de que en Colombia existe un conflicto armado interno” y dijo que “nadie quiere ocultar la memoria del paramilitarismo”. Por su parte, el Director del Centro Nacional de Memoria Histórica al asumir su defensa afirmó que “hay sectores políticos que se han encargado de sabotear la acción del Gobierno del Presidente duque y ahora lo quieren hacer con el Centro de Memoria Histórica” Acentuó que no violó la ley para aceptar el cargo por pensar diferente y dijo que a pesar de las discrepancias ha recibido 30 mil informes de los diferentes bandos tras señalar que “lLo que buscamos con Colciencias es lograr la mejor plataforma de investigación científica respecto al tema de la Memoria Histórica”. Acevedo aseveró: “No tengo nada que perder, pero me parece extraño que me estén espiando”. El debate, por tiempo, se tuvo que suspender porque la hora de su desarrollo, sobre las 3:00 p.m., coincidió con el inicio de la plenaria de la corporación, por eso el Presidente de la Comisión Segunda levantó la sesión, pero aseguró que el debate continuará. Información tomada del Senado de la República.

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Gobierno da plazo hasta el 31 de diciembre para que FARC entregue bienes y recursos destinados a la reparación de las víctimas

Actualidad / revistacg

Gobierno Nacional, a través de la expedición de un decreto, fijará un plazo hasta el 31 de diciembre de 2019 para que la exguerrilla de las Farc cumpla con la entrega de bienes y recursos destinados a la reparación de las víctimas, según lo establecido en el acuerdo firmado en 2016. Así lo anunció este lunes el Consejero Presidencial para la Estabilización y la Consolidación, Emilio Archila, quien en declaración a medios periodísticos en la Casa de Nariño afirmó que el Ejecutivo tiene listo un proyecto de decreto, que fue puesto a consideración de la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación de la Paz (Csivi). “Nosotros entendemos que las víctimas deben ser y seguir siendo el centro de la atención y de la aplicación de este acuerdo. Está previsto que los recursos que se recojan van orientados a las indemnizaciones, preferiblemente, colectivas de las víctimas. Ya se van a cumplir tres años de la firma del acuerdo y nos parece oportuno poner un plazo, y hemos pensado inicialmente que debería ser el 31 de diciembre de este año”, aseguró el Consejero. Explicó que de los 542 mil millones que las Farc “reportaron” en el inventario de bienes y recursos para entregar con destino a la indemnización de las víctimas, solo se han “monetizado” efectivamente “un poco más de 3 mil millones de pesos”. Esos recursos –agregó el Consejero- están representados en bienes muebles, lotes, cabezas de ganado, vehículos, pesos colombianos, dólares, oro y joyas. “Nosotros pensamos que para proteger a las víctimas es importante que exista un plazo, de manera que exista la temporalidad para que ellos tengan que cumplir”, enfatizó el Consejero Archila. Finalmente, resaltó que esta medida no tiene que ver con algún ultimátum a las Farc. “Nosotros estamos absolutamente convencidos de que los 12 mil excombatientes, sus dirigentes y mandos medios están convencidos de que este proceso lo vamos a sacar adelante. Obviamente, las Farc tienen unas obligaciones, nosotros tenemos unas obligaciones, y es importante que esas obligaciones se vayan cumpliendo”, concluyó. Información tomada desde la Presidencia de la República

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Las víctimas seguirán sin curules

Actualidad, Congreso de la República, Judicial, Posconflicto / revistacg

Por medio de un recurso ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, el senador del partido de la U, Roy Barreras, buscaba revivir las 16 curules que habían sigo asignadas a las víctimas en 2017, cuando un proyecto que buscaba darles participación en el legislativo fue aprobado por mayoría. Ya el Senado había rechazado en su momento esa posibilidad. Esta decisión se asimila a la tomada por el Tribunal que también falló de manera negativa ante la solicitud del congresista. De acuerdo con lo resuelto por el Juez, la demanda no causaba ningún “perjuicio irremediable a los derechos fundamentales del accionante, puesto que no acreditó de qué manera lo afecta personalmente, tampoco a los 67.773.078 habitantes de los 169 municipios que conformarían las circunscripciones transitorias especiales de paz, en nombre de quienes también interpone la tutela, como agente oficioso, pese a que no lo manifiesta expresamente”. Para el Tribunal, “resulta paradójico considerar que estamos en presencia de una situación grave y urgente, que amerite dispensar la protección tutelar solicitada, cuando el mismo legislador, que por antonomasia tiene el deber constitucional de decidir sobre las mencionadas curules, no lo considera apremiante, al punto de que no le ha dado trámite a los nuevos proyectos de acto legislativo presentados con el mismo propósito, y el juez de tutela no está habilitado para sustituir al Congreso”. Otra de las razones para negar el recurso presentado por Barreras fue la inmediatez, de acuerdo con lo señalado por el Juez, debido a que la demanda presentada el pasado 31 de mayo del presente año buscaba amparar los derechos de la población civil ante una decisión tomada el 29 y 30 de noviembre de 2017.

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Duque reafirma compromiso con proceso de reparación a víctimas

Actualidad, Paz, Posconflicto, Presidencia / revistacg

El Jefe de Estado destacó los avances y el apoyo de la ONU a la Política de Estabilidad ‘Paz con Legalidad’ de su Gobierno, así como a la aprobación en cinco meses de 29 proyectos productivos para las personas en proceso de reincorporación. Tras una conversación “clara y franca” con el Jefe de la Misión de Verificación de la ONU en Colombia, Carlos Ruiz Massieu, sobre los avances en la implementación del acuerdo de paz, el Presidente Iván Duque reafirmó el compromiso de su Gobierno con el proceso de reincorporación de los excombatientes y la reparación integral a las víctimas de la violencia. Al mismo tiempo, el Jefe de Estado destacó el espaldarazo y apoyo que el organismo, en cabeza del Secretario General, António Manuel Guterres, brindó a las políticas y planes de su Gobierno para sacar adelante la reincorporación de los excombatientes. “Quiero expresar mi gratitud a usted y al Secretario Guterres por el espaldarazo y el apoyo que nos han dado para poder avanzar en el éxito de un programa de reincorporación, que permita que las personas que genuinamente están dejando la violencia hagan una transición exitosa a una vida de convivencia y de legalidad”, dijo el Jefe de Estado en la Casa de Nariño este martes, al término del encuentro con Ruiz Massieu. Así mismo, el Mandatario valoró el respaldo de la ONU a la Política de Estabilización ‘Paz con Legalidad’, hoja de ruta del Gobierno nacional para llevar inversión y seguridad a los 170 municipios del país más afectados por la violencia y la pobreza. “Debo también expresar mi gratitud, por el respaldo a la política que presentamos, hace ya unas semanas, que se llama ‘Paz con Legalidad’, que tiene la hoja de ruta del Gobierno nacional para avanzar exitosamente en la reincorporación, en la vinculación de las personas que están en la reincorporación a los proyectos productivos”, afirmó. En ese sentido, subrayó que de parte de su administración existe “el compromiso adicional de avanzar en los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial, orientados a producir bienestar en los 170 municipios que están dentro de lo que llamamos las áreas PDET. Y obviamente, que eso es muy importante, que nosotros podamos seguir irrigando una agenda de bienestar social en todo el territorio, como lo queremos hacer en las zonas rurales de Colombia”. De hecho, el Mandatario destacó que este Gobierno, en tan solo cinco meses, ha aprobado 29 proyectos productivos con recursos para las personas que avanzan hacia la convivencia. “Quiero destacar que hemos aprobado en cinco meses de Gobierno ya cerca de 29 proyectos productivos, mucho más de lo que teníamos en los 16 meses anteriores, y que muestran el compromiso en nuestra administración”, aseveró el Presidente Duque. Además, manifestó su interés de que los Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (ETCR), donde actualmente están concentrados los desmovilizados, se conviertan en zonas de desarrollo productivo y con la protección de la Fuerza Pública. Con información de la Presidencia de la República

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En defensa de las víctimas, continúa el debate frente a delitos sexuales

Actualidad, Gestión, Senado / revistacg

La Corte Constitucional es el referente máximo frente a la guarda e integridad de nuestra Carta Política y, por supuesto, sus fallos son indiscutiblemente orientadores en la protección de derechos fundamentales. Sin embargo, fue sorpresivo el último pronunciamiento respecto a la constitucionalidad del Proyecto de Ley Estatutaria de la Administración de Justicia en la Jurisdicción Especial para la Paz, que, aunque sin duda alguna fue proferido en aras de proteger el interés máximo de la paz, generó muchos interrogantes que deben ser resueltos por el bien de las víctimas del conflicto interno armado. Por supuesto, el mayor interrogante para las mujeres, niños, niñas y adolescentes víctimas de la violencia es considerar los delitos sexuales como conexos frente al juzgamiento en la Jurisdicción Especial para la Paz, dejando sin eficacia la decisión del Congreso de la República en cuanto a la inexistencia de dicha conexidad, pues para quienes representamos a nuestros conciudadanos, es legítimo velar en cualquier contexto por la protección máxima a quienes se encuentran en condición de vulnerabilidad o indefensión. Esta corporación investida de toda competencia y legitimidad, en los debates del proyecto de ley estatutaria en mención, se pronunció vehemente respecto a que las conductas que resultaban más reprobables al interior de la sociedad, como lo son los delitos sexuales contra niños, niñas o adolescentes serían investigadas y sancionadas conforme lo estipula la Ley 599 de 2000 o la que haga sus veces, “y no procederán ninguna clase de beneficios o subrogados penales, judiciales y/o administrativos, incluyendo los que se consagran en la presente ley”. (Artículo 146 PL Estatutaria número 08 de 2017 Senado – 016 de 2017 Cámara). La senadora se ha caracterizado por la defensa de las víctimas del conflicto. Sin piso el reclamo de miles de víctimas Insistimos que el pronunciamiento de la Honorable Corte, fundamentado en un argumento estrictamente procedimental, dejó sin piso el reclamo de miles de víctimas que además de la verdad y la reparación exigen una justicia que sancione rigurosamente este tipo de delitos que atentan contra la vida y la integridad de los futuros ciudadanos de nuestro país. En mi calidad de Vocera del Partido Conservador Colombiano, en el Senado de la República dejé constancia sobre esta decisión en el entendido de que debe primar el derecho fundamental de los niños, niñas y adolescentes, a vivir una vida libre de violencias. Por lo tanto, debe prevalecer su protección y no es aceptable una doble victimización. La primera, por cuenta de sus agresores, y la segunda, por parte del Estado que desatiende el mandato del bloque de constitucionalidad, pues, así las cosas, las víctimas quedarán burladas pese a que la jurisdicción ordinaria conserva competencia respecto de tales delitos cuando no cumplan los estrictos requisitos de conexidad con el conflicto armado que prevé el Acto Legislativo 01 de 2017. No es concebible tolerar actos atroces Invocamos la permanencia del artículo 146 del proyecto de ley, tal y como fue aprobado en el Congreso de la República, con el único animo de reparar a las víctimas, pues no es concebible diferenciar, rebajar y tolerar actos tan atroces como los cometidos contra los cuerpos de los niños, niñas y adolescentes que fueron usados como trofeos de guerra. La discusión amerita una seria reflexión y, en ese sentido, el Partido Conservador Colombiano radicó un proyecto de Acto Legislativo con el fin de desligar de los delitos políticos, todos los delitos contra la libertad, integridad y formación sexual. Es decir, que los mismos sean sancionados por la justicia ordinaria y que no sean objeto de indultos o amnistías. El debate lo seguiremos proponiendo, y las víctimas estarán en el centro de la discusión con sus voces y su participación activa en la configuración de los procedimientos que satisfagan sus derechos a una verdadera reparación.

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General Montoya se somete oficialmente a la JEP

Actualidad / revistacg

“Trabajamos con las víctimas para que conozcan la hoja de ruta. Estamos defendiendo sus derechos”: Mónica Sánchez, representante del Ministerio Público. El general (r) Mario Montoya firmó este miércoles el acta de sometimiento voluntario a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Dentro de su sujeción deberá presentar ante la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la JEP un plan sobre la forma como contribuirá a la verdad, así como las modalidades de reparación. “Son más de 70 las víctimas que fueron reconocidas por la JEP para esta etapa inicial que corresponde a la audiencia de sometimiento y firma del acta del general(r) Mario Montoya ante la jurisdicción”, explicó Pedro Díaz Romero, presidente de la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas, El jurista le recordó a Montoya que ya hay más de 450 víctimas identificadas dentro del proceso y que su caso es significativo porque es el general de más alto rango que acude ante esa jurisdicción. El general es acusado por las víctimas del conflicto armado, de participar presuntamente en las ejecuciones extrajudiciales ocurridas en Colombia entre 2002 y 2010, así como de tener supuesto vínculos con los grupos paramilitares que operaban entonces en el país. Diaz Romero señaló que el proceso apenas comienza y que la JEP podrá solicitar a los organismos de investigación más información sobre las denuncias que cursan en contra del exoficial colombiano e identificar más víctimas de las ya registradas. Durante la audiencia, algunas víctimas abandonaron el recinto con el argumento de que la Sala de Jurisdicción estaba dándole prioridad al perpetrador. “Somos desconocidos en esa sala, solo se escucha al general Montoya”, afirmó Alfamir Castillo, madre de Darbey Mosquera Castillo, quien habría sido asesinado a manos de miembros Batallón de Contra Guerrilla No. 57 “Mártires de Puerres” del Ejército. “Acá estamos hablando de un general en cuyo mandato se cometieron 2.400 ejecuciones extrajudiciales, según la Fiscalía. Si la JEP no tiene la centralidad de las víctimas y su protección, no estamos asistiendo sino a una burla hacia ellas”, indicó el abogado Germán Romero.

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Santa Bárbara pide ser escuchado

Actualidad, Gestión, Pacífico / revistacg

En el municipio de Santa Bárbara, Nariño, muchas cosas no cambian: los controles militares cada vez son más rigurosos y sus habitantes siguen bajo la zozobra de la guerra. Pese a contar con enormes riquezas naturales y una privilegiada ubicación geográfica, el alcalde José María Estupiñán asegura que se han convertido en un territorio olvidado por el Estado, razón por la cual reclaman “con urgencia” su intervención para combatir los problemas sociales, económicos y de seguridad que por décadas ha sufrido esa zona del pacífico nariñense. Varios proyectos de gran envergadura han sido presentados ante el Gobierno Nacional por el alcalde de Santa Bárbara, José María Estupiñán, con el fin promover su desarrollo y competitividad. Sin embargo, el mandatario local considera que su ayuda ha sido nula por los obstáculos que ponen para entregar los recursos y así gestionar con éxito lo que se ha puesto a su consideración. “Uno corre a Bogotá y todos los proyectos que se presentan son devueltos porque les falta una coma. Ponen muchas trabas y, cuando uno hace las debidas correcciones, dicen que no hay recursos”, asegura. Las necesidades no dan espera y, aunque las regalías para el municipio están aseguradas, todavía no se ha invertido un solo peso. Los proyectos no dan espera y por eso, desde que asumió las riendas de la alcaldía, el mandatario se ha trazado un solo objetivo: transformar a Santa Bárbara con una nueva y mejor infraestructura en los centros educativos, hospitales y vías terciarias. El compromiso del alcalde es mejorar la infraestructura de los centros educativos, hospitales y vías terciarias. Más seguridad Con la salida de las FARC, tras la firma de los acuerdos de paz, la violencia se ha intensificado por los enfrentamientos entre grupos subversivos que buscan tomarse el control de las rutas del narcotráfico. “Esa teoría que existía de que los espacios que dejaban las FARC serían copados por otros actores, lo estamos viviendo, por eso creemos que la intensidad del conflicto se está acrecentando de manera preocupante”, señala el alcalde. Ante el accionar de diferentes expresiones de violencia en la zona, la administración municipal lanzó una alerta por posibles nuevos desplazamientos masivos y la necesidad de apoyo continuo y oportuno por parte de los entes departamentales y nacionales, ya que Santa Bárbara no cuenta con la presencia de Fuerza Pública, por lo que su capacidad de respuesta está desbordada. Minería más segura El principal renglón económico de Santa Bárbara es la minería, pues más del 70% de las familias se sustentan a diario con esa actividad. Según denunció el alcalde, días atrás la Fuerza Pública quemó cinco vehículos que hacían parte de una supuesta red de minería ilegal, tirando al río el ACPM y dejando a la población por varios días sin consumo vital de agua potable. Para los mismos habitantes, el problema ambiental se está comiendo la tierra y los ríos de varias regiones del Pacífico. En su condición de máxima autoridad del municipio, José María Estupiñán le hace un llamado al Gobierno Nacional para que dialogue con la población y así llegar a un consenso, implementar programas de empleo donde se le dé garantías a la comunidad de tener un sustento económico, mayores ingresos y oportunidades de progreso. “No podemos quedarnos callados, hay que denunciar esto que el Gobierno Nacional está pasando por alto. Estamos de acuerdo en que la minería se legalice, pero de manera concertada, a través del diálogo”, agrega. El alcalde denunció que la Fuerza Pública destruyó maquinaria utilizada por una supuesta red de minería ilegal. Es urgente la presencia del Gobierno Tres días después de su posesión, el presidente Iván Duque llegó hasta Tumaco para escuchar las peticiones de los alcaldes municipales en temas de seguridad, salud y educación. El mandatario de Santa Bárbara es optimista y cree que se puede llegar a un diálogo con la autoridad nacional para que estas promesas no se queden solo en el papel y se hagan realidad. El Estado colombiano tiene una deuda histórica con el Pacífico, que, a pesar de ser una región con una inmensa riqueza ecológica, hidrográfica, mineral y forestal, cuenta con los índices más altos en pobreza y violencia. Antes de terminar su mandato, el alcalde quiere dejar ejecutados varios programas que consoliden y promuevan la paz que tanto quieren los habitantes. “Tengo que hacer algo, porque por algo me eligieron, yo hablo por mi comunidad y haré lo que esté en mis manos para que el Gobierno fije su atención en nosotros”.

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